El presidente y los miembros de su gabinete ministerial han duplicado innecesariamente su gasto de comida. En los primeros días de diciembre, el despacho presidencial contrató los servicios de la empresa Edenred Perú para proveer de alimentos a las sesiones del Consejo de Ministros. El contrato es por S/125.644 y dura un año. El problema es que Palacio ya tiene asignado un presupuesto de más de S/2 millones para alimentos y bebidas. Este gasto redundante lo instauró el gobierno de Martín Vizcarra y ha ido creciendo desde entonces.
El acuerdo implica la entrega de dos tarjetas electrónicas para que la Oficina de Abastecimiento de Palacio pueda comprar alimentos en supermercados, grifos, minimarkets y restaurantes afiliados a Edenred cuando sesione el Gabinete. Entre estos establecimientos están Amaz, Rafael, La Mar, San Antonio, Starbucks, Chilis, Pizza Hut, Norkys, Tambo, Plaza Vea, Tottus, Metro, entre otros. Según las bases del contrato, firmado el 2 de diciembre, la finalidad es “el abastecimiento de manera oportuna de una variedad de productos que permita la atención de las diferentes reuniones y sesiones propias de la agenda del Consejo de Ministros”.
2 de diciembre, 2021. Contrato firmado entre el Despacho Presidencial y la empresa Edenred Perú para proveer alimentos a los Consejos de Ministros. El monto del acuerdo es de S/.125,664.
Una tarjeta electrónica de Edenred, de matriz francesa, sirve como un vale de comida. En las bases del contrato, Palacio exige a la compañía que sus tarjetas tengan validez en “al menos” cien establecimientos comerciales en Lima, que atiendan de lunes a domingo, incluso feriados. La compañía está especializada en tarjetas de servicios prepago y tickets para la despensa de servicios de alimentos y gasolina.
El monto máximo de recarga mensual entre las dos tarjetas de Edenred que adquirió Palacio es de S/.10.000, sin intereses. Si hay cuatro sesiones de Consejo al mes, en promedio, Palacio podría gastar hasta S/2.500 en cada una de ellas para que el presidente y sus 19 ministros piquen lo que se les antoje mientras sesionan. Las autoridades pueden decidir no consumir nada, pero ni las bases ni el contrato contemplan devoluciones.
Imagen de la sesión del Consejo de Ministros del 12 de enero pasado. Fuente: Presidencia.
Todo ello no toma en cuenta el presupuesto para los alimentos que ya tienen a disposición en la cocina de Palacio. “Por un tema de austeridad no necesitan esto. No lo veo como un gasto necesario, más aún en época de pandemia. Lo ideal sería que sesionen de manera virtual. En mis tiempos nos servíamos cafés, jugos o la comida que preparaban en Palacio si la sesión del Consejo de Ministros era muy larga”, dice a Sudaca la exprimera ministra Ana Jara.
Este tipo de contratos empezó en el gobierno de Martín Vizcarra. El primero se firmó el 27 de agosto del 2020, también con la compañía Edenred Perú. Aquel era por S/96 mil; el de ahora es por más de S/125 mil. Además de servir piqueos a sus ministros, el gobierno de Vizcarra también adquirió una tarjeta electrónica de Edenred para que el expresidente y su familia compren lo que quieran. Ese contrato fue por un año (se firmó en el 2019) y por S/83.870.
DOS VECES LO MISMO
El gobierno de Pedro Castillo sigue duplicando innecesariamente el gasto. Por poner solo un ejemplo: las bases del contrato con Edenred dicen que la tarjeta para amenizar las sesiones del Gabinete sirve para comprar -entre otros- embutidos. Pero resulta que, en octubre del 2021, el despacho presidencial ya compró 2.822 kilos de embutidos para un año, por S/61.244, a la compañía Inversiones Jeanbe. La finalidad, de acuerdo a las bases del contrato con Jeanbe, es dar una atención “oportuna y saludable al personal del Despacho Presidencial y que permita una mejor y eficiente atención a las autoridades”. Palaciotiene aproximadamente 200 trabajadores.
La adquisición incluye 240 kilos de chorizo ahumado, 240 kilos de hot dog de pavita, 240 kilos de hot dog de ternera, 480 kilos de jamón inglés, 240 kilos de jamonada de pavo, 240 kilos de jamonada de pollo, 240 kilos de mortadela, 122 kilos de pastel de jamón de cerdo, 360 kilos de salchicha huachana y 180 kilos de tocino ahumado.
Octubre, 2021. Contrato por un año firmado entre Palacio e Inversiones Jeanbe para la compra de 2,822 kilos de embutidos. Costó S/.61,244.
Como se menciona líneas arriba, Palacio ya tiene previsto gastar en alimentos y bebidas S/2’087.542 en el 2022, aparte de lo que consuman en las sesiones del Gabinete con Edenred, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF). En el 2021 el gasto por este concepto fue de S/1’342.438,00, según las cifras del MEF.
“Las sesiones de los consejos de ministros de ahora no duran tanto como en mis tiempos. Son reuniones más ejecutivas. Por eso tampoco se justifica este catering. Nunca he visto algo tan ostentoso”, dice Ana Jara.
Sudaca buscó la versión de Edenred Perú, a través de su gerente Gissela Campos Mujica, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. También le enviamos un mensaje a la dirección de comunicaciones de Presidencia con igual resultado.
La trama judicial que involucra a José Luna Gálvez tiene un nuevo capítulo. El fiscal contra el crimen organizado del Callao, Roger Saldaña, le sigue los pasos a la abogada Karin Díaz López, una mujer que en el 2017 trabajó en la ONPE. Aquel año, según la hipótesis fiscal, la red de Luna Gálvez desplegó toda su maquinaria al interior del organismo electoral para lograr la inscripción como partido de Podemos Perú. El Ministerio Público investiga al actual congresista por presuntamente haber corrompido funcionarios para lograrlo.
Karin Díaz, de 35 años, fue asesora de Luna en el Parlamento entre febrero del 2015 y julio del 2016, años en los que el artífice de Telesup estaba en las filas de Solidaridad Nacional. Hoy, ya en los predios de Podemos Perú, los militantes la han bautizado como la “ahijada” del congresista. Esto porque Karin Díaz es hija de Kiraida López, actual dirigente del tribunal electoral del partido y muy cercana a Luna, como se puede apreciar en redes sociales. No tiene aún la condición de investigada, pero los esfuerzos de la Fiscalía apuntan a darle un papel protagónico en la trama.
Kiraida López Lavy, madre de Karin Díaz y dirigente de Podemos Perú, con José Luna Gálvez. Fuente: Facebook de Kiraida López.
Según el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, el organismo electoral fue copado por gente afín a Luna en los años que se investigan. Junto a Karin Díaz, catorce funcionarios fueron colocados en puestos claves por recomendación de los operadores del congresista, dijo Castillo.
Incluso fue contratado personal de Telesup, la universidad con licencia denegada del clan Luna. Dos profesores de esa empresa trabajaron simultáneamente en la ONPE en el 2017 y seis trabajadores de la casa de estudios fueron traspasados al ente electoral en aquella época, según la investigación fiscal.
LOS REGISTROS
El rol clave de Karin Díaz se refleja en las 67 comunicaciones -entre llamadas y mensajes de texto- que mantuvo con José Cavassa. Este hombre es considerado por el Poder Judicial como el principal operador político de Luna Gálvez y es una pieza importante en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por haber presuntamente influido en la elección de autoridades del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Los contactos entre Díaz y Cavassa se dieron del 2016 al 2018, de acuerdo a un reporte judicial al que Sudaca tuvo acceso.
Reporte de las 67 comunicaciones entre José Cavassa Roncalla, operador político de Luna Gálvez, y Karin Díaz López, exasesora del líder de Podemos.
En ese mismo periodo de tiempo, Karin Díaz se comunicó 135 veces con Luna Gálvez, según otro documento judicial. Fuentes cercanas al fiscal dicen que Saldaña sospecha que Díaz fue intermediaria entre Cavassa y Luna. Aunque entre estos dos sí había comunicación, la hipótesis fiscal es que ella servía de enlace para algunas coordinaciones.
Por ejemplo, de acuerdo a los reportes de comunicaciones, fueron siete las veces que Karin Díaz se comunicó con Cavassa y el líder de Podemos Perú en un mismo día, solo en el segundo semestre del 2016. Luego de que Luna dejase el Parlamento, la ‘ahijada’ fue contratada en Telesup entre agosto del 2016 y febrero del 2017, como apoyo administrativo.
Ya en el verano del 2017, Luna Gálvez y Telesup apostaron todas sus fichas a que Adolfo Castillo Meza, un físico sin experiencia en temas electorales, ganase el concurso como jefe de la ONPE. El objetivo: inscribir a Podemos Perú como partido político. Así lo confesó el propio Castillo Meza a las autoridades. A finales del 2020, admitió que fue colocado en el cargo por la red de Luna en un concurso amañado, con la complicidad de algunos consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. “El más fuerte de los operadores políticos de Luna Gálvez es José Luis Cavassa Roncalla”, declaró a la Fiscalía. Cavassa actuó como un lobista en la sombra en el organismo electoral.
En aquellos días frenéticos por el nombramiento de la cabeza de la ONPE, entre el 9 de enero y el 6 de abril del 2017, Cavassa y Karin Díaz se comunicaron 39 veces. Los detalles de las conversaciones se desconocen, pero todo apunta a las presuntas movidas para inscribir a toda costa a Podemos Perú. “No sé por qué me está llamando, señor. No sé de qué está hablando”, dice Díaz al ser consultada por Sudaca. Cavassa está con arresto domiciliario y, por lo tanto, tiene restricciones para dar declaraciones.
El 19 de abril del 2017 Karin Díaz fue contratada en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, dos días después de la fundación de Podemos Perú, según la investigación fiscal. Ya eran tiempos de Castillo Meza. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Díaz llegó, principalmente, para monitorear el proceso de inscripción de ese partido. “La presencia de su exasesora congresal fue una exhibición de poderío de Luna Gálvez en la ONPE de Adolfo Castillo Meza. Ella llegó para apuntalar la inscripción”, dice a Sudaca una fuente cercana a la investigación.
Documento judicial que da cuenta que Karin Díaz López trabajó en la ONPE y Telesup, la universidad de Luna Gálvez, casi al mismo tiempo.
Así, toda la ONPE fue copada por gente afín a Luna Gálvez, según declaró el propio Castillo Meza. En la oficina donde fue colocada Karin Díaz hubo más nombramientos. “A la persona de Ulbert Medina lo nombró en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a sugerencia de Fernando Obregón [a quien identificó como operador de Luna Gálvez] con la finalidad de supervisar el rendimiento de gastos de campaña, específicamente de Podemos Perú”, dijo Castillo.
“A la persona de Ricardo Pajuelo se le designó como secretario general. Este puesto era muy importante por cuanto es el tercer nivel de filtro en la presentación de planillones de inscripción del partido Podemos Perú. Este personal se colocó en la ONPE para controlar los procesos electorales”, añadió Castillo.
La investigación fiscal descubrió también que, en el 2017, dos funcionarios de la ONPE trabajaban al mismo tiempo en Telesup como profesores. Se trata de Edwin Benavente Orellana (gestor de proyectos en el organismo electoral) y Erick Calderón Zuñiga (asesoría jurídica). “No he tenido vínculos con el señor Luna. Yo llegué a Telesup por temas circunstanciales, como profesor externo”, dice Benavente. “El tema ya fue aclarado. Estoy prohibido de dar cualquier declaración”, dice, por su parte, Calderón. Ninguno de ellos ha tenido comunicación con Cavassa.
ÚLTIMAS LLAMADAS
Logrado el nombramiento de Castillo Meza en la ONPE, quedaba pendiente la parte más importante: terminar de inscribir al partido político. El 16 agosto del 2017, en pleno proceso de inscripción, Cavassa llamó a Karin Díaz, ya funcionaria de la ONPE.
En septiembre de aquel año, Podemos presentó un primer lote de firmas: 136.879 planillones repartidos en 28 cajas. Estos tenían datos incompletos y no fueron presentados con declaraciones juradas correctas, de acuerdo a una observación de la misma ONPE.
El 24 de noviembre, en pleno ajetreo para que Podemos tenga luz verde, Cavassa volvió a llamar a Karin Díaz. Hablaron un minuto. En diciembre, el partido que ha apadrinado a Daniel Urresti como candidato la alcaldía de Lima presentó un segundo lote de 13.846 planillones. Los dos lotes sumaban un millón de firmas. El organismo electoral validó 733,719 rúbricas.
Daniel Urresti Elera, precandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. Fuente: Facebook de Daniel Urresti.
“La verdad no recuerdo ese nombre [Karin Díaz]. Lo que usted debe saber que el juez ha prohibido a mi patrocinado dar declaraciones”, dice a Sudaca Mateo Castañeda, abogado del legislador Luna Gálvez, actualmente con comparecencia restringida.
Díaz culminó sus labores en la ONPE en diciembre del 2017. El 1 de enero del 2018, llamó a Cavassa, según el reporte de la Diviac, por seis minutos. Nueve días después, el 10 de enero, el último día de plazo para poder participar en los comicios, el partido de Luna logró su inscripción.
Bruno Pacheco no tenía límites. Cuando era secretario general de Palacio, la ex mano derecha del presidente Castillo intercedió por una empresa que, para importar cantidades descomunales de mercurio, presentó información falsa a la Sunat. Se trata de la comercializadora de minerales y metales MQVC Corporation, que el año pasado pidió ampliar de forma considerable -de 20 a 500 toneladas anuales- el permiso que le habían dado para ingresar dicho químico al país.
MQVC Corporation, fundada por José Hanco Lupinta, informó a la Sunat que tenía un acuerdo para comprarle el mercurio a Didi Chemical, una supuesta empresa estadounidense de la que no hay rastro en ninguna base de datos. Además, comunicó que tenía como “potenciales clientes” a cuatro grandes mineras: Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Pero estas firmas negaron haber negociado con MQVC Corporation, según documentos internos que Sudaca pudo revisar.
José Hanco Lupinta, dueño de empresa MQVC Corporation. Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, presionó al jefe de la Sunat por esta compañía. Fuente: Facebook de José Hanco.
DESMENTIDOS
La historia empieza en junio del 2020, cuando José Hanco Lupinta, un empresario dedicado a la extracción de oro en el Cusco, funda MQVC Corporation. Once meses después, en mayo del 2021, la compañía le solicitó a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat un permiso anual para importar 20 toneladas de mercurio, dando información muy general que este medio pudo revisar. La solicitud fue aceptada.
El problema es que, ya con Pedro Castillo en el poder, Hanco Lupinta fue por más. Mucho más. El 13 de setiembre del 2021 le pidió a la Sunat ampliar la autorización de importación a 500 toneladas de mercurio, de acuerdo a los documentos internos de la superintendencia. Y luego echó mano de sus influencias: el 29 de de ese mes, vía Telegram, Bruno Pacheco envió el pantallazo de esa solicitud al jefe de la entidad tributaria, Luis Enrique Vera Castillo. “Corrobora eso, hermano, y trata de ayudar en algo”, le escribió.
El 6 de octubre del año pasado, de nuevo por Telegram, Pacheco insistió. “Si no sale los 500, aunque sea los 300”, le escribió a Vera. Y al día siguiente, el 7 de octubre, le envió el teléfono de Hanco al jefe de la Sunat. “Este es el número”, le dijo.
Por la noche, Hanco realizó un nuevo pedido –escueto y a través de la mesa de partes virtual– para que le aumenten la cantidad de mercurio. “Espero ser atendido cuanto antes posible, brindándome la aprobación de lo solicitado en el presente escrito”, escribió, sin dar detalles de la operación comercial.
Informe de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat que niega el pedido de MQVC Corporation para aumentar la cantidad para importar mercurio. La solicitud fue desestimada por presentar falsamente como “potenciales clientes” a grandes mineras, como Buenaventura, Antapaccay y Marsa.
Una semana después, el 14 de octubre, Patricia Salazar, funcionaria de la Sunat, le contestó a Hanco. Le dijo que la información que había enviado era insuficiente y que necesitaba más datos, como las empresas a las que les vendería el mercurio, las medidas de seguridad y la capacidad de almacenamiento. En suma, una información detallada del negocio, por tratarse de un químico que puede ser usado para actividades ilegales.
El empresario contestó al día siguiente con otra carta. Dijo que MQVC Corporation, que tiene un local en San Juan de Lurigancho, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.000 toneladas y que el mercurio que pretendían traer era fabricado por la supuesta compañía Didi Chemical, de Nueva York. “La empresa industrial Didi Chemical, ubicada en los Estados Unidos, nos exige como requisito para celebrar contrato de comercialización la existencia de la autorización de su institución”, escribió el hombre por el que abogaba Bruno Pacheco.
El detalle es que no hay rastro de Didi Chemical en ninguna base de datos, confirmaron fuentes que conocen la investigación sobre este tema del fiscal anticorrupción Marco Huamán. Al ser consultado por Sudaca sobre la veracidad de un acuerdo con esta supuesta compañía, Hanco respondió: “¿Cuál es el interés de usted? ¿Usted es abogado? ¿Usted es de la Fiscalía? Hable con mi abogado cualquier cosa”.
El empresario también indicó a la Sunat que, para el negocio del mercurio, tenía como “potenciales clientes” a las mineras Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Una mentira que cayó rápidamente.
El ente tributario envió cartas a estas empresas consultándoles si tenían un convenio comercial o habían mantenido negociaciones con MQVC Corporation. El 26 de octubre las mineras respondieron que no la conocían ni en pelea de perros. Ahí fue cuando se descubrió la telaraña de falsedades.
“[…] remitimos nuestra respuesta indicando que no tenemos ninguna referencia del mencionado proveedor [MQVC Corporation] y por el momento no tenemos proyecciones de compra de mercurio”, respondió Fernando Ortiz de Zevallos, representante legal de Buenaventura.
“Al respecto cumplimos con informar a su despacho que Compañía Minera Antapaccay no tiene proyectado adquirir el bien fiscalizado mercurio. Tampoco ha recibido comunicación de la empresa MQVC Corporation”, contestó Antapaccay a la Sunat.
“Informamos que no utilizamos mercurio en ningún proceso de nuestra operación minera. Por ello, no proyectamos adquirir el bien fiscalizado “mercurio” a la empresa MQVC Corporation. Asimismo, no hemos recibido comunicación alguna de MQVC Corporation a efectos de proyectar la potencial o eventual compra de dicho bien fiscalizado”, dijo Marsa.
“Nuestra empresa minera aurífera Cuatro de Enero no proyecta adquirir el bien fiscalizado mercurio con la empresa MQVC Corporation. Dicha empresa tampoco se ha comunicado con nosotros para proyectar realizar operaciones de compra con este bien fiscalizado”, respondió Cuatro de Enero.
“Yo nunca he dicho que tenga un convenio con esas empresas”, se limita a decir José Hanco para este informe. Lo que sí dijo -y fue desmentido- es que eran los potenciales clientes del mercurio que iba a traer.
LA PISTA DE HANCO
El 15 de noviembre del año pasado, casi un mes después de que la Sunat advirtiera las mentiras, el portal “Limagris” publicó los mensajes de Pacheco presionando al jefe de la Sunat para beneficiar a distintos empresarios, entre ellos estaba José Hanco. El 23 de noviembre, el ente tributario decidió finalmente desestimar el pedido para importar más mercurio.
La Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat justificó el rechazo con los desmentidos de las mineras. “Luego de verificar que lo consignado por el usuario en el Informe Técnico no tenía el fundamento correspondiente, en atención a la respuesta negativa de los potenciales clientes, se determinó que el usuario MQVC Corporation no sustentó el incremento de mercurio solicitado”, dijo esa dependencia. El informe añade que no se dieron detalles sobre el almacenamiento del producto.
“Hay cosas que no tienen lógica. En este tipo de acuerdos se tiene que hablar de clientes, no de potenciales clientes. Tengo que tener seguro a quién se lo voy a distribuir. Además, el mercurio se utiliza en la pequeña minería, no en la gran minería. Las grandes mineras, como Buenaventura, no usan mercurio porque lo ven como un elemento residual”, dice a Sudaca José Farfán Estrada, especialista en pequeña minería. Es presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala.
En Perú, enormes cantidades de mercurio son usadas por los mineros ilegales para extraer oro, sobre todo en la selva. El químico se adhiere al metal precioso y lo separa de otros elementos. Por eso, su importación está regulada. Sin embargo, siempre encuentra la forma de llegar. “Buena parte del consumo de mercurio es de contrabando”, asegura Farfán Estrada. Otras veces, entra a través de empresas importadoras ‘legales’ que lo revenden a la actividad ilícita.
Sobre el pedido para aumentar la cantidad de mercurio importado, el especialista señala: “El pedido de ampliación es muy fuerte también. Pasar de vender 20 toneladas, que es el consumo de una empresa, a 500, que es el consumo para diez, quince o veinte empresas, es considerable”.
El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz, que investiga las presiones de Pacheco al jefe de la Sunat, hoy trata de atar los cabos sueltos en la historia. Por ejemplo, cuál es el vínculo de Pacheco con José Hanco y qué ganaba el primero ayudándolo. Una de las hipótesis de Huamán es que Pacheco no actuaba por cuenta propia. El fiscal apunta a desentrañar la madeja de la red palaciega en las próximas semanas.
19 de noviembre. Informe de seguimiento de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior a José Hanco Lupinta, empresario por el que abogó Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio.
El empresario José Hanco fue objeto de vigilancia por parte de agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, de acuerdo a un reporte obtenido por Sudaca, el pasado 19 de noviembre. Lo siguieron a su casa en San Juan de Lurigancho. Este caso promete más sorpresas.
El gobierno baraja como opción a un primer ministro de perfil derechista. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo para ser el próximo presidente del Consejo de Ministros y él se ha negado, según pudo confirmar Sudaca. El sondeo a Márquez se ha dado por teléfono y coincide con el anuncio del presidente Pedro Castillo de realizar cambios en el Gabinete.
Esto último lo adelantó en la reunión que tuvo con cinco periodistas en Palacio la semana pasada. Una de las asistentes a ese encuentro fue Mávila Huertas, quien conduce un programa de entrevistas en este medio.
Márquez, actualmente de vacaciones en Alemania, declaró hoy en RPP que “nunca me ha llamado o me ha dicho nada el presidente de la República sobre entrar al Gabinete”. El empresario comentó que le informó al directorio del SNI que “no iba a participar” en el gobierno y que cumplirá su mandato como cabeza del gremio empresarial, que vence el próximo año.
No obstante, Sudaca conoció que el empresario textil sí comunicó a los directivos de la SNI que ha sido tanteado por un emisario del Ejecutivo -no por el presidente- al que no identificó. “El 30 de noviembre pasado, en una reunión de directorio, Márquez contó que fue sondeado por alguien del gobierno pero no se mostró interesado. Después no ha dicho nada más”, declaró a Sudaca una fuente del gremio empresarial. Sudaca pudo confirmar a través de fuentes con conocimiento directo del tema que Márquez ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo.
El presidente Pedro Castillo se dirige, megáfono en mano, a un grupo de pobladores en Talara, el 27 de diciembre pasado. En estas horas evalúa cambios en el Gabinete. Foto: Presidencia.
El ingeniero industrial tiene previsto volver de Alemania en la primera semana de enero. Su nombre está en medio de una danza de opciones para liderar un eventual recambio en el Consejo de Ministros y su ascenso al premierato supondría un cambio de timón en un gobierno que presume ser de izquierda. Tendría como objetivo tranquilizar a los mercados y bajar el ruido político.
Los anuncios de cambios se dan en medio de la pérdida de popularidad del presidente y las investigaciones fiscales que lo salpican. Por lo pronto, tiene que nombrar un nuevo ministro de Educación, y la primera ministra Mirtha Vásquez ya acusa el desgaste del gobierno. Fuentes cercanas a Vásquez aseguran, sin embargo, que la premier sigue inamovible al cierre de esta edición.
Ricardo Márquez integró, en septiembre, la comitiva empresarial que acompañó al presidente Castillo en un viaje a Estados Unidos. Además, lo ha visitado en dos oportunidades a Palacio (el último encuentro fue el 15 de noviembre), de acuerdo al registro de visitas.
Márquez fue primer vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori que empezó en 1995 y llegó a ser segundo vicepresidente de la plancha liderada por Fujimori en la elección fraudulenta del 2000. Cuando Fujimori renunció vía fax, tras el destape de los “vladivideos”, Márquez se mostró dispuesto a sucederlo en un país sumergido en el caos institucional. El empresario se resistía a dar un paso al costado argumentando que “la renuncia sería admitir que todos los funcionarios del Estado han estado involucrados en actos de corrupción”. La presión internacional, con Estados Unidos a la cabeza, lo obligó a dimitir, según reseña un despacho del diario “El País” de España.
Ricardo Márquez Flores ( a la izquierda) celebra con Alberto Fujimori y César Paredes Canto el triunfo de la elección presidencial de 1995. Márquez postuló como primer vicepresidente en ese año. En el 2000 también integró la plancha fujimorista. Foto: Asociated Press.
En el sector privado, Márquez es un reconocido empresario textil, fundador de la marca Kansas Jeans.
La posible llegada de un primer ministro de perfil derechista colisionaría con los aliados de izquierda del presidente Castillo. Pero el mandatario contempla esta posibilidad como un instinto de supervivencia.
PRESIONES
En las negociaciones, sin embargo, Castillo no olvida a Perú Libre. El líder de ese partido Vladimir Cerrón escribió que el presidente debe respaldarse en su agrupación porque “esta es la fórmula que lo salvará de los intentos de una futura vacancia”.
Cerrón, en un artículo escrito en el portal oficial de Perú Libre, dijo que a su partido le corresponde la mayor tajada del reparto de la torta del poder. “El presidente debe estar pensando cómo organiza su nuevo y tercer Gabinete que no debiera tener la nefasta composición caviar, ni la proporción ilógica para garantizar su defensa en el Parlamento, pero sobre todo optando por un equipo que le permita retomar el programa primigenio con el que despertó a los pueblos, permitiéndole a la vez reencontrarse con ellos”, dijo.
“Lograr que el presidente se reencuentre con su pueblo pasa por un necesario sinceramiento con el Partido, invirtiéndose el orden en los círculos de confianza, donde en primera línea esté Perú Libre, seguido por los caviares y los partidos de derecha que brinden apoyo coyuntural. Apartando a los familiares, al sindicato y a los chotanos”, añadió.
Cerrón ha tendido un ramo de olivo a Castillo en las últimas semanas para volver a tener protagonismo en el gobierno y restarle poder a Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez, a quienes identifica como “caviares”. Hay una suerte de pacto de no agresión que quedó en evidencia cuando respondió a una declaración del periodista de RPP, Fernando Carvallo, quien dijo que el jefe de Estado no suscribe el ideario de Perú Libre. “El tiempo de Perú Libre aún no ha llegado, el pueblo está preparando el alma para ese momento”, respondió Cerrón en su cuenta de Twitter. En otras circunstancias le hubiese saltado al cuello al presidente.
Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en una foto de archivo con Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Foto: Perú Libre.
Sudaca pudo conocer que Castillo llamó a Cerrón antes de Navidad. Lo hizo para reunirse con él en una fecha por determinar, en esta presunta apuesta por la reconciliación. En este marco, Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, funge de emisario entre ambos. Él es otro de los voceados para asumir el premierato.
La danza de nombres está a la orden del día. El tic- tac del reloj suena cada vez más fuerte y no es por la llegada del nuevo año.
El jefe de la Sunat vivió bajo asedio durante dieciséis días. Este medio ha podido revisar el testimonio completo que Luis Enrique Vera Castillo le dio a la Fiscalía y que relata, de principio a fin, la historia de las presiones que recibió desde Palacio. Entre otras cosas, el funcionario cuenta cómo fue contactado 17 veces, entre mensajes y llamadas, por Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo.
El bombardeo se dio entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre. Así se desprende de la declaración que dio la cabeza de la máxima autoridad tributaria, el 26 de noviembre pasado, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz. “Sus pedidos resultaban inaceptables”, declaró Vera sobre Pacheco.
Antes del acoso de Pacheco, Vera tuvo un primer acercamiento con Palacio el 12 de agosto. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en ese entonces con Guido Bellido a la cabeza, le pidió la lista de los “cien contribuyentes con mayores deudas”, de acuerdo a la transcripción de su declaración ante el fiscal Huamán.
Transcripción no oficial de la declaración de Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la SUNAT, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz el 26 de noviembre pasado.
“Recordemos que esos días se habían dado dos pagos importantes de dos empresas mineras por más de 3 de mil millones de soles”, dijo Vera. Se refiere a las compañías Buenaventura y Cerro Verde, que coincidentemente pagaron sendas deudas tributarias al inicio del gobierno del lápiz, tras haberlas disputado -y perdido- en diversas instancias tiempo antes. Lo hicieron, sin embargo, advirtiendo que seguirían litigando para obtener la devolución del dinero.
Once días después, el 23 de agosto, Vera fue convocado a Palacio. Los anfitriones fueron los entonces asesores palaciegos Auner Vásquez y Óscar Cabrera, quienes lo llamaron para “conversar sobre las deudas tributarias, pues querían conocer de qué se trataban”, de acuerdo al testimonio de Vera en Fiscalía.
El 9 de septiembre, Vera fue convocado nuevamente a Palacio. Esta vez para hablar con el presidente Castillo. Fue en ese momento que entró en escena Bruno Pacheco. “Me indica [Bruno Pacheco] que la reunión con el presidente sería al mediodía. Es así que asistí y tuve una reunión a solas con el presidente por espacio de cincuenta minutos”, dijo Vera.
El presidente Pedro Castillo dijo tener la “capacidad moral para separar las cosas”, pero Bruno Pacheco declaró que nadie le pidió la renuncia. Foto: Andina.
“Antes de entrar a la reunión con el presidente, en la sala contigua a su despacho, encontré a Auner Vásquez y Bruno Pacheco, que se presentó conmigo. De ahí entre los tres conversamos unos 10 minutos haciendo tiempo hasta que el presidente lo atendiera. Ahí el señor Pacheco me señala que lo vuelva a contactar en una semana para ver si se necesita alguna información complementaria”, añadió el jefe de la Sunat.
Según el registro de visitas de Palacio, la reunión de aquel día con el mandatario empezó a las 11:55 de la mañana y terminó a las 12:40. Pedro Castillo se mostró interesado en seguir aprovechando políticamente el pago de impuestos, pero le explicaron que la mayoría de deudas tributarias sigue en disputa. “El contexto de esta reunión con el presidente fue que quería saber qué empresas más estaban por cobrar [pagar], ya que había dos mineras que habían pagado y quería saber quiénes más podían pagar. Es así que en dicha reunión le expliqué al presidente que la mayoría de las deudas tributarias está en litigio. Asimismo, hablamos de las deudas tributarias y gestión de la SUNAT, quedando satisfecho”, declaró Vera.
ACOSADO
Hasta ahí todo transcurría con normalidad para el jefe de la Sunat. Pero días después, a las siete y media de la noche del 22 de septiembre, Pacheco empezó con la presión. “ […] recibí una llamada del señor Bruno Pacheco señalando que me iba a pasar un caso de un contribuyente que había sido mal atendido; no recuerdo con qué aplicación me llamó, pero no fue por llamada normal”, dijo Vera.
A las 7:40 de la noche de aquel día, Pacheco develó el nombre del “contribuyente” en un mensaje por la aplicación Telegram dirigido a Luis Enrique Vera. Se trataba del grupo informático Deltron, cuyo dueño es Néstor Quispez Asín Serna.
“Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto de la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron, RUC 20213331377, apóyalo por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Yo veo lo otro. NTP [No te preocupes]”, le escribió Pacheco al jefe de la Sunat, como ya ha sido revelado por otros medios.
Al ser consultado en el interrogatorio por el fiscal Huamán sobre la frase “yo veo lo otro”, Vera respondió que “es algo que Pacheco debe explicar. Yo no le veo explicación”. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Pacheco se refería al nombramiento definitivo de Vera como jefe de la Sunat, dado que en ese momento estaba como interino. La hipótesis fiscal es que Pacheco quería sacar ventaja de la expectativa de Vera por ser nombrado, definitivamente, en el puesto.
El 26 de septiembre Pacheco volvió a la carga con dos llamadas que Vera no respondió. Ese mismo día, vía Telegram, envió un mensaje pidiendo que favorezca en un concurso al martillero Marco Urbina Chumpitassi, dedicado a las subastas públicas. Luego mandó otro mensaje para recordarle del favor al grupo Deltron.
Vera declaró que días después, el 29 de septiembre a las 5:20 de la tarde, Pacheco le envió por WhatsApp “una foto de una parte de la agenda con los temas a tratar en la reunión del gabinete, entre ellos la designación del superintendente de Sunat propuesto por el MEF”. “Luego escribe: ‘ya lo programé. Estamos en gabinete’”, contó el superintendente.
La cabeza de la Sunat, sin embargo, ya sabía que Pacheco no tenía cómo influir en su nombramiento. “No obstante, antes de sus comunicaciones, yo ya había recibido la llamada del ministro del MEF [Pedro Francke] comunicándome que mi designación para un nuevo periodo había sido aprobada por el Consejo de Ministros. Como puede apreciarse de la secuencia de las horas, el señor Pacheco me estaba trasladando información inexacta”, dijo Vera.
Pacheco siguió con las presiones en el Telegram ese 29 de septiembre. Aquel día, a las 9:36 de la noche, continuó con los mensajes acosadores. Y añadió a una nueva empresa en su lista: MQVC Corporation, cuyo gerente es José Hanco Lupinta. Quería ampliar la importación de mercurio de esta firma. Después insistió con favorecer a Deltron porque “no queremos que quiebre”. Con el martillero Marco Urbina tiró la toalla ante el silencio de su interlocutor. “Y del martillero si no se puede, simplemente no se puede”, escribió el exsecretario general en el Telegram, según relató el jefe de la Sunat.
Vera fue finalmente nombrado el 3 de octubre como el mandamás de la Sunat. Esto no fue óbice para que el profesor de secundaria de Química y Biología siguiese pidiendo favores. El 6 de octubre, entre las 8:39 y 8:41 de la mañana, Pacheco envió al WhatsApp de Luis Enrique Vera tres mensajes que luego eliminó. Tres minutos después, a las 8:44 de aquel día, escribió: “Buenos días, Kike, necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría conversar contigo o necesitas que te visite. Hay que ser recíprocos en la atención”, escribió Pacheco, mostrando desesperación al ser ignorado.
“Esta insistencia evidencia que todas sus solicitudes eran ignoradas por mi persona. Luego, con fecha 7 de octubre a las 14:10 pm, vía WhatsApp, el señor Pacheco me llama dos veces optando por no contestarlas ni devolverle sus llamadas”, dijo Vera. A las 14:36 de aquel día el exsecretario general escribió en el WhatsApp para dejar el teléfono del directivo de la empresa importadora de mercurio. Esa fue la última comunicación con el exsecretario general de Palacio, según relató el jefe de la Sunat. Diecisiete presiones en dieciséis días.
Vera entregó copias de los mensajes de Telegram y WhatsApp al Ministerio Público, mientras que Pacheco dijo que se le había “extraviado” el celular, de acuerdo a la resolución judicial del 7 de diciembre pasado que le ordena impedimento de salida del país .
“Veo que es un tema mediático, toda vez que no hay una persona que me haya denunciado. Todo es en base a notas periodísticas. Y acá hay que ver el tema principal: la vacancia del presidente”, dijo Pacheco en una entrevista al medio “PerúDigital”, en la que habló postrado en una cama y con una mascarilla. Pacheco contó que se había enfermado de Covid-19.
Exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, brindó una entrevista, postrado en una cama, al medio “Perú Digital” el pasado miércoles 22 de diciembre.
El cuestionado exasesor dejó mal parado al presidente Castillo al decir que el gobernante nunca le pidió la renuncia. “A mí el presidente no me ha dicho que me retire. Yo he sido que he dado un paso al costado por la gobernabilidad”, dijo en la entrevista. Y es que Castillo declaró, tras la renuncia de Pacheco, que tiene la “capacidad moral para separar las cosas inmediatamente”
Según fuentes cercanas al despacho de la fiscal Norah Córdova, que investiga la trama petrolera del biodiesel, Pacheco ha sido visto en la sede de Petroperú con la lobista Karelim López. “Con la señora Karelim López es una relación de conocidos. Nada más”, señaló Pacheco a “PerúDigital”.
Captura de pantalla de la cámara 3 de Palacio, en la que se ve a Karelim López Arredondo en la puerta de ingreso a las 9 y 21 de la mañana, del 18 de octubre. Fue a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. A esa hora también llegaron el empresario Samir Abudayeh y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.
El exbrazo derecho del jefe de Estado se juega el pellejo en estos días. Es una pieza clave en la trama de presunta corrupción que hace temblar los cimientos de Palacio.
Es considerado uno de los cerebros de la operación para reprimir las protestas de noviembre del 2020 y ahora se encarga de la seguridad del Congreso. Se trata del coronel Percy Tenorio Gamonal, investigado por el asesinato de Bryan Pintado e Inti Sotelo durante aquellos sangrientos días de noviembre. Aquella jornada dejó, además, 102 heridos. Tenorio era jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, dependencia que fue estratégica durante la revuelta que provocó la caída de Manuel Merino.
Percy Tenorio Gamonal ahora es el jefe de la División de Seguridad del Congreso. Su función es planificar, dirigir y coordinar la seguridad de los 130 congresistas y los cinco parlamentarios andinos. Tenorio fue nombrado en el cargo por el alto mando policial el 1 de septiembre (con María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la presidencia del Parlamento desde fines de julio), señala a Sudaca el área de prensa de la PNP. En ese momento ya estaba siendo investigado por la brutal respuesta a las marchas del 2020.
Oficio enviado por el coronel de la Policía, Percy Tenorio Gamonal, el 2 de octubre pasado, como jefe de la División de Seguridad del Congreso.
“Los cambios son por disposiciones del comando. ¿De dónde saca usted que la Mesa Directiva me solicita? Lo que usted me está preguntando no está en lo correcto”, dice Tenorio al ser consultado sobre su designación. No dio más detalles.
Para llegar a ser el hombre fuerte de la seguridad en el Parlamento, sin embargo, Tenorio ha tenido que contar con el visto bueno de la presidenta de ese poder del Estado, María del Carmen Alva. Así lo especifica a Sudaca el acciopopulista Luis Roel, segundo vicepresidente del anterior Congreso.
“Si bien designa el comando de la Policía [al encargado de seguridad del Congreso], la presidencia de la Mesa Directiva puede decir que no está a gusto y se hace el cambio. El encargado de la seguridad del Congreso queda a disposición de si acepta o no la presidencia del Congreso. Depende de la presidencia”, dice Roel.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, tiene como encargado de la seguridad en el Parlamento a un coronel de la Policía investigado por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Andina.
Tenorio reemplazó al coronel Miguel Talla Quispe, quien -de acuerdo a Roel- había desempeñado la función con la venia de la expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez. Sudaca le hizo la consulta a Alva –a ella y a un vocero de su equipo de prensa–, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
¿Cuál fue el papel de Tenorio en los sangrientos sucesos del 14 de noviembre? La fiscal provincial Jhousy Aburto Garavito lo investiga por “asesinato con alevosía” en agravio de Bryan Pintado e Inti Sotelo. Tras diez meses de pesquisas, la representante del Ministerio Público formalizó la denuncia y declaró compleja la investigación contra él (y otros oficiales) el 30 de septiembre pasado, casi un mes después de ser designado como el hombre orquesta de la seguridad del Parlamento.
De acuerdo a la indagación de la fiscal Aburto, el coronel Tenorio dirigió un contingente de 140 policías en el llamado sector “A”, que comprendía la avenida Nicolás de Piérola y sus intersecciones. “Era el responsable del aspecto táctico y operativo de la operación policial, ordenando a sus subordinados agentes policiales hacer uso de la fuerza de manera desproporcional, indiscriminada e ilegal, empleando armas potencialmente letales (perdigones de goma, bombas lacrimógenas y otros) y municiones prohibidas (perdigones de plomo), disparando directamente el cuerpo de los manifestantes, causando el asesinato de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y lesionando a varios manifestantes”, dice, en su denuncia, la fiscal sobre Tenorio.
30 de septiembre. Parte del documento de la fiscal provincial, Jhousy Aburto Garavito, que grafica la participación del coronel Percy Tenorio en la violenta represión de noviembre del 2020.
La presencia en las protestas del coronel Tenorio quedó registrada cuando golpeó, delante de una cámara de televisión, al suboficial Hoober Talledo Alemán por lanzar una bomba lacrimógena sin autorización. “¡Oe, ven acá! ¡Quién te ha dicho! ¡Quién chucha te ha dicho!”, le recriminó Tenorio a Talledo aquel 14 de noviembre. El suboficial se quejó ante sus superiores después, al considerar que fue maltratado y humillado.
Según las pesquisas, ese sábado el entonces subcomandante general de la Policía, Jorge Lam Almonte, ordenó a los altos mandos, entre ellos Tenorio, “neutralizar cualquier acto de protesta”. En esa línea, Tenorio ordenó al capitán Mario García Chávez “acelerar el paso” en la avenida Nicolás de Piérola.
A raíz de ello, “[el capitán García] habría dispuesto que comenzaran a disparar con las armas potencialmente letales (escopeta lanza gas calibre 37/38 y escopeta de caza calibre 12, granadas lacrimógenas de mano y cartuchos de perdigones de goma calibre 12, cartuchos de propulsión de bombas lacrimógenas), así como los perdigones de plomo hacia los manifestantes”, dice la denuncia del Ministerio Público.
Entre las 8 y 8 y 10 de la noche, en el cruce de las avenidas Piérola con Abancay, Bryan Pintado falleció al recibir una ráfaga de perdigones de plomo: cuatro le impactaron en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho. Y a las 9 y 47, en el cruce de Piérola con el jirón Lampa, Inti Sotelo Camargo recibió “el impacto de un perdigón de plomo a la altura del tórax”, lo que ocasionó su muerte.
En su declaración ante la Fiscalía, el 5 de agosto, Tenorio se defendió: “yo no soy el responsable del uso de las armas”. Y luego arremetió contra los manifestantes: “Debemos diferenciar entre manifestantes y delincuentes. Los primeros son con quienes coordiné cuando empezó la marcha. Los últimos, que ahora refieren haber sido agredidos por la PNP con canicas de vidrio y perdigones, son delincuentes”.
Un oficial de la Policía apunta a un joven manifestante en la protesta de noviembre del 2020. Foto: Max Nina/ Hildebrandt en sus Trece.
El coronel declaró que, cuando tomó conocimiento de las muertes, él se encontraba en el cruce de los jirones Ocoña y Camaná. Es decir, a pocas cuadras de la escena del crimen de Inti Sotelo y de Bryan Pintado.
“Primero sólo sabía del primer fallecido [Bryan Pintado] a través de las redes, como a las ocho de la noche aproximadamente. Luego, aproximadamente a las diez, también por las redes, comienzan a comunicar que hay otro muerto [Inti Sotelo]. Esa situación es lo que genera que en el lugar donde estaba comience la gente a querer agredirnos”, dijo.
Tenorio terminó su declaración afirmando que la Policía actuó dentro del marco de la ley y que “los cargos por los que se me acusa no se ajustan a la realidad de los hechos”. En su testimonio apeló al espíritu de cuerpo en detrimento de la verdad. Él es un personaje clave para esclarecer los crímenes.
Para hacer frente a la denuncia en su contra, el coronel Percy Tenorio solicitó a la Policía que le proporcione defensa legal. El 25 de octubre de este año, el Ministerio del Interior comunicó, a través de una resolución, que aceptó el pedido del oficial.
Como si todo lo anterior fuera poco, Tenorio además ha sido señalado como parte de una presunta red de corrupción policial, según el programa “Punto Final”. En la trama, Tenorio se habría beneficiado con una licitación de la Policía de S/13,1 millones para comprar mascarillas, alcohol, guantes y otros artículos para combatir al coronavirus. De acuerdo a la investigación del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, el oficial estaría detrás de las tres compañías que ganaron esa licitación y se habría valido de testaferros.
A pesar de todos estos antecedentes, Tenorio es ahora el hombre fuerte de la seguridad de los legisladores. Con Acción Popular nuevamente al frente de la Mesa Directiva, el sangriento rastro de Merino sigue acechando al Congreso.
“Sin la unidad de la bancada de Perú Libre, no se va a llegar a un entendimiento hacia afuera con otros partidos”, le dijo Vladimir Cerrón a Pedro Castillo en la reunión que tuvieron en Palacio el 6 de diciembre, de acuerdo a una fuente del lápiz. Con esta frase, el líder de Perú Libre rompió el hielo y apostó a la reconciliación con el presidente, mientras la vacancia sobrevolaba el ambiente.
Cerrón planteó, además, un nuevo pacto con Castillo, en el que el partido oficialista recobre protagonismo, y se sumen otras agrupaciones como aliadas. “Cerrón habló de la necesidad de impulsar un nuevo acuerdo político entre el gobierno y Perú Libre. Unirse más para que puedan coordinar mejor con los otros partidos”, asegura una fuente con conocimiento de lo que allí se habló.
Vladimir Cerrón Rojas, líder de Perú Libre, en Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo, el 6 de diciembre. Foto: Presidencia.
En la cita también estuvieron los parlamentarios Jaime Quito, Guido Bellido y Kelly Portalatino. Duró aproximadamente una hora. Después se sumaron otros líderes políticos, como José Luna Gálvez (Podemos), Patricia Li (Somos Perú) y Rodolfo Pérez (Partido Morado).
Cerrón y Castillo hablaron de unidad en medio de la división de la bancada de Perú Libre en el Congreso. Las diferencias han sido evidentes en la votación de hoy jueves para la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Un grupo de legisladores -la mayoría afines a Cerrón, como su hermano Waldemar y Guido Bellido- marcó abstención, aunque otros del ala dura -como Silvana Robles y Jaime Quito- votaron a favor. En el ala magisterial también hubo diferencias marcadas: Edgar Tello se abstuvo, mientras que Luis Kamiche votó a favor.
Captura de video donde se aprecia el saludo del congresista de Perú Libre, Guido Bellido, a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tras salir airosa de una moción de censura. Bellido votó en abstención.
El respaldo de un sector del oficialismo a la accionpopulista Alva coincide con el objetivo de Perú Libre de sumar a más partidos en un nuevo Gabinete, siempre bajo el dominio del partido de Cerrón y Castillo. “Nada de un poder compartido con otros. Para coordinar mejor, Perú Libre y el presidente tienen que liderar”, dice una fuente del lápiz.
El ingreso de más partidos al Gabinete tiene como objetivo restarle poder a Verónika Mendoza, la lideresa de Nuevo Perú que hoy tiene tres ministerios (Mujer, Comercio Exterior y Turismo, y Economía y Finanzas) y es considerada una adversaria por el bloque duro del lápiz. Mendoza no se reúne con el presidente desde el 5 de noviembre pasado, según el registro de visitas de Palacio. Una fuente de Nuevo Perú asegura que la relación entre el presidente y la excandidata se ha enfriado, y que no ha habido mayor coordinación en las últimas semanas de crispación política.
Verónika Mendoza Frisch, lideresa de Nuevo Perú, en la mira de Perú Libre en las conversaciones con Pedro Castillo. Foto: Facebook de Verónika Mendoza.
CIRUGÍA EN EL GABINETE
El acercamiento entre Castillo y Cerrón del 6 de diciembre tuvo preparativos. El 23 de noviembre el mandatario se reunió con Waldemar Cerrón, el vocero de la bancada. Ahí puso en bandeja de plata la cabeza de Auner Vásquez, el poderoso asesor presidencial que promovía el distanciamiento con el ala dura de Perú Libre, como reportó Sudaca. Castillo -entonces con la soga al cuello por la vacancia- ofreció la cabeza de Vásquez a los cerronistas como una rama de olivo, de acuerdo a una fuente conocedora de estas tratativas. La renuncia de Auner Vásquez se hizo efectiva el 3 de diciembre pasado.
Además de la salida de Vásquez y la caída de Bruno Pacheco, ambos asesores vilipendiados por el lápiz, Castillo recibió en Palacio a Roger Nájar. El dirigente de Perú Libre visitó al presidente el 2 de diciembre, en plena crisis política. Nájar es uno de los pocos que tiene buena comunicación con Castillo y Cerrón. Y ha sido convocado por el jefe de Estado en otros momentos de tensión política.
Luego de esos encuentros, y ya con la cancha despejada, Cerrón no vio inconveniente en entrar por primera vez a Palacio de Gobierno. Y lo hizo por la puerta principal. Castillo, bajo la premisa de que necesitaba los votos de los cerronistas para salvar el cuello, recibió a la delegación encabezada por el secretario general del partido.
“Hablamos de cumplir el programa que se planteó en campaña y que el gobierno haga un trabajo más directo de comunicación con la población”, dice el exprimer ministro Guido Bellido.
La versión de cambios en el Gabinete ha sido alimentada por el propio Castillo días después de aquella cita. Así lo dice a Sudaca el congresista de Somos Perú, José Jerí, quien se reunió con el profesor el 14 de diciembre en Palacio, junto con otros voceros de bancadas. “El presidente dijo que va a dar una sorpresa positiva a inicios de año. Vamos a esperar que esa sorpresa positiva incluya la recomposición del Gabinete, convocando a técnicos. Eso es lo que ha dado a entender”, señala Jerí.
Perú Libre anhela la salida de Mirtha Vásquez como cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y, desde el partido, lanzan los nombres de Waldemar Cerrón o Roger Nájar como posibles reemplazantes. Otras fuentes aseguran que la premier es blanco de ataques internos por parte de funcionarios afines a Perú Libre, pero se mantiene firme.
La estrategia cerronista coincide con la intención de Palacio de llegar a consensos con otros partidos para hacer frente a la oposición vacadora. Se trata de Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Somos Perú.
El papel de César Acuña y la bancada de Alianza Para el Progreso es clave para Castillo. Y para concretar el acercamiento, Segundo Sánchez, dueño de la casa en el pasaje Sarratea, en Breña y cercano al presidente, es una figura relevante. En una entrevista con Latina, Sánchez dijo ser amigo del nuevo secretario general de Palacio, Carlos Jaico, militante de Alianza Para el Progreso. “Soy amigo de Carlos Jaico. Él es un provinciano, igual que yo. Él es de Chimbote, que también trabajó y estudió, al igual que yo. Entonces, yo me identifico muchísimo con él”, señaló.
Las buenas relaciones con Acción Popular también son consideradas importantes por Palacio y el bloque más duro del lápiz. Por esta razón la moción de censura presentada por Guillermo Bermejo contra la presidenta del Congreso, la acciopopulista María del Carmen Alva, no tuvo consenso. Al cierre de esta edición, Bermejo presentó su renuncia a la bancada.
Congresista Guillermo Bermejo Rojas renunció a la bancada de Perú Libre tras no tener respaldo en la moción de censura que presentó contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Foto: Congreso.
BIBERTO, EL ASESOR
En el desenlace de esta historia resulta clave el nuevo asesor presidencial Biberto Castillo. Él es una ficha de Perú Libre, de acuerdo a fuentes palaciegas.
Biberto Castillo llegó en octubre a Palacio como consultor y es amigo de la infancia de Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón y asesor en la bancada oficialista. La relación la confirmó el propio Gutiérrez en el 2019.
“No tengo ninguna relación con el partido político Perú Libre. No soy ni he sido integrante ni dirigente del mismo. Conozco a alguno de sus congresistas y dirigentes, como consecuencia de mi labor profesional, quienes me merecen el más absoluto respeto”, responde Castillo a Sudaca .
Biberto Castillo tiene experiencia de coordinación con congresistas. Trabajó como coordinador parlamentario representando al Ministerio de Economía entre el 2014 y el 2015, en el gobierno de Ollanta Humala. Él dice que su actual labor consiste en “brindar soporte en temas de índole legal, administrativo, coordinaciones multisectoriales, entre otros propios del Gabinete”.
Castillo y Cerrón no han vuelto a conversar en instancias oficiales desde la cumbre en Palacio del 6 de diciembre. Todo indica, sin embargo, que hay reconciliación a la vista y que esta le abriría las puertas del Ejecutivo a nuevos partidos, en desmedro de la izquierda moderada.
En la Cancillería las aguas están movidas. Tres diplomáticos sancionados por vacunarse en secreto con dos dosis de Sinopharm han sido colocados en embajadas con peso estratégico: el Vaticano, Tokio e Irlanda. Se trata de Jorge Lazo Escalante, Manuel Gonzales Chávez y Óscar Suárez Peña. Ellos irán a dichas sedes el próximo año, de acuerdo al plan de traslados y rotaciones de Torre Tagle para el 2022. Lo harán como ministros, la segunda categoría más importante en el mundo diplomático.
La decisión ha causado malestar en un grupo de diplomáticos que no fueron considerados para cubrir las cien plazas vacantes en las representaciones diplomáticas en el exterior. Esto, porque consideran que ellos sí tienen una hoja de vida intachable, según pudo conocer Sudaca.
Lista del cuadro anual de traslados y rotaciones de los diplomáticos para el 2022. Los ministros Manuel Gonzales Chávez, Óscar Suárez Peña y Jorge Lazo Escalante, quienes se vacunaron en secreto, figuran en los puestos 37,42 y 56.
LAS MOVIDAS
Suárez Peña, Gonzales Chávez y Lazo Escalante serán enviados a Irlanda, Japón y el Vaticano, respectivamente. En febrero de este año, los tres fueron retirados de sus cargos y sometidos a un proceso disciplinario por un pedido expreso del entonces canciller Allan Wagner, tras destaparse el escándalo del ‘Vacunagate’. Una tormenta política luego de que 487 personas se inmunizaran en secreto con dos dosis de Sinopharm, en el marco de un ensayo clínico. La revelación embarró al expresidente Martín Vizcarra, quien se vacunó en secreto antes que los médicos y con la pandemia del coronavirus en su peor momento. Y también provocó la caída de la entonces canciller Elizabeth Astete, otra de las privilegiadas.
Elizabeth Astete Rodríguez renunció al cargo de canciller, en febrero de este año, tras admitir que se vacunó en secreto, en medio del escándalo del “Vacunagate”. Foto:Congreso.
El diplomático Suárez Peña pasó la situación más comprometedora. Al momento del escándalo estaba destacado en la Presidencia del Consejo de Ministros y participaba en una comisión creada por Relaciones Exteriores para negociar la compra de vacunas, según un informe de Contraloría. Suárez se aplicó la vacuna en secreto el 27 de octubre y el 17 de noviembre del 2020.
Durante la investigación de control, Suárez dijo que él mismo le pidió la vacuna a Arturo Jarama, cabeza de las negociaciones para la adquisición de antídotos en Cancillería. “Ante mi comentario espontáneo [su pedido para vacunarse] al embajador Jarama, recibí de él el ofrecimiento para participar en dicho ensayo. Mi entendimiento inicial fue que el ofrecimiento era para participar en los ensayos clínicos de la fase 3 del proyecto de la vacuna del laboratorio Sinopharm, en las mismas condiciones que los otros 6.000 voluntarios y que, probablemente, mi inclusión se debía a que algunos de los convocados, inicialmente, habían declinado”, aseguró Suárez, quien fue el segundo funcionario de Cancillería en vacunarse. El primero fue Jarama, que salió de Torre Tagle en medio del escándalo.
En febrero de este año, la Cancillería cesó a Suárez de su cargo de representante de esa cartera en la PCM y como cónsul general en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Casi de inmediato la Oficina General de Recursos Humanos y una comisión disciplinaria le abrieron proceso a Suárez. Lo sancionaron con seis meses de suspensión, sin goce de haber.
Cumplido el castigo, la Comisión de Personal de Torre Tagle, presidida por el vicecanciller Luis Chávez Basagoitia, decidió en un informe del 22 de noviembre proponer a Suárez como ministro -un alto cargo en la diplomacia que funge de asesor principal de un embajador- en la legación de Irlanda. El viaje fue programado para julio del próximo año. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores alegan que “al cumplir la sanción, el diplomático queda apto para seguir la carrera”.
Viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez Basagoitia, presidió la Comisión de Personal de Cancillería y recomendó el traslado de diplomáticos que se vacunaron en secreto a embajadas estratégicas. Foto: Emmanuel Berrod.
El asunto es que, en la interna de Torre Tagle, un grupo de diplomáticos considera que se afecta la meritocracia y la imagen de Cancillería, de acuerdo a una fuente de Relaciones Exteriores que le manifestó su preocupación a Sudaca. Esto al ver que, tan pronto cumplen su sanción, los involucrados en el ‘Vacunagate’ son nombrados en embajadas consideradas importantes.
“Si ellos han estado castigados, no han debido salir del Perú en un tiempo regular, al menos cinco años. No sé cuál es el criterio que ha utilizado la Cancillería. Ellos han faltado a una norma. Se vacunaron, aprovechando su posición”, dice a Sudaca el exembajador Juan Velit Granda. Y añade: “Muchas veces, por acercamientos políticos o por varas, alguien tiene mejores destinos que otros”.
Otros opinan distinto. El experto en derecho internacional Fabian Novak dice que, al cumplirse el castigo, “no se puede seguir pidiendo que la sanción se prolongue”.
Sudaca envió un correo al diplomático Suárez Peña, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
OLVIDO Y PERDÓN
Otro caso es el del diplomático Manuel Gonzales Chávez, quien en julio del próximo año será enviado a la embajada de Tokio, Japón, para ejercer como ministro. “Japón es un país asiático fundamental para el Perú, aunque China es una plaza de mayor trascendencia”, dice Fabian Novak.
Gonzales Chávez se vacunó, el 14 de enero y el 4 de febrero del 2021, cuando ejercía el cargo de jefe del despacho viceministerial de Relaciones Exteriores. “Deseo subrayar que no me animó un interés egoísta. No antepuse mi interés personal sobre el público. Mi deseo fue contribuir a garantizar la consecución óptima de las funciones que venía desempeñando de manera presencial”, declaró Gonzales Chávez en la investigación de la Contraloría, que recomendó sanciones administrativas.
El látigo para el castigo lo tenía Torre Tagle. En una investigación interna, Gonzales fue sancionado con tres meses de suspensión sin goce de haber. El diplomático tampoco atendió nuestras consultas al cierre de esta edición.
Finalmente, el diplomático Jorge Lazo Escalante, otro de los vacunados, recalará, en enero, en una plaza considerada codiciada por los expertos consultados, el Vaticano. El puesto: ministro.
“El Vaticano es un buen destino y podría considerarse como un premio. Se vive una vida muy apacible, muy tranquila”, dice el exembajador Velit.
Lazo se desempeñaba como director de la Dirección General de Protocolo de Cancillería, cuando cayó en la tentación de vacunarse el 15 de enero y el 5 de febrero del 2021. “En el mes de diciembre del 2020 me enteré que el jefe del gabinete del Ministerio había sido vacunado contra la Covid- 19. Entendía por ello que, al menos, estaba autorizada la vacunación para el personal de la Alta Dirección y para aquel personal considerado indispensable para la continuidad operativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que se encontraba altamente expuesto al contagio por ir diariamente a trabajar de manera presencial”, declaró Lazo a la Contraloría.
Torre Tagle lo sancionó -como en los otros dos casos, en abril- con dos meses de suspensión sin goce de haber. “La Cancillería encontró responsabilidad por un error de apreciación. Yo considero que fue injusto. Era un funcionario por demás expuesto al contagio, viajando a provincias, estando en plazas públicas, haciendo veinte mil ceremonias y teniendo contacto físico con mucha gente”, dice Lazo a Sudaca.
Al ser consultado sobre si está arrepentido, responde: “No es que me arrepienta o no me arrepienta. Por supuesto que estoy apenado por todo lo que se ha generado. Nosotros hemos sido inducidos al error por otros funcionarios. En mi caso, hice todas las consultas sobre si podría ser vacunado. Por esa razón me vacuné, entendiendo que estaba autorizado”.
“Me afectó moral y económicamente la sanción. Y me afectó la carrera porque tenía una foja de servicio intachable, con pura felicitación. Me dolió que en mi foja aparezca una sanción disciplinaria por algo en lo cual no actué nunca con dolo. Ni siquiera con culpa. Simplemente cometí un error, de seguir lo que pensaba eran instrucciones”, añade Lazo, sin decir quién lo indujo a vacunarse. Ahora va a la Santa Sede, como ministro.
Al cierre del año, los movimientos de personal en la Cancillería de Óscar Maúrtua han alborotado la interna.
Karelim López es la reina de la selva en Breña. Y cree en los emprendimientos familiares. La polémica empresaria y su familia construyen un edificio de seis pisos en ese distrito en la cuadra cuatro del jirón Lastenia Larriva. Sin embargo, este no tiene permiso de construcción, según un documento municipal al que accedió Sudaca.
La obra está a medio construir y sobresale del resto de viviendas de la zona -frente al parque Pedro D’Onofrio- por ser la propiedad de mayor tamaño. “Las obras empezaron desde mayo y han causado daños en mi casa, que es colindante. No hay ningún letrero que indique que la obra sea legal”, dice Gloria Becerra, una vecina del lugar. En efecto, Sudaca comprobó que en la obra no hay rastro de que alguna inmobiliaria esté detrás o algún cartel que le dé visos de legalidad al proyecto.
Fachada de la construcción del edificio en la cuadra 4 del jirón Lastenia Larriva de Llona, que pertenece a Karelim López Arredondo y familia. Foto: Alonso Ramos.
El apetito inmobiliario de Karelim López, hoy en el ojo de la tormenta por sus vínculos con Pedro Castillo y gobiernos pasados, empezó en el 2014. En marzo de aquel año compró una propiedad de 173 metros cuadrados en la calle Mama Ocllo, en Pueblo Libre, donde actualmente vive. Adquirió el inmueble, junto a su pareja Jonny Milla Cornejo, pagando US$170.000 al contado, de acuerdo a los papeles de Registros Públicos.
Luego, la controvertida asesora empresarial extendió su radio de acción a Breña. En noviembre del 2014, Karelim López y su pareja compraron una casa de 160 metros cuadrados -una planta- en el jirón Lastenia Larriva 428–430. El costo: US$120.000 pagados al instante. Tampoco hubo crédito hipotecario para adquirir esa vivienda, conforme a los documentos registrales. Casualidades de la vida: el inmueble queda en la urbanización Proveedores Unidos.
Documento de Registros Públicos que consigna la compra de Karelim López y Jonny Milla de un inmueble en la cuadra cuatro del jirón Lastenia Larriva, en Breña, en el 2014, por 120 mil dólares. En esa propiedad hoy se construye un edificio sin licencia de edificación.
López, además, ha demostrado ser muy apegada a la familia. Aquel inmueble queda al costado de un chalet de dos plantas adquirido en el 2009 por sus abuelos, Victorio Arredondo Caycho y Alicia Vásquez Chirinos.
De ahí en adelante, Karelim López siguió apostando por Breña. En el 2017 compró ella sola otra propiedad de 160 metros cuadrados en la manzana N, lote 9, en la misma urbanización: Proveedores Unidos. Pagó la suma de S/331.000 en dinero contante y sonante. El inmueble queda cerca de la otra propiedad que tiene en el distrito, según dijeron vecinos del lugar a Sudaca. Y en el barrio la recuerdan por su afición a las juergas.
“Ella cerraba toda la cuadra cuando hacía fiestas a todo dar hace dos años. Venían personajes de la farándula, como Chibolín”, dice Gloria Becerra, vecina de las propiedades de Karelim López.
En mayo de este año, con Pedro Castillo en la segunda vuelta, Karelim López se hizo del dominio total del primer predio que adquirió junto a su pareja en el jirón Lastenia Larriva. Ello “en mérito a la donación del 50% de las acciones y derechos” otorgada por él (Jonny Milla), según los papeles registrales.
Y por esas mismas fechas, la lobista decidió apostar por aventuras inmobiliarias aún más complejas. Las propiedades de Karelim y la de sus abuelos, en la cuadra cuatro del jirón Lastenia Larriva, fueron derrumbadas para dar paso a una imponente construcción: un edificio de seis pisos. El problema es que la obra se ha estado construyendo sin permiso.
Un reporte de Fernando Valverde O’hara, subgerente de obras privadas y a la vez gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Breña, da cuenta de que la obra no tenía licencia. “Se procedió con la búsqueda en nuestra base de datos físico, como digital, donde no se ubicó ninguna licencia de edificación a favor del predio, ubicado en jirón Lastenia Larriva de Llona 426–430 del distrito de Breña [en Registros Públicos figura que Karelim López es propietaria del inmueble 428- 430 y que sus abuelos Alicia Vásquez Chirinos y Victorio Arredondo Caycho, propietarios del 426]”, consignó el funcionario en un informe del 11 de noviembre pasado. En el documento Valverde dice que su función es “el otorgamiento de licencias de edificación”.
Informe del gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Breña, Fernando Valverde O’Hara, que consigna que la construcción en el jirón Lastenia Larriva 426 – 430, que pertenece a Karelim López y familia, no tiene licencia. El documento es del 12 de noviembre pasado.
En la base de datos de ese distrito figuran como contribuyentes de esas casas Jonny Milla, pareja de Karelim López, Vania Buzzio Oliva, quien vendió la casa del 426 a los abuelos de la lobista, y Alicia Vásquez Chirinos, la abuela. Una fuente de la comuna dice que se trata de un registro no actualizado.
El documento del funcionario Fernando Valverde O’hara fue elevado al gerente municipal, Adolfo Granados Novoa, pero la gestión del alcalde acciopopulista José Li Bravo no ha movido un dedo para paralizar la construcción pese a la falta de licencia. Los obreros seguían con los trabajos la semana pasada, según pudo comprobar Sudaca. Voceros del municipio señalaron que no darían declaraciones sobre el tema.
Entre Karelim López y la gestión del alcalde Li hay algunas proximidades. Cynthia López, hermana de la lobista, fue contratada como “coordinadora general” de la comuna en marzo de este año, por S/5.000, de acuerdo al portal de proveedores del Estado. El trabajo fue sólo por un mes.
Arriba: Documento de la Municipalidad de Breña que da cuenta el servicio de Cynthia López Arredondo, hermana de Karelim, como “coordinadora general” en marzo del 2021. Abajo: foto de Cynthia López.
Un reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del 2019, da cuenta de que la construcción de una vivienda multifamiliar de seis pisos, como la que levanta Karelim López, tiene que contar con la aprobación previa de una comisión técnica o de revisores urbanos para arrancar. “Para obtener la licencia de edificación, el predio debe contar con el correspondiente proyecto de habilitación urbana aprobado”, añade la PCM. Nada de esto está en los archivos del municipio de Breña.
“Tenemos una persona que empieza a comprar toda una cuadra y tirarse abajo sus propiedades para levantar un edificio nuevo. Ni bien Castillo estuvo en segunda vuelta, empezaron a construir”, dice un vecino de la urbanización que pidió guardar el anonimato.
Los vecinos no ven a Karelim López desde que estalló el escándalo por su presunta asesoría al consorcio Puente Tarata III, que ganó una licitación de S/232′587.014 para construir un puente vehicular en la región San Martín. La buena fortuna, aparentemente, sonrió a la lobista. Y es que el consorcio al que asesoraba obtuvo la buena pro después de que ella se reuniese tres veces con el jefe de Estado, y otras tres con el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, actualmente caído en desgracia.
Karelim López fue vista también, el pasado 19 de noviembre, en el lugar más famoso de Breña: el pasaje Sarratea. Fue a buscar al presidente Pedro Castillo. Seis días después, el 25 de noviembre, se suscribió el contrato de S/.232′587.014.00. Sudaca pidió la versión de la empresaria sobre sus irregulares desarrollos inmobiliarios, pero ella optó por guardar silencio.
