seguridad ciudadana

[Cosecha Roja] Desde que empezó la actual legislatura, se han presentado en el Congreso más de 45 proyectos de ley que proponen el endurecimiento de penas y condenas en aras de frenar la actual arremetida de crimen y delincuencia que mantiene a la población en vilo. Es decir, en promedio se ha presentado un proyecto y medio por mes en los últimos dos años y pico que tiene el actual parlamento en funciones. De todas estas iniciativas, 10 han tenido el mismo objetivo: crear la figura penal de “terrorismo urbano” e incorporarla al Código Penal. Ante tanta insistencia, finalmente, la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso decidió aprobar el dictamen de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal y establece penas de entre 23 a 30 años, así como sus causales. 

¿En el país donde una película, una obra de teatro, una presentación de libro y una manifestación pueden ser calificadas de “terroristas” o de “apología al terrorismo” (y lo han sido) qué significa que ahora el crimen también pueda serlo? 

Ciertamente, el terrorismo urbano existe: los atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, los ataques terroristas de Paris en 2015 y la explosión provocada en el Manchester Arena de 2017 son solo algunos ejemplos recientes. Pero, a diferencia del crimen que actualmente agravia al país, todos estos ataques fueron motivados por objetivos ideológicos, religiosos y políticos de organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. 

Con esto no estamos buscando invisibilizar el trágico legado que ha dejado el accionar de organizaciones que en el pasado ejercieron la violencia para avanzar sus respectivas plataformas ideológicas y políticas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero equiparar el accionar de estas organizaciones y, sobre todo, las estrategias para combatirlas con el de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, puede terminar siendo más perjudicial a la larga. 

Tampoco pretendemos negar el hecho de que muchas de estas organizaciones criminales recurren a la violencia extrema y tácticas terroristas para instalar el miedo en poblaciones enteras y/o ejercer un control territorial tiránico en los espacios donde despliegan sus actividades delictivas: trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y muchas más. Pero su lógica sigue estando motivada por las ganancias económicas de sus negocios ilícitos y no necesariamente por cuestiones ideológicas. 

Es fundamental reconocer que etiquetar la violencia y las tácticas de organizaciones criminales bajo el término de “terrorismo urbano” no solo puede diluir el significado del terrorismo verdadero, sino también complicar los esfuerzos para abordarlo eficazmente. La militarización de la respuesta al crimen organizado (y nuestra sociedad) es un riesgo real que este dictamen podría precipitar. En el país donde potencialmente todo puede ser terrorismo, esta realidad no parece estar tan alejada.  

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Congreso de la República, crimen organizado, Populismo Punitivo, seguridad ciudadana, Terrorismo

Hasta la fecha, son seis los ministros del Interior que han asumido la dirección del sector encargado de velar por el orden interno y la seguridad pública del país desde que Dina Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022. En promedio, hemos tenido un ministro nuevo cada tres meses. 

En ese mismo periodo, se han producido 1 435 211 millones de denuncias por delitos y faltas a nivel nacional. Si está cifra alcanzó las 77 503 denuncias en enero de 2023; se elevó a 86 256 en enero de 2024. Para el caso de las denuncias por extorsión, 1348 incidencias fueron registradas en enero del 2023, mientras que esta cifra subió a 1549 para enero de 2024. La tendencia se repite en el caso de la gran mayoría de modalidades delictivas relevantes para el grave panorama de (in)seguridad que afronta el país en la actualidad: robo agravado (enero 2023: 2146; enero 2024: 2525); estafa (enero 2023: 2016; enero 2024: 3162); asalto y robo de vehículos (enero 2023: 480; enero 2024: 553). Y así con otras modalidades más. 

Ninguno de ministros del Interior de Dina excluyendo al recientemente nombrado Juan José Santivañez ha podido liderar una reducción de las cifras anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, parece que cada uno ha tenido una tarea concreta que cumplir durante sus breves designaciones: César Cervantes duró menos de dos semanas en el cargo y su misión fue aplacar (bajo cualquier medio necesario) las protestas masivas que se desataron luego de la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno; ante su rochosa salida, Víctor Rojas Herrera asumió la cartera por un par de semanas más para continuar con la tarea de amilanamiento de las manifestaciones; luego, Vicente Romero Fernández asumiría el cargo por un periodo más largo, diez meses, con el objetivo de defender a la presidenta ante la ola de críticas en su contra, como también intentar limpiar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las irregularidades cometidas durante las tareas de control y restablecimiento del orden; finalmente, sería censurado por el Congreso de la República por “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; su sucesor, Víctor Torres Falcón, fue el encargado de absorber políticamente la destitución de, Jorge Angulo, comandante general de la PNP quién lanzó fuertes acusaciones en contra de la mandataria por supuestas intrusiones en la institución policial; y, por último, todo parecería indicar que Walter Ortiz asumió el cargo con la única consigna de desactivar el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) compuesto por personal policial especializado e involucrado en las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte por el caso conocido como Rolexgate antes de renunciar al cargo por “razones personales”. Cada ministro ha tenido una bala de plata que quemar. Una bala de plata que claramente no ha tenido en la mira resolver la grave situación de (in)seguridad que el país afronta, sino más bien deshacerse de cualquier obstáculo político y penal que pueda aparecer en el camino de Dina Boluarte.

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Dina Boluarte, MININTER, Policía Nacional del Perú, Rolexgate, seguridad ciudadana

El fin de semana en medio del allanamiento del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso de los Rolex”, el ahora exministro del Interior, Víctor Torres Falcón, concedió una entrevista en un noticiero dominical para cuestionar el accionar de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), pero también para terminar de sepultar sus días a cargo del sector. 

Ante el cuestionamiento de la entrevistadora por la situación de la (in)seguridad en el país, el extitular respondió que la criminalidad había descendido sin decidirse entre si esta reducción era solo “un tanto” o “considerablemente” para, finalmente, aseverar que se trataría de “un tema de percepción”. 

Durante la gestión de Torres Falcón se produjo el robo de una laptop dentro del recinto del Ministerio del Interior (MININTER); el intento de sicariato en un popular restaurante San Miguel; el escandalo que involucró a tres agentes de la PNP (en estado de ebriedad) disparando sus armas reglamentarias al aire y apuntándolas hacía turistas nacionales en el balnearia de Cerro Azul. Y solo estamos hablando de ocurrencias del último mes. ¿Cuáles, por ejemplo, son los resultados de los estados de emergencia declarados en las provincias de Pataz y Trujillo ya hace más de un mes? 

Por lo general, cuando nos referimos a la seguridad hay dos dimensiones que debemos tomar en cuenta. 

La dimensión objetiva hace referencia a la ocurrencia material de delitos y la cobertura que puede tener el servicio de seguridad pública. Esta misma se puede medir mediante encuestas de victimización delictiva que permiten tener una idea de las características del victimario, como también la prevalencia e incidencia del mismo.

La dimensión subjetiva, a su vez, se basa principalmente en las percepciones sobre el miedo al delito y los niveles de confianza que la ciudadanía puede tener en las instituciones de control como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial, que se miden mediante encuestas de opinión ciudadana. 

El exministro parece confundir ambas dimensiones de la seguridad ciudadana en un contexto de creciente complejización del crimen en el país y la región. No hace falta citar encuestas o presentar datos estadísticos cuando una situación es tan palpable como la que actualmente se vive en el país. En términos simples, la gente se siente insegura porque la calle se ha vuelto insegura. 

Y porque la crisis política desatada hace ocho años, cuando Keiko Fujimori decidió que iba a “gobernar desde el Congreso” con su mayoría absoluta parlamentaria, no ha terminado su espiral descendente. Una espiral que ha desembocado en un contexto donde la actual mandataria tiene el nivel de aprobación más bajo de la región y donde, lamentablemente, ya nadie cree en nada ni nadie. 

A lo mejor, la percepción a la que se refería el ministro era la suya: una percepción de la realidad completamente alterada. 

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Allanamiento, MININTER, Policía Nacional del Perú, seguridad ciudadana, Víctor Torres Falcón

[PIE DERECHO]  No estamos lejos de que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que acontece en Ecuador, con la reciente asonada violenta del crimen organizado.

Tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto policiales como militares) y del sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados.

El Perú no es un paraíso para las inversiones -dejó de serlo hace muchos años- sino para el delito. Cualquier organización criminal que se sienta perseguida con eficacia en su país de origen verá que la migración al nuestro le abrirá una oportunidad de oro para desarrollarse, como ya ha sucedido con el sanguinario Tren de Aragua venezolano.

Toca asumir la responsabilidad de conducir el proceso de prevención y control de la inseguridad ciudadana a un gobierno débil y mediocre. Corresponde entonces a la clase política en su conjunto y a la sociedad civil, apuntalar un proceso consensual de elaboración de una estrategia eficaz respecto del crecimiento exponencial del crimen organizado, que amenaza con llevarse de encuentro no solo la paz social sino el Estado democrático.

Estamos todos los peruanos de bien en el mismo bote, por encima de cualquier opinión discrepante o parecer divergente respecto de temas ideológicos o morales. El Perú está a punto de cruzar la línea, si acaso no lo hizo ya, y de convertirse en un Estado controlado por las mafias delictivas, un peligro equivalente al que afrontamos cuando sufrimos la asonada asesina del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y que en algún momento hizo temer que capturasen el poder.

Ya no se puede mirar de soslayo el problema. La ciudadanía, con sensibilidad frente a su cotidianeidad, ya lo identifica como el principal desvelo nacional, por encima de la crisis económica. Las calles, los negocios, la vida ciudadana en general están siendo sometidas por el delito y el hartazgo frente a ello, si no encuentra solución, va a encontrar alivio con propuestas populistas o autoritarias. Por ello, la urgencia de ponerle coto, democráticamente, dentro del estado de derecho, lo antes posible.

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crimen organizado, Estado democrático, Mafias delictivas, seguridad ciudadana

-Que Alianza le renueve contrato a Carlos Zambrano y a Christian Cueva.

-Que en la U, Alex Valera no falle tantos goles, en desproporción de las oportunidades que él mismo contribuye a generar. Si acertara un 30% las que se encuentra, nos garantizaría el bicampeonato anhelado.

-Que a Fossati, a pesar de no haberle jugado correctamente a la U, le vaya bien con la selección y que su esquema 3-5-2 (del cual no se mueve ni aunque lo amenacen de muerte) encuentre los jugadores para desplegarse con éxito.

-Que Vargas Llosa acabe pronto su libro de ensayos sobre Sartre, a ver si en una de esas se anima y saca fuerzas para entregarnos una nueva novela.

-Que a las librerías les vaya bien y no se vean obligadas a cerrar.

-Que se acaben las mafias que aprisionan nuestro mayor imán turístico, Machu Picchu.

-Que Francisco I tenga el vigor de hacer la purga masiva que la iglesia católica necesita, dada la abrumadora cantidad de casos de pedofilia.

-Particularmente, que las autoridades eclesiásticas tomen la decisión de disolver el Sodalicio, incautar sus bienes y ponerlos a disposición de alguna otra orden o de alguna institución social de la propia iglesia.

-Que acabe la persecución judicial a los colegas Pedro Salinas y Paola Ugáz.

-Que vuelvan César Hildebrandt y Rosa María Palacios a la televisión abierta.

-Que Hildebrandt en sus trece resista y no deje de salir, aun cuando a veces los valientes y acuciosos colegas que lo componen le agreguen demasiado barullo a sus notas.

-Que acabe la campaña alcanterillesca contra un periodista honesto y corajudo como Gustavo Gorriti.

-Que los directores de diarios entiendan de una vez por todas que ya no pueden ofrecer noticias como producto central de sus impresos. Si siguen haciéndolo, van a desaparecer. Los kioskos no pueden convertirse en bodeguitas ambulatorias.

-Que retorne la paz a Medio Oriente, bajo la asunción de que se reconozca al Estado israelí, pero también al Estado palestino y su territorio originalmente asignado.

-Que a Putin lo saquen del poder como sea y acabe la prepotente invasión a Ucrania, que tanto daño le ha hecho a la economía mundial.

-Que a Milei le vaya bien en Argentina. Si ocurre ello, será un envión anímico para las derechas liberales de la región.

-Que se produzca un milagro y fenezcan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que sus conductores acaben en la cárcel por tiranos y por corruptos.

-Que el fiasco de Boric en Chile sirva de lección continental.

-Que se empiecen a construir las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, sin esperar a que acabe la 2.

-Que se contrate a una consultoría especializada y, sin necesidad de construir puentes o bypasses, se resuelva el problema del tránsito en la capital peruana.

-Que saquen a los ministros de Economía y del Interior, una nulidad para resolver los dos más grandes problemas del país: la recesión económica y la inseguridad ciudadana.

-Que se entienda que la ola delincuencial que sufre Lima no es producto de la bienvenida migración de compatriotas venezolanos. Que no suframos de la xenofobia que en otros países ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de derechas autoritarias y extremadamente conservadoras.

-Que el centro y la derecha peruanas no cometan el suicidio de ir con más de veinte candidatos y este año se empiecen a consolidar alianzas.

-Que el país madure políticamente y se aleje de las narrativas radicales de los Aníbal Torres, Antauro Humala o Guido Bellido.

-Que en Barranco vuelva la bioferia, punto de encuentro colectivo que le hacía mucho bien a la vida cívica del distrito.

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[PIE DERECHO]  -Que saquen al ministro de Economía, que no da pie con bola, que no sabe qué hacer frente a la recesión, que confía en que el gasto público sea determinante, que no aporta un gramo en la recuperación de la confianza inversora, que nos hará crecer –si se queda en el cargo el año entrante- solo por rebote estadístico y no por una robusta recuperación de la economía. Ojalá Dina Boluarte o Alberto Otárola, el poder detrás del trono, sepan calibrar el lugar que ocupa, según todas las encuestas, la crisis económica, en el sentir de los peruanos.

-Que el otro gran problema que asola el territorio nacional, el de la desbordada inseguridad ciudadana, sea aliviado de alguna manera. Estamos aburridos de “soluciones a largo plazo” o de “planes multisectoriales”. Lo que se quiere es acción efectiva, una policía menos corrupta y más eficiente, un Ministerio Público y un Poder Judicial liberados de la amenaza de las bandas delincuenciales, de un ministro del Interior con horizonte para salirse de la caja y con capacidad, por ende, de resolver el mayor problema de violencia civil que hemos vivido desde la caída del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA.

-Que se encuentre algún remedio a la metástasis de corrupción que agobia a los ciudadanos y empresarios del país, en beneficio de burócratas o funcionarios llanos a extorsionar a los primeros a cambio de licencias, permisos o autorizaciones que deberían obtenerse porque así lo dispone la ley, pero que, puestas entre sus manos, se convierten en puerta de acceso a dinero sucio. Igual que con el tema de la delincuencia, se necesita de alguien que salga de la caja y encuentre una solución que implica desde el paje hasta el rey de nuestra precaria democracia.

-Por último y no menos importante, que la U obtenga el bicampeonato en el año de su centenario y que quien finalmente sea su entrenador, sepa mantener el estilo de juego que históricamente ha caracterizado al plantel merengue: técnica, velocidad, pundonor, juego vertical y garra, que es el que este año ha hecho que se bata el récord nacional de asistencia a los estadios en el Monumental de Ate. De paso, que Fossati repita con la selección el éxito obtenido con el cuadro de Odriozola y permita que el seleccionado nacional tenga un papel protagónico en la Copa América y que se vuelva a colocar en el partidor de posibilidades clasificatorias para el siguiente Mundial.

-¡Feliz Año para todos!

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corrupción, Deportes, Desafíos 2024, Economía, seguridad ciudadana

[NOTA] Como parte de su compromiso con la seguridad ciudadana, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) realizó hoy una importante donación de vehículos a favor de la Policía Nacional (PNP), valorizados en S/1.1 millones. La donación servirá de apoyo a la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la delincuencia.

Este nuevo aporte -que consiste en 8 camionetas equipadas y 24 motos- busca potenciar las capacidades de las Águilas Negras para patrullar, evitar asaltos y capturar a delincuentes. Una de las camionetas será destinada a reforzar las operaciones en Lima, mientras que las otras 7 camionetas se distribuirán estratégicamente en diversas ciudades del país. Las 24 motocicletas, por su parte, serán asignadas a unidades en regiones, potenciando la movilidad y capacidad de respuesta de la PNP a nivel nacional.

«La seguridad de los ciudadanos es un elemento fundamental para la calidad de vida, por ello la Policía Nacional es una institución tan importante. Desde el sector empresarial estamos contribuyendo con su dedicada labor. Es un trabajo permanente en el que todos debemos estar comprometidos, y es uno de los ejes centrales de la labor del gremio bancario», señaló Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú.

Todas las unidades entregadas por la Asociación de Bancos del Perú, tanto las camionetas como las motocicletas, contarán con un riguroso plan de mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo de su vida útil. Además, cada vehículo estará respaldado por una póliza de seguros contra todo riesgo, garantizando la seguridad de los operadores y la protección de estos valiosos activos.

La alianza entre la Asociación de Bancos del Perú y la Policía Nacional del Perú se estableció hace 39 años, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración efectiva entre el sector privado y las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad. El convenio, que inicialmente tenía una duración de 5 años, ha sido renovado en múltiples ocasiones.

Con la renovación del convenio, la Asociación de Bancos del Perú reafirma su compromiso con la seguridad y su vocación de apoyar a la Policía Nacional del Perú.

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ASBANC, Donación de Vehículos, Policía Nacional del Perú, seguridad ciudadana

[PIE DERECHO] La ausencia de una narrativa opositora de centro o de derecha respecto del statu quo, es alucinante. Las encuestas señalan que los principales problemas que afectan a los ciudadanos son la inseguridad ciudadana, la corrupción y la crisis económica, materias caras a dicho sector ideológico, pero, más allá de algunos intentos de capturar esa narrativa, no hay mucha carne en el asador opositor (aunque el problema mayor es que el centro y la derecha no sean percibidos como oposición).

Es curioso que los únicos candidatos que hasta ahora tratan de imponer un discurso proseguridad ciudadana sean dos outsiders, como Antauro Humala y Carlos Álvarez. El resto no dice ni pío respecto del tema. Sobre la corrupción, corre solo el líder etnocacerista y sobre alternativas económicas hay una ausencia notable de propuestas, salvo, en alguna medida, las que pergeña, el hoy congresista Carlos Anderson, quien también busca ingresar a las lides presidenciales.

No transitamos por una crisis como la argentina (más bien, es muy parecida a la chilena), y en esa medida se acota la posibilidad de que un discurso como el de Javier Milei, prenda en el Perú, más allá de la influencia que pueda tener sobre algunos círculos libertarios en el país, la eventual repercusión que tendría si le va bien y la clara influencia respecto de la viabilidad de decir las cosas claras, sin tapujos, en dicha materia y cosechar electoralmente sin sobresaltos.

Es, más bien, la figura de alguien como Nayib Bukele quien asoma como referente que la ciudadanía podría atender. El impacto de su política de seguridad ciudadana trasciende los eventuales riesgos autoritarios que su gestión anticipa. Lo más probable es que su intento de reelección llegue a niveles altísimos de votación.

No es casual que en el Latinobarómetro, El Salvador sea el país con mayor satisfacción por la democracia (64% versus 8% del Perú) o que ante la pregunta de si se gobierna para beneficio de unos pocos, en el país centroamericano apenas el 20% lo considere así, mientras que en el caso peruano ese porcentaje llegue a un impresionante 90%.

Puede haber una mezcla de bukelización o mileización de la política peruana en los próximos años. Ambas narrativas propicias para la centroderecha y la derecha peruanas, pero lamentablemente, andan fungiendo de comparsas de un gobierno mediocre como el de Dina Boluarte, lo cual les va a pasar enorme factura el 2026.

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centroderecha, corrupción, Nayib Bukele, oposición política, seguridad ciudadana

SANTIAGO.- Cuando en una visita fugaz, pero nutritiva, a Chile, uno descubre que la informalidad en nuestro vecino sureño es del 27% y que eso les preocupa al sector empresarial y académico, no puede dejar de asombrarse de que después del estallido social del 2019 -que cambió el país para mal en todo sentido-, la fortaleza institucional chilena siga siendo envidiable.

Hay malestar en el sector inversor por la falta de confianza y, por ende, de inversión privada -como sucede en el Perú-, pero al mismo tiempo hay claridad de que la energía que se ponga en las protestas gremiales no puede saltarse a la garrocha la institucionalidad oficial del país.

Un país gobernado por la improvisación supina de Gabriel Boric, logra sobreponerse porque mantiene incólumes los pilares institucionales que le otorgaron décadas de progreso ininterrumpidos.

El propio Boric ha tenido que pisar tierra. De sentirse una suerte de Che Guevara reencarnado, llamado a tareas políticas trascendentes, ha debido reconvenir en que necesita convencer al centro del país para poder gobernar (por ello, dicho sea de paso, su reciente viaje a la asunción de mando de su antípoda Javier Milei en Argentina, a sabiendas de que no hacerlo hubiera despertado las furias del sector mayoritario de la opinión pública chilena).

No hay manera de pronosticar cuál va a ser el resultado del plebiscito constitucional de este domingo respecto del texto esta vez aprobado por la derecha chilena. Lo más probable es que se rechace, con lo cual se mantendría el statu quo. Boric no tiene salida victoriosa, sin embargo. Si se aprueba la reforma, pierde y si no se aprueba, también pierde, porque mantendría vigencia la Constitución de Pinochet (así considerada, a pesar de que ha merecido ya infinidad de cambios durante los diferentes gobiernos de la transición).

Hoy los problemas chilenos son muy parecidos a los del Perú. Encabeza la lista la inseguridad ciudadana y la sensación compartida de que el gobierno no sabe qué hacer al respecto. La ola delincuencial que sacude al país del sur es inédita en su historia republicana y genera, como es previsible, un impacto social que, entre otras consecuencias, produce cierta inmovilización política ciudadana o un menoscabo de la valía de las protestas, sobre todo si son violentas. Mucho por ver y mucho por aprender de las experiencias chilenas.

 

 

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Chile, Estallido Social, Gabriel Boric, Informalidad, Inversión, seguridad ciudadana
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