corrupción

En un mundo absurdamente paralelo, donde la frivolidad y la corrupción reinan con desparpajo, la política peruana se ha convertido en una telenovela de lujo digna de un Oscar. La protagonista de este drama, la presidenta DB, más que una lideresa, parece una figura decorativa exquisitamente adornada con joyas, movida por los hilos invisibles de su titiritera principal, K. Mientras tanto, la democracia, esa paciente en cuidados intensivos, agoniza bajo los estragos de un Congreso que actúa como el villano principal de esta tragicomedia, con la complicidad silente de un público que parece disfrutar del espectáculo.

Desde su malhadado ascenso al poder, DB ha dejado claro que sus prioridades brillan tanto como sus diamantes. ¿Cientos de miles de peruanos víctimas de delitos durante su mandato? Para ella, son simples números que no alteran su ostentoso estilo de vida, más parecido al de una reina de la farándula que al de una mandataria. Lo verdaderamente importante es la liberación de N, el primer hermano de la nación, celebrada con un entusiasmo que roza la histeria por DB y sus allegados. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el bienestar de un país comparado con el bienestar de la familia presidencial y su séquito de aduladores?

DB parece tener un don especial para utilizar el poder del Estado con un propósito verdaderamente noble: mantener a su familia lejos de las garras de la justicia. La dedicación a su familia es inquebrantable, al igual que su descaro para obstruir la justicia. Desde intentar sobornar a coroneles probos hasta desmantelar equipos policiales anticorrupción, su compromiso con la impunidad es realmente admirable.

Dedicación inquebrantable que brilla por su ausencia a la hora de gobernar. Si alguna vez hubo un gobierno más desorientado que el de DB, es difícil de imaginar. Su administración, incapaz de abordar los problemas más sentidos del país, parece estar más interesada en salvar su propio pellejo y enriquecerse a costa de “préstamos” oportunos de joyas, relojes y diamentes. La delincuencia y la pobreza son apenas detalles menores cuando hay que asegurarse de que los familiares y socios políticos estén bien protegidos y cómodos. Y si de pobreza se trata, se puede intentar evitar que el INEI publique cifras de pobreza, porque, claro, son malas noticias que podrían arruinar la falsa atmósfera de prosperidad que pretende mostrar. Nada mejor que un poco de censura para mantener las apariencias de que el país anda estable rumbo a la OCDE, mientras la pobreza aumenta sostenidamente. 

En medio de este teatro del absurdo, los partidos políticos democráticos, los que no forman parte de la coalición corrupta que sostiene a DB, deberían actuar con más decisión, o al menos fingir que lo hacen. Es urgente que ofrezcan alternativas, cursos de acción posibles, no solo para mantener las apariencias, sino para rescatar al país del marasmo en el que se encuentra. La descarada manipulación de las instituciones por parte de DB y su séquito, de sus aliados congresales, no puede pasar desapercibida. Es hora de que los partidos demuestren que están aquí para algo más que ser meros «vientres de alquiler».

Así que, estimados partidos, este es su momento de brillar, o al menos de intentar hacerlo. Demuestren que son mucho más y están a la altura de las circunstancias que demanda el país, o al menos que pueden fingir que lo están. Tracen una hoja de ruta clara y viable que nos saque de este lío, o al menos que parezca que lo están haciendo. La renuncia de DB, seguida de una transición bien organizada, podría ser el primer paso, pero no el único. ¡Vamos, sorpréndannos con su capacidad para liderar y construir un futuro mejor para el Perú!

El reloj sigue avanzando, y con él, la necesidad de acciones decisivas, o al menos de fingir que se toman. Porque, después de todo, si no es ahora, ¿cuándo? ¡Tic, tac, partidos políticos el tiempo corre! ¡No nos defrauden!

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Congreso, corrupción, Ejecutivo, frivolidad, Partidos políticos

La Policía Nacional del Perú la quiere emprender contra el caricaturista “Carlín”, Carlos Tovar Samanez, por publicar una viñeta en la que dejaba manifiesta la corrupción de la institución.

¿Cuál es el motivo de escándalo, si efectivamente la Policía Nacional es, desde hace tiempo, una de las entidades más corruptas del organigrama estatal? Casi a diario vemos noticias donde policías son detenidos o descubiertos cobrando coimas, participando en delitos varios o prestándose al accionar de mafias delictivas.

El tejido institucional que favorece el crecimiento de las organizaciones criminales incluye al INPE (las cárceles son oficinas del delito), el Ministerio Público y el Poder Judicial (donde los mafiosos son librados por fallos absolutorios o “errores procesales” que luego favorecen su impunidad), pero es la policía el principal eslabón de la cadena corrupta que propicia la ola delictiva que el país está sufriendo.

Hace muchos años, un exministro del Interior me contó cómo, el primer día que asumió el cargo, se le acercó el alto mando policial y le hizo entrega de un maletín con una enorme suma de dinero y le indicaron que era el monto correspondiente que le tocaba por su cargo (claramente era el precio de no tocar el statu quo). Mi informante rechazó la coima y desde allí solo sufrió boicots y trampas que pronto le costaron el puesto.

¿Quién de los que me lee y conduce un vehículo no ha recibido jamás una solicitud de dinero por parte de la policía de tránsito a cambio de no imponer una multa? Y ese es el delito al menudeo. Los delitos de corrupción mayores son los vinculados a las operaciones de las diversas mafias delictivas (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos, contrabando, extorsión, etc.), que sobreviven gracias a la colaboración policial.

Quien quiera combatir el delito creciente en el Perú tiene que empezar por una purga de la costra corrupta de la policía. Hay buenos elementos y buenos mandos, que han sabido mantener la decencia en medio del pantano. En base a ellos, que se les conoce, se debe edificar la nueva policía. Sin ese paso, será imposible derrotar a la delincuencia y llama poderosamente la atención,por ello, que muchos de los impulsores de la mano dura, eviten hablar de ella cuando se trata de imponerla a una institución donde la corrupción ha hecho metástasis.

Se necesita una policía decente e ilustrada, que sea una institución democrática y moderna, que sepa aquilatar, por lo pronto, la Constitución y respetar, como derecho básico, la libertad de prensa.

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[CIUDADANO DE A PIE] Un problema regional

América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo, en la que se producen algo menos del 40% del total de asesinatos registrados a nivel internacional, a pesar de representar únicamente el 13% de la población mundial. Los hechos ocurridos en Ecuador la semana pasada no hacen sino confirmar esta realidad. Presentamos aquí algunos importantes hallazgos de las investigaciones que, sobre el fenómeno delictivo en Latinoamérica, ha publicado el reconocido especialista Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen: El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina.”

La tesis “disruptiva” de Bergman, como él mismo la califica, trasciende las tradicionales explicaciones legales (códigos penales inadecuados) y sociológicas (pobreza, marginación, desempleo) sobre el delito y su expansión. Según el autor, básicamente vivimos las consecuencias de la expansión de un “negocio rentable”, que encontró un hábitat ideal en los tiempos de fuerte crecimiento económico de la región, y cuya rentabilidad es, en última instancia, el resultado de una demanda sostenida de bienes de origen ilícito, acompañada del incumplimiento sistemático de las leyes y de la impunidad resultante de los delincuentes.

Cuestión de equilibrios

Uno de los planteamientos más interesantes del libro, es el análisis la delincuencia sirviéndose de lo que se denomina un “modelo de equilibrio general”, esto es, un conjunto de interacciones entre factores que incentivan, y otros que imponen límites a las actividades criminales. De acuerdo con este modelo, la actividad delictiva en un determinado tiempo y país, alcanzará uno de dos tipos de equilibrio:  el equilibrio de baja criminalidad (EBC), o el equilibrio de alta criminalidad (EAC), aunque siempre es posible el pasaje entre uno y otro.

Un país con EBC se caracteriza por la existencia extendida de mercados secundarios, abastecidos por redes de contrabando y robo, como consecuencia directa de la demanda ciudadana constante de una variedad de productos ilícitos (drogas, autopartes, celulares etc.). Las actividades de estos mercados se realizan prácticamente sin ningún tipo de interferencia por parte de las autoridades. Esta tolerancia se explica generalmente por la recepción de sobornos, aunque también existen razones políticas, tales como asegurar un cierto nivel de satisfacción consumista a sectores sociales, cuyos escasos recursos, no les permitirían adquirir estos bienes por la vía legal. En todo caso, la actividad criminal permanece controlada, restringida y subordinada a los poderes públicos, siempre capaces de ejercer, según las circunstancias y conveniencias, una disuasión efectiva mediante la aplicación de leyes y sanciones. En lo que respecta a la violencia en países EBC (Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Bergman señala: “cuando la policía y otras agencias controlan el crimen para su propio beneficio, los niveles de violencia permanecen relativamente bajos.”, y esto debido a que el Estado es capaz de evitar la aparición de poderosos grupos criminales susceptibles de entrar en conflicto entre sí.

En un país con EAC, en cambio, el Estado se presenta como totalmente incapaz de regular y sancionar el negocio criminal, debido a la existencia de bandas con altos niveles de organización y concentración de poder, que cuentan además con eficientes redes de complicidad al interior de las fuerzas del orden, entidades estatales, empresas y la política -sustentadas en el pago de sobornos, financiación de campañas, amenazas y coerción-, o mediante la infiltración directa de sus miembros en estas instancias. Estas bandas no solo se dedican a los lucrativos negocios del contrabando y el narcotráfico, sino que han diversificado sus actividades hacia otros ámbitos más depredadores, como el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la tala y minería ilegales, los mismos que, dada su altísima rentabilidad, son la causa de constantes luchas por el poder entre bandas rivales. Violencia, corrupción e impunidad caracterizan estos EAC en países tales como México, Colombia, Honduras, Guatemala y ciertas regiones del Brasil, los cuales exhiben, como parámetro distintivo, tasas de homicidios superiores a 20 asesinatos por cada cien mil habitantes.

La inestabilidad delictiva

En ciertas condiciones, que Bergman ha denominado de “inestabilidad delictiva”, es posible una ruptura de estos equilibrios, y el pasaje resultante de un EBC hacia un EAC y viceversa. Un ejemplo de esta última situación es El Salvador, país que ha pasado de ostentar la tasa de asesinatos más elevada del planeta en 2015 (106 por 100 000 habitantes), a la más baja de su historia en 2023 (2.4 por 100 000 habitantes), como resultado de una serie de duras medidas adoptadas -algunas de ellas bastante controversiales- por el gobierno de Nayib Bukele. El paso contrario (de un EBC a un EAC) lo está viviendo dramáticamente Ecuador, que después de haber sido considerado, bajo el gobierno de Rafael Correa, como el segundo país más seguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 6.7 por 100 mil habitantes, se ha convertido en el país más violento de la región, con una tasa de asesinatos siete veces superior. La explicación de este fenómeno es doble: por una parte, el desmantelamiento de los entes públicos encargados de la lucha contra el crimen y la rehabilitación de los delincuentes -llevado a cabo por los presidentes Moreno y Lasso-, y por otra, los cambios que han tenido lugar en las organizaciones criminales y los circuitos del tráfico mundial de la cocaína, como consecuencia de las acciones represivas de otros países, que han convertido a Ecuador en un territorio estratégico para el narcotráfico (efecto globo).

¿Y el Perú?                                                      

La afirmación de que en el Perú se encuentran presentes todos los elementos característicos de una situación de alta criminalidad (con la excepción, por el momento, de una mayor tasa de asesinatos), resulta de una experiencia social tan omnipresente, que solo genera una abrumadora sensación colectiva de estar atrapados sin salida, en un país que, como señala Juan Carlos Tafur, se está convirtiendo en el mejor destino de las mafias. Un día sí, y otro también, los medios de comunicación y las redes sociales, nos inundan de noticias de corrupción en todos los niveles de la sociedad, de una delincuencia depredadora con apoyos políticos, y de una desvergonzada impunidad. Todas las últimas encuestas, nacionales y regionales, arrojan resultados similares: la mayoría de peruanos identifica la delincuencia como el problema que más les afecta, y señalan como responsables de esta situación al gobierno central, el sistema de justicia, los congresistas y la Policía Nacional, autoridades que, por otra parte, son identificadas como las más corruptas del país. El evidente fracaso gubernamental de un supuesto “Plan Boluarte por la seguridad ciudadana”, cuya existencia misma ha sido luego desmentida por la propia supuesta autora, no hacen sino incrementar el enojo y la desazón de una ciudadanía cada vez más propensa a demandar “soluciones radicales”, de la mano de algún “Bukele” local. Incluso un personaje de derechas tan sopesado como Jaime de Althaus, reflexionando sobre el tipo de outsider que convendría al Perú, llegaba a la conclusión de que “un Bukele más que un Milei” sería el apropiado. ¿Es realmente esto así? Aunque la situación salvadoreña es muy distinta a la nuestra, el Perú podría sufrir pronto de un “efecto globo”, similar al ocurrido en Ecuador (Farid Kahhat), lo que podría llevarnos a niveles de violencia asesina característicos de los países con EAC. Si esto no ha sido así hasta ahora, y en ello concordamos con Augusto Álvarez Rodrich, es porque “los políticos se llevan bien con las mafias. No hay campañas fuertes contra el crimen organizado y varios congresistas están a su servicio. Ningún político se ha comprado el pleito. Cuando eso ocurra, recién todo cambiará.” ¿Ocurrirá alguna vez?

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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[PIE DERECHO]  -Que saquen al ministro de Economía, que no da pie con bola, que no sabe qué hacer frente a la recesión, que confía en que el gasto público sea determinante, que no aporta un gramo en la recuperación de la confianza inversora, que nos hará crecer –si se queda en el cargo el año entrante- solo por rebote estadístico y no por una robusta recuperación de la economía. Ojalá Dina Boluarte o Alberto Otárola, el poder detrás del trono, sepan calibrar el lugar que ocupa, según todas las encuestas, la crisis económica, en el sentir de los peruanos.

-Que el otro gran problema que asola el territorio nacional, el de la desbordada inseguridad ciudadana, sea aliviado de alguna manera. Estamos aburridos de “soluciones a largo plazo” o de “planes multisectoriales”. Lo que se quiere es acción efectiva, una policía menos corrupta y más eficiente, un Ministerio Público y un Poder Judicial liberados de la amenaza de las bandas delincuenciales, de un ministro del Interior con horizonte para salirse de la caja y con capacidad, por ende, de resolver el mayor problema de violencia civil que hemos vivido desde la caída del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA.

-Que se encuentre algún remedio a la metástasis de corrupción que agobia a los ciudadanos y empresarios del país, en beneficio de burócratas o funcionarios llanos a extorsionar a los primeros a cambio de licencias, permisos o autorizaciones que deberían obtenerse porque así lo dispone la ley, pero que, puestas entre sus manos, se convierten en puerta de acceso a dinero sucio. Igual que con el tema de la delincuencia, se necesita de alguien que salga de la caja y encuentre una solución que implica desde el paje hasta el rey de nuestra precaria democracia.

-Por último y no menos importante, que la U obtenga el bicampeonato en el año de su centenario y que quien finalmente sea su entrenador, sepa mantener el estilo de juego que históricamente ha caracterizado al plantel merengue: técnica, velocidad, pundonor, juego vertical y garra, que es el que este año ha hecho que se bata el récord nacional de asistencia a los estadios en el Monumental de Ate. De paso, que Fossati repita con la selección el éxito obtenido con el cuadro de Odriozola y permita que el seleccionado nacional tenga un papel protagónico en la Copa América y que se vuelva a colocar en el partidor de posibilidades clasificatorias para el siguiente Mundial.

-¡Feliz Año para todos!

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corrupción, Deportes, Desafíos 2024, Economía, seguridad ciudadana



[HACIENDO EMPRESA] Veamos, por un lado tenemos el libreto repetitivo expuestos en medios y discursos de las “acciones denodadas” que se “vienen haciendo” desde el sector público -léase: gobierno- por combatir la corrupción en sus distintos niveles, o al menos mitigar los impactos negativos que afectan nuestra forma de vida, institucionalidad, y por tanto, la sociedad en su conjunto; y la otra cara de la moneda es la que muestra la realidad; la corrupción avanza no sólo en cuanto a índices -nadie puede negarlo- sino que además ha demostrado muy preocupantes e evidentes actos desde los sectores del Estado más representativos de la gobernabilidad e institucionalidad; todos ellos materia de investigación y pendientes de esclarecimiento.

Pero esta realidad impone una pregunta obligatoria, frente a este escenario, que vienen haciendo los entes más representativos de nuestra sociedad en su conjunto y el empresariado en particular.

No pretendemos proponer fórmulas innovadoras o radicales; como tampoco formular críticas a los esfuerzos que con efectividad ya se vienen haciendo, a nivel empresarial, gremial, medios de comunicación, entre otros; ese no es nuestro objetivo.

Nuestra pretensión es llamar la atención respecto a cómo la corrupción afectas nuestro desarrollo sostenible como sociedad y país, y como frente a ello nos toca afrontar el reto de ejercer acciones concretas frente al fenómeno.

En efecto, según datos estadísticos, encuestas realizadas, y data de las propias entidades encargadas del control, la corrupción, la ilegalidad y la delincuencia, son tres de los principales fenómenos sociales que afectan el clima de negocios, la inversión, la seguridad ciudadana, la institucionalidad y por ende el bienestar y desarrollo de las personas.

Hablando en términos de sostenibilidad, y enfocándonos en la corrupción, este fenómeno afecta las Industrias en general, el desarrollo de la innovación e infraestructura en todos sus niveles; así como la educación y servicios de salud con cobertura apropiada y universal, entre otros efectos, y así el acceso de las personas a mejoras de su calidad de vida.

Descrito el problema, que nos toca hacer:

  • Dotar a nuestro sistema de control y justicia de un marco legal funcional mucho más efectivo concordante con la realidad, con instrumentos de gestión y ejecución más eficientes y eficaces.
  • Prever políticas de gestión que permitan el fortalecimiento de las instituciones tutelares del Estado en la lucha contra la corrupción; así como mecanismo de reporte, seguimiento, y sanción eficiente.
  • Fortalecer institucionalmente al Órgano Superior de Control, dotándolo de mayores recursos y capacidades de gestión.
  • Mayor apertura al conocimiento y dialogo con la población respecto al fenómeno de la corrupción respecto a todos los niveles del gobierno y Estado: Fomentar una Cultura de Tolerancia Cero a la Corrupción.
  • Desde el lado empresarial deberíamos crear sinergias con el Estado para promover la “Cultura de Tolerancia Cero a la Corrupción”, además de promover un entorno más justo y equitativo. Fortalecer la prevención de actos de corrupción es un trabajo urgente y prioritario.
  • Los medios de comunicación pueden ejercer una labor de control muy significativa – de hecho, la mayoría lo viene ejerciendo con mucho impacto desde hace tiempo- observando y transparentando el actuar del Estado y los privados en lo que al ejercicio de posibles actos ilícitos, así como respecto a las demás formas de corrupción. Hay mucho y muy buen trabajo realizado, pero la realidad demanda esfuerzos mayores; su rol es vital en nuestra sociedad.
  • Fortalecer la participación activa de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base comunitaria, y las entidades de representación gremial en la prevención y la lucha contra la corrupción y en la sensibilización de la opinión pública.

No hay corrupción ante la ausencia de alguna de las partes; el que ofrece -corrompe- y el que acepta, recibe y ejecuta -corrupto-. La falta de transparencia, información oportuna, falta de un accionar moral y ético, alientan directamente los actos de corrupción. Es trabajo de equipo velar por que la realidad cambie y tengamos como país un futuro con menos corrupción y con más oportunidades de desarrollo.

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Acciones Concretas, corrupción, Desarrollo Sostenible, sociedad

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El cambio de votos por impunidad es una práctica política cuestionable que implica problemas éticos y legales. Esta práctica plantea dos problemas. En primer lugar, el cambio de votos por impunidad puede considerarse un acto de corrupción. Los congresistas que cambian sus votos a cambio de impunidad están utilizando su posición para obtener beneficios personales, como la impunidad, a expensas del interés público. Esto compromete la integridad del sistema político y socava los principios de la representación política.

Los congresistas, al utilizar su posición para obtener impunidad, están abusando de la confianza depositada en ellos por los ciudadanos. En lugar de representar los intereses de la sociedad, están utilizando su influencia para protegerse a sí mismos.

En lugar de actuar como representantes del pueblo, están priorizando sus intereses personales sobre las necesidades y deseos de quienes los eligieron. Esta situación socava la confianza en el sistema político, lo que puede tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la legitimidad de la democracia.

En segundo lugar, el cambio de votos por impunidad viola principios éticos fundamentales que deben regir la conducta de los congresistas. La ética política implica el comportamiento moral y responsable de los representantes electos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, los congresistas tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio de la sociedad que representan.

Al cambiar sus votos para obtener impunidad, los congresistas están desviándose de esta responsabilidad. La ética política exige transparencia y honestidad en el ejercicio del poder. Cuando los congresistas negocian impunidad a cambio de votos, están socavando la confianza pública y minando la transparencia que debería caracterizar el proceso legislativo.

La ética política también está vinculada a la integridad personal de los representantes electos. Cambiar votos por impunidad puede implicar una falta de integridad, ya que los congresistas están comprometiendo sus principios éticos en aras de beneficios personales.

Finalmente, el cambio de votos por impunidad es perjudicial para la democracia. La violación de la ética política no solo compromete la integridad de los congresistas, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema democrático. Fomentar la ética en la política es esencial para preservar la integridad de las instituciones democráticas y garantizar que los representantes electos actúen en beneficio de la sociedad en su conjunto.

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[PIE DERECHO] Es cuestión de tiempo para que la ciudadanía, harta de los estropicios de nuestra clase política, tanto del Ejecutivo como del Congreso, asfixiada por la crisis económica, sofocada por la incontrolable inseguridad ciudadana, testigo del colapso moral de las principales instituciones, horrorizada por la corrupción rampante en prácticamente todas las entidades estatales, rompa su inercia y decida salir a protestar.

Ya lo ha hecho antes, cuando ciertos hechos detonaron su indignación. Los casos más recientes fueron las protestas de diciembre y enero últimos, la marcha espontánea por la imposición de un toque de queda absurdo, la reacción por la asunción de mando del inefable Manuel Merino, solo para citar las últimas acontecidas.

En el Perú no hay costumbre de movilizaciones. No hay antecedentes de que dos millones de personas salgan a las calles a protestar como ocurrió el 2019 en Chile o como sucede permanentemente en Argentina. Dentro de las muchas explicaciones que se enarbolan para ello, la más potable es la de la informalidad, que de por sí genera inactivismo y desaprensión de la política, pero, además, en términos prácticos, dificulta que la gente dedique horas a la protesta cuando apenas le alcanza al tiempo para cubrir una jornada laboral infrahumana.

Pero la coalición tácita del Ejecutivo y el Congreso está llenando el vaso de la indignación con sus estropicios democráticos (felizmente, una maniobra de Alianza para el Progreso impidió que se cometiera el legicidio de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia). La semana que culmina, se destruyó la reforma política, se continuó desbaratando la mejor reforma de la las últimas décadas, la universitaria, se favoreció a las mafias al acotar el mecanismo de la colaboración eficaz, se atendió intereses delictivos, como los de los explotadores ilegales de los bosques, y todo ello con el silencio cómplice de un Ejecutivo rehén de la coalición gobernante en el Legislativo.

Hacemos votos para que la ebullición lenta del malestar que este trasiego inmoral de la clase política peruana genera, lleve pronto a las calles a manifestarse y eso conduzca a lo que desde un comienzo debió ser la salida más inteligente de la crisis política: el adelanto de las elecciones. La paciencia tiene límites que hace tiempo han sido desbordados por la desvergüenza de los principales poderes del Estado.

La del estribo: dos lecturas reconfortantes de la última sesión del Club del Libro de Alonso Cueto (mi mejor decisión del año inscribirme en él). Dos cuentos de Jorge Luis Borges, El milagro secreto y La forma de la espada. El teatro, el cine, la ópera y la literatura han hecho más llevaderos estos tiempos horribles que nos ha tocado vivir en los ámbitos político, social y económico.

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Adelanto de elecciones, corrupción, Crisis política, Protestas Ciudadanas

[PIE DERECHO] La ausencia de una narrativa opositora de centro o de derecha respecto del statu quo, es alucinante. Las encuestas señalan que los principales problemas que afectan a los ciudadanos son la inseguridad ciudadana, la corrupción y la crisis económica, materias caras a dicho sector ideológico, pero, más allá de algunos intentos de capturar esa narrativa, no hay mucha carne en el asador opositor (aunque el problema mayor es que el centro y la derecha no sean percibidos como oposición).

Es curioso que los únicos candidatos que hasta ahora tratan de imponer un discurso proseguridad ciudadana sean dos outsiders, como Antauro Humala y Carlos Álvarez. El resto no dice ni pío respecto del tema. Sobre la corrupción, corre solo el líder etnocacerista y sobre alternativas económicas hay una ausencia notable de propuestas, salvo, en alguna medida, las que pergeña, el hoy congresista Carlos Anderson, quien también busca ingresar a las lides presidenciales.

No transitamos por una crisis como la argentina (más bien, es muy parecida a la chilena), y en esa medida se acota la posibilidad de que un discurso como el de Javier Milei, prenda en el Perú, más allá de la influencia que pueda tener sobre algunos círculos libertarios en el país, la eventual repercusión que tendría si le va bien y la clara influencia respecto de la viabilidad de decir las cosas claras, sin tapujos, en dicha materia y cosechar electoralmente sin sobresaltos.

Es, más bien, la figura de alguien como Nayib Bukele quien asoma como referente que la ciudadanía podría atender. El impacto de su política de seguridad ciudadana trasciende los eventuales riesgos autoritarios que su gestión anticipa. Lo más probable es que su intento de reelección llegue a niveles altísimos de votación.

No es casual que en el Latinobarómetro, El Salvador sea el país con mayor satisfacción por la democracia (64% versus 8% del Perú) o que ante la pregunta de si se gobierna para beneficio de unos pocos, en el país centroamericano apenas el 20% lo considere así, mientras que en el caso peruano ese porcentaje llegue a un impresionante 90%.

Puede haber una mezcla de bukelización o mileización de la política peruana en los próximos años. Ambas narrativas propicias para la centroderecha y la derecha peruanas, pero lamentablemente, andan fungiendo de comparsas de un gobierno mediocre como el de Dina Boluarte, lo cual les va a pasar enorme factura el 2026.

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centroderecha, corrupción, Nayib Bukele, oposición política, seguridad ciudadana
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