“Es un error asociar el consumo de estas sustancias exclusivamente a migrantes, porque eso no tiene mucha evidencia. Es probable que haya muchos jóvenes de otras nacionalidades y peruanos que también están vendiendo y consumiendo. Es mucho más amplio el tema en un mundo globalizado”, dice el psicólogo Milton Rojas.
En la misma línea apunta Gamio, de Devida. “No podríamos afirmar categóricamente que sí [que la migración ha permitido la expansión de la droga]. No existe una investigación ni estadística sobre ello, tendríamos que tener mayor información”, comenta.
El tráfico de tusi, sin embargo, se presenta ahora como un problema regional y Perú es, al menos, coprotagonista de su historia. Sudaca conversó con un agente de la Policía de Investigaciones de Chile, que alerta sobre el creciente tráfico de ketamina –el principal fármarco que se usa en el tusi– desde Perú hacia Chile. Además, entrevistamos a una periodista venezolana, investigadora en temas de crimen organizado, que señala que parte del tráfico en el sur de nuestro continente está controlado por ‘El Tren de Aragua’. El Perú no sería la excepción.
KETAMINA: DE PERÚ A CHILE
“Ha ingresado muy fuerte esta sustancia. Nosotros tenemos establecido que empezó a aparecer hace unos cuatro o cinco años. Su consumo está asociado al nivel medio y alto, por lo menos en sus comienzos: gente joven, universitaria. Pero ahora ya se ha estandarizado al nivel de otras drogas”, dice a Sudaca el comisario Gonzalo Santander, de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la Policía de Investigaciones de Chile.
Aunque no asocia la droga a un grupo criminal en particular, Santander señala que, en sus comienzos, la elaboración estaba a cargo de ciudadanos colombianos o venezolanos. Pero los peruanos también aportamos en la cadena del tráfico de esta sustancia: y es que las incautaciones de ketamina, uno de los fármacos más usados para la elaboración de esta droga, han crecido exponencialmente en el país del sur. Gran parte entra por el complejo fronterizo ubicado entre Tacna y Arica, apunta Santander.
“Es altamente posible afirmar que el aumento exponencial de las incautaciones de ketamina está asociado al consumo de tusi, ya que prácticamente la única forma en que se incauta es a nivel de consumidor, no como ketamina sino como tusi. Por tanto, casi todo estaría asociado. La mayor incautación se da cruzando por el paso fronterizo de Chacalluta”, dice el comisario. La ketamina está regulada en su país desde fines de la década de los 2000.
Gonzalo Santander, de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la Policía de Investigaciones de Chile.
En abril del 2021, por ejemplo, 11 viajeros –entre venezolanos, colombianos y peruanos– fueron interceptados en Iquique –a cuatro horas de Arica– transportando ketamina al interior de envases de agua. En total se incautaron 66,423 kilos. El Director Regional de la Aduana de Iquique señaló: “Las bandas criminales lo utilizan como droga de sumisión para abusos sexuales y también para la fabricación de otras drogas como el tusi, por lo cual es muy importante impedir su comercialización e interceptar estos cargamentos”.
También a inicios del año pasado, un grupo de venezolanos intentó ingresar a Chile por un paso no habilitado desde Bolivia. Cargaban varios kilos de ketamina. Rodrigo Fuentes, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Norte, explicó al medio LUN que las personas no eran directamente burreros, sino migrantes obligados a traficar bajo amenaza.
«Si dicen que no, entonces los someten a torturas. Pero la mayoría dice que sí, porque las víctimas son todas venezolanas y cuando a un venezolano le nombran el Tren de Aragua se llena de pánico porque conocen la fama de la organización», dijo Fuentes.
La cifra de incautaciones en el vecino del sur ha subido radicalmente desde el 2018. Y este año promete romper récords. “Si entre enero y mayo de 2022 se incautaron 10,105 gramos de ketamina transformada en tusi, el año pasado, a la misma fecha, la cifra llegó a los 1,793 g, lo que refleja un aumento de más de 463%”, advierte un informe de La Tercera, con cifras oficiales.
Cuadro elaborado por La Tercera sobre la incautación de ketamina y ketamina convertida en tusi en los años 2021 y 2022.
En Perú, la Dirandro también ha intervenido personas que intentaban pasar ketamina hacia el país sureño. El 11 de marzo pasado, por ejemplo, en Arequipa, la Policía Antidrogas detuvo a dos venezolanos que llevaban este medicamento de uso veterinario. Pedimos las cifras oficiales de la incautación, pero no nos respondieron.
Ronna Risquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, concedió una entrevista a Sudaca, en medio de la elaboración de su libro sobre El Tren de Aragua. “En las entrevistas que he hecho con gente de otros países que está trabajando el caso del Tren de Aragua, resulta que ha salido el tema Perú como un sitio en el que mueven droga. En los audios que han incautado los chilenos han encontrado que hay movimiento de droga también en Perú”, dice la investigadora, aunque no puede especificar qué tipo de droga.
Ronna Risquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, afirma que el Tren de Aragua está metido en el tráfico del tusi en Chile y que probablemente lo esté en Perú. Prepara un libro sobre la organización criminal.
“Lo que se identifica en Chile es que hay efectivamente una conexión [del Tren de Aragua] con Perú y Colombia. Si es la misma gente, si la gente incluso se mueve de plazas, es muy probable que haya una conexión con esta presencia del tusi”, agrega.
Según Risquez es probable también que haya otros grupos traficando tusi por la frontera. “Es posible que haya más gente moviendo la droga, pero pareciera que, en algún punto, ese comercio pasa por el Tren de Aragua: o al momento en que dan el permiso para que tú lo comercialices o el momento en que ellos mismos lo hagan”, señala.
(*) Habla Franco cuenta con la Línea 1815 que brinda información, orientación y consejería psicológica especializada en la temática de drogas. Es gratuita, anónima y confidencial. Se puede llamar de lunes a sábado de 9 am a 9 pm.
-Hay quejas de usuarios por las demoras en la entrega de pasaportes. Cuando uno solicita una cita a Migraciones para hacer el trámite de este documento, te la dan en dos o tres meses; y hace unos días 200 pasajeros no pudieron viajar al extranjero por problemas en la emisión del pasaporte en el aeropuerto Jorge Chávez. Esto a qué se debe: ¿Es un problema presupuestal o no se dan abasto como institución?
En la historia de Migraciones y en la historia de entrega de pasaportes, tanto mecanizados y ahora electrónicos, nunca había sucedido esta demanda masiva de pasaportes. Nosotros en lo que va del año ya estamos emitiendo más de 400 mil.
– ¿Cuántos pasaportes se entregaban por día?
Antes de la pandemia entregábamos 800 pasaportes diarios en la sede principal de Migraciones de Breña y a nivel nacional no llegábamos a 2000 por día…
-Y en la actualidad, ¿cuántos pasaportes entregan?
Empezamos a incrementar de 800 a 1500, en nuestra sede de Breña. Pero las citas en línea se iban llenando por día y era imposible controlar esa demanda y fue así que decidimos ampliar nuestras capacidades y comenzar a atender las 24 horas (antes eran 12). Este incremento masivo se da en marzo, luego del anuncio de las vacunas a los extranjeros en Estados Unidos. La demanda inusitada nos ha encontrado, menos mal, abastecidos de lo contrario el problema también sería el abastecimiento (de libretas de pasaportes).
– ¿Cuántas citas se dan por día?
Mire, de 800 citas pasamos a 5000 en un día. ¿Qué estamos haciendo? trabajando 24 horas, al máximo de nuestra capacidad instalada. Otras personas se han ido al aeropuerto sin sacar citas, y en el aeropuerto que se entregaban 30 pasaportes, ahora entregamos 400. Pero qué sucede, nosotros tampoco nos damos abasto para los 400.
-Usted ha dicho que hay una demanda masiva e inusitada de pasaportes. ¿Eso hace que su sistema y sus capacidades logísticas, de oficinas, de personal, de entrega de documentación se vea colapsada?
Sí, claro. Teníamos un número de 800 personas por día y pasan a 5000. De pronto aparecen, se satura el sistema en línea, y van pasando los meses y se van llenando las vacantes. ¿Entonces qué sucede? A nivel nacional se ha saturado. En jefaturas zonales que emitían 10 pasaportes, hoy emiten 150. El problema está en la excesiva demanda. Si estamos hablando que de marzo a hoy hemos emitido como 700 mil pasaportes, entonces, de setiembre a diciembre, estamos viendo que hay solicitados 300 mil pasaportes. Estamos hablando de un millón en 10 meses.
El incremento de viajes en los últimos seis meses ha hecho que Migraciones no se abastezca ¿Cuáles son las razones por la que los peruanos están viajando al exterior?
Muchos dicen que las razones son por salud, otros dicen que es por temas familiares, otros dicen que es por condiciones empresariales. Son diferentes las razones. Lo cierto es que hemos recibido una demanda muy alta imposible de controlar en un momento. Es como si nosotros como país recibiéramos un tsunami y ha habido situaciones que lamentablemente han significado un desmedro en el momento de la atención pero que fue inmediatamente solucionado.
De dónde vienen sus recursos ¿Les alcanza el presupuesto?
Nosotros recibimos del Estado el 20% del presupuesto que necesita nuestra institución. El 80% restante lo tenemos que gestionar. Entonces, si el 80% lo tenemos que autogestionar, evidentemente vamos a tener un problema de ingresos. Sin embargo, gracias a los avances en Migraciones, hemos podido salvar esa situación y gracias también a las relaciones y gestiones y coordinaciones interinstitucional hemos podido seguir avanzando y operar. Lo más importante es que no hemos detenido nuestras operaciones y que a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo siempre hemos brindado el servicio.
¿Se han rebalsado totalmente?
Hemos rebalsado y no solamente nosotros. En el país, la crisis sanitaria nos ha afectado a todos y en todo el mundo. Pero también es cierto que nosotros no podemos exponer y decirles a las personas que les vamos a abrir 10 mil citas al día para que aquí se aglomeren y se puedan contagiar. Pero tampoco sería posible. Una cita debe durar 8 minutos, pero cuando las personas son menores o ancianos o no se ven sus huellas, esto hace que la cita dure media hora. Y estamos hablando de 5 mil personas. Estamos buscando las maneras de resolver esto. Cualquier tipo de crítica la tomamos de la mejor manera porque consideramos que es una oportunidad de mejorar.
Abrirán una nueva sede en el Jockey Plaza…
Eso no significa que hemos podido comprar mayor equipamiento, lo que hemos hecho es traer de diferentes jefaturas, en donde se puede controlar los tiempos y poner ese equipamiento en el Jockey Plaza.
Es decir: No están ampliando los equipos…
Estamos redistribuyendo mejor. Buscamos llegar a todos. Las personas que en su grado de desesperación se van al aeropuerto sin haber gestionado ni una sola vez una cita, porque seguramente no les conviene, se ponen en riesgo. Tienen que saber que puede suceder cualquier cosa, que no tiene que ver Migraciones, como la caída del internet, en el banco, algún incidente en la impresión, requisitorias. En el mundo se cae la tecnología. Y seguramente después dirán Migraciones no entrega pasaporte y puede ser por otras razones. Cuando se trata de nosotros, siempre pedimos disculpas y advertimos cuando se trata de otras circunstancias que afecta nuestro trabajo.
Dato:
¿Quieres escuchar la entrevista completa a la Superintendente Nacional de Migraciones, Frieda Roxana Del Águila Tuesta? Dale clic al siguiente enlace.
Luego de ser alertados por la central de emergencia, dos policías se acercan a bordo de una patrulla a la curva de Chastudal, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna. El lugar está a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica y aquella mañana, 6 de setiembre, es la escena de un accidente de tránsito. Hay dos haitianos muertos y otros diez heridos.
Lo que ven los agentes es un bus destrozado, de medio lado sobre el arenal que colinda con la carretera. Hay zapatos, envases de comida y mochilas de viaje desperdigados por todos lados. Al interior del vehículo están los cuerpos sin vida: uno de 40 años y el otro de 47, según sus documentos de identidad. Entre los heridos hay niños, a quienes trasladan rápidamente al hospital.
Uno de los testimonios que tiene la fiscalía dice que los haitianos pagaron a unos traficantes para cruzar, a pie, la frontera de Chile al Perú. En territorio nacional fueron recibidos por el vehículo que cayó en desgracia. Los heridos, hoy morando entre el hospital y una casa de refugio, podrían entrar a un largo proceso de deportación o -si así lo deciden- seguir su rumbo. Para las autoridades, lo que harán es una incógnita.
“La deportación puede durar entre 6 meses y un año. Va a depender de la calificación que haga el Estado peruano. Se les da la opción también de quedarse mediante un trámite administrativo. Pero muchos no quieren, porque solo usan el país de paso y su destino es Estados Unidos», dice Percy Vargas, jefe de la Defensoría del Pueblo en Tacna.
La muerte de los dos haitianos viene siendo investigada para saber quiénes coordinaron su traslado. Pero es apenas un ejemplo de un problema mayor. El tráfico de migrantes en Tacna es constante, tanto en dirección a Chile como para el ingreso al Perú con rumbo norte.
Mientras este caso apenas empieza, otra dependencia del Ministerio Público ya ha terminado una pesquisa preliminar el pasado 9 de setiembre, con la detención de 13 miembros de una organización criminal de coyotes que trasladaba personas a Chile. Las evidencias apuntan a que tenían la complicidad de policías y trabajadores de Migraciones.
6 de setiembre. En la curva de Chastudal, a unos 35 kilómetros de la frontera con Arica, se despistó el bus que dejó dos haitianos muertos.
EL ORIGEN
11 de enero del 2019. 3:14 de la tarde. Dos traficantes, Adán y María, coordinan por teléfono el traslado por carretera de una migrante. No saben que la Policía está interviniendo la llamada.
Adán: Ya, seño, escúcheme, ¿tú no puedes llevar un pasajero por la pista? A una peruana.
María: A la pista… ¿peruana es?
Adan: Sí, peruana, peruana. Es que ha estado ilegal en Chile y quiere entrar ilegal también.
[…]
María: A las seis será. 300 soles. Chapa 200 y deja 100 para acá, ¿puede ser?
Este es uno de los cientos de registros telefónicos que tienen los fiscales César Changa y Evelyn Taboada, especializados en crimen organizado. En junio del 2018, los representantes del Ministerio Público recibieron un informe de la Diviac que revelaba la existencia de una organización dedicada al traslado ilegal de personas a Chile. A partir de allí, Changa y Taboada ordenaron el seguimiento a los delincuentes, recabaron declaraciones de testigos protegidos y pidieron a un juez permiso para interceptar sus teléfonos.
“Los migrantes, desde el 2018, han sido venezolanos, colombianos y centroamericanos. Eventualmente haitianos”, apunta Changa, en su oficina del Centro de Lima.
La cadena de tráfico -explica- empieza en el terminal terrestre Manuel Odría, en plena ciudad de Tacna. Allí son captados migrantes que quieren llegar, a cómo dé lugar, a tierras chilenas. El pago por todo el servicio varía de acuerdo al peligro al que se expone al viajante. “Para migrantes con recursos, que pueden pagar documentos [falsos] y asegurar su ingreso por Migraciones [a través del complejo fronterizo], el costo en promedio es de US$200 por cada uno. Pero hay gente que no tiene esa plata. Si quiere irse por pasos no habilitados, riesgosos, caminar por lo menos por tres horas y exponerse a explosivos, el costo es de US$100”, dice el fiscal.
La primera modalidad se dio hasta que la frontera con Chile estuvo abierta. Con la llegada de la pandemia, los migrantes se han quedado con el cruce por el desierto como única opción.
La mafia tiene a su disposición colectiveros, taxistas y microbuseros. Además de trasladar a las personas hasta la frontera, los transportistas los acompañaban a los hoteles o casas donde se alojan antes de partir hacia Chile. No salen del lugar si antes no habían hecho el depósito.
Uno de estos locales era una casa a la que los fiscales han bautizado como ‘el búnker’. El día del operativo, encontraron a un grupo de extranjeros en este inmueble, a la espera de ser trasladados. “Hemos hallado seis migrantes, entre colombianos y venezolanos. Hemos hallado bastante cantidad de dinero a transportistas y también a un venezolano que formaba parte de la organización”, cuenta Taboada, que estuvo presente en el lugar. Los viajeros estaban a la espera de ser guiados a Chile, a través del peligroso desierto minado.
9 de setiembre. Fiscales especializados en crimen organizado encuentran en un inmueble cercano a la frontera a un grupo de migrantes. Había venezolanos y colombianos.
En un humilde stand del centro comercial Tacna Centro se hacen pasaportes, autorizaciones de viaje de padres de familia, cédulas de identidad de varios países, partidas de nacimiento. Todo documento oficial que sea exigido para cruzar la frontera se trabaja con prolijidad.
En un audio del 10 de enero del 2019, por ejemplo, se le escucha decir a uno de los traficantes: “Mira, acá tengo una venezolana con su hijito y la han regresado de la frontera, por el permiso del papa […] ¿Tú crees que se le puede hacer la autorización, porque le han dicho que vaya a Lima para hacer una”. La persona que le responde es Marcos Aguilar Condori, dueño del puesto U-21 del mentado centro comercial y sindicado como uno de los falsificadores al servicio de esta mafia. “Normal se le puede hacer acá, no hay problema con eso”, dice.
Conversación interceptada entre uno de los coyotes y un falsificador de documentos. El primero le pregunta si le puede hacer una autorización para que un menor viaje. El segundo le responde: “normal, no hay problema con eso”.
Para lograr el ilegal paso por el complejo Santa Rosa, sin embargo, se necesitaba algo más que papeles bien elaborados. Al interior está situada una comisaría que se encarga de fiscalizar la documentación de los viajeros. Todo lo contrario, claro, a lo que habría estado pasando.
El 19 de setiembre del 2019, Enoc Villanueva -uno de los acusados- conversó con un migrante y le dijo que la policía del complejo Santa Rosa le había cobrado a unas personas que lo antecedieron en el intento de cruzar la frontera. “Escúchame bien. Acá los tombos en Santa Rosa les han cobrado la plata a los muchachos, el caña [el chófer que traslada a los migrantes] me está voceando. ¿Cuánto me estás dando tú? Cuenta, cuenta, cuenta”, le comentó.
La fiscalía puso en la mira a un agente en particular, el suboficial José Luis Camargo. Según los investigadores, Camargo se encargaba de “hacer una mala revisión de los documentos necesarios para su tránsito y salida de territorio nacional, brindándole incluso información a los integrantes de la organización sobre los nombres de los buses y el destino de los migrantes que llegan a la ciudad de Tacna, a fin de que sean captados”.
No era la única ayuda que recibía la mafia en el complejo Santa Rosa. También estaban dos agentes de Migraciones que hacían “un falso control de los viajantes e incluso adulteraban el registro de ingreso y salida”, de acuerdo a la documentación fiscal. En el operativo fue detenido Jorge Belmonte Quispe y fue allanada la celda de Ruddy Peralta Rodríguez, quien desde el año pasado purga prisión en el penal de Castro Castro, en Lima, por el mismo delito. Lo acusaron de ser parte de otra mafia que se dedicaba a mandar menores de edad a Estados Unidos.
Fiscal especializado en Crimen Organizado César Changa Echevarría. Lleva investigando tres años a la mafia de coyotes junto a su colega Evelyn Taboada.
Que los migrantes lograran sortear el control peruano, sin embargo, no era garantía de que lo hicieran también en el puesto de vigilancia chileno, que se encuentra en el mismo complejo fronterizo. Cuando este último los rechazaba, los traficantes proponían falsificar más documentos, como cédulas de identidad. Pero, a veces, incluso eso no era suficiente.
La mafia, como ha explicado el fiscal Changa, tiene una tarifa más barata para quienes decidieran ir por el desierto, a través de caminos no autorizados a los que debían acceder de noche para evitar el control de policías y carabineros. Esta modalidad es la que ha tomado protagonismo a raíz de la pandemia, que derivó en el cierre de la frontera oficial con Chile, pero ya se daba antes. La comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre Luis Quiroga Gutierrez, presunto cabecilla de esta mafia, y uno de sus cómplices al que llamaban Chueco, revela un caso previo:
Quiroga: ¡Oe!, ¿todo bien con tu pasajerita?
Chueco: ¿Qué ha pasado?
Quiroga: ¿Ha pasado tu pasajera ayer o no?
Chueco : La han devuelto won […] Ya le mande por la trocha, ya.
Quiroga: ¿Pero la has llevado o no?
Chueco: No, la han devuelto… ya le mande por la trocha.
La travesía por el desierto puede tener un desenlace mortal, pues implica exponerse a las minas antipersonales que aún se esconden bajo la arena. Según la BBC, se estima que el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) colocó unas 180.000 minas en zonas fronterizas. No sólo en el límite con Perú, sino también con Bolivia y Argentina. En febrero del 2016, un joven de 27 años murió cuando pisó una de estas, pretendiendo cruzar la frontera peruano-chilena de manera ilegal, a 50 kilómetros del complejo fronterizo Santa Rosa.
“La noche se nos hizo eterna. Era helada. Entre nosotros nos hacíamos calor, pero el frío era insoportable. La fogata no duró prendida ni cinco minutos. Estábamos en un hueco, en lo último de una montaña. Tanto clamar a Dios y él nos escuchó. Llegaron esos motorizados”, dijo una de las víctimas a los medios chilenos.
Comunicación del 14 de setiembre del 2019 entre el presunto cabecilla de esta mafia y uno de sus cómplices, que le cuenta que ha tenido que mandar a una migrante “por la trocha”. Es decir, por el desierto.
Los carabineros reportan constantemente el ingreso ilegal de personas. El pasado 5 de setiembre, los agentes chilenos sorprendieron en el desierto a 34 migrantes que eran guiados por coyotes de apenas 17, 19 y 23 años.Según el gobierno chileno, entre octubre del año pasado y febrero de este ingresaron de forma irregular a ese país, por las regiones norteñas de Tarapacá y Arica y Parinacota, entre 2.500 y 3.500 personas.
Por su parte, según la Dirección Regional de Salud de Tacna, actualmente hay un aproximado de 3.000 venezolanos y más de 1.000 personas de otras nacionalidades «asentados» en esta región.
Y el tráfico de migrantes está lejos de acabar. En el despacho de los fiscales Changa y Taboada dicen que la organización que acaban de desbaratar no es la única. “En el sur podría haber más de una organización. Es lo que hemos detectado”, asegura Changa.
Se conocieron a través de Facebook. En enero de 2020, el peruano Iván Asencios (33) y la joven venezolana Vanessa Gil (27) intercambiaron mensajes por el chat, se hicieron amigos y se enamoraron. Cuatro meses después, empezaron a convivir. Tenían planes de casarse. En diciembre pasado, ella comenzó a sentir mareos: pensó, quizá, que estaba embarazada. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, le informaron que tenía leucemia aguda. Vanessa está internada desde el pasado 17 de febrero en el Hospital Neoplásicas. Allí se contagió de Covid y su vida corre peligro.
Aquel 17 de febrero, Vanessa llegó a emergencias luego de sentir fuertes mareos. Iván, que trabaja como obrero de construcción, la llevó en un taxi desde la casa donde alquila una habitación, en San Martín de Porres, hasta el centro de salud oncológico de Surquillo. La joven no tiene carnet de extranjería, uno de los requisitos para acceder a la modalidad gratuita del SIS ni a la tarifa base de 15 soles mensuales que también contempla el seguro. Así que decidieron asumir el costo real del tratamiento.
“Es muy complicado. Sabemos que la mayoría de venezolanos no está en condiciones de pagar un servicio médico”, comenta a Sudaca Carlos Scull, a cargo de la embajada -aún no reconocida por el gobierno de Maduro- de Venezuela en nuestro país. Vanessa es parte de los 576.412 venezolanos que viven en Perú y que no tienen carnet de extranjería, según cifras oficiales de Migraciones. Carlos Scull añade que este vacío debería ser tomado en cuenta por las autoridades.
Cuando Iván Asencios aceptó pagar el tratamiento, los médicos le advirtieron que era mucho dinero y le preguntaron varias veces si estaba seguro. Iván respondió que Vanessa era su pareja, que iba a casarse con ella y que iba a prestarse dinero para costear el tratamiento. Les rogó que la atendieran. Les suplicó que no la dejaran morir. Entonces, los médicos ordenaron su ingreso, pero le exigieron que presente los resultados de una prueba de médula de la mujer, que compruebe el diagnóstico. Iván tenía ese documento entre sus papeles, porque días antes había tenido que pagar S/2.400 a una clínica privada para que a Vanessa le realicen el mentado examen.
El peruano Iván Ascencios y la joven venezolana Vanessa Gil se conocieron en Facebook, intercambiaron mensajes de chat, se hicieron amigos y se enamoraron. A ella le descubrieron que tiene leucemia aguda. No tiene seguro SIS, está internada en el Hospital Neoplásicas, tiene Covid y lucha por su vida. Él es obrero de construcción y tiene que gastar S/200 diarios en medicinas. Es una dramática historia de amor.
El vía crucis de la pareja venezolana-peruana recién había empezado. Cuando Vanessa estuvo internada en Emergencias, los médicos detectaron que un niño que estaba en una cama contigua a la suya tenía Covid. Entonces hicieron pruebas de descarte a todos los pacientes y ella dio positivo. La trasladaron al cuarto piso del hospital, a un centro de aislamiento, donde todavía se recupera del virus y donde ya ha sido sometida a seis quimioterapias para superar la leucemia. No sabe hasta cuándo permanecerá allí.
Desde que su pareja está internada, Iván tiene que gastar 200 soles diarios en medicinas. La estadía de Vanessa, en Emergencias, le costó S/3.000. Para conseguir ese dinero, ha realizado polladas, se ha prestado de amigos, ha gastado sus ahorros y CTS, y ha pedido un adelanto a su jefe de la construcción donde trabaja.
En enero pasado, Vanessa -que nació en Caracas y estudió Arquitectura- fue despedida de un centro de terapia para niños con enfermedades psicomotrices, donde trabajaba como recepcionista. La dueña pensaba que estaba embarazada debido a los mareos que tenía. Pero al enterarse de que estaba internada en el Neoplásicas, le pidió perdón y ayudó a la pareja con algunos gastos del hospital. Pero el aporte es insuficiente. En Perú, Vanessa no tiene familiares.
La solución para seguir solventando el tratamiento de Vanessa es que Migraciones le otorgue el carnet de extranjería para personas vulnerables. De esa forma, podría obtener su seguro ‘SIS gratuito’, por la humilde condición en la que vive, y estarían cubiertos todos los costos de su tratamiento, al que se ha sumado el Covid. También podría acceder a la modalidad denominada “SIS pago”, que le permitiría acceder al seguro desde 15 soles mensuales. El pasado 18 de febrero, Iván inició el trámite para lograrlo.
Iván Asencios ha iniciado una campaña para solventar los gastos económicos diarios del internamiento, en el Neoplásicas, de Vanessa. Élla no tiene seguro porque no posee carnet de extranjería ni PTP. El joven peruano ha gastado sus ahorros, su CTS, realiza polladas y se ha prestado dinero de sus amigos. ¿Le ayudamos?
Casi todas las mañanas, el hombre de 33 años toma un bus para dirigirse al Hospital Neoplásicas y preguntar por el estado de salud de Vanessa. Durante el trayecto, a veces se le da por buscar una canción en su celular: ‘Te adoraré’, del compatriota de Vanessa, Ricardo Montaner. Y entonces llega a un estribillo (“te adoraré/te doy mi vida entera”) que le hace recordar la promesa que le hizo una vez a la joven: casarse y traer a Perú a la hija de ella -Valeska, de 10 años- que aún vive en Caracas. Asegura que la querrá como a una segunda hija.
Cifras de espanto
Scull señala que 500 mil venezolanos están a la espera del inicio del trámite del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue aprobado en octubre del año pasado a través del decreto supremo N°010-2020. Es la fase previa para obtener carnet de extranjería y, además, les permitiría a los venezolanos contar con un RUC e ingresar al sistema bancario por un año (**).
Deivis Ramírez, por ejemplo, busca tener el nuevo carnet. Hace un año, su pareja quedó embarazada y estuvo a punto de pagar por la atención médica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, pero una asistenta social le permitió atenderse gratuitamente por su precaria condición económica. Él es vendedor ambulante. “En el parto de mi esposa, sólo pagué S/700 por las medicinas. Mi hija tiene su DNI y le han dado SIS gratuito”, señala Deivis. Su hija peruana se llama Isabela.
Deivis Ramírez es papá de Isabela. Ella es peruana, tiene un año y tres meses de edad y nació en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El joven ni su pareja están inscritos en el SIS porque no poseen carnet de extranjería ni PTP, al igual que Vanessa Gil. El nosocomio le apoyó en el nacimiento de su hija para que solo paguen los medicamentos (foto: Juan Carlos Chamorro).
El hombre de 27 años se dedica a la venta de mascarillas K-95 en la avenida La Marina, en Pueblo Libre. En su natal ciudad de Táchira trabajaba como pintor y, cuando llegó a Lima, hace cuatro años, empezó vendiendo gaseosas en las calles de San Miguel.
Es el único miembro de su hogar que trabaja. Su pareja se dedica a cuidar a la bebé de ambos, Andrea. Antes de la pandemia, Deivis podía ganar entre S/60 y S/70 al día vendiendo gaseosas. Ahora sólo obtiene S/40. El migrante anhela que las vacunas contra el Covid-19 también sean aplicadas a sus compatriotas. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el pasado viernes, la cifra de venezolanos muertos desde que empezó la pandemia es de 286. No se especifica si fue a consecuencia del virus porque no se realizan las necropsias.
Los números que deja la migración venezolana no son alentadores. La directora de la ONG, Veneactiva, Nancy Arellano, dice que de los 826 mil venezolanos que viven en Perú, solo 50 mil venezolanos poseen un trabajo formal. Según cifras oficiales de Migraciones, de enero de este año, existen 32,500 trabajadores independientes, 21,001 comerciantes, 14,652 vendedores, 13,469 administradores de empresas y 76,617 empleados [ver infografía].
Lima, con 450 mil venezolanos, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. De los 826 mil venezolanos que viven en nuestro país, solo 50 mil trabajan en el sector formal (Infografía: Leyla López).
Una encuesta regional del centro de investigación Equilibrium CenDE, realizada en octubre del año pasado a 687 venezolanos que viven en Perú, determinó que el 43% de los migrantes vio reducido sus ingresos por la pandemia a más de la mitad; y, un 17%, casi a la mitad. Es el caso de Will, que nos pide no revelar su identidad.
El joven de 28 años es natural de Caracas y es chef especializado en comida japonesa. En Lima fue cocinero en varios restaurantes, pero recibía un sueldo mínimo, que no le ayudaba a cubrir los gastos del colegio de su hermana de 17 años, que vive con él. Will también tuvo Covid, pero fue asintomático.
Hace dos años, la crisis lo llevó a ser repartidor de la empresa Rappi. Cuenta que sus ingresos han caído casi en un 40% desde que empezó la pandemia. Según cifras de la Embajada de Venezuela del 2019, había 5 mil venezolanos trabajando en la empresa distribuidora por el aplicativo Rappi. Hoy esa cifra podría haberse disparado.
Will reclama que los montos que la empresa paga por el reparto de comida es muy bajo. Actualmente, sus ingresos diarios oscilan entre 20 y 40 soles diarios, trabajando más de 12 horas. Aunque -confiesa- a veces es menos.
El migrante se queja de que la empresa no considera, como parte de su pago, la distancia que recorre desde el punto donde se encuentra esperando el pedido hasta el local donde recoge la comida para llevársela a los clientes del aplicativo. Sudaca envió un cuestionario a Rappi, vía Messenger, pero no respondieron.
Will responde que su sueño es tener un local de venta de makis con entrega a domicilio. “¿Quieres seguir viviendo en Perú?”, le preguntamos. El migrante dice que el trato que recibe de las autoridades peruanas “es mejor que en Panamá”, donde pasó una temporada. “El tema migratorio [allá] es difícil. La persecución era atroz. Muy fuerte. Literalmente: entraban al restaurante a buscar extranjeros [sin papeles], para sacarlos y deportarlos. Tuve que irme”, cuenta, mientras coge su celular para ver si tiene un nuevo pedido.
******
(**) Según Migraciones, de los 826.412 venezolanos que viven en el país, 439.362 recibieron la entrega del Permiso Temporal de Trabajo (PTP). Además, hay 250 mil que poseen carnet de extranjería. El PTP tenía vigencia de un año y permitía a los migrantes poder trabajar y, después, obtener el carnet de extranjería, que les da el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), solo bajo la opción de «SIS-pago». Cuando venció el PTP, que tenía duración de un año, de esos 439.362 venezolanos, muchos optaron por sacar su carnet de extranjería (entonces, si se hace cálculos separados, la cifra de venezolanos en el Perú pareciera que se incrementa, pero lo que pasa es que, en realidad, en el número de quienes tienen PTP se suma, en muchos casos, a los que les entregaron dicho documento y a los que, a su vez, han obtenido el carnet de extranjería; entonces, en el papel, aparecen migrantes que tienen los dos documentos; la cantidad de quienes tienen PTP «entregados» no discrimina a los que ya tienen carnet de extranjería); aparte, otro grupo, hizo su trámite y aún no recibe ese documento (carnet de extranjería). Además, hay 500 mil venezolanos que están tramitando sus refugios y no poseen PTP ni carnet de extranjería. ¿Qué harán? Ellos tendrán que sacar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que es un documento que reemplaza al antiguo PTP (cuya entrega se suspendió en eñ 2018). En octubre del año pasado, el gobierno promulgó la resolución suprema N°010-2020 que autoriza la entrega del CPP, pero aún no se inicia el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque no habría aún la decisión política de hacerlo.
