MOMENTO CLAVE

Entre tanto, Echaíz afronta semanas decisivas para su carrera política. Y es que la congresista define su permanencia en la bancada de APP, con la mirada puesta en laelección de la Mesa Directiva de fines de julio.

Echaíz cavila sobre su futuro junto a su círculo de confianza. El núcleo duro está conformado por el excongresista y líder sindical José Luis Risco (recordado, también, por ser candidato a la vicepresidencia por el PPC), su asesor principal en el Parlamento, Víctor Alzamora Cárdenas, y Raúl Sánchez Villacorta, quien colaboró con José Peláez cuando este fue fiscal de la Nación.

Echaíz goza del apoyo de bancadas opositoras, como Renovación Popular y Avanza País. De hecho, esta última la ha invitado a sumarse a sus filas. Fuerza Popular también la ve con simpatía, pero ha anunciado que no hará cuestión de Estado con su candidatura. “El objetivo es que la agenda de Castillo y del lápiz no sea la agenda del Parlamento. Dependerá de que APP presente una persona que genere la confianza para los parlamentarios”, dijo el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a RPP.

Una fuente de Sudaca dice que Keiko Fujimori le ha manifestado a César Acuña que respetará el pacto verbal según el cual este año le corresponde a APP presidir la Mesa Directiva y que espera que el elegido no sea afín al gobierno.

Echaíz, sin embargo, no tiene preferencia en gran parte del partido que la cobija como invitada, Alianza Para el Progreso. Lamayoría no la ve con buenos ojos por votar distinto en la bancada y adoptar una posición individualista, junto con Roberto Chiabra, el otro invitado en la tienda apepista. Además, este sector considera que su candidatura polarizaría la elección y, por lo tanto, puede unir a las bancadas cercanas al oficialismo como Somos Perú, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos y los no agrupados. Juntos, todos estos grupospueden sumar 58 votos claves para la elección.

Un grupo minoritario en APP, en cambio, sí considera a Echaíz una opción válida para presidir el Congreso, siempre y cuando coordine con César Acuña. El líder del partido analiza en estos momentos la coyuntura recibiendo consejos del exministro de Trabajo, Juan Sheput, y la excongresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta. “Trato de darle consejos a César, asesorarlo, darle mi opinión. Decirle esto no lo hagas y esto sí. Ya él decide qué cosa hace. Venimos conversando desde antes de la primera vuelta”, dice Alcorta a Sudaca.

Juan Sheput
Juan Sheput Moore, exministro de Trabajo y consejero político de César Acuña en la actualidad. Lourdes Alcorta también asesora al líder de Alianza Para el Progreso. Fuente: Andina.

Una fuente de esta agrupación dice a Sudaca que Echaíz tomará la decisión sobre si se queda o se va después del 8 de julio, cuando acabe la legislatura. “Esto es porque no quiere perder la presidencia de la Comisión de Justicia, que le corresponde a APP”, explica.

La dirigencia de Alianza Para el Progreso baraja como opción para liderar la MesaDirectiva, además de Echaíz, a la congresista  Rosio Torres, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el ojo de la tormenta por blindar al expresidente Manuel Merino, en la investigación por los violentos sucesos del 14 de noviembre del 2020. La opción de Héctor Acuña, hermano del líder de APP, se ha desinflado en los últimos días.

Eduardo Salhuana, quien se afilió al partido en enero de este año para apuntalar su candidatura a la presidencia del Congreso, ha perdido fuerza en las últimas semanas al ser identificado como un aliado del gobierno. Lady Camones, la actual primera vicepresidenta del Parlamento, no ha perdido chances pese al audio filtrado en el que despotricaba de Acción Popular, y lo calificaba como una “banda delincuencial”.

Salhuana afiliación
Registro de afiliación del congresista Eduardo Salhuana Cavides a Alianza Para el Progreso el 5 de enero de este año. Un movimiento estratégico para postularse como candidato a la presidencia del Congreso.

La bancada de la lampa, con sus quince votos y enfrascada en sus propias guerras internas, será clave en la elección. La facción liderada por María del Carmen Alva es cercana a Camones, pese a la grabación difundida por el diario “Correo”. Y es que el principal blanco del ataque de la parlamentaria en el audio fue el legislador acciopopulista Darwin Espinoza, un adversario de Alva en la interna.

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Gladys Echaíz

“Fue un tuit de sugerencia. Lo importante es que no haya cambios prematuros porque eso genera inestabilidad”, dice Bellido a Sudaca sobre su mensaje. 

Pero el respaldo perulibrista a Aníbal Torres no se condice con el clima que desconfianza que impera en la relación entre Perú Libre y el presidente Castillo. A Vladimir Cerrón le supo muy mal que el presidente haga cambios en el gabinete sin consultarle, y remueva de su cargo a uno de sus alfiles, como Carlos Palacios, de la cartera de Energía y Minas. Cerrón y Castillo habían llegado a un acuerdo verbal para que el gabinete sea integrado por representantes de bancadas aliadas en el Parlamento, como Somos Perú, Juntos por el Perú y el bloque magisterial, para de esta manera frenar nuevos intentos de vacancia impulsados desde la oposición. Pero esta repartija de ministerios aún no se concreta.

Consultado sobre esto por Sudaca, Guido Bellido confirma el distanciamiento entre el presidente y el partido con el que llegó al poder. “Eso no es novedad. El partido no representa al gobierno. El presidente tiene que ser ideológica y políticamente de Perú Libre para representar sus ideas”, afirma. 

Vladimir Cerrón también exhibió sus diferencias con Castillo en un tuit de este miércoles. Fue al replicar un mensaje del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anunció un agresivo plan de inversión para construir universidades y colegios. 

“Esto le sugerí al Presidente (Castillo), además de hospitales especializados, en cada región. Hasta hoy, ni terreno ni perfil. Aún estamos a tiempo, cumpla el programa de PL (Perú Libre)”, escribió Cerrón. 

Entre tanto, avanza en el Congreso la acusación contra el presidente por supuesta traición a la Patria, por haberse pronunciado favorablemente a la idea de someter a consulta popular la posibilidad de concederle una salida al mar soberana a Bolivia, en la tristemente recordada entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón.

En mayo, el legislador acciopopulista Wilson Soto presentó un informe en el que recomendó citar a Castillo y a del Rincón. El caso sigue avanzando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En Perú Libre consideran que el mandatario está muy confiado de que está acusación no prosperará, según una fuente del partido del lápiz. Quizás no debería estarlo tanto, piensan los allegados a Cerrón. La oposición más feroz ve en este caso un plan alternativo al de la vacancia, puesto que si prospera cumpliría con el objetivo de sacar a Castillo de Palacio. La acusación de traición a la Patria puede derivar en una suspensión del jefe de Estado mientras este es procesado. Y para eso solo se necesitarían 66 votos en el parlamento, no los 87 que se exigen para una vacancia por incapacidad moral permanente. Esos 21 votos hacen un mundo de diferencia.

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anahí durand, pcm

CONEXIONES

Puentes del Norte también está vinculada a Tableros y Puentes (Tapusa), la única empresa que con nombre propio Villaverde dice representar en la famosa transcripción del audio de los “cien grandes”. Tapusa es parte del consorcio Puente Tarata III, ganador de la licitación de S/232 millones para construir un puente en la región San Martín.  

Sudaca pudo corroborar que, en 2019, una empresa del consorcio Puentes del Norte, por el que presuntamente Villaverde hacía el lobby para la conciliación comentada líneas arriba, se alió con Tapusa. Se trata de Hualca Ingenieros, fundada en el Perú y manejada por empresarios españoles. Como su principal directivo figura Juan Juez Pérez. La sociedad entre ambas se formó para rehabilitar un puente en Arequipa por S/32’404,847.55.

Contrato Arequipa
2019. Contrato para construir un puente en Arequipa a cargo de Tableros y Puentes y Hualca Ingenieros. Ambas empresas han sido vinculadas por Zamir Villaverde a las investigaciones.

La alianza, que tomó el nombre consorcio Puente Vial Chorunga, tenía como socio princial a Tapusa (96% de participación), mientras que Hualca Ingenieros tenía el restante 4%. Los socios  nombraron como representantes legales en el consorcio a Víctor San Miguel Velásquez y Elizabeth Rojas Breiding. 

Estos nombres se repiten en el caso del Puente Tarata, el entramado de corrupción que salpica al presidente Pedro Castillo. Víctor San Miguel fue también el representante legal del consorcio Puente Tarata III. Por su parte, Elizabeth Rojas figura como representante de Tableros y Puentes en esta obra que ha puesto en jaque al gobierno. 

Al ser consultado sobre este espinoso asunto, un vocero de Hualca Ingenieros dijo no conocer a Zamir Villaverde. “No lo conocemos. No tengo idea de quién es”, aseguró el representante de la compañía. 

Buscamos a los representantes de las otras empresas que formaron el consorcio Puentes del Norte. Una fuente de la constructora Durán también dijo no conocer a Villaverde. Los empresarios de Corporación Mayo y Construcciones y Promociones Balzola no respondieron a los pedidos de entrevista.

Tapusa, por su lado, ha rechazado en un comunicado lo dicho por Villaverde en el diálogo con Juan Silva. Pero, como hemos visto, las piezas encajan.

LA TRAMA DE TARATA III

El caso del puente Tarata es el epicentro de la trama que involucra al presidente Castillo. Y Víctor San Miguel, como representante legal de consorcios aparentemente relacionados con Villaverde, es una pieza importante en la historia.

San Miguel es asesor del grupo Arcose, que brinda asesoría legal y técnica a empresas que contratan con el Estado. Esta firma contrató en 2018 a la lobista Karelim López para ser imbatible en las contrataciones estatales.

Arcose enfocó su puntería y asesoría en Termirex. Y es que tanto esta compañía como Arcose son manejadas por la familia Pasapera. Y Termirex hizo una exitosa dupla con Tableros y Puentes, la ya mencionada Tapusa. Entre el 2014 y el 2021, la firma de los Pasapera obtuvo 26 contratos con el Estado, de los cuales 19 fueron en sociedad con la constructora española. 

La dupla Termirex–Tapusa ganó contratos por S/1,296 millones de soles en siete años. Un colaborador eficaz dijo que, a inicios del gobierno de Castillo, Zamir Villaverde buscó a Luis Pasapera Adrianzén, de Termirex, para ofrecerle “el tema de obras en el MTC y  decirle que “el camino para llegar a los funcionarios públicos era los sobrinos del presidente de la república [Fray Vásquez y Gian Marco Castillo]”. Meses después, el 25 de noviembre, un consorcio integrado por Termirex y Tapusa ganó el contrato para construir el puente Tarata.

Víctor San Miguel negó haber pagado coimas para ganar la obra cuando declaró en la comisión de Fiscalización del Congreso en febrero de este año.

“En lo particular no conozco al señor Zamir Villaverde. Nunca lo he llamado ni me he cruzado ni nada”, dice a Sudaca Héctor Pasapera, de Termirex. Tanto San Miguel como Pasapera son investigados por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. El círculo aún no se cierra.

 

 

 

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MTC, Pedro Castillo, Zamir Villaverde

POSIBLES DOMICILIOS

Silva no registra propiedades en Registros Públicos. En su ficha Reniec se consigna como vivienda una dirección en la avenida Primavera, en Zapallal, Puente Piedra.

Silva también declaró, en el 2015, ser dueño de un terreno en Ancón, a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Norte. Según un parte policial, Silva fue identificado como integrante de la asociación de vivienda Los Huertos de la Planicie de Ancón. Él y otra persona habían colocado módulos de vivienda en un terreno descampado para prevenir que “otras personas traten de invadir esos terrenos”. Los policías les pidieron que abandonen el lugar. No se sabe si lo han buscado ahí.

Silva Ancón
2015. Parte policial consigna que Juan Silva invadió un terreno en Ancón asegurando ser poseedor de un terreno, junto con otras personas. En un audio Bruno Pacheco llamó al exministro como “comerciantes de tierras”.

Además, en su calidad de poderoso ministro de Transportes del gobierno, Silva alquiló dos departamentos como centros de operaciones. Uno en la cuadra uno del jirón Pablo Bermúdez, en el límite de Jesús María y Cercado de Lima. Y otro en la calle León Velarde, en Lince. El piso 11 del primer inmueble fue escenario del famoso encuentro con Villaverde el 4 de noviembre, según la transcripción de un audio. En el diálogo Villaverde dice darle a Silva “cien grandes”. Según el empresario, se trataba de un “pequeño presente” de la constructora española Tableros y Puentes, que ganó dentro de un consorcio la licitación para construir el puente Tarata.

 

LA PNP BAJO SOSPECHA

La fuga de Silva renueva las dudas sobre la Policía Nacional, que ya antes ha dejado escapar con facilidad a Bruno Pacheco, exsecretario general del despacho presidencial y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, pese a tener ambos videovigilancia.

En un comunicado, la PNP dijo que el Ministerio Público pidió apoyo para seguir a Silva a la Dirección de Inteligencia de la Policía, a cargo del general Luis Legua Egocheaga. A su vez, esta unidad debería tener el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, con el general Fredy López Mendoza al mando. Legua llegó en febrero del 2022.

En anteriores gobiernos la vigilancia a personajes con alto perfil político recaía en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Sin embargo, esta unidad fue debilitada por el gobierno de Pedro Castillo. El poder lo tiene ahora la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

La inteligencia policial ha sido manoseada por este gobierno ante el constante cambio de cabezas en la Digimin. Y la Dirección Contra la Corrupción no tiene la experiencia en el seguimiento a ‘peces gordos’. “Esa unidad no es especializada en videovigilancia. Los integrantes de la dirección no tienen la experiencia en esas lides”, dice una fuente policial.

Resulta llamativo ahora que el jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, el general Fredy López, dijera en marzo pasado que se crearía un “equipo especial” para capturar a los prófugos del caso puente Tarata, entre ellos Pacheco y Fray Vásquez. 

“Actualmente la Policía ha conformado un equipo especial para poder dar cumplimiento al mandato judicial de requisitoria y que se está abocando a nivel nacional a la ubicación y posterior captura de las personas que aún no están ubicadas”, dijo López en aquella oportunidad.

La captura de Silva sería un golpe a la línea de flotación del gobierno, pues se trata de una persona que gozó de mucha protección por parte del presidente cuando se desempeñó como titular del MTC.

Castillo viaje
El presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes descienden del avión en Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. La crisis interna se agudiza en el país con la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Fuente: Presidencia.

De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, entre agosto y septiembre del 2021, Silva llamó a Villaverde “para solicitarle la suma de S/30,000” y decirle que “ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.

Ahora, el Ministerio del Interior ofrece cincuenta mil soles de recompensa para quien ayude a dar con el paradero de Juan Silva. Su captura podría estar cerca, o tal vez no. Depende de la Policía.

 

 

 

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Gobierno, Juan Silva

EL DÍA DEL MALETÍN

Y así llegamos al famoso 4 de noviembre del 2021. En la mañana de aquel día, Silva asistió al Congreso, junto con los otros integrantes del gabinete. A eso de las dos de la tarde fue a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse por media hora con el chotano Carlos Cabrera Sánchez, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de acuerdo al registro de visitas del propio MTC. 

Luego volvió al Congreso para estar presente en la votación que le dio la confianza al Consejo de Ministros, liderado por Mirtha Vásquez. Luego de salir airoso en el Parlamento, Silva se dirigió a su casa. Hasta allí llegó Zamir Villaverde para conversar con “Juancito” o “don Juan”, según la transcripción del archivo mp4, decodificado como “JS–4 de noviembre 2021”. 

“Cuando usted quiera carros, me avisa”, le dice a Silva el hombre que prestó autos a los sobrinos del presidente. 

De la conversación, se desprende que Villaverde tiene acceso a documentos de Silva y que manipulaba su celular. La transcripción contiene un pasaje en el que interviene la hija de Silva para pedir una contraseña de iCloud, un servicio de almacenamiento de datos en la nube, que al parece Villaverde instaló en el teléfono del por entonces ministro. 

El exprotegido de Castillo fue parco en sus respuestas, pero le dio un consejo a su interlocutor: “Ten cuidado. Así no voy a ver tu nombre por todas partes”. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, Villaverde hizo caso omiso a la recomendación.

El abogado del extitular del MTC, Alfredo Yalán, niega que su patrocinado se haya reunido con Villaverde. “Él [Silva] me dice que quiere una pericia fonética para aclararle al país que esas cosas son infundadas”, dice Yalán. Y agrega: “ quieren hacer un golpe de Estado disfrazado de legalidad”.

El caso del puente Tarata arrincona cada vez más a Silva. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida para él ante un pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. 

“Amigos hay muchos, pero amigos verdaderos muy pocos”, escribió Silva en su cuenta de Facebook hace cinco años. Hoy, acorralado por las investigaciones y sin nadie que lo defienda, la frase debe estar resonando en su cabeza, por lo premonitoria.

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo

 

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Gobierno, Juan Silva, Zamir Villaverde

RED DESMANTELADA

El sindicato también puso en tela de juicio la idoneidad de los  recomendados de Darwin Espinoza. Por ejemplo, apuntó a las designaciones de los chimbotanos Gilmer Ávila y Carlos Yactayo, identificados como cercanos al congresista. Ávila entró en diciembre como jefe de Abastecimiento, con una investigación abierta por agredir a una mujer, de acuerdo a un reporte del Ministerio Público.

Yactayo, por su parte, llegó en enero como jefe de Administración y Finanzas. El sindicato lo acusa de mentir en su hoja de vida al consignar estudios en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. En la denuncia se adjunta una respuesta de esta casa de estudios, de enero pasado, que señala que no hay registro del paso de Yactayo por aquella facultad.

La red del congresista Espinoza en Sencico habría sido desbaratada con la denuncia del sindicato del 23 de febrero enviada a Aníbal Torres. Y es que un día después de eso, el 24 de febrero, Juan Bustamante Encinas, presidente ejecutivo y allegado al parlamentario, renunció al cargo. Con él, se fueron los chimbotanos Ángel Quezada, Carlos Yactayo y Gilmer Ávila.

“Yo no designo personal. El trato con el señor congresista se da en temas netamente del sector. Como sabrás, él es presidente de la comisión de Vivienda”, dice a Sudaca Geiner Alvarado, ministro de Vivienda, poniendo el parche sobre estos nombramientos.

Geiner Alvarado
Geiner Alvarado López, ministro de Vivienda, en presunto intercambio de favores con el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza. Fuente: Andina.

Darwin Espinoza pertenece a la facción que está en contra de la vacancia de Pedro Castillo en la bancada de Acción Popular. El otro bloque, liderado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, está a favor de la destitución del mandatario. El legislador ancashino es considerado allegado al gobierno, con influencia no sólo en la cartera de Vivienda. Sus tentáculos se extendieron hasta el Ministerio de la Producción. 

Produce es dirigida por Jorge Prado Palomino, quien trabajó con el parlamentario en Almacenera del Perú, del poderoso grupo Romero, entre el 2012 y el 2014. 

La buena química entre ambos se hizo notar. En mayo, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló unos chats entre el ministro Prado y su entonces secretario general, Manuel Vásquez. En el diálogo, del 5 de enero de este año, el titular de Produce comentó que Darwin Espinoza recomendó funcionarios en el sector y hasta envió currículos.

Por coincidencia de la vida, en esos tiempos, fue nombrado director general de Pesca de esa cartera Javier Pérez Reyes, hermano de Yuri Pérez, asesor de Espinoza en el Parlamento. 

Los tentáculos de Espinoza también llegaron a Vivienda, especialmente a Sencico, como señala la denuncia que aquí reseñamos. Se trata de un evidente  intercambio de favores entre un gobierno arrinconado por la oposición y un congresista aliado del Ejecutivo.

Espinoza, sin embargo, dice que las denuncias en su contra tienen un trasfondo político. “Me golpean todas las semanas para que diga que voy a votar por la vacancia”, dice el integrante de ‘Los Niños’. Las investigaciones recién empiezan. Están en pañales.

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Sencico

Alva anda en una guerra interna con algunos correligionarios de la bancada de Acción Popular (AP), especialmente con los seis congresistas llamados ‘Los Niños’, en el ojo de la tormenta al ser señalados por la lobista Karelim López de beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Alva cuenta con el apoyo de los legisladores Wilson Soto, Luis Aragón y Karol Paredes en la pugna interna por el poder en AP.

 

EL FACTOR CERRÓN

Perú Libre, con sus 21 votos actualmente, podría dirimir en la elección. El partido del lápiz tiene una pésima relación con las otras bancadas de izquierda. Las diferencias se acentuaron al votar por la censura de la ministra de Trabajo y congresista de Perú Democrático, Betssy Chávez. “Somos enemigos de los cerronistas”, dice el legislador de Perú Democrático y exAcción Popular, Carlos Zeballos.

Betssy Chávez
Betssy Chávez Chino, congresista de la bancada de Perú Democrático. Fue censurada como ministra de Trabajo gracias a los votos de Perú Libre. Fuente: Ministerio de Trabajo.

Los cerronistas consideran que el mayor adversario político son los caviares, por lo que no han tenido problemas en votar igual que los fujimoristas en discusiones claves, como la elección de candidatos del Tribunal Constitucional. 

La inquina de Perú Libre contra otras bancadas de izquierda quedó en evidencia el pasado 26 de mayo. Ese día el presidente Pedro Castillo convocó a Cerrón a Palacio para pedirle que la bancada del lápiz no apoyase la censura de Betssy Chávez como ministra de Trabajo, dice una fuente perulibrista. 

Cerrón informó que la decisión de bajarle el dedo a Chávez fue tomada con antelación por la bancada y que no podía hacer nada. La conversación ocurrió horas antes de que el Congreso votase por la censura de Chávez. 

Castillo, según la fuente, le pidió también apoyo a Cerrón para que no prospere la denuncia de traición a la patria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo tiene dieciséis integrantes, de los cuales cinco son de Perú Libre. 

Cerrón se sintió traicionado por Castillo por no informarle del cambio de ministro en la cartera de Energía y Minas, dominada por Perú Libre tras un acuerdo con el jefe de Estado . En ese contexto consumó su venganza contra Betssy Chávez, una enemiga declarada. Con la elección de la nueva Mesa Directiva a la vuelta de la esquina, ya nadie sabe para quién trabaja. 

 

 

 

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Congreso, Pedro Castillo

PARTEAGUAS

Tanto Boluarte como Castillo no las tienen todas consigo. La Contraloría puso la cabeza de la abogada en una bandeja y pidió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, evaluar si la titular del Midis cometió una infracción constitucional. Ello, por haber actuado, en paralelo, como presidenta del consejo directivo del club departamental Apurímac y ministra de Estado. Boluarte argumenta que pidió licencia en el club el 29 de julio del 2021, pero el ente de control halló que firmó 13 documentos después de esa fecha, en calidad de titular de la asociación privada.

La denuncia de la Contraloría puede allanar el camino para sacarla del juego, destituirla del cargo de ministra e inhabilitarla de la función pública. Esto último equivaldría a sacarla de la vicepresidencia, según el constitucionalista Natale Amprimo. 

La acusación que se prepara contra Boluarte llega en un momento de división en el oficialismo. Los representantes de Perú Libre están con la sangre en el ojo porque el presidente Castillo no respetó el acuerdo para que el cerronismo maneje los ministerios de Salud y Energía y Minas. 

Castillo sacó -sin consultar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón- al ministro de Energía, Carlos Palacios. Y lo reemplazó por la abogada Alessandra Herrera, a quien en el partido del lápiz identifican como alguien cercana a las grandes empresas. 

En la agrupación liderada por Cerrón, que tiene hoy 22 parlamentarios tras sucesivas escisiones, hablan de ajustar cuentas. Un primer zarpazo se lo darían a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, enemiga de Cerrón. Los congresistas de este bloque apoyarían la censura en su contra, dice una fuente del lápiz.

Boluarte, una adversaria declarada del cerronismo y exmilitante de Perú Libre, sería la siguiente en caso prospera la denuncia constitucional en el Parlamento. “La política es ondulante. Cambia según la coyuntura”, declaró Cerrón a Canal N, en abril pasado. 

Boluarte está actualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hoy participó en un panel que abordó el tema de la polarización e incertidumbre política en América Latina. “La derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz”, dijo Boluarte en un evento del foro. 

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Dina Boluarte, Gobierno, Pedro Castillo

El FACTOR VILLAVERDE 

Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario  como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.

Villaverde ejercicio
Enero, 2022. Zamir Villaverde García, empresario, realizando ejercicios en un gimnasio. Hoy acusa al presidente Pedro Castillo con declaraciones estridentes y destempladas. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.

Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías. 

Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.

Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020. 

Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de los cupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú. 

“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.

 

 

 

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Bruno Pacheco, Gobierno, Pedro Castillo
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