Podemos Perú

 

PELIGRO PÚBLICO

Otro de los integrantes de la lista de regidores –con el número 3– cuyo nombre nos remite a los pasillos del Poder Judicial es el de Yeremi Aron Espinoza Velarde. De la mano de Podemos Perú, Espinoza llegó al Congreso para el periodo complementario 2020–2021. En su declaración jurada admitió tener una sentencia por falsificación de documentos dictada en 2019.

Además, Espinoza Velarde es fundador de Dafi Salud, empresa familiar que le ha permitido inaugurar policlínicos. Uno de estos se encuentra en el distrito de El Agustino y, según expuso un informe del programa “Punto Final” a mediados del 2020, la empresa del excongresista había incumplido con el convenio firmado con la municipalidad de este distrito.

El caso empezó en 2010, cuando el municipio de El Agustino cedió un terreno para que el Grupo Dafi, cuyo gerente general era Espinoza, construya un policlínico con dos compromisos claves: donar la infraestructura a la municipalidad luego de 13 años y aportar un porcentaje de las utilidades anuales, que empezaría en 5 % y crecería progresivamente hasta llegar a 30%. 

Fue respecto a este último punto que estalló la controversia. Y es que, pese a las numerosas solicitudes de la municipalidad distrital para acceder a los balances financieros, Dafi se negó. Esta información era necesaria para que puedan calcular el monto que la empresa debía aportar. En marzo del 2020, la municipalidad decidió denunciar penalmente a Espinoza Velarde y pidió el levantamiento de su inmunidad. Contactamos al hoy afiliado de Podemos por sus redes sociales, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.

El nombre de Espinoza también figura en los registros de conductores imprudentes. Entre el 2003 y el 2006 cometió tres faltas calificadas de “muy graves” por conducir un vehículo sin licencia. En los años siguientes, hasta el 2014, le contaron cuatro infracciones de carácter “grave”.

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El excongresista acumula S/ 1866 soles en infracciones de tránsito y la mayoría de estas son muy graves o graves.

No es el único peligro en las pistas que aspira a un puesto de regidor de la mano de Urresti. Con un historial de infracciones mucho más temerario figura Reynaldo Mozo Aldunate, quien integra la lista de regidores de Podemos con el número 7. Mozo cuenta con 23 infracciones, de las cuales ocho son “muy graves”. Esto lo ha llevado a acumular S/5,502 en multas. Incluso en 2011 fue intervenido por la policía luego de protagonizar un choque y mostrar “visibles signos de ebriedad”, según señala un parte policial al que accedió Sudaca.

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En los últimos qunce años, Mozo Aldunate acumuló más de cinco mil soles en multas que incluyen siete por infracciones muy graves.

Pero el historial de este personaje no solo lo muestra como un peligro al volante, sino como un personaje violento. En agosto del 2020, una mujer que se encargaba del área administrativa de la empresa del papá de Mozo Aldunate denunció ante la policía que debió retirarse de su centro de labores por el hostigamiento que recibía por parte del hoy candidato a regidor y sus seis hermanos. Además, en 2012, Reynaldo Mozo fue denunciado por su propia hermana, quien declaró en una comisaría que este la agredió “con bofetadas e insultos” mientras se encontraba en la casa de su madre.

JOVEN PROMESA

Entre los nuevos rostros de Podemos destaca Laidy Diana Peceros Espinoza, secretaria nacional de juventudes del partido, de 24 años. Ella figura en el acta de fundación del partido el 2017 y fue estudiante de Telesup entre 2015 y 2021. Peceros actualmente es regidora de Lima por el partido de Luna Gálvez. 

Esta joven promesa es muy activa en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Peceros fue señalada por pagar los anuncios de José Luna Morales, hijo del fundador del partido, en los que insistía con la teoría del fraude en las elecciones del 2021. Y es que en estas publicidades aparecía su nombre como financista.

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Laidy Peceros Espinoza figura en redes sociales como la persona que paga para que las publicaciones de José Luna Morales, como en la que sostiene que hubo un fraude en las elecciones, tengan mayor difusión.

Peceros, además, no duda en mostrar su apoyo en Facebook a las iniciativas de los sectores más conservadores, como posturas “provida” y es favorable a la participación de los padres en la elaboración de los textos escolares. Está demás decir que, para la aspirante a regidora, el enfoque de género es una “perturbación en la formación de los niños”. Así lo deja ver en sus redes sociales.

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En Facebook, Peceros se muestra a favor de iniciativas propuestas por los sectores más conservadores del Congreso.

“La bancada de Podemos Perú por ningún motivo blindará al señor Luna Gálvez”, afirmaba Daniel Urresti ante los medios en enero del 2020, cuando era congresista. Pretendía, así, marcar distancia entre el partido y la bancada. Dos años después, parece que la reconciliación entre la familia Luna y el ahora candidato a la alcaldía de Lima es un hecho. No se explica de otra forma, sino, la presencia de tantos personajes cercanos al dueño de Telesup en los primeros lugares de su lista.

 

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La trama judicial que involucra a José Luna Gálvez tiene un nuevo capítulo. El fiscal contra el crimen organizado del Callao, Roger Saldaña, le sigue los pasos a la abogada Karin Díaz López, una mujer que en el 2017 trabajó en la ONPE. Aquel año, según la hipótesis fiscal, la red de Luna Gálvez desplegó toda su maquinaria al interior del organismo electoral para lograr la inscripción como partido de Podemos Perú. El Ministerio Público investiga al actual congresista por presuntamente haber corrompido funcionarios para lograrlo. 

Karin Díaz, de 35 años, fue asesora de Luna en el Parlamento entre febrero del 2015 y julio del 2016, años en los que el artífice de Telesup estaba en las filas de Solidaridad Nacional. Hoy, ya en los predios de Podemos Perú, los militantes la han bautizado como la “ahijada” del congresista. Esto porque Karin Díaz es hija de Kiraida López, actual dirigente del tribunal electoral del partido y muy cercana a Luna, como se puede apreciar en redes sociales. No tiene aún la condición de investigada, pero los esfuerzos de la Fiscalía apuntan a darle un papel protagónico en la trama.

Kiraida Luna Gálvez
Kiraida López Lavy, madre de Karin Díaz y dirigente de Podemos Perú, con José Luna Gálvez. Fuente: Facebook de Kiraida López.

Según el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, el organismo electoral fue copado por gente afín a Luna en los años que se investigan. Junto a Karin Díaz, catorce funcionarios fueron colocados en puestos claves por recomendación de los operadores del congresista, dijo Castillo. 

Incluso fue contratado personal de Telesup, la universidad con licencia denegada del clan Luna. Dos profesores de esa empresa trabajaron simultáneamente en la ONPE en el 2017 y seis trabajadores de la casa de estudios fueron traspasados al ente electoral en aquella época, según la investigación fiscal. 

 

LOS REGISTROS

El rol clave de Karin Díaz se refleja en las 67 comunicaciones -entre llamadas y mensajes de texto- que mantuvo con José Cavassa. Este hombre es considerado por el Poder Judicial como el principal operador político de Luna Gálvez y es una pieza importante en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por haber presuntamente influido en la elección de autoridades del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Los contactos entre Díaz y Cavassa se dieron del 2016 al 2018, de acuerdo a un reporte judicial al que Sudaca tuvo acceso. 

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Reporte de las 67 comunicaciones entre José Cavassa Roncalla, operador político de Luna Gálvez, y Karin Díaz López, exasesora del líder de Podemos.

En ese mismo periodo de tiempo, Karin Díaz se comunicó 135 veces con Luna Gálvez, según otro documento judicial. Fuentes cercanas al fiscal dicen que Saldaña sospecha que Díaz fue intermediaria entre Cavassa y Luna. Aunque entre estos dos sí había comunicación, la hipótesis fiscal es que ella servía de enlace para algunas coordinaciones.

Por ejemplo, de acuerdo a los reportes de comunicaciones, fueron siete las veces que Karin Díaz se comunicó con Cavassa y el líder de Podemos Perú en un mismo día, solo en el segundo semestre del 2016. Luego de que Luna dejase el Parlamento, la ‘ahijada’ fue contratada en Telesup entre agosto del 2016 y febrero del 2017, como apoyo administrativo.

Ya en el verano del 2017, Luna Gálvez y Telesup apostaron todas sus fichas a que Adolfo Castillo Meza, un físico sin experiencia en temas electorales, ganase el concurso como jefe de la ONPE. El objetivo: inscribir a Podemos Perú como partido político. Así lo confesó el propio Castillo Meza a las autoridades. A finales del 2020, admitió que fue colocado en el cargo por la red de Luna en un concurso amañado, con la complicidad de algunos consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. “El más fuerte de los operadores políticos de Luna Gálvez es José Luis Cavassa Roncalla”, declaró a la Fiscalía. Cavassa actuó como un lobista en la sombra en el organismo electoral. 

En aquellos días frenéticos por el nombramiento de la cabeza de la ONPE, entre el 9 de enero y el 6 de abril del 2017, Cavassa y Karin Díaz se comunicaron 39 veces. Los detalles de las conversaciones se desconocen, pero todo apunta a las presuntas movidas para inscribir a toda costa a Podemos Perú. “No sé por qué me está llamando, señor. No sé de qué está hablando”, dice Díaz al ser consultada por Sudaca. Cavassa está con arresto domiciliario y, por lo tanto, tiene restricciones para dar declaraciones.

El 19 de abril del 2017 Karin Díaz fue contratada en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, dos días después de la fundación de Podemos Perú, según la investigación fiscal. Ya eran tiempos de Castillo Meza. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Díaz llegó, principalmente, para monitorear el proceso de inscripción de ese partido. “La presencia de su exasesora congresal fue una exhibición de poderío de Luna Gálvez en la ONPE de Adolfo Castillo Meza. Ella llegó para apuntalar la inscripción”, dice a Sudaca una fuente cercana a la investigación.

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Documento judicial que da cuenta que Karin Díaz López trabajó en la ONPE y Telesup, la universidad de Luna Gálvez, casi al mismo tiempo.

Así, toda la ONPE fue copada por gente afín a Luna Gálvez, según declaró el propio Castillo Meza. En la oficina donde fue colocada Karin Díaz hubo más nombramientos. “A la persona de Ulbert Medina lo nombró en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a sugerencia de Fernando Obregón [a quien identificó como operador de Luna Gálvez] con la finalidad de supervisar el rendimiento de gastos de campaña, específicamente de Podemos Perú”, dijo Castillo. 

“A la persona de Ricardo Pajuelo se le designó como secretario general. Este puesto era muy importante por cuanto es el tercer nivel de filtro en la presentación de planillones de inscripción del partido Podemos Perú. Este personal se colocó en la ONPE para controlar los procesos electorales”, añadió Castillo. 

La investigación fiscal descubrió también que, en el 2017, dos funcionarios de la ONPE trabajaban al mismo tiempo en Telesup como profesores. Se trata de Edwin Benavente Orellana (gestor de proyectos en el organismo electoral) y Erick Calderón Zuñiga (asesoría jurídica). “No he tenido vínculos con el señor Luna. Yo llegué a Telesup por temas circunstanciales, como profesor externo”, dice Benavente. “El tema ya fue aclarado. Estoy prohibido de dar cualquier declaración”, dice, por su parte, Calderón. Ninguno de ellos ha tenido  comunicación con Cavassa. 

 

ÚLTIMAS LLAMADAS

Logrado el nombramiento de Castillo Meza en la ONPE, quedaba pendiente la parte más importante: terminar de inscribir al partido político. El 16 agosto del 2017, en pleno proceso de inscripción, Cavassa llamó a Karin Díaz, ya funcionaria de la ONPE.

En septiembre de aquel año, Podemos presentó un primer lote de firmas: 136.879 planillones repartidos en 28 cajas. Estos tenían datos incompletos y no fueron presentados con declaraciones juradas correctas, de acuerdo a una observación de la misma ONPE.

El 24 de noviembre, en pleno ajetreo para que Podemos tenga luz verde, Cavassa volvió a llamar a Karin Díaz. Hablaron un minuto. En diciembre, el partido que ha apadrinado a Daniel Urresti como candidato la alcaldía de Lima presentó un segundo lote de 13.846 planillones. Los dos lotes sumaban un millón de firmas. El organismo electoral validó 733,719 rúbricas.

Daniel Urresti
Daniel Urresti Elera, precandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. Fuente: Facebook de Daniel Urresti.

“La verdad no recuerdo ese nombre [Karin Díaz]. Lo que usted debe saber que el juez ha prohibido a mi patrocinado dar declaraciones”, dice a Sudaca Mateo Castañeda, abogado del legislador Luna Gálvez, actualmente con comparecencia restringida. 

Díaz culminó sus labores en la ONPE en diciembre del 2017. El 1 de enero del 2018, llamó a Cavassa, según el reporte de la Diviac, por seis minutos. Nueve días después, el 10 de enero, el último día de plazo para poder participar en los comicios, el partido de Luna logró su inscripción.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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José Luna Gálvez, ONPE, Podemos Perú, Telesup

Cuando Manuel Merino de Lama juramentó como presidente luego de la vacancia a Martín Vizcarra, en noviembre del año pasado, Jhon Apolinario Saba Guerra fue su mano derecha -y la izquierda también, se podría decir- durante los escasos cinco días que permaneció en el cargo.

Saba, quien es tumbesino al igual que Merino, era el que ofrecía los cargos para la conformación del Gabinete, creó el grupo de WhatsApp para coordinar con los ministros, asistió a las reuniones del consejo y se codeaba con los altos mandos policiales. Se aseguró, además, de que le informen a Merino cuáles eran las estrategias a tomar en las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial. Cuando el breve régimen cayó, Saba se recicló en el Estado sin ninguna vergüenza. Hoy es asesor de una congresista de la bancada Podemos Perú.

 

LA SOMBRA DE MERINO

El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (su premier) y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La causa: las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre de 2020.

La denuncia presentada ante el Congreso de la República tiene los testimonios de los ministros del flamante Gabinete Flores-Aráoz, de los altos mandos policiales y, cómo no, de Jhon Saba Guerra, “en su condición de asesor del investigado Manuel Merino de Lama”.

Su poder era tal que Augusto Valqui Malpica, el ministro de Transportes y Comunicaciones de ese régimen, detalló que fue Saba quien le ofreció el cargo. “El día de la juramentación me llamó otra persona que me dijo que mi currículum había sido aprobado por la inteligencia de la Marina. Al ratito me llamaron y me dijeron que podía ser ministro”, contó Valqui. De acuerdo a la documentación fiscal a la que Sudaca tuvo acceso, el autor de esa última llamada fue Saba, “quien le propuso el cargo de ministro”.

Por su parte, Franca Deza Ferreccio, quien había asumido como ministra de Relaciones Exteriores, calificó a Jhon Saba como “el enlace” que tenía con Merino. Además, dijo que era «hombre de confianza» del premier Flores Aráoz.

La exministra de Relaciones Exteriores calificó a Saba como el «hombre de confianza de Ántero Flores-Araoz» y como el nexo que tenía con Manuel Merino. No solo eso, Saba también fue el encargado de crear el grupo de WhatsApp donde estaban todos los ministros.

De acuerdo al testimonio de Jorge Lam Almonte, exsubcomandante general de la Policía y señalado como uno de los responsables de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, Jhon Saba le dio su número telefónico para que le comunique “cualquier cosa de importancia que pueda pasar”. Y así ocurrió. El general contó al Ministerio Público que el asesor lo llamó un par de veces para preguntarle “cuál era la novedad de las marchas, para informarle al Presidente”.

El día de los asesinatos de Inti y Bryan, Merino tuvo dos reuniones. Una en Palacio y otra en el Ministerio del Interior (Mininter). En ambas, su asesor lo acompañó como fiel escudero.

De acuerdo al propio testimonio de Saba Guerra, en la noche del 14 fue invitado por Merino a una reunión con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Allí, cuenta el asesor, la DINI presentó información sobre las manifestaciones. ¿La fuente de tan detallado trabajo de inteligencia? Twitter. “El personal expuso unas diapositivas donde daban cuenta que dentro de las marchas de protestas había barristas. Eran publicaciones que estaban en Twitter. Se cuestionó que era un informe que consignaba data de redes sociales”, dijo Saba. 

La reunión terminó, de acuerdo al exdirector de la DINI, Christian Schambaher Céspedes, cuando el ministro del Interior recibió una llamada que le comunicó sobre la primera de las víctimas mortales. “Al final de la reunión, Merino ordenó a Saba que convoque al día siguiente una sesión de Consejo de Ministros”, se puede leer en la denuncia del Ministerio Público.

Consultado sobre su rol en los días de gobierno de Manuel Merino, Saba prefirió no dar mayores detalles porque asegura que ya dijo todo lo que tenía que decir. “Yo entiendo que en el documento fiscal está todo. A mí me citaron como testigo en su oportunidad”, señaló.

El vínculo entre Merino y Saba no era nuevo. Durante su segundo periodo como congresista (2011-2016), Merino ya había trabajado con Saba como asesor parlamentario, de acuerdo al portal del Congreso.

De hecho, cuando Merino se postuló como congresista para el período complementario del 2020-2021, Saba compartió imágenes de su campaña en redes sociales y llamaba a votar por él. Quizá por ese ímpetu, cuando el accionpopulista fue elegido como presidente del Congreso, colocó a Saba como asesor en el “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”. ¿El trabajo? Asesorar a Merino en la Mesa Directiva.

“El doctor Jhon Saba trabajó conmigo [como asesor] en el Congreso complementario […] Me acompañó unos días en la presidencia hasta el 15 de noviembre, porque renuncié”, responde Manuel Merino respecto a su relación con su paisano.

Para ese 15 de noviembre ya habían dimitido algunos ministros, previendo lo que se venía luego de la muerte de dos jóvenes. Luego de que Merino y los que quedaban en su Gabinete se vieron obligados a renunciar, Jhon Saba no perdió el tiempo. Ese mismo mes pasó a las filas de Podemos Perú (PP), el feudo de José Luna Gálvez. Lo hizo como asesor del grupo parlamentario, de acuerdo a información de Transparencia.

Aquel aciago noviembre, como asesor de Merino y luego de Podemos, Saba se llevó a casa por ambas asesorías poco menos que S/19.000.

En noviembre de 2020, mientras Merino y gabinete se despedían del poder, Saba cobró al Congreso un total de S/.18.660.

Los siguientes meses, hasta abril de este año, Saba continuó trabajando como asesor de PP con un sueldo de S/.9.499 mensuales, según el portal de Transparencia del Congreso. En mayo de 2021, se convirtió en el asesor principal del congresista Aron Espinoza, también de ese partido, quien luego de la renuncia de Merino aseguró no arrepentirse de haber votado a favor de la vacancia de Vizcarra. Lo dijo luego de las muertes de Inti y Bryan.

Aunque el Congreso complementario se despidió antes del 28 de julio, Jhon Saba no. Y en agosto volvió como asesor principal de Digna Calle Lobatón, esposa de Espinoza y actual congresista de Podemos. El sueldo es el mismo. Desde noviembre de 2020 hasta septiembre de este año, el ubicuo Saba -exasesor principal de un represor- ha facturado al Congreso un total de S/.113.026. ¡Y aquí no pasó nada!

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Daniel Urresti, candidato presidencial por Podemos Perú

“En este momento, la Policía tiene 5 mil 500 comisarías”

Fecha de la declaración: domingo 4 de abril del 2021

Contexto: entrevista en Punto Final

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TL0ZnIwYoM0 [20:07 – 20:10]

FALSO

El candidato presidencial Daniel Urresti, del partido Podemos Perú, fue consultado durante una entrevista televisiva acerca de la estrategia de seguridad ciudadana que implementaría en un eventual gobierno suyo. En ese contexto, dio el siguiente dato: “En este momento, la Policía tiene 5 mil 500 comisarías”. Luego de revisar información actualizada al respecto, la red Ama Llulla concluye que dicha afirmación es falsa.

 

 

Ver: [20:07 – 20:10]

El pasado martes 6 de marzo, la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) informó a la red Ama Llulla que, a la fecha, existen un total de 1.526 comisarías en todo el país. Es decir, alrededor de 3 mil 900 menos de las que calculó el candidato Urresti.

 

El área de prensa de la institución precisó que la cantidad está compuesta por 1.372 comisarías básicas y 154 comisarías especializadas.

 

Este último grupo está dedicado a tareas específicas como la atención de casos de violencia familiar, la protección y resguardo de atractivos turísticos y el cuidado de carreteras. Las comisarías especializadas que hay actualmente en el Perú están a cargo de tres Direcciones de la PNP:

  • Dirección de Seguridad Ciudadana (Lima): 8 comisarías.
  • Dirección de Turismo (nivel nacional): 27 comisarías.
  • Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial – Unidad de Protección de Carreteras (nivel nacional): 119 comisarías.

El área de prensa de la PNP agregó que, en este registro, las comisarías de aeropuertos no están consideradas como comisarías especializadas.

 

Las cifras del INEI

 

La información oficial más precisa que tiene el Estado sobre el tema figura en los informes del Censo Nacional de Comisarías (Cenacom), que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realiza desde el 2012. Hasta la fecha, el último de estos reportes fue el VI Cenacom, presentado en abril del 2018 con base en información del 2017, según precisó el área de prensa del INEI a la red Ama Llulla. 

 

Según el informe de resultados definitivos del VI Cenacom, en el 2017 había 1.495 comisarías a nivel nacional, divididas en 1.310 comisarías básicas y 185 especializadas.

 

En su medición, el INEI señala que las comisarías básicas cumplen funciones de “patrullaje motorizado y a pie, investigación de delitos y faltas, violencia familiar, accidentes de tránsito, labores de supervisión y control, participación ciudadana, servicios de guardia, entre otras actividades” (pág. 42 del informe).

 

Las comisarías básicas, a su vez, se dividen en las categorías A,D,C,D y E, de acuerdo con el número de policías, la cobertura poblacional y área construida del local:

 

Tabla

 

Para los Cenacom, el INEI considera que las comisarías especializadas “son aquellas que actúan dentro de áreas específicas dentro de la sociedad, desarrollando funciones para un servicio concreto como: control de aeropuertos, de carreteras, turismo y de la familia” (pág. 43 del informe).

 

Comisarías Fuente Inei

 

Por otro lado, según un reporte del Observatorio del Ministerio del Interior (Mininter) publicado en febrero del 2020, en el 2019 existían 1.318 comisarías básicas de la PNP a nivel nacional. El reporte no contiene información sobre comisarías especializadas.

 

La red Ama Llulla trató de comunicarse con el candidato Daniel Urresti para solicitarle precisiones sobre el sustento de su afirmación. No se obtuvo respuesta.

 

En resumen, según información oficial de la PNP actualizada al 6 de marzo, Perú tiene 1.526 comisarías a nivel nacional, divididas entre comisarías básicas y especializadas (enfocadas en Familia, Turismo y Carreteras). Asimismo, la cifra más actualizada del INEI (Censo de Comisarías 2017) y la data del Ministerio del Interior, a pesar de diferir en las cifras, tampoco se aproximan a la cantidad de comisarías que dio el candidato Urresti.

 

En función de los datos expuestos, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de Daniel Urresti, acerca de que en este momento la Policía tiene 5 mil 500 comisarías, es falsa.

 

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