[Cosecha Roja] Desde que empezó la actual legislatura, se han presentado en el Congreso más de 45 proyectos de ley que proponen el endurecimiento de penas y condenas en aras de frenar la actual arremetida de crimen y delincuencia que mantiene a la población en vilo. Es decir, en promedio se ha presentado un proyecto y medio por mes en los últimos dos años y pico que tiene el actual parlamento en funciones. De todas estas iniciativas, 10 han tenido el mismo objetivo: crear la figura penal de “terrorismo urbano” e incorporarla al Código Penal. Ante tanta insistencia, finalmente, la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso decidió aprobar el dictamen de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal y establece penas de entre 23 a 30 años, así como sus causales. 

¿En el país donde una película, una obra de teatro, una presentación de libro y una manifestación pueden ser calificadas de “terroristas” o de “apología al terrorismo” (y lo han sido) qué significa que ahora el crimen también pueda serlo? 

Ciertamente, el terrorismo urbano existe: los atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, los ataques terroristas de Paris en 2015 y la explosión provocada en el Manchester Arena de 2017 son solo algunos ejemplos recientes. Pero, a diferencia del crimen que actualmente agravia al país, todos estos ataques fueron motivados por objetivos ideológicos, religiosos y políticos de organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. 

Con esto no estamos buscando invisibilizar el trágico legado que ha dejado el accionar de organizaciones que en el pasado ejercieron la violencia para avanzar sus respectivas plataformas ideológicas y políticas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero equiparar el accionar de estas organizaciones y, sobre todo, las estrategias para combatirlas con el de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, puede terminar siendo más perjudicial a la larga. 

Tampoco pretendemos negar el hecho de que muchas de estas organizaciones criminales recurren a la violencia extrema y tácticas terroristas para instalar el miedo en poblaciones enteras y/o ejercer un control territorial tiránico en los espacios donde despliegan sus actividades delictivas: trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y muchas más. Pero su lógica sigue estando motivada por las ganancias económicas de sus negocios ilícitos y no necesariamente por cuestiones ideológicas. 

Es fundamental reconocer que etiquetar la violencia y las tácticas de organizaciones criminales bajo el término de “terrorismo urbano” no solo puede diluir el significado del terrorismo verdadero, sino también complicar los esfuerzos para abordarlo eficazmente. La militarización de la respuesta al crimen organizado (y nuestra sociedad) es un riesgo real que este dictamen podría precipitar. En el país donde potencialmente todo puede ser terrorismo, esta realidad no parece estar tan alejada.  

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Hasta la fecha, son seis los ministros del Interior que han asumido la dirección del sector encargado de velar por el orden interno y la seguridad pública del país desde que Dina Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022. En promedio, hemos tenido un ministro nuevo cada tres meses. 

En ese mismo periodo, se han producido 1 435 211 millones de denuncias por delitos y faltas a nivel nacional. Si está cifra alcanzó las 77 503 denuncias en enero de 2023; se elevó a 86 256 en enero de 2024. Para el caso de las denuncias por extorsión, 1348 incidencias fueron registradas en enero del 2023, mientras que esta cifra subió a 1549 para enero de 2024. La tendencia se repite en el caso de la gran mayoría de modalidades delictivas relevantes para el grave panorama de (in)seguridad que afronta el país en la actualidad: robo agravado (enero 2023: 2146; enero 2024: 2525); estafa (enero 2023: 2016; enero 2024: 3162); asalto y robo de vehículos (enero 2023: 480; enero 2024: 553). Y así con otras modalidades más. 

Ninguno de ministros del Interior de Dina excluyendo al recientemente nombrado Juan José Santivañez ha podido liderar una reducción de las cifras anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, parece que cada uno ha tenido una tarea concreta que cumplir durante sus breves designaciones: César Cervantes duró menos de dos semanas en el cargo y su misión fue aplacar (bajo cualquier medio necesario) las protestas masivas que se desataron luego de la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno; ante su rochosa salida, Víctor Rojas Herrera asumió la cartera por un par de semanas más para continuar con la tarea de amilanamiento de las manifestaciones; luego, Vicente Romero Fernández asumiría el cargo por un periodo más largo, diez meses, con el objetivo de defender a la presidenta ante la ola de críticas en su contra, como también intentar limpiar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las irregularidades cometidas durante las tareas de control y restablecimiento del orden; finalmente, sería censurado por el Congreso de la República por “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; su sucesor, Víctor Torres Falcón, fue el encargado de absorber políticamente la destitución de, Jorge Angulo, comandante general de la PNP quién lanzó fuertes acusaciones en contra de la mandataria por supuestas intrusiones en la institución policial; y, por último, todo parecería indicar que Walter Ortiz asumió el cargo con la única consigna de desactivar el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) compuesto por personal policial especializado e involucrado en las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte por el caso conocido como Rolexgate antes de renunciar al cargo por “razones personales”. Cada ministro ha tenido una bala de plata que quemar. Una bala de plata que claramente no ha tenido en la mira resolver la grave situación de (in)seguridad que el país afronta, sino más bien deshacerse de cualquier obstáculo político y penal que pueda aparecer en el camino de Dina Boluarte.

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El sábado pasado, el coronel PNP Harvey Colchado recibió en las oficinas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) la notificación de que había sido separado del cargo de jefe de esta unidad de manera temporal por decisión de la Inspectoría General de la Policía y de que dos procedimientos disciplinarios por supuestas infracciones graves y muy graves habían sido interpuestos en su contra. La decisión tomada a 15 días del allanamiento con descerraje del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso Rolex” levanta, mínimamente, una leve suspicacia.

Las resoluciones emitidas por la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría se refieren a un estado de WhatsApp que compartió el coronel por su onomástico. En la imagen se visualiza una torta de cumpleaños decorada con una estrella y el nombre del coronel, Harvey Julio; en la base del pastel, un muñeco con chaleco de la PNP sostiene un “torito” (nombre afectuoso para los arietes utilizados en este tipo de operativos) contra una puerta que seguramente está a punto de ser derrumbada. Para la Inspectoría, esta publicación es “reprochable y una absoluta irresponsabilidad, falta de respeto y consideración al alto cargo que ostenta la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra.”

Desde su aparición en el ojo público, el coronel Harvey Colchado, no ha dejado de ser una figura enigmática. Colchado, quién se hizo conocido por la captura del “Camarada Artemio” en el 2012, progresivamente, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra corrupción y los poderes políticos y económicos más viciosos del país. El oficial de los allanamientos, su “torito” ha “derrumbado” las puertas de personajes como Keiko Fujimori, Alan García (el mismo día en que decidió pegarse un tiro en la sien y evadir la justicia para siempre), Pedro Castillo, Patricia Benavides y, ahora, Dina Boluarte. 

En un país donde la confianza en la Policía decae cada vez más: el promedio nacional en el 2020 de confianza en la institución policial fue de 28.2 %; de 24.6 % en 2021; de 21.2 % en 2022; y de 22 % en el 2023, Harvey Colchado quizás sea el único elemento visible de varios miles más imperceptibles, sin duda alguna que provoca todavía algún tipo de identidad positiva de la población hacía la Policía Nacional del Perú (PNP) y las labores que esta realiza. Un oasis en el desierto de impunidad que parece haberse convertido nuestro país. Y la PNP, en uso cuestionable de sus prerrogativas institucionales como sus órganos de control interno, jerarquías de grado y facultades discrecionales, ha decidido apartarlo de su cargo y de la institución en una movida que no hace más que hacernos dar cuenta que ese manantial era un espejismo. El pastel es una mentira.

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El fin de semana en medio del allanamiento del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso de los Rolex”, el ahora exministro del Interior, Víctor Torres Falcón, concedió una entrevista en un noticiero dominical para cuestionar el accionar de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), pero también para terminar de sepultar sus días a cargo del sector. 

Ante el cuestionamiento de la entrevistadora por la situación de la (in)seguridad en el país, el extitular respondió que la criminalidad había descendido sin decidirse entre si esta reducción era solo “un tanto” o “considerablemente” para, finalmente, aseverar que se trataría de “un tema de percepción”. 

Durante la gestión de Torres Falcón se produjo el robo de una laptop dentro del recinto del Ministerio del Interior (MININTER); el intento de sicariato en un popular restaurante San Miguel; el escandalo que involucró a tres agentes de la PNP (en estado de ebriedad) disparando sus armas reglamentarias al aire y apuntándolas hacía turistas nacionales en el balnearia de Cerro Azul. Y solo estamos hablando de ocurrencias del último mes. ¿Cuáles, por ejemplo, son los resultados de los estados de emergencia declarados en las provincias de Pataz y Trujillo ya hace más de un mes? 

Por lo general, cuando nos referimos a la seguridad hay dos dimensiones que debemos tomar en cuenta. 

La dimensión objetiva hace referencia a la ocurrencia material de delitos y la cobertura que puede tener el servicio de seguridad pública. Esta misma se puede medir mediante encuestas de victimización delictiva que permiten tener una idea de las características del victimario, como también la prevalencia e incidencia del mismo.

La dimensión subjetiva, a su vez, se basa principalmente en las percepciones sobre el miedo al delito y los niveles de confianza que la ciudadanía puede tener en las instituciones de control como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial, que se miden mediante encuestas de opinión ciudadana. 

El exministro parece confundir ambas dimensiones de la seguridad ciudadana en un contexto de creciente complejización del crimen en el país y la región. No hace falta citar encuestas o presentar datos estadísticos cuando una situación es tan palpable como la que actualmente se vive en el país. En términos simples, la gente se siente insegura porque la calle se ha vuelto insegura. 

Y porque la crisis política desatada hace ocho años, cuando Keiko Fujimori decidió que iba a “gobernar desde el Congreso” con su mayoría absoluta parlamentaria, no ha terminado su espiral descendente. Una espiral que ha desembocado en un contexto donde la actual mandataria tiene el nivel de aprobación más bajo de la región y donde, lamentablemente, ya nadie cree en nada ni nadie. 

A lo mejor, la percepción a la que se refería el ministro era la suya: una percepción de la realidad completamente alterada. 

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El día de ayer, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó de manera “exprés” la ley de seguridad que estaba pendiente desde la reincorporación de este territorio a China en 1997. La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong que en teoría fue creada en el 2020 para evitar la interferencia en los asuntos territoriales de esta región administrativa ha servido más bien como un instrumento para reforzar el control del gobierno central de Pekín sobre la región y aplastar las protestas prodemocráticas que estallaron allí en 2019. 

La ley contempla la inclusión de nuevos tipos de delitos como la insurrección, la colusión con fuerzas extranjeras, el sabotaje, entre otros. Algunos de ellos, como la sedición y la alta traición ahora son sujetos de ser castigados con penas de hasta cadena perpetua. Entre las modificaciones más preocupantes, se encuentra la autorización de juicios a puerta cerrada, violentando todas las garantías de un debido proceso. La ley también autoriza la detención de las personas sospechosas de cometer alguno de los delitos en mención durante 16 días sin la necesidad de presentar cargos. Todo en nombre de la “seguridad” de Hong Kong. 

A finales del año pasado, el Gobierno peruano aprobó y publicó en una edición extraordinaria de El Peruano un decreto legislativo (D.L. N.º 1589) que modificó varios artículos del Código Penal en aras de “garantizar la seguridad y tranquilidad pública”. Días antes de su publicación, se había convocado a una jornada de protestas masivas en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, dejando en claro de quién era la tranquilidad que buscaba garantizar la norma. 

Meses antes, una situación similar surgió cuando en el contexto de un pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo presentó una iniciativa parecida que buscaba modificar varios artículos del Código Penal para endurecer las sanciones impuestas en el contexto de estados de emergencia. Bajo la introducción de figuras normativas antojadizas como la “instigación del delito de disturbio”, la elevación de penas por delitos cometidos en estados de emergencia y la eliminación de la investigación preliminar para cualquier detenido se buscaba limitar el accionar de medios de comunicación y periodistas, a la vez que acelerar la judicialización de cualquier detenido. 

Evidentemente, las diferencias entre China y Perú son inmensas, pero hace rato que China dejo de ser simplemente un autoritarismo y el Perú ya no es, lamentablemente, solo una democracia fallida. En un contexto de expansión de criminalidad organizada transnacional y mercados ilegales internacionales, quizás estemos enrumbados hacía una nueva era de “leyes de seguridad”: lobos con piel de oveja. Lo más probable es que no vayamos a encontrar información al respecto en TikTok.  

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Criminalización de la Protesta, Democracia, Hong Kong, Ley de Seguridad Nacional, seguridad

A principios de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) designó a la coronel PNP Shirley Asto Vargas como la jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial marcando un hito en la institución, al ser ella la primera mujer en ocupar un cargo de tal envergadura. 

Y pese al importante logro que esta designación implica para el proceso de cierre de brechas institucionales, la mayoría todavía persiste.

Del total de aproximadamente 134 000 mil policías en la PNP, solo alrededor de 23 000 son mujeres (entre oficiales y suboficiales) alcanzado un 17 % del total. A nivel de comisarías, podemos ver que este patrón es similar: de los casi 50 000 efectivos que laburan en esas dependencias a nivel nacional, solo cerca del 13 % de este personal consiste de mujeres.

Ahora bien, cabe destacar que las brechas a las que nos referimos no solo se limitan a la disparidad numérica entre hombres y mujeres dentro de la institución. Desde el ingreso de las primeras mujeres policías a la PNP en 1956, muchas veces se han reproducido roles de género en las labores que estas cumplen. Es así que todavía persiste un sentido común colectivo que determina los espacios, papeles y labores concretas que ellas realizan dentro de la institución policial. 

Existen determinados espacios y puestos dentro del esquema organizacional de la PNP que han sido históricamente feminizados. Las Oficinas de Participación Ciudadana (OPCs), que existen en cada comisaría a nivel nacional para fortalecer el vínculo entre la ciudadana y la Policía, por ejemplo, son muchas veces espacios ocupados por mujeres suboficiales porque se les atribuye una sensibilidad “femenina” propia del trabajo que “supuestamente” realizan estas dependencias. Lo mismo sucede con la representación del personal policial femenino en las denominadas especialidades funcionales vinculadas a la salud dentro de la PNP, como las auxiliares en enfermería y odontología que ocupan una proporción más equitativa a los efectivos masculinos.

Sin dejar de lado las brechas salariales y laborales, también existen otras brechas que son transversales a la presencia de mujeres en la fuerza laboral, incluyendo la PNP. La denominada “penalidad por maternidad”, término acuñado para referirse a la proporción de trabajadoras que al convertirse en madres inmediatamente dejan sus empleos para cuidar a sus hijos y asumir tareas domésticas alcanza el 40 % en el Perú; esta cifra asciende a un 41 %, para aquellas mujeres trabajadoras que luego de tener su primer hijo no logran reincorporarse a sus labores según un estudio realizado por la Universidad de Princeton y la Escuela de Economía de Londres. 

¿Cómo afectan las situaciones descritas arriba la posibilidad de que más mujeres policías mantengan constante su desarrollo profesional, logren ascensos, y así alcancen mayores grados y posiciones dentro de la institución? 

Sin duda, la respuesta a esta interrogante tiene múltiples aristas e intersecciones. 

Nuestras instituciones son, finalmente, un reflejo de quienes somos. Por lo tanto, no debería extrañarnos entonces que, conforme se vayan solucionando algunos de los puntos mencionados, se hagan más visibles también cambios necesarios en nuestra sociedad. 

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8M, Día Internacional de la Mujer, igualdad de género, Policía Nacional del Perú

En los últimos años, Ecuador pasó de ser uno de los destinos turísticos más importantes de la región a uno de los países más violentos. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de homicidios en Ecuador se cuadruplicó entre 2016 y 2022. A inicios de enero, el mundo se paralizó mientras un grupo de periodistas televisivos eran secuestrados en vivo por criminales encapuchados. Estos últimos portaban armas de fuego, granadas y, hasta botas, con sellos de las Fuerzas Armadas del Perú. El escalamiento progresivo de la violencia delictiva en ese país ha logrado que, en la actualidad, más de la mitad de los feminicidios en Ecuador se cometan en el contexto de enfrentamientos entre bandas criminales. 

Lo que parece haber sido una salvaje explosión de la violencia criminal es, en realidad, el resultado de fenómenos y dinámicas que se han ido consolidando en la sociedad ecuatoriana durante los últimos años: un reposicionamiento del país andino como actor principal del narcotráfico mundial; una crisis carcelaria que ha permitido la expansión de las filas de las principales organizaciones criminales del país; y un conjunto de respuestas del Estado que se han dado entre el populismo punitivo, la mano dura y el efectismo. Y no, todavía no estamos hablando del Perú. 

La reciente encuesta publicada por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, también conocida como CID Gallup, empresa dedicada a la realización de encuestas de opinión pública basada en Costa Rica da cuenta de un panorama alarmante: Ecuador y Perú son actualmente los dos países con mayor percepción de inseguridad en la región. En nuestro país, cuatro de cinco personas han percibido un incremento en el crimen durante los últimos meses. Por otro lado, otro estudio realizado por la misma encuestadora ubica al Perú empatado en el primer lugar —otra vez con Ecuador— por el porcentaje de hogares donde algún miembro ha sido víctima de un robo o asalto en el mismo periodo de tiempo: 47 %. Es decir, casi la mitad de la población ha sido víctima de un delito de estas características. 

No es necesario ser un experto para discernir que la situación va empeorando cada vez más en el Perú. Según datos de la Policía, entre el 2022 y el 2023, las denuncias por robos a nivel nacional aumentaron en un 70 %; en tanto que las denuncias por extorsión también incrementaron notoriamente en 44 % —y más de 100 % en 12 regiones del país. Mientras tanto, el Ejecutivo ha visto por conveniente declarar en emergencia a las provincias de Trujillo y Pataz, prohibir el ingreso a las tribunas de los principales equipos de futbol de la capital, y deslizar la posibilidad de que una exestrella del futbol nacional reciba protección especial por parte de la Policía para luego recular sobre su declaración inicial.  

Sin saberlo —o quizás, sin decirlo explícitamente—, el actual Gobierno y su displicencia están generando las condiciones para que el Bukele peruano arribe sobre una alfombra roja. Un Bukele peruano que, digno de las realidades paralelas de las que nos hemos vuelto expertos en recrear, sea probablemente un remedo más huachafo y, por supuesto, más peligroso. 

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Bukele, Ecuador

El pasado jueves, el último proyecto de ley de este tipo fue aprobado con 105 votos a favor. Un proyecto de ley que buscar modificar la Ley de Migraciones para, entre otras cosas, obligar a que las personas que alquilen inmuebles en el país lleven un control identitario y documentario de sus inquilinos si estos son extranjeros y reporten cualquier irregularidad a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a riesgo de ser multados en caso de no hacerlo.

En un país donde casi el 80 % de las viviendas alquiladas son informales —es decir, no declaran ni tributan— el Congreso busca convertir a los arrendatarios en pseudofuncionarios de Migraciones y policías encubiertos. Una especie de Gestapo para aquel país ubicado entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio.

Y ese es solo uno de cincuenta proyectos y una de tantas razones que demuestran que, en el Bicentenario de nuestra Independencia, decidimos como nación elegir a un Parlamento que es orgullosamente homófobo, xenófobo, aporofóbico, “terruqueador” y que está lleno de cuentos sobre realidades paralelas pero que, lamentablemente, refleja muy bien la sociedad que somos. Ojalá no tengamos que esperar hasta el Tricentenario para ver algún cambio, por más de que ello solo parezca otro cuento de Bradbury.

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Economía, migración venezolana, Pedro Martínez Talavera, Pobreza

Dicha visita hubiese permitido a los funcionarios advertir durante la sesión del CONASEC algunos de los problemas que el Modulo Integral de Justicia de La Victoria ya evidenciaba en el 2019, solo meses después de su inauguración. Problemas como oficinas de la dependencia del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) sin acceso a una línea telefónica fija, instalaciones de los defensores públicos del Ministerio de Justicia sin acceso a internet y el efecto “cuello de botella” que generaba el contar con un solo juzgado penal permanente para la revisión de expedientes y programación de audiencias. Situaciones que terminaban por convertir al Modulo Integral de Justicia en simplemente un Frankenstein de la burocracia peruana. 

Esperemos que las UDF no se traten de otro piloto en autopiloto, de otra (mala) tradición peruana.

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CONASEC, Gobierno, Perú
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