MININTER

Hasta la fecha, son seis los ministros del Interior que han asumido la dirección del sector encargado de velar por el orden interno y la seguridad pública del país desde que Dina Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022. En promedio, hemos tenido un ministro nuevo cada tres meses. 

En ese mismo periodo, se han producido 1 435 211 millones de denuncias por delitos y faltas a nivel nacional. Si está cifra alcanzó las 77 503 denuncias en enero de 2023; se elevó a 86 256 en enero de 2024. Para el caso de las denuncias por extorsión, 1348 incidencias fueron registradas en enero del 2023, mientras que esta cifra subió a 1549 para enero de 2024. La tendencia se repite en el caso de la gran mayoría de modalidades delictivas relevantes para el grave panorama de (in)seguridad que afronta el país en la actualidad: robo agravado (enero 2023: 2146; enero 2024: 2525); estafa (enero 2023: 2016; enero 2024: 3162); asalto y robo de vehículos (enero 2023: 480; enero 2024: 553). Y así con otras modalidades más. 

Ninguno de ministros del Interior de Dina excluyendo al recientemente nombrado Juan José Santivañez ha podido liderar una reducción de las cifras anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, parece que cada uno ha tenido una tarea concreta que cumplir durante sus breves designaciones: César Cervantes duró menos de dos semanas en el cargo y su misión fue aplacar (bajo cualquier medio necesario) las protestas masivas que se desataron luego de la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno; ante su rochosa salida, Víctor Rojas Herrera asumió la cartera por un par de semanas más para continuar con la tarea de amilanamiento de las manifestaciones; luego, Vicente Romero Fernández asumiría el cargo por un periodo más largo, diez meses, con el objetivo de defender a la presidenta ante la ola de críticas en su contra, como también intentar limpiar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las irregularidades cometidas durante las tareas de control y restablecimiento del orden; finalmente, sería censurado por el Congreso de la República por “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; su sucesor, Víctor Torres Falcón, fue el encargado de absorber políticamente la destitución de, Jorge Angulo, comandante general de la PNP quién lanzó fuertes acusaciones en contra de la mandataria por supuestas intrusiones en la institución policial; y, por último, todo parecería indicar que Walter Ortiz asumió el cargo con la única consigna de desactivar el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) compuesto por personal policial especializado e involucrado en las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte por el caso conocido como Rolexgate antes de renunciar al cargo por “razones personales”. Cada ministro ha tenido una bala de plata que quemar. Una bala de plata que claramente no ha tenido en la mira resolver la grave situación de (in)seguridad que el país afronta, sino más bien deshacerse de cualquier obstáculo político y penal que pueda aparecer en el camino de Dina Boluarte.

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Dina Boluarte, MININTER, Policía Nacional del Perú, Rolexgate, seguridad ciudadana

El sábado pasado, el coronel PNP Harvey Colchado recibió en las oficinas de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) la notificación de que había sido separado del cargo de jefe de esta unidad de manera temporal por decisión de la Inspectoría General de la Policía y de que dos procedimientos disciplinarios por supuestas infracciones graves y muy graves habían sido interpuestos en su contra. La decisión tomada a 15 días del allanamiento con descerraje del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso Rolex” levanta, mínimamente, una leve suspicacia.

Las resoluciones emitidas por la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría se refieren a un estado de WhatsApp que compartió el coronel por su onomástico. En la imagen se visualiza una torta de cumpleaños decorada con una estrella y el nombre del coronel, Harvey Julio; en la base del pastel, un muñeco con chaleco de la PNP sostiene un “torito” (nombre afectuoso para los arietes utilizados en este tipo de operativos) contra una puerta que seguramente está a punto de ser derrumbada. Para la Inspectoría, esta publicación es “reprochable y una absoluta irresponsabilidad, falta de respeto y consideración al alto cargo que ostenta la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra.”

Desde su aparición en el ojo público, el coronel Harvey Colchado, no ha dejado de ser una figura enigmática. Colchado, quién se hizo conocido por la captura del “Camarada Artemio” en el 2012, progresivamente, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra corrupción y los poderes políticos y económicos más viciosos del país. El oficial de los allanamientos, su “torito” ha “derrumbado” las puertas de personajes como Keiko Fujimori, Alan García (el mismo día en que decidió pegarse un tiro en la sien y evadir la justicia para siempre), Pedro Castillo, Patricia Benavides y, ahora, Dina Boluarte. 

En un país donde la confianza en la Policía decae cada vez más: el promedio nacional en el 2020 de confianza en la institución policial fue de 28.2 %; de 24.6 % en 2021; de 21.2 % en 2022; y de 22 % en el 2023, Harvey Colchado quizás sea el único elemento visible de varios miles más imperceptibles, sin duda alguna que provoca todavía algún tipo de identidad positiva de la población hacía la Policía Nacional del Perú (PNP) y las labores que esta realiza. Un oasis en el desierto de impunidad que parece haberse convertido nuestro país. Y la PNP, en uso cuestionable de sus prerrogativas institucionales como sus órganos de control interno, jerarquías de grado y facultades discrecionales, ha decidido apartarlo de su cargo y de la institución en una movida que no hace más que hacernos dar cuenta que ese manantial era un espejismo. El pastel es una mentira.

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Allanamiento, harvey colchado, Inspectoría, MININTER, Policía Nacional del Perú

El fin de semana en medio del allanamiento del domicilio de la presidenta Boluarte por el “caso de los Rolex”, el ahora exministro del Interior, Víctor Torres Falcón, concedió una entrevista en un noticiero dominical para cuestionar el accionar de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), pero también para terminar de sepultar sus días a cargo del sector. 

Ante el cuestionamiento de la entrevistadora por la situación de la (in)seguridad en el país, el extitular respondió que la criminalidad había descendido sin decidirse entre si esta reducción era solo “un tanto” o “considerablemente” para, finalmente, aseverar que se trataría de “un tema de percepción”. 

Durante la gestión de Torres Falcón se produjo el robo de una laptop dentro del recinto del Ministerio del Interior (MININTER); el intento de sicariato en un popular restaurante San Miguel; el escandalo que involucró a tres agentes de la PNP (en estado de ebriedad) disparando sus armas reglamentarias al aire y apuntándolas hacía turistas nacionales en el balnearia de Cerro Azul. Y solo estamos hablando de ocurrencias del último mes. ¿Cuáles, por ejemplo, son los resultados de los estados de emergencia declarados en las provincias de Pataz y Trujillo ya hace más de un mes? 

Por lo general, cuando nos referimos a la seguridad hay dos dimensiones que debemos tomar en cuenta. 

La dimensión objetiva hace referencia a la ocurrencia material de delitos y la cobertura que puede tener el servicio de seguridad pública. Esta misma se puede medir mediante encuestas de victimización delictiva que permiten tener una idea de las características del victimario, como también la prevalencia e incidencia del mismo.

La dimensión subjetiva, a su vez, se basa principalmente en las percepciones sobre el miedo al delito y los niveles de confianza que la ciudadanía puede tener en las instituciones de control como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial, que se miden mediante encuestas de opinión ciudadana. 

El exministro parece confundir ambas dimensiones de la seguridad ciudadana en un contexto de creciente complejización del crimen en el país y la región. No hace falta citar encuestas o presentar datos estadísticos cuando una situación es tan palpable como la que actualmente se vive en el país. En términos simples, la gente se siente insegura porque la calle se ha vuelto insegura. 

Y porque la crisis política desatada hace ocho años, cuando Keiko Fujimori decidió que iba a “gobernar desde el Congreso” con su mayoría absoluta parlamentaria, no ha terminado su espiral descendente. Una espiral que ha desembocado en un contexto donde la actual mandataria tiene el nivel de aprobación más bajo de la región y donde, lamentablemente, ya nadie cree en nada ni nadie. 

A lo mejor, la percepción a la que se refería el ministro era la suya: una percepción de la realidad completamente alterada. 

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Allanamiento, MININTER, Policía Nacional del Perú, seguridad ciudadana, Víctor Torres Falcón

Según una nota de Epicentro de inicios de año, en la lista de Gallardo figuraba Mejía, a quien quería asignar a la Dirección contra la Corrupción o a la Dirección de Lavado de Activos. Nada menos. Con la salida de Gallardo, aquellos cambios no se dieron. Mejía pasó a la Dirección de Medio Ambiente y luego a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hoy, sin embargo, es inspector general y número 3 de la PNP.

Mejía –ha recordado el periodista Daniel Yovera– fungió de “sheriff” del cuestionado exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervanes Liñán. Según el informe periodístico, Mejía realizaba acciones de supervisión, vigilancia y control a los alumnos de la universidad, desde su cargo de jefe de Seguridad y Protección Interna. 

Pedro Castillo ha realizado los cambios más peligrosos en la institución, no solo por el elenco, sino por la oportunidad: en medio de las acusaciones por corrupción contra el mandatario, lo que temen los oficiales es que se copen las plazas con el objetivo de controlar la institución al antojo del jefe de Estado y su camarilla.

Varios oficiales entrevistados para este informe coinciden en señalar que los siguientes objetivos, además de Colchado, serán el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, y el coronel Franco Moreno. “Alfaro tiene la personalidad para oponerse, pero ahí se van a producir las fricciones. Sabemos que van a hacer todo lo posible para sacarlo”, dice un alto mando de la Policía. “Los que están atrás de la cadena de mando son los que están empujando para promover todos estos cambios”, asegura a Sudaca otro oficial.

PNP
Coronel Franco Moreno, General Óscar Arriola y coronel Harvey Colchado. Peligran sus cargos.

Hay quienes advierten otras influencias. La de Guillermo Bermejo, por ejemplo. No solo por aquella reunión en el despacho de Barranzuela donde su abogado coincidió con Vicente Álvarez, en octubre del año pasado. Bermejo se reunió con el presidente Pedro Castillo también el 26 de agosto, un día antes de los últimos cambios en el alto mando. La cita se dio entre las 4:50 pm y las 7:18 pm.

El último martes, en RPP, el periodista Omar Mariluz señaló que fue Bermejo quien sugirió no solo cambiar al alto mando policial, sino al ministro Willy Huerta porque “no se estaba protegiendo a la familia del presidente”. En comunicación con Sudaca, el congresista de la bancada Perú Democrático negó esta versión. Descartó, en cambio, que en la reunión con el jefe de Estado se haya hablado de cambios en la PNP y aseguró que no tiene idea de qué temas se trataron en la reunión de octubre entre su entonces abogado, el entonces ministro Barranzuela y el general Vicente Álvarez. De momento, y a la espera de que se desarrollen los acontecimientos, el ambiente dentro de la Policía Nacional está marcado por la incertidumbre y la sospecha.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Gobierno, MININTER, Pedro Castillo, Policía Nacional

INTELIGENCIA AD HOC

La Digimin peruana ha estado recientemente en el ojo de la tormenta por escándalos políticos que la muestran como sumisa a la voluntad de Palacio de Gobierno. Esta institución se encarga de realizar videovigilancia a investigados por corrupción, y algunos sectores la responsabilizan de que el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, estén hoy prófugos de la justicia. La Digimin también fue cuestionada por la fuga del exjuez supremo César Hinostroza, a quien le hacían seguimiento, en octubre del 2018.

Lo cierto es que el manoseo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter ha sido evidente en los últimos dos meses, tiempo en el que ha tenido cuatro cabezas. Actualmente es dirigida por Jorge Cassanova Cubas, coronel de la Policía.

Sudaca consultó al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sobre lo anunciado por los hackers rusos, pero nos dijo que no tenía conocimiento de la amenaza informática porque se encontraba en el VRAEM. “Voy a despachar con el jefe de la Digimin y pedir la información”, dijo Chávarry.

El puñado de títulos de documentos que Conti ya exhibe en su blog −supuestamente, parte de lo robado a la Digimin− indican temas vinculados al proyecto especial para el control y la reducción del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (Corah) y a una huelga regional indefinida programada en Arequipa para el próximo 2 de mayo. Según prensa local, los trabajadores de salud de esa región alistan un paro para ese día.

Hacker Cuadro
Página del grupo cibercriminal ruso Conti con enlaces a supuestos documentos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. El material no se puede descargar

Empleados de una empresa de antivirus confirmaron a Sudaca que este es el método clásico de coacción que utiliza el grupo de hackers. “El tema de la seguridad de información y la seguridad informática en el país considero que no se está tomando en cuenta. Recuerden que ha habido candidatos que han sido chuponeados en plena campaña, como lo que pasó con Lourdes Flores años atrás”, agrega el también especialista, John Sánchez Chirinos. 

 

EL CASO COSTA RICA

La amenaza que han lanzado los pandilleros digitales no es para tomarla a la ligera. El último 17 de abril, la cuenta de Twitter BetterCyber publicó otro mensaje de Conti en el que exigían US$10 millones al gobierno de Costa Rica a cambio de no divulgar la información que habían extraído del Ministerio de Hacienda de ese país. 

Costa Rica 10 millones
«Pedimos solo 10 millones de dólares por mantener los datos de sus contribuyentes», advirtieron los hackers rusos al gobierno de Costa Rica.

El mensaje decía que habían robado un terabyte de data del Ministerio de Hacienda costarricense y que publicarían los documentos el 23 de abril. «Pedimos solo US$10 millones por mantener los datos de sus contribuyentes», comunicaron los rusos. En su reciente advertencia a la Digimin del Perú, Conti amenaza con consecuencias como las que “ocurrieron en Costa Rica hace no mucho”. 

Los ataques luego se extendieron a otras instituciones de Costa Rica: el Ministerio de Trabajo, y el de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, Radiográfica Costarricense y el Instituto Meteorológico Nacional. Colapsaron las webs de esas entidades. “Seguiremos atacando a los ministerios de Costa Rica hasta que su gobierno nos pague”, advirtieron los hackers.

El asunto no fue una broma. El gobierno centroamericano reconoció los ataques oficialmente. El presidente Carlos Alvarado dio un mensaje a la Nación el 21 de abril pasado, y dijo que se trató de “un ciberataque de carácter criminal al Estado y a todo el país”.

“El Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos”, añadió el mandatario Alvarado. Ante la reacción del gobierno, los hackers rebajaron en un 35% sus pretensiones (desde los US$10 millones iniciales) y apuntaron a las compañías. “Vamos a atacar a las empresas más grandes y ellas tendrán que pagarnos”, señaló el grupo de cibercriminales el lunes pasado. El asunto luego pasó a tratarse en privado. 

En años previos, los ciberpiratas rusos ya han dado golpes en otras partes del mundo. Por ejemplo, han atacado los sistemas de salud de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. La ciber-extorsión parece ahora tocar las puertas del Perú. 

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Informática, MININTER, Rusia

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 253: La premier se impone dentro del gobierno. ¿A quién pondrá Castillo ahora en el Mininter? Y el gobierno transa con los transportistas para sobrevivir a otra crisis.

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Lima – Perú

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MININTER, ministro Barranzuela, Mirtha Vasquez, Premier

El ex viceministro del interior, Ricardo Valdés, consideró que la crisis desatada en el MININTER ha debilitado la imagen de la Premier Mirtha Vásquez ante el Congreso. Además indicó que, aunque se ha usado un camino constitucional para que las FF.AA apoyen a la PNP en la lucha contra la inseguridad en Lima y Callao, la medida carece de sustento técnico.

Además en nuestro análisis de los 100 días del Presidente Castillo, analizamos las medidas económicas de la mano de David Rivera, columnista de Sudaca.

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Escucha «Si el río suena» de lunes a viernes a las 9 de la mañana con Patricia del Río. Este es nuestro episodio número 41.

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MININTER, Mirtha Vasquez, Ricardo Valdés

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 36.

Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, aseguró que en las reuniones de su bancada no se ha conversado sobre una posible vacancia porque en este momento no existen condiciones para ello.

Además aseguró que su reunión con la Presidenta del Consejo de Ministros fue una burla porque tanto ellos, como otras bancadas, le solicitaron cambios en el MININTER y ella no los tomó en cuenta.

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Congreso de la República, Eduardo Castillo, Fuerza Popular, MININTER, Presidenta del Consejo de Ministros
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