Un testimonio desgrana cómo fue el apoyo de un poderoso estudio jurídico a Fuerza Popular. Julio Pérez Vargas, socio principal de ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados’ -más conocido como Payet- narró al Ministerio Público cómo colaboró en la revisión de actas electorales que sirvió para apuntalar la tesis de fraude lanzada por Keiko Fujimori tras la segunda vuelta. “Lo hice en el ejercicio de mi derecho político que reconoce la Constitución del Perú y porque consideré que existían algunos vicios en la última elección”, declaró el abogado en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, el 16 de noviembre pasado. El Equipo Especial investiga el financiamiento del partido naranja en esta última elección.
El letrado dio cuenta cómo este importante bufete se volcó entero a la causa de Fuerza Popular pese a que el propio “código de conducta” del estudio Payet prohíbe a sus asociados apoyar a los partidos políticos, incluso a “título personal”. Así lo reveló Sudaca en este informe.
Julio Pérez Vargas contó a las autoridades que su participación arrancó el 7 de junio, en horas de la mañana, un día después del balotaje. En ese momento, el conteo rápido de la encuestadora Ipsos Perú dio como ganador a Pedro Castillo sobre Fujimori por un estrecho margen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) empezaba a dar resultados parciales. Pérez dijo que recibió una llamada de Juan Cauvi Abadia, socio principal de la firma, para coordinar la ofensiva legal. Él respondió que “me interesaba apoyar a título individual”.
“Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3:00 pm en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas”, dijo el abogado a la fiscal adjunta Reyna More Chumacero, que trabaja bajo las órdenes de José Domingo Pérez.
El socio del estudio Payet comentó que, tras hablar por teléfono con Cauvi, se comunicó con Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. “Antes de ir al local de Fuerza Popular llamé a la doctora Giulliana Loza a su celular, a quien conozco, y le pregunté dónde sería la reunión. Me respondió que ya no sería en el local de Fuerza Popular, sino en la avenida Javier Prado, cuadra 16, cerca de la avenida Guardia Civil [el número exacto no lo recordó]. Pero recuerdo que era una casa de dos pisos”, dijo Julio Pérez Vargas.
El abogado del estudio Payet dijo que llegó puntual, a las tres de la tarde, y que encontró mucha gente. “En ese momento se conversó cómo apoyar y se me dijo que la idea era hacer una revisión de las actas. Recuerdo que propusimos establecer distintas áreas geográficas para dividirnos ordenadamente el trabajo. Yo elegí Huancavelica y Tacna”, añadió. El letrado dijo no recordar quién llevó la voz cantante en la reunión. Sólo dijo que fue un hombre.
El abogado contó además que en el encuentro estaba Daniel Córdova, uno de los voceros del fraude sin pruebas, y Giulliana Loza. Y señaló a Juan Cauvi como el hombre del bufete que coordinaba todos los detalles en busca de invalidar los votos de Castillo.
“Luego me retiré [de la reunión] y volví a llamar telefónicamente a Juan José Cauvi para comentarle que la idea era revisar las actas de las zonas mencionadas. Él se encargó de ordenar el número de actas que cada una de las personas quería revisar”, dijo.
Y luego añadió: “Me dijo que algunas personas se habían ofrecido para hacer la revisión de las actas y que, para hacerlo de manera ordenada, él distribuiría el número de mesas para no cruzarnos. La idea era entregarle las actas revisadas donde, presumiblemente, tenían firmas falsificadas para que luego hiciera una constatación en Reniec”.
La fiscal Reyna More le repreguntó a Julio Pérez Vargas qué otros abogados del estudio revisaron las actas electorales. Él mencionó a Alan García Nores, hijo del expresidente Alan García, Xaviera Brandon y Gabriel Rey. No mencionó a José Payet, socio fundador del poderoso bufete que lleva su apellido y que fue personero de Fuerza Popular en la última elección.
Tras la reunión de aquel 7 de junio, Keiko Fujimori dio una conferencia de prensa y denunció sin pruebas “un fraude en mesa”, orquestado para favorecer a Castillo. No comentó en ese momento que un ejército de abogados de grandes estudios colaboraba con ella. Incluso, Fuerza Popular negó ese día, mediante un comunicado, que “haya abierto una convocatoria de abogados”. Tuvo que reconocerlo cuando presentó la lista de aportantes a la Onpe.
Fue una jornada frenética para Pérez, quien madrugó para revisar las actas. “[La revisión de las actas] debe haber sido entre la tarde noche del 7 de junio y la mañana del 8 de junio”, dijo el abogado en su declaración. “[Trabajé] unas 12 a 13 horas”, añadió. También mencionó que revisó “entre 80 a 100 actas” y que “se las entregó impresas a Juan José Cauvi en su domicilio, el 8 de junio”.
Pérez terminó su declaración diciendo que “no existe ningún impedimento legal” para la revisión de actas y que su participación fue voluntaria.
El trabajo de los abogados se tradujo en aportes a la campaña naranja. Según el reporte presentado por Fuerza Popular a la ONPE, Pérez aportó con “revisión de actas y cotejo de firmas, días 7 y 8 de junio del 2021” por un monto de S/1.000. Alan García Nores también figura con la misma cantidad. Juan Cauvi Abadia fue registrado con un aporte de S/5.426 por el mismo concepto, así como la “constatación de datos Reniec”.
En total, 42 abogados de 13 grandes estudios, entre ellos los del bufete ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez’, brindaron servicios al partido naranja para alimentar las denuncias de fraude, según el portal Ojo Público.
“No voy a declarar absolutamente nada”, dijo a Sudaca Juan Cauvi. La oficina de prensa del poderoso estudio señaló también que no emitirá declaraciones a nivel corporativo. El desfile de los abogados continuará en los próximos días en el despacho de José Domingo Pérez.
