Otros cambios importantísimos se refieren a la lucha contra la corrupción y un hito a lograr es eliminar o modificar el artículo 117 de la constitución para que sí se permita acusar a un presidente en funciones por delitos a partir de una denuncia efectuada por la Fiscalía de la Nación y siguiendo el debido proceso congresal.

La asunción de Dina Boluarte a la más alta investidura de la nación nos debe dar esperanzas, pero sin carta blanca. La sociedad civil debe estar vigilante desde las primeras acciones de su gobierno, empezando por la designación de el o la Premier, puesto clave que indicará la orientación política del gobierno y si se confirma que se busca un gabinete de ancha base con profesionales probos que posean experiencia previa en sus respectivos sectores.

Sí, es un nuevo amanecer, no perdamos la oportunidad de ver, al final del día, un bello atardecer.

El Perú es resultado de un mestizaje que empezó con la llegada de los españoles y que, a través de más de 500 años, impuso al castellano como la lengua vinculante de este país, algo que incluso está expresamente en al artículo 48 de nuestra constitución y que dice a la letra: “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.»

La puesta en valor de nuestras lenguas originarias no puede ir en detrimento del uso del castellano como lengua vinculante, y si vemos la moneda del otro lado, el que el castellano sea el idioma nacional no debe soslayar a nuestras lenguas originarias.

Por ello es imprescindible que la enseñanza del castellano sea intensiva en todos los rincones del país, de la mano con la lengua originaria de uso mayoritario en la región respectiva. De esta manera, la próxima generación de peruanos con lengua materna originaria, podrá ser perfectamente bilingüe, mantener su bagaje cultural y desarrollarse en equidad con sus compatriotas de lengua materna castellana.

Finalmente, es responsabilidad de todos los Gobiernos Regionales y Locales el identificar los lugares donde predominan lenguas originarias para proponer servicios públicos bilingües, tanto en castellano como en el idioma originario local; así como corresponde al Gobierno Nacional el asegurar los estándares escolares necesarios que permitan que los peruanos no necesitemos de traductores para conversar entre nosotros mismos.

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Otra de las tareas es contar con programas de formación continua para que esas Pymes que ya están exportando puedan no solamente mantenerse en el tiempo sino, además, ir incrementando sus volúmenes de exportación año a año. Esta es una labor que muy bien puede realizar Promperú como desarrollo de su programa Ruta Exportadora.

Por último, es importante dirigir el enfoque de las oficinas comerciales en el exterior (OCEX) para que dediquen la mayor parte de sus recursos humanos y financieros al apoyo de las Pymes exportadoras en vez de concentrarse en las grandes corporaciones que ya tienen sus canales comerciales y logísticos establecidos.

Con estas propuestas podremos enrumbar un camino que nos lleve a revertir la concentración de las exportaciones en pocas empresas, diversificar la oferta e incluir a más Pymes en undesarrollo internacional creciente y sostenible en el tiempo.

Este es el mundo que Pedro Castillo nos quiere imponer y en el cual no queremos vivir. Por ello es imprescindible defender el actuar de la Fiscalía de la Nación que ha mostrado profesionalismo, entereza y determinación en conseguir los elementos probatorios suficientes para presentar una denuncia constitucional contra el presidente y varios de sus allegados ante el Congreso.
La Fiscal Benavides ya rajó el cascarón con tremendo picotazo que ha remecido a todo el gallinero presidencial.
Corresponde ahora a nuestro Congreso tomar la posta con honor, con patriotismo, con deber cívico y terminar de romper ese nefasto cascarón de realidad alterna y mafiosa, de podredumbre y oscurantismo, para librarnos de una vez y constitucionalmente, de este nefasto Mundo para Pedrus.

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Castillo, Congreso, corrupción, Fiscalía

El Congreso de la República no debe estar ajeno a esta realidad. Si bien para votaciones de leyes tiene un tablero electrónico donde se ve el nombre de cada congresista y su voto, esto no se aplica para la votación para elegir la mesa directiva ya que no se ha modificado el reglamento ni se cuenta con la herramienta para mostrar el voto de cada congresista por la lista por la que se inclina.

Una herramienta electrónica para transparentar la elección de la mesa directiva no debe ser ni costosa ni complicada de realizar, pero mientras se implementa, que se modifique de una vez el reglamento para que la votación sea nominal y a voz en cuello. Al menos así, los ciudadanos podremos conocer, transparentemente, el sentido del voto de cada congresista en elecciones tan trascendentales como la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República.

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Congreso de la República

El camino parece ser el siguiente. Vacado Castillo entre setiembre y octubre de este año, asumiría la presidencia Dina Boluarte, que, aunque tiene también serios cuestionamientos, pareciera contar con el blindaje de al menos 44 congresistas y también con una parte de la clase política y medios de comunicación, en la medida que sea solamente la presidente de transición.

Faltaría entonces la reforma constitucional y sus disposiciones transitorias, que con el voto de 87 congresistas en dos legislaturas ordinarias consecutivas (la actual de 2022 y la primera del 2023 que habría que adelantarla para enero), permitiría elecciones generales con primera vuelta a fines de mayo y la segunda a fines de junio. Dentro de las reformas constitucionales para este efecto, es imprescindible permitir la reelección de congresistas, así como un acuerdo político sobre los plazos y para tener nuevas autoridades en el JNE y la ONPE para que no haya dudas de la transparencia de este nuevo proceso electoral.

Esta propuesta no va a contentar a todos, pero toma diversas inquietudes de la ciudadanía que la clase política y los medios deben asimilar para buscar los consensos que nos lleven a una transición democrática. De no hacerlo, será el fin del estado de derecho, la continuidad de la corrupción que solo traerá más miseria y nuestras libertades serán, solamente, un nostálgico recuerdo o una triste canción.

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Alan García, Crisis política, Gobierno

La pobreza en el Perú no deja de crecer, sobre todo aquella que llamamos pobreza extrema, lo que demuestra una indiferencia inhumana del presidente hacia los más necesitados. La falta de confianza que genera este gobierno, con políticas erráticas y populistas, y con discursos de odio azuzando la lucha de clase entre los peruanos, está impactando negativamente en la inversión privada, con fuga de capitales y de talentos, haciendo cada vez más difícil que nuestros compatriotas tengan un empleo digno y una luz de esperanza en el horizonte.

Los peruanos tenemos entonces a la Constitución como nuestro escudo y al derecho a la insurgencia como estandarte, el cual cada día que pasa se convierte más en un deber patriótico para salvar a nuestro país de las garras de la corrupción, de la ineptitud y de la indiferencia.

La ciudadanía tiene que mostrarle el camino a la clase política y a los medios de comunicación para que de una vez apoyen, sin dudar, un levantamiento masivo y nacional que presione, constitucionalmente, a una salida democrática. La doble vacancia de Castillo-Boluarte sería el medio para que una nueva mesa directiva del congreso elija a un (o una) presidente de consenso que nos lleve a elecciones generales en pocos meses.

Si a Merino la ciudadanía lo sacó en cinco días, habiendo sido constitucionalmente investido como presidente y sin haber podido efectuar ni siquiera la presentación de su gabinete al Congreso, tenemos muchísimas razones más para levantarnos y protestar bajo el amparo del artículo 46° de la Constitución política del Perú, y con la pasión y con la convicción de que solamente así, podremos soñar en un mañana mejor.

 

 

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Marchas, protestas

La inscripción de los candidatos debe ser simple, DNI y punto. De allí, el mismo JNE puede hacer la búsqueda de los antecedentes penales, judiciales y policiales para determinar que un delincuente no pueda postular, pero si es mucho trabajo, en fin, que los presente el candidato al inscribirse.

El resto de requisitos, como la declaración patrimonial y de ingresos, solo debe exigirse cuando el candidato es electo, como todo funcionario público que accede a un cargo de importancia y que ya está regulado por ley, debiendo ser la presentación de la hoja de vida, que pocos electores leen, una potestad opcional del candidato.

De esta manera, simplificando el proceso de inscripción, evitamos que errores u omisiones menores permitan que un JNE parcializado utilice arbitrariamente su poder discrecional para favorecer a unos y perjudicar a otros.

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elecciones municipales 2022, elecciones regionales y distritales, Jurado Nacional de Elecciones
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