Allanamiento

El sábado pasado, el coronel PNP Harvey Colchado recibió en las oficinas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) la notificación de que había sido separado del cargo de jefe de esta unidad de manera temporal por decisión de la Inspectoría General de la Policía y de que dos procedimientos disciplinarios por supuestas infracciones graves y muy graves habían sido interpuestos en su contra. La decisión tomada a 15 días del allanamiento con descerraje del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso Rolex” levanta, mínimamente, una leve suspicacia.

Las resoluciones emitidas por la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría se refieren a un estado de WhatsApp que compartió el coronel por su onomástico. En la imagen se visualiza una torta de cumpleaños decorada con una estrella y el nombre del coronel, Harvey Julio; en la base del pastel, un muñeco con chaleco de la PNP sostiene un “torito” (nombre afectuoso para los arietes utilizados en este tipo de operativos) contra una puerta que seguramente está a punto de ser derrumbada. Para la Inspectoría, esta publicación es “reprochable y una absoluta irresponsabilidad, falta de respeto y consideración al alto cargo que ostenta la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra.”

Desde su aparición en el ojo público, el coronel Harvey Colchado, no ha dejado de ser una figura enigmática. Colchado, quién se hizo conocido por la captura del “Camarada Artemio” en el 2012, progresivamente, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra corrupción y los poderes políticos y económicos más viciosos del país. El oficial de los allanamientos, su “torito” ha “derrumbado” las puertas de personajes como Keiko Fujimori, Alan García (el mismo día en que decidió pegarse un tiro en la sien y evadir la justicia para siempre), Pedro Castillo, Patricia Benavides y, ahora, Dina Boluarte. 

En un país donde la confianza en la Policía decae cada vez más: el promedio nacional en el 2020 de confianza en la institución policial fue de 28.2 %; de 24.6 % en 2021; de 21.2 % en 2022; y de 22 % en el 2023, Harvey Colchado quizás sea el único elemento visible de varios miles más imperceptibles, sin duda alguna que provoca todavía algún tipo de identidad positiva de la población hacía la Policía Nacional del Perú (PNP) y las labores que esta realiza. Un oasis en el desierto de impunidad que parece haberse convertido nuestro país. Y la PNP, en uso cuestionable de sus prerrogativas institucionales como sus órganos de control interno, jerarquías de grado y facultades discrecionales, ha decidido apartarlo de su cargo y de la institución en una movida que no hace más que hacernos dar cuenta que ese manantial era un espejismo. El pastel es una mentira.

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El fin de semana en medio del allanamiento del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso de los Rolex”, el ahora exministro del Interior, Víctor Torres Falcón, concedió una entrevista en un noticiero dominical para cuestionar el accionar de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), pero también para terminar de sepultar sus días a cargo del sector. 

Ante el cuestionamiento de la entrevistadora por la situación de la (in)seguridad en el país, el extitular respondió que la criminalidad había descendido sin decidirse entre si esta reducción era solo “un tanto” o “considerablemente” para, finalmente, aseverar que se trataría de “un tema de percepción”. 

Durante la gestión de Torres Falcón se produjo el robo de una laptop dentro del recinto del Ministerio del Interior (MININTER); el intento de sicariato en un popular restaurante San Miguel; el escandalo que involucró a tres agentes de la PNP (en estado de ebriedad) disparando sus armas reglamentarias al aire y apuntándolas hacía turistas nacionales en el balnearia de Cerro Azul. Y solo estamos hablando de ocurrencias del último mes. ¿Cuáles, por ejemplo, son los resultados de los estados de emergencia declarados en las provincias de Pataz y Trujillo ya hace más de un mes? 

Por lo general, cuando nos referimos a la seguridad hay dos dimensiones que debemos tomar en cuenta. 

La dimensión objetiva hace referencia a la ocurrencia material de delitos y la cobertura que puede tener el servicio de seguridad pública. Esta misma se puede medir mediante encuestas de victimización delictiva que permiten tener una idea de las características del victimario, como también la prevalencia e incidencia del mismo.

La dimensión subjetiva, a su vez, se basa principalmente en las percepciones sobre el miedo al delito y los niveles de confianza que la ciudadanía puede tener en las instituciones de control como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial, que se miden mediante encuestas de opinión ciudadana. 

El exministro parece confundir ambas dimensiones de la seguridad ciudadana en un contexto de creciente complejización del crimen en el país y la región. No hace falta citar encuestas o presentar datos estadísticos cuando una situación es tan palpable como la que actualmente se vive en el país. En términos simples, la gente se siente insegura porque la calle se ha vuelto insegura. 

Y porque la crisis política desatada hace ocho años, cuando Keiko Fujimori decidió que iba a “gobernar desde el Congreso” con su mayoría absoluta parlamentaria, no ha terminado su espiral descendente. Una espiral que ha desembocado en un contexto donde la actual mandataria tiene el nivel de aprobación más bajo de la región y donde, lamentablemente, ya nadie cree en nada ni nadie. 

A lo mejor, la percepción a la que se refería el ministro era la suya: una percepción de la realidad completamente alterada. 

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