5 de noviembre. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Palacio. Cuando llegue, se habrán cumplido cien días del nuevo gobierno y -si no sucede nada extraordinario- el presidente Pedro Castillo empezará a evaluar la gestión de sus ministros. Así lo indican fuentes de Perú Libre y del Ejecutivo consultadas por Sudaca. Esta medida es impulsada por el ala dura del partido oficialista, que capitanea Vladimir Cerrón, y habría sido aceptada por el jefe de Estado, en medio de las conocidas tensiones en el Gabinete. 

El rumbo de los cien primeros días del gobierno fue diseñado en el plan de la segunda vuelta, que se llama “Perú al bicentenario sin corrupción”. El documento contempla la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, nuevos impuestos a la minería, la masificación del gas natural, el retorno a las clases presenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el inicio de lo que llaman “la segunda reforma agraria”. 

La idea es que esta última propuesta sea lanzada el próximo 3 de octubre, para conmemorar el día en que empezó la dictadura de Juan Velasco Alvarado en 1968, aseguran fuentes palaciegas. Se trata de una medida polémica, por los malos recuerdos que le trae el régimen militar a la derecha y por la expropiación de tierras, aunque la reforma de Castillo se enfoca principalmente en reducir  la importación de alimentos. En lo político, el objetivo es confrontar a los adversarios del gobierno, que –según la lógica perulibrista– quieren imponerles la agenda. 

La decisión de estirar los cambios en el Gabinete hasta inicios de noviembre se da mientras Castillo y Cerrón han retomado una comunicación fluida por la vía telefónica, según una fuente de Perú Libre. Han vuelto a acercarse. Esto, luego de un encuentro cargado de tensión en la casa del ministro de Justicia el 21 de agosto pasado. Cerrón está actualmente en Junín, arrinconado por investigaciones fiscales entre las que hay un caso de lavado de activos y una acusación de presunto soborno.

Perú Libre también prepara con sus aliados una serie de propuestas sobre lo que hará el Ejecutivo tras los primeros cien días, según una fuente cercana a Vladimir Cerrón. Los principales dirigentes de estos grupos, como Álvaro Campana, de Nuevo Perú, y Roger Nájar, de Perú Libre, tienen reuniones para tal fin. También participan militantes del Frente Amplio. Estas organizaciones políticas conforman el denominado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene como fin apoyar al gobierno ante las críticas. 

Lenin Checco, dirigente del Frente Amplio, dice que su agrupación -hoy sin inscripción- conversa también con Perú Libre sobre una posible alianza de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo año. “Hemos tenido conversaciones preliminares con Perú Libre por la preocupación de ir en un solo frente y cómo afrontar los comicios del 2022”, dice. Los únicos partidos de izquierda con inscripción vigente son Perú Libre y Juntos Por el Perú. 

GOLPES Y CUCHILLOS

La aparente unidad de estas organizaciones contrasta con las fricciones dentro del Gabinete y en la bancada de Perú Libre. El canciller Óscar Maúrtua está en la mira del ala dura del partido desde que reemplazó a Héctor Béjar -recomendado de Cerrón- en Torre Tagle. Para los cerronistas, Maúrtua echó más leña al fuego al suscribir un nuevo convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

“Imperdonable que el Canciller (Maúrtua) renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria”, escribió en su Twitter el congresista Guillermo Bermejo. En medio de esos cuestionamientos, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien llegó al cargo en la breve gestión de Héctor Béjar, dijo que “la posición del Perú desde el 5 de enero es que no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. Esta declaración de Chávez, diplomático de carrera, desató la ira del primer ministro Guido Bellido, quien -ante la nula comunicación con el canciller- decidió responder con un tuit: 

El presidente Castillo también cuestionó en la interna la posición del vicecanciller, según fuentes de Palacio. El ministro de Salud, brazo derecho del mandatario, Hernando Cevallos, opinó en esa misma línea y dijo en RPP que las declaraciones de Luis Enrique Chávez fueron “absolutamente inadecuadas”. 

Pese a las divergencias con Maúrtua, en el partido del lápiz consideran que no sería conveniente pedir su cabeza. “No podemos tener dos cancilleres en dos meses”, dice una fuente. 

El vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, manzana de la discordia en el gobierno, en una actividad en Génova, Italia, en el 2017. Foto: Organización Internacional de Trabajo.

“La evaluación [de ministros] se da en cualquier momento”, apunta Bellido brevemente a Sudaca. Al ser consultado sobre la permanencia del Canciller, respondió: “Eso depende del presidente de la República”. 

El Consejo de Ministros también está fracturado ante los ataques que reciben los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) en medios recién salidos y afines a Perú Libre, como el diario “El Sombrero” y la revista “Marka”. A Torres le piden en un titular que “cierre el pico”, por haber cuestionado el rol de Cerrón en el gobierno, y a Francke lo acusan de “neoliberal” y de ser de la “oposición”. 

Betsy Chávez Chino, congresista de Perú Libre y que encabeza el bloque moderado en la bancada oficialista. Marca en la interna distancia con Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

Los ataques han motivado las quejas del bloque moderado de la bancada de Perú Libre, liderado por la parlamentaria Betssy Chávez, quien considera que la arremetida mediática responde a la influencia del ala dura del partido. La legisladora, según pudo conocer Sudaca, le ha pedido al presidente que “tome decisiones drásticas” respecto a las actitudes de Bellido. Es decir, que ejerza su liderazgo y no permita que el premier actúe sin consultar, desatando crisis políticas con sus intervenciones. Chávez considera que el mandatario “ha cedido muchos espacios” al ala dura de Perú Libre, de acuerdo a fuentes allegadas a la legisladora. 

“Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo. Pero gobernar es otra cosa”, dijo Castillo en su reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La crisis en el Consejo de Ministros es una prueba fehaciente de lo que dice el gobernante. 

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Consejo de ministros, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

 

El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se resiste a desaparecer. La organización sobrevive a la muerte del sanguinario fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, entre la victimización y el apoyo a iniciativas del gobierno. Una de estas es la Asamblea Constituyente.

Actualmente, el Movadef es liderado por Alfredo Crespo, exabogado de Abimael Guzmán y quien ostenta el cargo de secretario general. Crespo está en la actualidad con arresto domiciliario al ser intervenido en el marco del operativo policial Olimpo, en diciembre del 2020, realizado para cazar a simpatizantes de Sendero Luminoso.

En el 2018, Crespo asumió el liderazgo del Movadef ante la muerte de Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán. “¿Se compromete a cumplir y/o asumir consecuentemente el cargo de secretario general guiándose y aplicando nuestra guía Ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo?”, le preguntaron a Crespo en la juramentación. “Sí, me comprometo”, respondió él en una reunión ante cien personas en Jicamarca, y en medio de aplausos.

Documento de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía que da cuenta de la juramentación de la nueva directiva del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en el 2018.

La juramentación de Crespo fue clandestina, en sintonía con uno de los lemas del movimiento: “el partido es secreto o no es nada”. Pudo ser grabada gracias a la infiltración de agentes policiales.

La número dos de la organización, Estela Guillermo Álvarez (subsecretaria nacional, de acuerdo al organigrama), se encuentra presa a raíz de la misma operación Olimpo. En total hay 51 activistas del Movadef con prisión preventiva, 18 con comparecencia restringida y 8 con arresto domiciliario por estas pesquisas.

Según los planes de su fundador, Manuel Fajardo, el Movadef apuntaba a expandir su radio de acción en todo el país (para el 2018 ya tenían 5.000 inscritos y 68 bases a nivel nacional, salvo en Cajamarca, Loreto y Madre de Dios). El operativo Olimpo frenó sus aspiraciones.

“En los últimos diez años han sufrido golpe tras golpe. Primero la Operación Perseo [un megaoperativo realizado el 2014], luego Olimpo, después la muerte de su líder máximo. Los veo debilitados”, dice el antropólogo Dynnik Asencios, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estudioso de Sendero Luminoso.

De hecho, Guzmán murió sin arrepentirse, según su abogado Sebastián Chávez. “Una vez me dijo: ‘Si te metiste para soldado, tienes que aprender a marchar’. Él decidió iniciar la lucha armada porque estuvo plenamente convencido de que era lo que correspondía”, dice Chávez, quien es considerado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Ratio Luris, otro organismo salido de las entrañas de Sendero Luminoso, que funciona como brazo jurídico del Movadef. 

“Los integrantes del Movadef no tienen arrepentimiento de lo que se hizo. No han hecho un deslinde. Y eso es un gran problema. Así no podemos convivir todos en democracia”, dice, por su parte,  el investigador Asencios.

AFINIDADES

Según la Dircote, el Movadef se creó en el 2009 por orden de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre para impulsar un movimiento “pro-amnistía”. En estos últimos meses, el grupo no sólo se centró en pedir la liberación de Abimael Guzmán. También saludó la elección de Pedro Castillo y Perú Libre, y apoyó la iniciativa de una nueva Constitución con el lema “¡Asamblea Constituyente ya!”, sin que esto signifique un pacto formal con el gobierno.

Constituyente
Julio, 2021. El comunicado del Movadef en el que respalda una asamblea constituyente y saluda la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Saludamos al compañero Pedro Castillo, le deseamos éxitos en su gestión y esperamos que propicie una real democratización de la sociedad peruana, que permita mejores condiciones para desarrollar el camino del pueblo”, escribió el movimiento en su sitio web, tras confirmarse en julio pasado el triunfo del profesor cajamarquino en las elecciones presidenciales.

Movadef también promueve la recolección de firmas para el referéndum por una Asamblea Constituyente en su cuenta de Youtube. Y su base en Puno ha realizado pintas a favor de la asamblea, el caballo de batalla de Perú Libre.

En esa región se encuentra César Tito Rojas, sindicado por la Dircote como miembro fundador del movimiento. Tito hoy es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo. Su nombre saltó a la palestra cuando visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre. Lo cierto es que el sindicalista vino como parte de una delegación de dirigentes puneños, representantes de otros gremios, para denunciar el abandono de un hospital regional. 

La cercanía de Castillo con algunos miembros del Movadef, sin embargo, es indisimulable. El 2018, el candidato presidencial de Perú Libre y cuatro representantes del Conare-Sute participaron de un evento de educación en La Paz organizado por Álex Chamán, representante en ese país del movimiento que pedía la amnistía de Guzmán. 

La Fenate Perú, el gremio fundado por Castillo, acaba de lanzar su propia agrupación política. La ha bautizado como Partido Popular y Magisterial. El liderazgo del partido ha recaído en Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef en Tacna. La firma de la profesora también figura en los planillones del movimiento prosenderista, aunque recientemente declaró que se arrepentía de haberlo hecho.

El Movadef también se ha sumado al coro oficialista de que hay persecución política contra Perú Libre.  El grupo colgó hace apenas un mes el video de un conversatorio sobre esta supuesta persecución política al partido de Vladimir Cerrón, donde se entrevista a dos militantes de la agrupación del lápiz, Jorge Aliaga y Luis Tarazona. En el evento una de las presentadoras comparó la situación de Perú Libre “como en su momento fue la campaña contra la inscripción legal del Movadef, cuando tuvo la intención de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”.

El 2011 el Jurado Nacional de Elecciones cerró la puerta a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político al señalar que el “pensamiento Gonzalo”, ideario que suscriben, desemboca en actos violentos.

El discurso de victimización también inunda las redes senderistas. “¿Es acaso casual la persecución a los activistas del Movadef, a los compañeros Aduviri, Cerrón, Santos, a los abogados de Ratio Iuris, a las organizaciones como Perú Libre, Conare Sutep, Fudepp, a los compañeros detenidos en el operativo Olimpo? De ninguna manera”, dice el Movadef en su portal oficial. 

Diciembre, 2020. Detención de Paul Leonardo Fernández, secretario de Movilización del Movadef, en el marco de la Operación Olimpo. Foto: Ministerio del Interior.

Otros organizaciones fachada de Sendero, como la asociación de abogados Ratio Luris, manifiestan una defensa cerrada  del ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de pertenecer a Sendero y próximo a ser interpelado en el Congreso. “¿Cuál es el problema si es que en algún momento (Maraví) tuvo un pensamiento distinto? A Maraví por un tema de hace cincuenta años están pidiendo su cabeza. En el Perú no se puede ser comunista”, dice a Sudaca Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre. El letrado hace referencia a las acusaciones contra Maraví sobre una presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en 1981.

Miguel Sánchez Calderón, por ejemplo, otro de los abogados de los cabecillas senderistas y miembro de Ratio Luris según la Dircote, apoyó en redes la postura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de esa agrupación, Edgar Tello, de rechazar la ley para incinerar el cadáver de Abimael Guzmán.

El presente de los grupos de fachada de Sendero Luminoso como el Movadef, sin embargo, es el silencio. “Solamente el 5 % de su accionar es abierto; mientras que el 95 % está relacionado a ‘trabajo clandestino’”, dice un reciente informe de la Dircote. 

Los seguidores de Abimael Guzmán prefieren expresarse en las redes sociales y no dar entrevistas para evitar represalias de las autoridades. Los del Movadef no han cuestionado hasta el momento al presidente Castillo por promulgar la ley que permite cremar a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, aprobada en el Congreso. Los senderistas han apostado por respaldar desde su sitio web la victimización de la viuda del fundador de Sendero.  Y es que Yparraguirre ha denunciado el “asesinato” de su esposo, el genocida Abimael Guzmán, porque no lo dejan ver el cadáver. 

Pese al fuego graneado en las redes sociales del Movadef, el gobierno -como en todos los casos relacionados a Sendero-  no ha dicho esta boca es mía.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Abimael Guzmán, Movadef, sendero luminoso

La trama del caso Cuellos Blancos se complica. El fiscal encargado de la investigación, Jesús Fernández Alarcón, ha desatado una tormenta judicial. En el 2019 solicitó autorización al Poder Judicial para rastrear las llamadas, ubicación y mensajes de texto de celulares de veinte personas relacionadas a la indagación, entre ellos a algunos jueces supremos. Sin embargo, dos años después, en agosto de este año y tras recibir los reportes de los operadores telefónicos, pidió dejar sin efecto el rastreo por un “error en la redacción”. Este innecesario episodio puede costarle caro a Fernández, que ya empieza a abrirse frentes de ataque con sus propios investigados. 

El origen de esta historia se remonta a mayo del 2019. Fernández, que es fiscal supremo provisional, pidió en un escrito al juez Hugo Nuñez levantar el secreto de las comunicaciones de doce personas identificadas y vinculadas a la presunta red criminal de jueces y fiscales. Por ejemplo, el periodista Enrique Vidal y el empresario textil Mario Mendoza. Al primero se le atribuye ser un operador de la mafia judicial, mientras que el segundo es considerado un financista y un enlace de la organización. 

Mayo, 2019. Documento reservado del juez de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, en el que accede a la petición del fiscal Jesús Fernández Alarcón para rastrear llamadas, mensajes de texto y ubicación de veinte teléfonos.

Adicionalmente, en el mismo documento, Fernández solicitó identificar a los titulares de veinte teléfonos móviles sin argumentar el porqué. De esos números demandó también conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El juez Nuñez accedió al pedido en un documento reservado que Sudaca pudo revisar.

Las compañías de telefonía celular América Móvil (Claro), Entel y Telefónica (Movistar) enviaron, en un lapso de dos años, los nombres de los titulares de los veinte teléfonos y un registro histórico de las llamadas de esos números. Los operadores comunicaron al fiscal que los números pertenecen, entre otros, al actual juez supremo Héctor Lama, al exjuez supremo Martín Reyes; a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila y Julio Gutiérrez Pebe; al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y a los abogados Julio Severino y José Castillo Alva.

Cuadro elaborado por la Fiscalía que consigna el reporte enviado por América Móvil sobre seis personas rastreadas, entre ellas el juez supremo Héctor Lama More, en el marco del caso Cuellos Blancos.

Al juez supremo Héctor Lama le rastrearon sus llamadas y mensajes de texto desde julio del 2015 a julio del 2018. Su teléfono pertenece a la compañía Claro, que envió la información en septiembre del 2019. Desde entonces ese reporte está en poder del fiscal Jesús Fernández. Las pesquisas del fiscal Fernández apuntaron a Lama por la conversación pinchada que tuvo con César Hinostroza, en la que el exjuez que se fugó a España solicitaba apoyo para el traslado de una jueza de Áncash a la sede judicial del Callao, el reino del famoso ‘hermanito’. “El caso [se refiere a su comunicación con Hinostroza] se desestimó porque el pedido que me hizo no fue atendido”, dice Lama.

El asunto es que el fiscal Fernández no tiene competencia para investigar jueces supremos, según reconoce él mismo. Solo puede ver los casos de jueces y fiscales superiores, mientras que los fiscales Magaly Quiroz y Carlos Cabrera ven los asuntos de autoridades de menor jerarquía. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es el encargado de abrir las pesquisas de los jueces y fiscales supremos salpicados en la trama.

Lama, quien el año pasado postuló a la presidencia del Poder Judicial, mostró su sorpresa al saber que sus comunicaciones han sido rastreadas. “No lo sabía. Me sorprende. No quiero especular sobre las razones pero averiguaré”, dice Lama. 

Otro teléfono rastreado ha sido el del exjuez supremo Martín Hurtado Reyes. El registro de llamadas del celular de Hurtado, de la compañía Telefónica, abarcó el periodo que va de julio del 2015 a julio del 2018, cuando aún ocupaba un puesto en lo más alto de la judicatura. Hurtado Reyes estuvo en el punto de mira por solicitar a Hinostroza, en un diálogo interceptado, acelerar la elevación de un expediente a la Corte Suprema. En mayo de este año la Junta Nacional de Justicia decidió destituirlo por “haber faltado a su deber de mantener una conducta intachable en todo momento”. 

Tras enterarse de que sus llamadas fueron rastreadas, Hurtado le salta al cuello a Jesús Fernández. Una muestra del frente de ataque que el fiscal se ha abierto. “Esa investigación se va a caer en algún momento porque se obtienen pruebas ilícitas. Tiene que ser la fiscal de la Nación y no otro fiscal la que solicite las interceptaciones telefónicas de los supremos”, dice Hurtado.

El fiscal Fernández terminó de recabar la información de las empresas de telefonía en febrero del 2021. Demoró seis meses, hasta agosto del 2021, en pedir al juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez, que dejara sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones. Y prefirió no entrar en detalles en su escrito.

En cambio, fue en una exposición interna -que quedó plasmada en un documento al que Sudaca accedió- donde Fernández sustentó su pedido ante el juez Nuñez. Dijo que hubo un “error en la redacción”. Y, en ese sentido, demandó anular la autorización para rastrear las llamadas, mensajes y ubicación de veinte personas. No dio detalles del contenido de los mensajes de texto ni con quienes cruzaron mensajes los titulares de las veinte líneas telefónicas. 

17 de agosto, 2021. Exposición del fiscal Jesús Fernández Alarcón en el que argumenta que por un “un error en la redacción” pide dejar sin efecto el rastreo de llamadas, autorizado en el 2019, en el marco del caso Cuellos Blancos.

Fernández, acompañado de la fiscal adjunta Fany Quispe, argumentó que la información “se encuentra en cadena de custodia y no ha sido utilizada en la presente investigación”. 

En otro punto de la exposición, además, indicó que ha coordinado con oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para “eliminar de su sistema” la información de algunos personajes que integran la lista de los veinte, como la del abogado Julio Severino y Alberto Vega Marroquín, exgerente general del Poder Judicial, por no tener investigaciones abiertas.

“No tengo ningún conocimiento. No me han notificado”, dice a Sudaca el abogado Julio Severino, testigo en el caso Cuellos Blancos.

Una fuente que conoce al dedillo los entresijos del expediente dice que el fiscal Fernández “salió a pescar peces gordos” y que ahora quiere borrar las huellas de sus acciones. “El problema es que busca rectificar dos años después y no a los meses o semanas. Eso no se ve bien”, dice la fuente. 

Al ser consultado por Sudaca, el fiscal Jesús Fernández Alarcón respondió que tomó la medida de dejar sin efecto el rastreo de las llamadas porque el secreto de las comunicaciones de algunos de los personajes ya había sido levantado en otras carpetas del megacaso de corrupción que está a su cargo. “Estamos haciendo los pronunciamientos finales y no queremos tener problemas en el juicio. Algunos números ya los teníamos en otros casos. Ese ha sido el problema. Estamos saneando eso para llegar a juicio sin ningún problema.”, dice Fernández.

Sus propios investigados ahora lo acusan de violar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. “Es realmente increíble. De ahora en adelante los fiscales pueden pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, procesar la información, saber todos los pormenores de la vida íntima de la persona y luego hacerse de la vista gorda, dejar sin efecto. Es gravísimo”, dice el abogado José Castillo Alva. 

Castillo, vale recordar, es considerado por el fiscal Jesús Fernández como el cerebro de la red tejida en la corte del Callao para favorecer a los “hermanitos”. 

El retroceso del fiscal Fernández puede provocar una avalancha de quejas de las personas rastreadas, según una fuente relacionada al caso Cuellos Blancos. Y es que la resolución que autoriza el rastreo, emitida en el 2019, no da argumentos, lo que pone a Fernández en la mira de sus investigados, de acuerdo al especialista consultado. “El rastreo tiene que tener una justificación y los afectados pueden exigir al fiscal y al juez que expliquen la razón por la que sus teléfonos fueron rastreados. Es evidente que han pedido dejar sin efecto para no notificar a las partes, para que no se enteren”, dice la fuente. 

“El rastreo no se ha hecho con la intención de espiar a nadie, sino de obtener información relevante para la investigación. No hay ningún delito que el fiscal haya generado, pero sí podría existir una infracción administrativa que podría generar una sanción contra el fiscal. Él está reconociendo que ha actuado negligentemente en sus funciones. Podría tener un llamado de atención”, dice, por su parte, la abogada penalista Romy Chang. 

La bronca entre las partes anuncia una tormenta judicial en la recta final de la investigación y con miras al inicio del juicio de este emblemático proceso. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Cuellos Blancos, Jesús Fernández, Rastreo

El presidente Pedro Castillo mantiene una línea abierta de comunicación con Ollanta Humala, de acuerdo a fuentes del entorno de ambos consultadas por Sudaca. En los últimos cuatro meses, el jefe de Estado se ha contactado con el líder nacionalista -al menos- en tres ocasiones, para pedirle consejos sobre cómo actuar en la segunda vuelta, cómo responder ante las acusaciones de fraude de la oposición y, en la última semana, para abordar soluciones al tema del gas en su primer mensaje a la Nación.

Las comunicaciones no se traducen aún en un pacto político, pero Humala -quien sacó solo 1,3% en la última elección y perdió la inscripción de su partido- ha mostrado públicamente su interés por apoyar a Castillo. “Hay que ayudarlo al presidente. El único en el gobierno que ha sido electo es él y hay que ayudarlo a que lo haga bien porque de eso depende nuestro futuro”, dijo en una entrevista en RPP el 19 de agosto.

El contacto entre Humala y Castillo empezó al inicio de la segunda vuelta, en abril pasado. En el entorno humalista cuentan que el exrondero fue el primero en coger el teléfono para pedirle consejos y que le detalle su experiencia en el balotaje contra Keiko Fujimori del 2011. 

La segunda llamada se produjo a finales de junio, en medio de las acusaciones de fraude de la oposición. “El señor Pedro Castillo llamó al expresidente Humala para que le aconseje cómo actuar en la segunda vuelta y también para saber qué opinaba de las acusaciones de fraude y que debía hacer ante ello. El expresidente Humala le pidió tener prudencia”, confirma una fuente que trabaja con el líder nacionalista.

La tercera comunicación se dio la semana pasada, de acuerdo a fuentes cercanas a ambos personajes. Castillo levantó el teléfono para pedirle a Humala su opinión sobre el alza indiscriminada del precio del balón de gas. Humala ofreció en campaña reincorporar el gas licuado de petróleo al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles para frenar el encarecimiento del producto. Esta iniciativa fue asumida por el presidente en su último mensaje, con el precio del balón de gas por las nubes, pues supera en algunos casos los S/70.

Ollanta Humala realiza un mitin en el distrito de Colcamar, región Amazonas, en la última campaña electoral, en enero pasado. Foto: Partido Nacionalista.

Una posible alianza entre Castillo y Humala puede abrir grietas en la relación con dos pesos pesados que son aliados del gobierno: Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza. Humala es resistido públicamente tanto por el líder de Perú Libre como por la excandidata presidencial. La izquierda lo ve como un traidor porque considera que el expresidente se alineó con los intereses de los grupos de poder en su gobierno. 

Humala ya ha asestado golpes mediáticos en esta pugna con la izquierda. El 4 de agosto pasado, en una entrevista con “Canal N”, dijo que los integrantes de la izquierda “podrían hablar diez horas, sin cansarse, de temas ideales y no son capaces de construir un puente”. “Esa gente ya está con el chip de la oposición”, añadió.

El 20 de agosto, Vladimir Cerrón mostró su animadversión al líder nacionalista en su cuenta de Twitter: “Expresidente Ollanta Humala al mencionar que Guido Bellido no es el premier ideal, está invitando indirectamente al Gobierno a su claudicante e histórica ‘hoja de ruta’”. Cerrón cuestionó así que, en las elecciones del 2011, Humala haya cambiado su plan de gobierno inicial, que también promovía una Asamblea Constituyente, por uno más moderado para ganarle en segunda vuelta a Keiko Fujimori.

Pero eso no parece importarle al actual presidente. Pedro Castillo quiere tejer una red de apoyo con otros líderes políticos, entre los que se encuentra Humala.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre y brazo derecho del profesor, dice que Castillo ha anunciado en la interna el inicio de una ronda de conversaciones con líderes políticos. Castillo informó de esta iniciativa en la reunión que tuvo con integrantes de bancada oficialista el lunes 6 de septiembre por la noche. “Los están convocando para darle pluralidad al gobierno”, dice Tello.

El legislador puso como ejemplo la reunión que tuvo Castillo con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, y congresistas de esa agrupación, el 7 de septiembre pasado. Acuña, a diferencia de Humala, cuenta con una bancada que puede ser determinante para aprobar o echar por la borda las políticas de gobierno.

Ollanta Humala no quiso pronunciarse sobre las llamadas que reseñamos en esta crónica. Antes ha negado ser consejero o asesor del profesor cajamarquino cuando fue señalado como intermediario de la reunión entre Alonso Segura, exministro de Economía de su gobierno, y Castillo. El encuentro se dio en julio pasado, cuando aún no se habían repartido los cargos.

En cambio, Castillo ya ha estado ligado a la familia Humala en los últimos meses. En la campaña electoral ofreció indultar a Antauro Humala, preso por el Andahuaylazo. Los hermanos Antauro y Ollanta rompieron palitos en el 2011, cuando el primero lo acusó de traidor por cambiar de plan de gobierno entre la primera y segunda vuelta en la campaña electoral de aquel año. Los seguidores del líder etnocacerista resguardaban a Castillo en sus actividades proselitistas en medio del tumulto y el desorden. Ahora es el otro Humala el que se acerca al hombre del sombrero.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Ollanta Humala, Pedro Castillo

En el Consejo de Ministros no existe el principio de autoridad. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, no ha sido el único que ha ignorado el pedido de renuncia de Guido Bellido en el Gabinete. El titular de Defensa, Walter Ayala, tampoco le hizo caso al premier cuando le solicitó que dejase el cargo, de acuerdo a fuentes cercanas al jefe de la PCM. Este caos tiene como trasfondo el pulso por el poder entre el presidente Pedro Castillo y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. 

La historia se remonta al 16 de agosto. Aquella mañana, la Marina difundió un comunicado rechazando lo dicho por el entonces canciller Héctor Béjar: que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”. Béjar, en ese momento, estaba en medio de un intenso fuego cruzado por sus declaraciones.

De acuerdo a fuentes cercanas al primer ministro, ese mismo día Bellido le pidió al jefe de Estado cortar la cabeza de Ayala. Consideraba que la Marina se había excedido en sus atribuciones al cuestionar a Béjar, según él, sin coordinar con el sector Defensa. El premier -irónicamente- opinaba que su ministro había perdido autoridad con este episodio. 

El comandante general de la Marina, almirante Alberto Alcalá Luna. El jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, habría pedido su cabeza. Foto: Marina de Guerra del Perú.

Ayala, con la guillotina encima, buscó el respaldo del presidente de la República. Alrededor de las cinco de la tarde de aquel 16 de agosto, el ministro visitó a Castillo en Palacio, tal como consta en el registro de visitas. Lo acompañaron Aníbal Torres (Justicia), Juan Carrasco (Interior) y Pedro Francke (Economía). Todos estos ministros son cercanos al presidente y distantes de Cerrón. 

Ayala, de acuerdo a una fuente cercana al ministro de Defensa, le comentó a Castillo que tuvo conocimiento del comunicado de la Marina antes de su difusión y que daba su respaldo a las Fuerzas Armadas. Las mismas palabras, en la noche de aquel día, las repitió en una entrevista con RPP Noticias. El presidente le dio el espaldarazo. Es, al fin y al cabo, uno de sus ministros de mayor confianza.

Al día siguiente, el 17 de agosto, Ayala continuó jugando sus cartas para quedarse en el puesto. A las 9:30 de la mañana, en la sede del Ministerio de Defensa, recibió a los altos mandos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, encabezó la delegación. Lo acompañaron el comandante general de la Marina, Alberto Alcalá; del Ejército, José Vizcarra; y de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Chaparro. 

Una hora después, el ministro y los integrantes de la cúpula castrense fueron a Palacio a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. Así quedó registrado en el portal de Transparencia de la Casa de Pizarro. En la cita, según fuentes palaciegas, los altos mandos militares manifestaron su incomodidad con Héctor Béjar y su apoyo a Ayala. El encuentro duró hasta el mediodía y sirvió para que Castillo se convenciera de la necesidad de sacar a Béjar de Cancillería.

17 de agosto. El registro de visitas de Palacio da cuenta de la reunión del presidente Pedro Castillo con el ministro de Defensa, Walter Ayala, y altos mandos militares, en medio de la polémica por las declaraciones de Héctor Béjar.

Tras la reunión con la cúpula militar, Castillo llamó inmediatamente a Bellido y le pidió la renuncia de Béjar. “Se va Béjar y también Ayala”, habría respondido el primer ministro, según un portavoz suyo. A las 12:14 de la tarde, tras la conversación con el jefe de Estado, Bellido anunció en su cuenta de Twitter: “Tendremos cambios para la marcha del país”. Bellido le pidió a Béjar dejar Torre Tagle y este aceptó la decisión. 

“Yo esperaba hablar en la interpelación y tengo entendido que ellos [los congresistas] han pedido mi renuncia antes para evitar que yo hable ante el Congreso, ha sido una forma de censurarme”, declaró Béjar al portal cubano “Prensa Latina”. 

El exguerrillero, acorralado por la situación, presentó su renuncia cerca de las dos de la tarde de aquel 17 de agosto. Bellido pensó en hacer lo mismo con Ayala. Ese día, entre las 3:21 y 3:36 de la tarde -según el registro de la PCM- el premier se reunió con el titular de Defensa para también pedirle su dimisión, cuentan las fuentes. El jefe del Gabinete le solicitó, además, cortarle la cabeza al comandante general de la Marina, el almirante Alberto Alcalá, por el comunicado contra Béjar. Ayala, previamente respaldado por Castillo, dijo que no iba a renunciar y repitió que no hubo insubordinación de la Marina. 

17 de agosto. El registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros consigna el encuentro de quince minutos entre Guido Bellido y Walter Ayala. El primero le pidió la renuncia.

“Bellido le dijo a Ayala que era un asunto grave lo de la Marina y que él era el principal responsable”, dice una fuente cercana al jefe de la PCM. Bellido solicitó la renuncia del titular de Defensa con el aval de Cerrón, pero sin el consentimiento del presidente, en un caso similar al de Iber Maraví. 

Cerrón dejó clara su postura el 19 de agosto, en un tuit. “Artículo 169 CPP (Constitución Política del Perú). Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”, escribió, como cuestionamiento al comunicado de la Marina. 

En este juego de tronos Castillo le ganó la pulseada a Cerrón al mantener a Ayala. El ministro de Defensa se ha convertido, además, en uno de los hombres más cercanos del gobernante y lo ha acompañado, incluso, en sus últimas actividades en Tacna y Junín. “A mí no me van a poner la agenda […] No quieren que quitemos la plata a los corruptos porque hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados”, dijo Castillo en el distrito de Mazamari, Junín. 

La situación pone en evidencia también la falta de autoridad de Guido Bellido, al que no le hacen caso ministros cercanos a Castillo, como Maraví y Ayala, cuando les pide la renuncia. Bellido recordó al presidente el episodio vivido con Ayala –que esta crónica relata– en la reunión que tuvieron en la casa del ministro de Justicia, Aníbal Torres, el sábado 21 de agosto. La pugna sigue abierta en el Gabinete.

Fotoportada: Leyla López.

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Guido bellido, Pedro Castillo, walter ayala

Fue un choque de trenes. Pedro Castillo y Vladimir Cerrón tuvieron un áspero enfrentamiento verbal el pasado sábado por la noche. El escenario del encuentro entre el presidente de la República y el líder de Perú Libre fue la casa del ministro de Justicia, Aníbal Torres, ubicada en la calle Roma, en San Isidro. La reunión presencial fue convocada por Castillo tras varios días sin comunicación con Cerrón, de acuerdo a fuentes confiables. Y se realizó en medio de un cortocircuito entre ambos por las críticas del exgobernador regional de Junín a la designación de Óscar Maúrtua como canciller.

La cita en la calle Roma fue a las 9:30 de la noche. Cerrón llegó acompañado del primer ministro Guido Bellido y Roger Nájar, su mano derecha. Castillo, además del anfitrión Aníbal Torres, estaba con Auner Vásquez, jefe del gabinete técnico de la Presidencia, y con el constitucionalista Francisco Eguiguren.

Según uno de los testigos de la reunión, Eguiguren fue el primero en pedir la palabra y habló de la conveniencia de la renuncia de Guido Bellido para que el Gabinete obtenga el voto de confianza en el Congreso. El pedido cayó mal en el núcleo duro del partido del lápiz. Primero, porque era Eguiguren y no el presidente el que ponía las cartas sobre la mesa. Y segundo, porque el exministro de Justicia del gobierno humalista es visto como un infiltrado de los “caviares” por el ala dura de Perú Libre. Eguiguren, quien no quiso dar declaraciones para esta nota,  entró al círculo de confianza de Castillo por Aníbal Torres. 

Francisco Eguiguren Praeli, exministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala, cercano al presidente Pedro Castillo. Foto: Andina.

Con este episodio cobra sentido el tuit de Cerrón, dos días después de la reunión, en el que señala que un exministro de Justicia “ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea”.

Tras el comentario de Eguiguren, Bellido dijo que sólo renunciará al premierato si Perú Libre se lo pide. Cerrón, de acuerdo a las fuentes, comentó que “por ningún motivo” el actual premier debía renunciar, al considerar que eso sería un signo de debilidad frente a la derecha. “La victoria no se puede compartir con los derrotados”, habría dicho también Nájar en su intervención.

Auner Vásquez, asesor presidencial, tomó la palabra y comentó la necesidad de hacer cambios en el Gabinete para lograr el voto de confianza, aunque no especificó las carteras. La intervención del asesor incomodó a Cerrón, de acuerdo a un testigo con el que conversó este medio. Vásquez es visto con recelo por la gente del lápiz por su camaleónico pasado: en el 2016 fue personero legal de Alianza Para el Progreso y, en el 2018, postuló sin éxito para alcalde del distrito de Tacabamba con la camiseta de Acción Popular. Al igual que el presidente, es de ese distrito cajamarquino. 

Auner Vásquez Cabrera, jefe del gabinete técnico de Presidencia y hombre de confianza del presidente Castillo, estuvo presente en la reunión en la casa del ministro de Justicia, Aníbal Torres. Foto: Facebook de Auner Vásquez.

Los dirigentes de Perú Libre aprovecharon la oportunidad para cuestionar a otros asesores del presidente Castillo. Le hicieron saber al jefe de Estado que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, no les inspira confianza por su pasado aprista en la universidad Villareal. También pusieron en la mira a Óscar Cabrera, nombrado asesor en Palacio, por ser excandidato de Fuerza Popular al gobierno regional de San Martín, en el 2018.

Cerrón reprochó a Castillo, además, por no colocar como asesor en Palacio a Richard Rojas, dirigente y jefe de campaña de Perú Libre en las pasadas elecciones.

El testigo del encuentro dice a Sudaca que Castillo reaccionó y mencionó que quería renunciar a Perú Libre, agrupación a la que se afilió en septiembre del 2020, obligado por la ley electoral que no acepta invitados. Fuentes allegadas al presidente confirmaron que está incómodo por la presión ejercida por Cerrón a través de los medios, que lo hacen ver como su subordinado.

El exgobernador de Junín, de acuerdo a las fuentes, le recomendó aquel sábado que pidiese licencia en el partido. Le advirtió también que, de renunciar a la militancia, le haría juego a la derecha y sería visto como un traidor por las bases partidarias. A eso apuntó otro tuit del neurocirujano, publicado un día después de la reunión, en el que advierte que “el gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y en estas circunstancias cualquier disidencia es una traición”.

Castillo, secundado por Eguiguren, insistió en la conveniencia de realizar ajustes en el gabinete. Roger Nájar pidió la palabra y subrayó que Perú Libre no tiene mayoría en el Consejo de Ministros, sino apenas cuatro carteras (PCM, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ambiente y Energía y Minas).

Cerrón apuntaló esa idea y comentó que los ministros cuestionados son los que ha elegido el presidente de la República: Interior, Trabajo, Defensa, y Transportes y Comunicaciones. Dijo que los cambios en el Gabinete deben hacerse gradualmente, después de la presentación del primer ministro en el Congreso. En plena escalada de tensión,  Guido Bellido recordó que le pidió la renuncia a Héctor Béjar y al titular de Defensa, Walter Ayala, y que sólo el primero presentó su carta.

“Ayala no quiso renunciar al tener el respaldo del presidente. Perú Libre ha pedido su cabeza por permitir que la Marina cuestione a Béjar en un comunicado sin pedir autorización para hacerlo”, dice una fuente palaciega.

En la cita en la calle Roma, el primer ministro adelantó lo que será su discurso el próximo jueves 26 y dijo que no tocaría el tema de la Asamblea Constituyente para no caldear más los ánimos. El presidente Castillo habría estado de acuerdo con eso. Cerrón opinó que el tema de la asamblea ya es una “batalla perdida” en el Parlamento y que apuestan todas sus fichas al referéndum con la recolección de firmas.

Eguiguren se retiró a la medianoche. La reunión acabó a la una de la mañana sin llegar a ningún acuerdo concreto. El presidente no cedió en su postura inicial. Por esta razón Cerrón publicó una avalancha de tuits presionando a Castillo y convocó a una marcha para el jueves 26, el día clave para el Gabinete en el Congreso.

 

MENDOZA, LA MEDIADORA

El rompimiento entre Castillo y Cerrón parecía inminente luego de aquella reunión. Pero la intervención de Verónika Mendoza, aliada del profesor, ha contribuido a calmar las aguas, de acuerdo a una fuente cercana a la excandidata presidencial. 

Mendoza, en la reunión que tuvo con el presidente el lunes pasado, abogó por la permanencia de Bellido como primer ministro y se ha sumado a la movilización convocada por Cerrón.

Tras la conversación con la lideresa de Nuevo Perú, el presidente Castillo convocó a Guillermo Bermejo a Palacio para comunicarle la continuidad de Bellido. “Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del Gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él decida, sin ningún tipo de presión”, escribió Bermejo en un tuit. 

Mendoza, mientras tanto, se comunicó con el núcleo duro del lápiz para protestar por los ataques de Cerrón contra ella y Gustavo Guerra García, viceministro de Hacienda y militante de Nuevo Perú. A Mendoza no le gustó un comentario de Cerrón a una portada de “Diario Uno” de ayer martes, en la que ponen a la lideresa de Nuevo Perú como una de las que quiere tumbarse a Bellido.

24 de agosto. Comentario de Vladimir Cerrón en Facebook a una portada de “Diario Uno”, que incomodó a Verónika Mendoza y propició una queja a Perú Libre.

“Para que el Diario Uno considere a Mendoza entre los que se quieren bajar al premier, es porque sabe algo concreto y confirma que la caviarada está defendiendo el neoliberalismo”, escribió Cerrón en su cuenta de la red social Facebook.

En Perú Libre bajaron la tensión y le explicaron a la excandidata que esa declaración fue a “título personal”. El asunto ha quedado en el aire. Por ahora, un clima de tensa calma se respira en el gobierno.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

 

 

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Guido bellido, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Dina Boluarte encabeza el ala moderada de Perú Libre. La vicepresidenta es quien apuesta por la gobernabilidad y la mesura, en contraposición a Vladimir Cerrón, el secretario general, que quiere imponer a rajatabla la agenda del partido. Fuentes de su entorno aseguran, además, que ella se ha vuelto mucho más cercana al presidente de la República que al hombre fuerte del lápiz. 

“[Boluarte] se ha mantenido al margen del señor Cerrón. Tiene constante comunicación con el presidente por la gobernabilidad”, dice Víctor Torres. Él administra el club departamental Apurímac, que fue uno de los centros de operaciones de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante la última campaña. Torres preside el club, precisamente, en reemplazo de Boluarte. Su relación con ella es estrecha. 

La vicepresidenta, está claro, no forma parte del círculo de confianza de Cerrón. Eso quedó demostrado cuando el líder de Perú Libre no la propuso para dirigir el Consejo de Ministros, sino que lanzó los nombres de incondicionales suyos como Guido Bellido, Álex Flores, Silvana Robles y Jaime Quito. En la entrevista que dio a Sudaca la semana pasada, Cerrón dijo sobre Boluarte: “La siento del lado del partido porque es militante. No sé si mañana pueda cambiar o pasado”. 

Ella y Cerrón chocaron en la interna partidaria por la situación de Arturo Cárdenas, secretario nacional de organización, quien está implicado en el caso Los Dinámicos del Centro. Boluarte pidió públicamente evaluar la separación de Cárdenas, luego de que este fuera acusado por el Ministerio Público de hacer y deshacer en el gobierno regional de Junín sin tener un cargo público. 

Cerrón defendió a Cárdenas. “[No lo hemos separado] por la presunción de inocencia. Porque quien habla también ha sido víctima de una sentencia política. Y el partido no decidió retirarme del cargo porque cree en mi inocencia”, dijo en otro momento de la entrevista que nos dio la semana pasada. Al ser consultado sobre la opinión de Boluarte de separar a Cárdenas, Cerrón respondió: “El secretario general soy yo”. 

Como parte de la apuesta por la mesura en tiempos previos a la tormenta, Boluarte apoya al ala moderada de la bancada de Perú Libre. Esta facción la encabezan Betssy Chávez y Luis Kamiche. “Lo que busca la doctora Boluarte es concertar. Nosotros no somos radicales. No vamos al golpe, al choque. Queremos coordinar con otros grupos”, explica Kamiche. 

“Siempre hay controversia. No es nada personal. Es parte de la trayectoria política. El señor Cerrón tiene su formación, una ideología que se respeta. Es el secretario general del partido. Y la señora Boluarte tiene otro concepto que se respeta”, añade el congresista. 

La vicepresidenta marca distancia con la actuación de algunos parlamentarios del lápiz, como Guillermo Bermejo, que tienen como estrategia la confrontación. Por eso, en una declaración pública, reclamó a su propia bancada -la de Perú Libre- y a otros grupos parlamentarios que “no es momento de estar generando zozobra”. 

Ella, en cambio, trata de tender puentes en el Congreso. Y ha puesto la puntería a la bancada de Acción Popular, que con 16 integrantes puede inclinar la balanza en una votación reñida como la del pedido de confianza al Gabinete. El 5 de agosto pasado acudió a su despacho el gobernador regional de Cajamarca y secretario general del partido de la lampa, Mesías Guevara. Siete días después, el 12, asistió a la oficina el excandidato presidencial, Yonhy Lescano, según el registro de visitas de la cartera. 

El registro de visitas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El 12 de agosto pasado el excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, visitó el despacho de la ministra Dina Boluarte para tender puentes.

Las reuniones sirvieron para acercar posiciones con miras al 26 de agosto, el día en que el premier Bellido pedirá el voto de confianza al Parlamento. “Le dije que no pongan ministros cuestionados, que tengan problemas. Me dio una buena impresión. Es una persona que escucha. Y espero que no se deje arrastrar por algunas corrientes que están dentro de Perú Libre, que ponen siempre trabas. No está radicalizada”, cuenta Lescano. 

El asunto es que no todos los legisladores de Acción Popular responden a Lescano y Mesías. Hay otros que siguen la línea de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se ha mostrado dura con el gobierno. 

 

Un despacho en Palacio

Boluarte, abogada de profesión, milita en Perú Libre desde el 2018. Ese año postuló sin éxito a la alcaldía de Surquillo, prometiendo convertir al distrito en una “ciudad dinámica”. No forma parte del buró político del partido y tiene, en la agrupación, un perfil más técnico. 

“Dina Boluarte es un gran contrapeso en Perú Libre porque tiene un perfil entre tecnocrático y político. Me pareció raro que ella no estuviese en el premierato. Hubiese jugado un rol más de báscula entre el Ejecutivo y el Congreso”, dice el economista Eduardo Recoba, que apoyó a Perú Libre en la campaña.

La titular del Midis lideró el equipo que defendió los votos de Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones, mientras Fuerza Popular y otros grupos de oposición clamaban fraude sin pruebas. En junio se presentó en una conferencia de prensa rodeada de cuatro figuras moderadas: Pedro Francke, Aníbal Torres, Ronald Gamarra y Julio Arbizu. Ella habría convocado al actual ministro de Justicia y también logró aliarse con Francke y Verónika Mendoza, rivales políticos de Cerrón. Incluso, trabajó de la mano con el ministro de Economía en el fortalecimiento del equipo técnico del lápiz. 

Junio, 2021. Vicepresidenta Dina Boluarte flanqueada por Aníbal Torres y Pedro Francke en una conferencia de prensa para defender los votos de Perú Libre ante las denuncias de fraude. Foto: Facebook de Dina Boluarte.

El pasado 21 de julio Boluarte fue a Palacio de Gobierno junto a Pedro Castillo, invitados por el entonces presidente Francisco Sagasti. “Ella estaba interesada en saber si es que había un despacho para la vicepresidencia. […] Le mostré el despacho que había utilizado la señora Mercedes Aráoz “, recuerda para Sudaca la expremier Violeta Bermúdez. 

Ocupar la vicepresidencia, en el Perú, no es poca cosa. Lo han demostrado los últimos cinco años. En caso Pedro Castillo fuese vacado, sería Boluarte la que asumiría las riendas del Ejecutivo.

Luego de que el profesor chotano le encargara encabezar el proceso de transferencia de gobierno, la vicepresidenta ha guardado un perfil bajo estas semanas. Pero pronto le tocará la exposición mediática: como cabeza del Midis, maneja los programas sociales del Estado y será la encargada del reparto del bono de los S/350. 

Mientras, vive en una pugna soterrada con Cerrón al interior del partido. El círculo de confianza del exgobernador regional de Junín le reprocha no sacar cara por Perú Libre dentro del gobierno en momentos álgidos y buscar posicionar su imagen con el manejo de los programas sociales. ¿De qué lado se quebrará el lápiz?

 

*Fotoportada: Leyla López

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