Policía Nacional del Perú

Hasta la fecha, son seis los ministros del Interior que han asumido la dirección del sector encargado de velar por el orden interno y la seguridad pública del país desde que Dina Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022. En promedio, hemos tenido un ministro nuevo cada tres meses. 

En ese mismo periodo, se han producido 1 435 211 millones de denuncias por delitos y faltas a nivel nacional. Si está cifra alcanzó las 77 503 denuncias en enero de 2023; se elevó a 86 256 en enero de 2024. Para el caso de las denuncias por extorsión, 1348 incidencias fueron registradas en enero del 2023, mientras que esta cifra subió a 1549 para enero de 2024. La tendencia se repite en el caso de la gran mayoría de modalidades delictivas relevantes para el grave panorama de (in)seguridad que afronta el país en la actualidad: robo agravado (enero 2023: 2146; enero 2024: 2525); estafa (enero 2023: 2016; enero 2024: 3162); asalto y robo de vehículos (enero 2023: 480; enero 2024: 553). Y así con otras modalidades más. 

Ninguno de ministros del Interior de Dina excluyendo al recientemente nombrado Juan José Santivañez ha podido liderar una reducción de las cifras anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, parece que cada uno ha tenido una tarea concreta que cumplir durante sus breves designaciones: César Cervantes duró menos de dos semanas en el cargo y su misión fue aplacar (bajo cualquier medio necesario) las protestas masivas que se desataron luego de la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno; ante su rochosa salida, Víctor Rojas Herrera asumió la cartera por un par de semanas más para continuar con la tarea de amilanamiento de las manifestaciones; luego, Vicente Romero Fernández asumiría el cargo por un periodo más largo, diez meses, con el objetivo de defender a la presidenta ante la ola de críticas en su contra, como también intentar limpiar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las irregularidades cometidas durante las tareas de control y restablecimiento del orden; finalmente, sería censurado por el Congreso de la República por “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; su sucesor, Víctor Torres Falcón, fue el encargado de absorber políticamente la destitución de, Jorge Angulo, comandante general de la PNP quién lanzó fuertes acusaciones en contra de la mandataria por supuestas intrusiones en la institución policial; y, por último, todo parecería indicar que Walter Ortiz asumió el cargo con la única consigna de desactivar el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) compuesto por personal policial especializado e involucrado en las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte por el caso conocido como Rolexgate antes de renunciar al cargo por “razones personales”. Cada ministro ha tenido una bala de plata que quemar. Una bala de plata que claramente no ha tenido en la mira resolver la grave situación de (in)seguridad que el país afronta, sino más bien deshacerse de cualquier obstáculo político y penal que pueda aparecer en el camino de Dina Boluarte.

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Dina Boluarte, MININTER, Policía Nacional del Perú, Rolexgate, seguridad ciudadana

El sábado pasado, el coronel PNP Harvey Colchado recibió en las oficinas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) la notificación de que había sido separado del cargo de jefe de esta unidad de manera temporal por decisión de la Inspectoría General de la Policía y de que dos procedimientos disciplinarios por supuestas infracciones graves y muy graves habían sido interpuestos en su contra. La decisión tomada a 15 días del allanamiento con descerraje del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso Rolex” levanta, mínimamente, una leve suspicacia.

Las resoluciones emitidas por la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría se refieren a un estado de WhatsApp que compartió el coronel por su onomástico. En la imagen se visualiza una torta de cumpleaños decorada con una estrella y el nombre del coronel, Harvey Julio; en la base del pastel, un muñeco con chaleco de la PNP sostiene un “torito” (nombre afectuoso para los arietes utilizados en este tipo de operativos) contra una puerta que seguramente está a punto de ser derrumbada. Para la Inspectoría, esta publicación es “reprochable y una absoluta irresponsabilidad, falta de respeto y consideración al alto cargo que ostenta la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra.”

Desde su aparición en el ojo público, el coronel Harvey Colchado, no ha dejado de ser una figura enigmática. Colchado, quién se hizo conocido por la captura del “Camarada Artemio” en el 2012, progresivamente, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra corrupción y los poderes políticos y económicos más viciosos del país. El oficial de los allanamientos, su “torito” ha “derrumbado” las puertas de personajes como Keiko Fujimori, Alan García (el mismo día en que decidió pegarse un tiro en la sien y evadir la justicia para siempre), Pedro Castillo, Patricia Benavides y, ahora, Dina Boluarte. 

En un país donde la confianza en la Policía decae cada vez más: el promedio nacional en el 2020 de confianza en la institución policial fue de 28.2 %; de 24.6 % en 2021; de 21.2 % en 2022; y de 22 % en el 2023, Harvey Colchado quizás sea el único elemento visible de varios miles más imperceptibles, sin duda alguna que provoca todavía algún tipo de identidad positiva de la población hacía la Policía Nacional del Perú (PNP) y las labores que esta realiza. Un oasis en el desierto de impunidad que parece haberse convertido nuestro país. Y la PNP, en uso cuestionable de sus prerrogativas institucionales como sus órganos de control interno, jerarquías de grado y facultades discrecionales, ha decidido apartarlo de su cargo y de la institución en una movida que no hace más que hacernos dar cuenta que ese manantial era un espejismo. El pastel es una mentira.

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Allanamiento, harvey colchado, Inspectoría, MININTER, Policía Nacional del Perú

El fin de semana en medio del allanamiento del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso de los Rolex”, el ahora exministro del Interior, Víctor Torres Falcón, concedió una entrevista en un noticiero dominical para cuestionar el accionar de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), pero también para terminar de sepultar sus días a cargo del sector. 

Ante el cuestionamiento de la entrevistadora por la situación de la (in)seguridad en el país, el extitular respondió que la criminalidad había descendido sin decidirse entre si esta reducción era solo “un tanto” o “considerablemente” para, finalmente, aseverar que se trataría de “un tema de percepción”. 

Durante la gestión de Torres Falcón se produjo el robo de una laptop dentro del recinto del Ministerio del Interior (MININTER); el intento de sicariato en un popular restaurante San Miguel; el escandalo que involucró a tres agentes de la PNP (en estado de ebriedad) disparando sus armas reglamentarias al aire y apuntándolas hacía turistas nacionales en el balnearia de Cerro Azul. Y solo estamos hablando de ocurrencias del último mes. ¿Cuáles, por ejemplo, son los resultados de los estados de emergencia declarados en las provincias de Pataz y Trujillo ya hace más de un mes? 

Por lo general, cuando nos referimos a la seguridad hay dos dimensiones que debemos tomar en cuenta. 

La dimensión objetiva hace referencia a la ocurrencia material de delitos y la cobertura que puede tener el servicio de seguridad pública. Esta misma se puede medir mediante encuestas de victimización delictiva que permiten tener una idea de las características del victimario, como también la prevalencia e incidencia del mismo.

La dimensión subjetiva, a su vez, se basa principalmente en las percepciones sobre el miedo al delito y los niveles de confianza que la ciudadanía puede tener en las instituciones de control como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial, que se miden mediante encuestas de opinión ciudadana. 

El exministro parece confundir ambas dimensiones de la seguridad ciudadana en un contexto de creciente complejización del crimen en el país y la región. No hace falta citar encuestas o presentar datos estadísticos cuando una situación es tan palpable como la que actualmente se vive en el país. En términos simples, la gente se siente insegura porque la calle se ha vuelto insegura. 

Y porque la crisis política desatada hace ocho años, cuando Keiko Fujimori decidió que iba a “gobernar desde el Congreso” con su mayoría absoluta parlamentaria, no ha terminado su espiral descendente. Una espiral que ha desembocado en un contexto donde la actual mandataria tiene el nivel de aprobación más bajo de la región y donde, lamentablemente, ya nadie cree en nada ni nadie. 

A lo mejor, la percepción a la que se refería el ministro era la suya: una percepción de la realidad completamente alterada. 

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Allanamiento, MININTER, Policía Nacional del Perú, seguridad ciudadana, Víctor Torres Falcón

A principios de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) designó a la coronel PNP Shirley Asto Vargas como la jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial marcando un hito en la institución, al ser ella la primera mujer en ocupar un cargo de tal envergadura. 

Y pese al importante logro que esta designación implica para el proceso de cierre de brechas institucionales, la mayoría todavía persiste.

Del total de aproximadamente 134 000 mil policías en la PNP, solo alrededor de 23 000 son mujeres (entre oficiales y suboficiales) alcanzado un 17 % del total. A nivel de comisarías, podemos ver que este patrón es similar: de los casi 50 000 efectivos que laburan en esas dependencias a nivel nacional, solo cerca del 13 % de este personal consiste de mujeres.

Ahora bien, cabe destacar que las brechas a las que nos referimos no solo se limitan a la disparidad numérica entre hombres y mujeres dentro de la institución. Desde el ingreso de las primeras mujeres policías a la PNP en 1956, muchas veces se han reproducido roles de género en las labores que estas cumplen. Es así que todavía persiste un sentido común colectivo que determina los espacios, papeles y labores concretas que ellas realizan dentro de la institución policial. 

Existen determinados espacios y puestos dentro del esquema organizacional de la PNP que han sido históricamente feminizados. Las Oficinas de Participación Ciudadana (OPCs), que existen en cada comisaría a nivel nacional para fortalecer el vínculo entre la ciudadana y la Policía, por ejemplo, son muchas veces espacios ocupados por mujeres suboficiales porque se les atribuye una sensibilidad “femenina” propia del trabajo que “supuestamente” realizan estas dependencias. Lo mismo sucede con la representación del personal policial femenino en las denominadas especialidades funcionales vinculadas a la salud dentro de la PNP, como las auxiliares en enfermería y odontología que ocupan una proporción más equitativa a los efectivos masculinos.

Sin dejar de lado las brechas salariales y laborales, también existen otras brechas que son transversales a la presencia de mujeres en la fuerza laboral, incluyendo la PNP. La denominada “penalidad por maternidad”, término acuñado para referirse a la proporción de trabajadoras que al convertirse en madres inmediatamente dejan sus empleos para cuidar a sus hijos y asumir tareas domésticas alcanza el 40 % en el Perú; esta cifra asciende a un 41 %, para aquellas mujeres trabajadoras que luego de tener su primer hijo no logran reincorporarse a sus labores según un estudio realizado por la Universidad de Princeton y la Escuela de Economía de Londres. 

¿Cómo afectan las situaciones descritas arriba la posibilidad de que más mujeres policías mantengan constante su desarrollo profesional, logren ascensos, y así alcancen mayores grados y posiciones dentro de la institución? 

Sin duda, la respuesta a esta interrogante tiene múltiples aristas e intersecciones. 

Nuestras instituciones son, finalmente, un reflejo de quienes somos. Por lo tanto, no debería extrañarnos entonces que, conforme se vayan solucionando algunos de los puntos mencionados, se hagan más visibles también cambios necesarios en nuestra sociedad. 

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8M, Día Internacional de la Mujer, igualdad de género, Policía Nacional del Perú

[NOTA] Como parte de su compromiso con la seguridad ciudadana, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) realizó hoy una importante donación de vehículos a favor de la Policía Nacional (PNP), valorizados en S/1.1 millones. La donación servirá de apoyo a la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la delincuencia.

Este nuevo aporte -que consiste en 8 camionetas equipadas y 24 motos- busca potenciar las capacidades de las Águilas Negras para patrullar, evitar asaltos y capturar a delincuentes. Una de las camionetas será destinada a reforzar las operaciones en Lima, mientras que las otras 7 camionetas se distribuirán estratégicamente en diversas ciudades del país. Las 24 motocicletas, por su parte, serán asignadas a unidades en regiones, potenciando la movilidad y capacidad de respuesta de la PNP a nivel nacional.

«La seguridad de los ciudadanos es un elemento fundamental para la calidad de vida, por ello la Policía Nacional es una institución tan importante. Desde el sector empresarial estamos contribuyendo con su dedicada labor. Es un trabajo permanente en el que todos debemos estar comprometidos, y es uno de los ejes centrales de la labor del gremio bancario», señaló Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú.

Todas las unidades entregadas por la Asociación de Bancos del Perú, tanto las camionetas como las motocicletas, contarán con un riguroso plan de mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo de su vida útil. Además, cada vehículo estará respaldado por una póliza de seguros contra todo riesgo, garantizando la seguridad de los operadores y la protección de estos valiosos activos.

La alianza entre la Asociación de Bancos del Perú y la Policía Nacional del Perú se estableció hace 39 años, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración efectiva entre el sector privado y las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad. El convenio, que inicialmente tenía una duración de 5 años, ha sido renovado en múltiples ocasiones.

Con la renovación del convenio, la Asociación de Bancos del Perú reafirma su compromiso con la seguridad y su vocación de apoyar a la Policía Nacional del Perú.

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ASBANC, Donación de Vehículos, Policía Nacional del Perú, seguridad ciudadana

[CARTAS A MANUELA SÁENZ] Querida Manuela,

El lunes me acorde de tÍ y de tu amado Simón Bolívar porque me invitaron al Congreso de la República. Para llegar al Congreso, la referencia siempre es la Plaza Bolívar, ubicada delante del Congreso en los Barrios Altos, centro histórico de Lima. Tu la conociste como la Plaza de las Tres Virtudes Cardinales​ o, más comúnmente, como Plaza de la Inquisición. En 1822 fue rebautizada por Bernardo de Monteagudo como Plaza de la Constitución, ya que reubicaron la universidad y el mercado para que en su lugar se establezca el Congreso. Dato curioso, en 1825 el Congreso modificó su decisión al disponer que en dicha plaza se ubicara un monumento en honor del libertador José de San Martín a favor de uno en honor de Simón Bolívar. Así nace la Plaza Bolívar.

A lo largo de mi carrera he ido al Congreso por diversos motivos referentes a opiniones técnicas para sustentar proyectos de ley. El lunes fui a pedido de la congresista Susel Paredes a dar mi opinión técnica respecto del Proyecto de Ley N° 5633/2023-PE, que crea la Policía de Orden y Seguridad.

Como te he comentado en las últimas cartas, la preocupación por la inseguridad cada vez es más aguda, se necesitan acciones a corto plazo, para ayer, soluciones certeras. No basta con modificaciones normativas. Ahora, si estas se van a proponer, que sean de acuerdo a la constitución, las leyes y las políticas públicas que son de obligatorio cumplimiento. El Estado moderno debe regirse por sus normas, muchas vienen de acuerdos internacionales que dan metas para toda la humanidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas como parte de la agenda 2030 (Objetivo 5: Igualdad de Género).

Te quisiera compartir mis observaciones con respecto de ese Proyecto de Ley que podría constituir una oportunidad de mejora a largo o mediano plazo, si se ve de manera sistémica con dos pilares importantes anticorrupción e igualdad de oportunidades para jóvenes mujeres. En resumen, se propone la creación de la Policía de Orden y Seguridad que en 2025 estaría compuesta por 8000 agentes. Para 2024 se captarían 6000 jóvenes, 3000 aspirantes de convocatoria abierta quienes estudiarían 12 meses académicos y otros 3000 aspirantes licenciados de las Fuerzas Armadas que estudiarían por seis meses. Estos últimos estudiarían en dos grupos de 1500 estudiantes por seis meses cada grupo. Tendrían contratos de hasta tres años con una remuneración mensual de S/ 2153.83 y posibilidades de ingreso directo a la Carrera Policial. Los costos proyectados de la formación de estos jóvenes serían de S/ 6295.08 por aspirante para vestuario, gastos de admisión y enseñanza. Costo total de formación por año para 6000 policías de Orden y Seguridad es de S/ 49.2 millones.

Es una fuerte inversión en capacitación y puestos de trabajo para jóvenes a nivel nacional. De las muchas observaciones técnicas, quisiera darle un enfoque diferente, el de género. La violencia contra la mujer no se resuelve llenando las cárceles de hombres violentos, sino con educación y trabajo para las mujeres. Actualmente hay brechas entre hombres y mujeres peruanas en acceso a la educación, trabajo y esas diferencias son una forma de violencia contra las mujeres y adolescentes. En la medida en que las mujeres podamos tener independencia económica, oportunidades y acceso y control sobre sus vidas, evitarén caer en los círculos de violencia. Sabes a lo que me refiero, luego de que murió Bolivar, tuviste que vivir en la miseria, expulsada de Colombia, prohibida de ingresar a Ecuador para reclamar la herencia de tu madre. Felizmente pudiste sobrevivir en Paita gracias tus conocimientos en inglés, costura y repostería. Una mujer sola tiene retos sociales que superar hasta la fecha.

Los estados modernos están para evitar discriminaciones y promulgar la igualdad. Por ello, en la exposición de motivos no se menciona este componente, por el contrario, favorece a los licenciados del Ejército Peruano, compuesto mayoritariamente por varones. Ahí hay una discriminación clara. Te pregunto, porqué se tendría que facilitar a esta población masculina el ingreso a la esta policía comunitaria y preventiva.

En el Ejército Peruano solo el 11% son mujeres y en la Policía Nacional del Perú son el 17.84%. Si bien el texto no ha excluido expresamente a las mujeres, tampoco se promueven de manera paritaria los puestos, ya que los requisitos son bastante generales (edad, nacionalidad y certificado de colegio). Por el contrario, al facilitar el ingreso a los licenciados de las Fuerzas Armadas, la mayoría hombres, hay un grupo muy reducido de mujeres, casi nada significativo con respecto a la cantidad de reservistas varones. Esto determinaría la incorporación de hombres a la Policía, aumentando la brecha y la desigualdad, haciendo que esta norma sea inconstitucional.

No solo debemos ver la convocatoria, sino el impacto de esta nueva población sobre el desarrollo de las mujeres policías. Las Fuerzas Armadas y policiales tienen porcentajes de personal femenino bastante menores a los propuestos en la Política Nacional de Igualdad, así como las estadísticas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir. Este porcentaje varía según la categoría, jerarquía y grado que ostentan. Mientras las funciones del personal policial femenino se acerquen más al desarrollo de labores de vinculadas a los cuidados y la prevención del delito la participación de las mujeres es mayor, y es menor en tanto las funciones están asociadas a funciones operativas y de comando. El personal policial femenino se encarga de familia, participación vecinal, tránsito y turismo. Cómo se van a relacionar con esta Policía de Orden y Seguridad que vienen a desempeñar casi las mismas funciones.

Si bien las mujeres han alcanzado los grados máximos en las categorías de oficiales de servicios, suboficiales de servicios y suboficiales de armas, el grueso es muy joven, cómo se va a proteger y garantizar la no violencia contra ellas por parte de esta Policía del Orden y Seguridad si no están dentro de las leyes policiales de disciplina y jerarquia. Va a ingresar un grupo joven que no son parte de la carrera policial Ley No 1267, cómo se va a evitar la violencia, teniendo en cuenta que estos jóvenes van a poder portar armas con una capacitación corta y en algunos casos militar.

Las leyes actuales deben tener una motivación clara, para qué se necesitan y este proyecto levanta cuestionamientos por varios frentes, en mi caso desde la igualdad de género y de oportunidades para las mujeres peruanas. En la década de 1980, debido a los constantes ataques terroristas que se dieron en el país y con la finalidad de evitar atentados en el local del Congreso, la Plaza Bolívar fue enrejada y cercada y su acceso fue restringido. Actualmente no se puede cruzar ni ingresar a la plaza, una metáfora de lo que es hoy el Congreso: un lugar ajeno al ciudadano. Es la Plaza San Martín el espacio de las marchas y reclamos políticos. ¿Que opinarían ellos?

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