Keiko Fujimori

Según la última encuesta del IEP sigue creciendo la gente que descree de la política y que engrosará el ejército de votantes antisistema, más allá de su filiación ideológica.

Así, entre noviembre del año pasado y noviembre de este año, la gente a la que le interesa nada la política ha crecido de 21 a 35%, catorce puntos, una diferencia significativa y crucial. A la que le interesa poco ha disminuido de 35 a 28%, pero sumando ambas, la gente que le interesa poco a nada la política era el 56% de la ciudadanía a fines del 2023; hoy es el 63%.

La gente de centroderecha se contenta con los resultados de autoidentificación ideológica, que en esta misma encuesta muestran un predominio de este sector (izquierda 25%, centro 39% y derecha 36%), y creen que está la cancha inclinada su favor.

Sin embargo, la gente que mayoritariamente dice que le interesa poco o nada la política va a votar no por su identidad ideológica sino por su estado de ánimo, claramente disidente del statu quo, y harto de las cosas como están funcionando.

En esa medida, crecerán las opciones radicales disruptivas, que en este momento casi monopolizan los candidatos de la izquierda (Antauro Humala, Guido Bellido, Aníbal Torres, en alguna medida Verónika Mendoza, quien inteligentemente ha radicalizado su discurso).

La única forma de romper esta tendencia es que la centroderecha perfile sus respectivas candidaturas como radicales y disruptivas, críticas al extremo del establishment boluartiano, del fujimorismo predominante y logren confirmar alianzas novedosas y atractivas al electorado.

Si de acá a abril del 2026 eso no ocurre, el camino está empedrado para una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y un candidato de izquierda, o, inclusive, entre dos candidatos de izquierda. El malhumor ciudadano pesará más a la de hora acercarse a las urnas que la eventual identidad ideológica del votante. El 2026 predominará la irritación, la cólera anidada y contenida de años de mediocridad y desvergüenza exhibidos por el régimen de Boluarte, de la mano de un Congreso tan deslegitimado como ella, y al que la gente aborrece sin distinción.

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Solo el narcisismo exacerbado de sus protagonistas explica la inutilidad bajo la que se conducen hasta ahora los esfuerzos tímidos para producir un gran frente de centroderecha, que sea capaz de pasar a la segunda vuelta y allí derrotar o a Keiko Fujimori o al representante de la izquierda radical que termine por descollar.

El “síndrome Castillo” se ha apoderado de las mentes de sus líderes, que creen que la ruleta política, el sube y baja habitual de los tramos finales de las elecciones en el Perú hará que a alguno de ellos le sonría la fortuna y logre el triunfo anhelado (se recuerda que una semana antes de la primera vuelta, quien pasaba a la segunda vuelta por la izquierda no era Castillo sino Lescano).

En ese trance, resulta casi imposible hallar una salida, porque nadie quiere dar su brazo a torcer o si lo hace es imponiendo condiciones máximas, como asegurarse para sí la candidatura presidencial, cuestión que, obviamente, el resto no acepta planteada tan arbitrariamente.

Dificulta el proceso el hecho de que se agregue un punto porcentual de la votación por cada agrupación aliada, a las alianzas electorales, para que sus integrantes no pierdan la inscripción. Ello debería ser modificado por el Congreso y,además, permitir eventualmente que haya alianzas congresales y no presidenciales, que podría ayudar a evitar esta disputa de egos (al final las elecciones en primera vuelta serían una suerte de primarias presidenciales).

Es de vida o muerte que el Perú no se conduzca al escenario final de una disputa entre Antauro Humala y Keiko Fujimori (y tener, de mi lado, que volver a votar por Fuerza Popular ante la alternativa del desastre mayúsculo y desquiciado del etnocacerismo). Una opción así no asegurará que el quinquenio que se estrene el 2026 sea uno de refundación liberal y republicana, que con tanta urgencia necesitamos como país bicentenario.

 

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Keiko Fujimori ha recibido un claro impulso a su candidatura con la muerte de su padre y la imagen de reconciliación familiar que conllevó la buena relación entre ambos al final de la vida del exmandatario.

Según Ipsos, el recuerdo de Alberto Fujimori es altamente positivo. Un 44% siente pena por su muerte; 6% alegría. Preguntada la ciudadanía sobre el impacto de Fujimori en la historia, 61% dice que será más positivo y 31% más negativo. Un 56% se muestra de acuerdo con la rendición de honores, un 39% en desacuerdo.

Dependerá obviamente de Keiko Fujimori sacar partido de ese activo, porque, en principio, la mayoría estima que disminuirá la fuerza del fujimorismo, pero la lideresa de Fuerza Popular ya demostró saber sacarle manteca al albertismo en las elecciones del 2021. Probablemente haga lo propio para las del 2026.

Todo ello altera un poco la perspectiva electoral que de antemano existía (que dos candidatos de la izquierda radical pasen a la segunda vuelta) y recoloca a Keiko Fujimori en el partidor (ya las encuestas la colocan con alrededor de 10% de intención de voto, con lo cual pasa probablemente a la vuelta definitoria).

A ver si con eso, los candidatos de la centroderecha entienden que el rival a derrotar no es, en la primera vuelta, la izquierda, sino Keiko Fujimori. El antifujimorismo, habitualmente identificado con la izquierda, tendrá que pasar a ser una parte del arsenal político de la centroderecha.

Material de sobra tienen. El autoritarismo y corrupción de los 90 deberán ser traídos al presente. La irresponsabilidad macroeconómica del segundo mandato de Alberto Fujimori. La violación constitucional de querer una segunda reelección. Su postulación al Senado japonés. Su encubrimiento al grupo Colina. Etcétera, etcétera.

Una derecha liberal antifujimorista deberá ser el signo político que adquiera cualquier candidatura que pretenda encaramarse por encima de Keiko Fujimori y evitar que sea ella la que pase a la segunda vuelta y seguramente pierda la elección contra quien se le ponga al frente. Normalmente, el antifujimorismo se activa en la segunda vuelta. Será responsabilidad de la centroderecha (porque a la izquierda le conviene que su rival sea Keiko Fujimori), quien se encargue de ello.

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Hernán Chaparro, quien ha sido jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, conversó con Sudaca sobre el inicio de la era del fujimorismo sin Alberto Fujimori y el panorama político de cara al 2026.

Alberto Fujimori ha fallecido, pero su intención, según revelan sus propia familia, era postular en las próximas elecciones, ¿cree que pudo haber sido uno de los protagonistas de la contienda electoral?

Indudablemente tendría protagonismo. La figura de Alberto Fujimori siempre ha generado sentimientos encontrados. Generaría polémica porque, por un lado, estaría el debate sobre si debe postular o no y si sus diez años fueron positivos o no. Pero es un momento en el cual su imagen se ha visto desgastada y se vería la movilización, a la que ya estamos acostumbrados, con esa dinámica de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que también habría polémica por otros actores políticos que  le disputarían el espacio. 

Muchos de sus defensores ponen en un segundo plano la dictadura y la corrupción que también tuvo lugar durante el gobierno fujimorista, ¿se podría interpretar que, a cambio de ciertos resultados, la población está dispuesta a perdonar o ignorar crímenes?

Basta ver las elecciones regionales para notar que esos criterios, muchas veces, se disocian de las personas que eligen y en varias oportunidades terminan favoreciendo otras cosas. Por ejemplo, por más que hay sospechas plausibles que manipuló la segunda reelección y aunque en el mundo real perdió contra Toledo, seguramente tuvo un caudal importante de votos pese a que ya habían denuncias contra Montesinos y había indultado al Grupo Colina. Cuando la gente quiere borra muchas cosas de su cabeza y termina defendiendo cosas que para otros son indefendibles.

¿Se ha perdido confianza en la democracia y, por lo tanto, convicción para defenderla?

Lo que más demanda la gente es justicia. Hay más de un estudio en el cual preguntan qué significa democracia y, no te digo todo el mundo, pero hay un porcentaje que no tiene claro qué significa. Lo que la gente tiene claro, muy rápidamente, es la demanda de justicia, el reclamo de ser tratados como iguales y que hay poderosos que se aprovechan. Esa es la demanda. Lo que ocurre es que, a veces, esa demanda de justicia no toma en cuenta que esto sea alcanzado por canales democráticos y lo que quiere es un líder que haga justicia. Si eso implica cargarse las instituciones, está bien, y si no, también. Hay una laxitud democrática y lo que se busca es respuesta a estas demandas.

¿Alberto Fujimori sólo deja un partido político o también deja una corriente política?

Alberto Fujimori ha representado un sentir, una forma de ver el país y las posibles alternativas a los problemas que vivimos. Pero dicho eso, discrepo profundamente con aquellos que creen que el fujimorismo es el causante de todos los males del Perú. Hay un lugar común de estar creyendo que con Fujimori empezó una y otra cosa. Es indudable que en los diez años de Alberto Fujimori, y con lo que ha continuado Fuerza Popular, hubo una mirada de poco respeto por la institucionalidad y la ley que defienden hoy y la cambian mañana porque no les conviene, y ese es un modus operandi, pero eso no lo inventó el fujimorismo. Pero hay una serie de formas de actuar que caracterizan el sentir de un sector del país y que el fujimorismo profundizó y está ahí presente. 

¿Cómo se podría definir la ideología política fujimorista?

Hay una mirada autoritaria por un lado y lo otro es el poco respeto por la institucionalidad. Hoy, Fuerza Popular ha hecho de la Constitución lo que le da la gana. Una constitución que estaba hecha para darle poder al presidente porque el presidente era Alberto Fujimori, hoy que están en la oposición y quieren más poder en el Congreso, la han cambiado para favorecer eso. Creo que es una de sus características más importantes. 

Usted ha señalado que Fuerza Popular podría considerar que la dispersión electoral jugará a su favor, ¿pero esto sería suficiente para ganar una elección o sólo les serviría para pasar a segunda vuelta?

Creo que en una segunda vuelta vuelven a perder. El mejor momento de Fuerza Popular y Keiko Fujimori fue en 2016. Tenían  un candidato de circunstancia como Pedro Pablo Kuczynski que era diletante y tenía muchos errores en la campaña. Un mal candidato le termina ganando a Keiko, un mal candidato de derecha. 

¿A Fuerza Popular le jugó en contra el tener mayoría en el Congreso que entró en 2016?

Creo que el problema de Fuerza Popular y otra característica de Keiko Fujimori es la venganza y la negación de la delincuencia. En el 2016 lo que hubo fue abuso de poder y hoy son la primera minoría, pero siguen actuando igual o peor. Si en el 2016 no hubieran tenido el peso que tuvieron, hubieran actuado igual con este perfil donde lo que importa es la venganza y la manipulación de la ley a favor de tratar de influir en el poder judicial. Con el mayor tamaño fue peor.

¿El fujimorismo podría retomar la imagen de un partido anti establishment o seguirán siendo vistos como aliados de grupos de poder?

En el marketing político, una cosa es identidad de marca, lo que quieres comunicar, y otra es tu imagen. Ellos pueden querer comunicar que ahora son la oposición, pero no creo que la gente se lo crea. Lo que circula es que actúan en favor de intereses personales y eso dudo que lo puedan cambiar por más que a partir de abril se conviertan en un partido que empiece a denunciar a denunciar a Dina Boluarte. Dudo que alguien se lo crea.

En otros países se ve que un mal gobierno puede beneficiar en las siguientes elecciones a quienes fueron la oposición del mandatario saliente, ¿quién o quiénes serían los beneficiados por la alta desaprobación de Dina Boluarte que entró con un partido de izquierda y hoy se ve alineada a agrupaciones de derecha?

Alguno de los nuevos. Lo que sí se puede decir es que quienes tienen la cuesta muy empinada son los que están ahora en el Congreso, que normalmente actúan como oposición y que ahora comparten el gobierno. 

¿La crisis en la política peruana está alejando al peruano de a pie de la política o lo está involucrando más?

Claramente la gente está menos involucrada, porque a algunos les gustará renegar todo el día, pero entre eso y preocuparse por cosas más urgentes optan por lo segundo. Pero llegadas las elecciones se plantea la forzada necesidad de ir a votar. El punto está en que es una oportunidad para que se muestren alternativas y ahí se puede aparecer alguien que despierte algo de entusiasmo. 

¿Por qué cree que a los partido de centro e izquierda no radical les está costando tanto ser más fuertes?

Creo que a todos los partidos les cuesta. Sus problemas han sido los mismos de otras agrupaciones. Pero lo otro es que ninguno de los potenciales candidatos se quiere mostrar porque tienen la percepción que salir hoy es exponerse a que te ataquen y busquen mellar tu imagen. Por eso salen con cuentagotas. Nadie quiere mostrarse mucho. Hay una voluntad de los potenciales candidatos a no mostrarse.

 

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[Agenda País] Al día de hoy, ya son 31 organizaciones políticas oficialmente inscritas para participar en las elecciones presidenciales del 2026, más otras 19 que están en el proceso y que podrían sumarse a esta lid electoral.

Con el vencimiento el último viernes 12 de julio del plazo para afiliarse a los partidos para poder integrar las planchas presidenciales y ser candidato a una de las cámaras del parlamento, se ha iniciado el proceso electoral.

No ha sido sorpresa alguna la cantidad de movidas políticas con renuncias, afiliaciones, transfuguismo en el congreso, acomodos y renacimientos de políticos olvidados que han confirmado la informalidad y la poca ética de quienes manejan y manejarán los destinos del Perú.

Es una vergüenza que se permita a los congresistas cambiarse de bancada como si fuera ropa interior y una falta de respeto a los electores que votaron por cada uno de ellos dentro de un partido político. Dentro de la inconclusa reforma electoral falta una que prohíba el transfuguismo y que la renuncia a una bancada signifique el desafuero del congresista y su reemplazo por el accesitario. Pero las leyes las hacen los congresistas…

Luego de este reacomodo, lo que debería esperarse de los verdaderos líderes políticos es, por un lado, trabajar a la interna de sus organizaciones para canalizar las demandas de la población en planes de gobierno humanos y factibles, así como en la formación de cuadros que puedan implementar esos planes en políticas públicas efectivas. 

Por el otro lado, y si los egos pueden ceder a la visión de un Perú mejor, sería saludable para la democracia el encontrar consensos entre varias fuerzas políticas para realmente ser una opción viable, con mayoría relativa en el parlamento y no estar al filo de la navaja de la censura o incluso, de la vacancia.

¿Será mucho pedir?

Si tomamos en cuenta la historia política reciente pareciera un imposible que dos partidos o más se puedan unir para crear un frente político con miras a las elecciones del 2026. De hecho, para las elecciones del 2021, la única alianza PPC-APP se cayó por las infames declaraciones que Marisol Perez-Tello hizo de César Acuña, y cuyo audio fue convenientemente filtrado por sabe Dios quien.

Aun con nuestro historial caudillista, la multiplicidad de cacicazgos llamados partidos políticos y la polarización de los argumentos, se encuentran ciertos signos de esperanza en que algunas fuerzas políticas puedan encontrar puntos en común y formar alianzas con acuerdos pragmáticos.

Un ejemplo de ello son las constantes declaraciones de Carlos Añaños haciendo un llamado a la unión de los lideres políticos, otro es Rafael López-Aliaga quien también está buscando aliados, también el nuevo PPC con Carlos Neuhaus a la cabeza está abierto a confluencias e incluso hasta Keiko Fujimori, que, habiendo lanzado a su padre de candidato presidencial, no descarta ir en alianza.

También, por el lado oscuro, ya hay una alianza del mal entre Antuaro Humala y Veronika Mendoza, a la cual habrá que enfrentarse en las urnas para que no aprovechen de la democracia para luego destruirla.

Parece que falta mucho para el 2026, pero el tiempo pasa volando. Más temprano que tarde veremos quienes son los verdaderos lideres en los cuales la población debería confiar su voto, que más que una cédula electoral, es una entrega de esperanza a quienes manejarán los destinos de nuestro país. Tremenda responsabilidad.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La congresista Rosangella Barbarán, en un alarde de creatividad digno de un genio, ha elevado las ideas de Alberto Fujimori a la categoría de «pensamiento Fujimori». ¿Quién diría que el legado de un ex presidente condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción podría ser considerado un pensamiento filosófico? Pero Barbarán no se anda con rodeos, ella sabe reconocer la grandeza donde otros solo ven autoritarismo y violación de derechos humanos.

Intrigado por este salto cualitativo, le pregunté a la congresista, vía X, en qué consistía tan excelso «pensamiento». Pero, para mi sorpresa, la dilecta congresista Barbarán no tuvo a bien responder a mi consulta. Tal vez estaba muy ocupada planeando cómo encarnar y aplicar el «pensamiento Fujimori» en el Congreso y en la vida política nacional.

No me rendí ahí y decidí consultar a otro conspicuo congresista naranja, Alejandro Aguinaga, para ver si él podía iluminarme sobre este nuevo descubrimiento filosófico. Pero, al igual que su colega Barbarán, Aguinaga prefirió guardar silencio. Quizás temían que si revelaban los secretos del «pensamiento Fujimori», perderían su ventaja competitiva en el mercado de las ideas autoritarias.

En fin, parece que el «pensamiento Fujimori» es un misterio reservado solo para los elegidos de Keiko Fujimori. Los mortales comunes tendremos que conformarnos con leer las memorias de Alberto Fujimori, escritas en prisión, para tratar de entender la profundidad de este nuevo paradigma intelectual. Mientras tanto, Barbarán y Aguinaga seguirán elevando el nivel del debate político peruano con sus brillantes aportes a la luz del “pensamiento guía” de Alberto Fujimori.

Pero, ¿qué es realmente este «pensamiento Fujimori» que tanto alaba la congresista Barbarán? Según los expertos, se trata de un conjunto de ideas y estrategias políticas que se caracterizan por el autoritarismo, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Durante su gobierno, Fujimori pasó de ser un presidente elegido democráticamente a convertirse en un líder autoritario que concentró el poder en torno a su figura y relegó a las instituciones democráticas.

Barbarán y Aguinaga, conspicuos seguidores del “pensamiento Fujimori”, parecen estar empeñados en revivir este legado cuestionado y oscuro. Lejos de reconocer los crímenes y abusos cometidos durante el gobierno de Fujimori, ellos prefieren elevarlo a la categoría de «pensamiento filosófico», como si se tratara de una obra maestra del pensamiento político.

Pero, ¿cómo puede considerarse «pensamiento» algo que se cimenta en la corrupción y la vulneración de los derechos más básicos? Es evidente que el «pensamiento Fujimori» no es más que un intento de legitimar y glorificar un régimen autoritario, disfrazándolo de supuesta grandeza intelectual. Los peruanos de a pie, aquellos que no pertenecen al selecto círculo de Keiko Fujimori, tendremos que conformarnos con leer las memorias del ex presidente, escritas desde la prisión, para intentar comprender la profundidad de este «nuevo paradigma intelectual». 

Por último, parece que la presidenta Dina Boluarte ha decidido aplicar el famoso «pensamiento Fujimori» en su gobierno, lo que sin lugar a dudas hubiera hecho Keiko Fujimori. ¡Qué original! Debilitar las instituciones democráticas, es sin duda una estrategia brillante. Y hablando de discursos, Boluarte no se queda atrás. Su estilo confrontacional contra sus críticos y opositores es digno de su novísimo mentor. En fin, parece que el Perú está condenado a repetir la historia. Primero fue Alberto, ahora es Dina. ¿Quién será el próximo en aplicar el «pensamiento Fujimori»? ¿Tal vez Keiko misma, cuando por fin llegue al poder? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este espectáculo, de este amago de democracia, una democracia a la peruana.

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El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

 Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

 

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo. 

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó. 

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas. 

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló. 

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló. 

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa. 

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó. 

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

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El escenario político peruano siempre ha estado plagado de giros dramáticos, y pocas historias han sido tan tumultuosas como la saga del clan Fujimori. Desde el apogeo del poder del «líder histórico» Alberto Fujimori hasta las sucesivas derrotas en las elecciones presidenciales de su hija Keiko, este linaje ha protagonizado una serie de eventos que podrían competir con las tramas más intrincadas de la literatura política.

Uno de los últimos capítulos más saltantes en esta saga se desarrolló en torno a la libertad de Fujimori, condenado por una serie de delitos. Kenji, su menor hijo, se embarcó en una intensa campaña para lograr el indulto de su padre, utilizando diversos recursos y estrategias. Por lo tanto, no fue sorpresa que finalmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto a cambio de los votos de los congresistas “albertistas”, los cuales evitarían su eventual vacancia. Sin embargo, la alegría efímera de la liberación se convirtió en desilusión cuando el indulto fue declarado nulo, y Fujimori volvió a la cárcel. 

Mientras Kenji luchaba incansablemente por la libertad de su padre, su hermana Keiko permanecía en un segundo plano, sin hacer nada para apoyar la causa de su hermano. Peor aún, su actitud hostil hacia Kenji evidenció las divisiones en el seno político y familiar. Esta falta de apoyo por parte de Keiko hacia Kenji no solo sorprendió a muchos observadores políticos, sino que también generó preguntas sobre las verdaderas dinámicas familiares y políticas dentro del clan Fujimori y del movimiento fujimorista en general.

¿Cuál fue la razón detrás de la decisión de Keiko de mantenerse al margen y confrontar a su hermano? Es difícil precisarlo. No obstante, una razón plausible podría ser la rivalidad política y personal entre los hermanos. Keiko, en calidad de destacada figura del fujimorismo, habría podido percibir la campaña de Kenji como una amenaza a su propia posición de poder y liderazgo. Además, es factible que Keiko haya tenido divergencias estratégicas con la campaña de Kenji. Quizás consideró que la estrategia de Kenji para obtener el indulto de su padre no era la más efectiva o pudo haber expresado preocupaciones respecto a las implicaciones políticas a largo plazo de conceder dicho indulto.

La estrategia de confrontación con Kenji socavó la imagen de unidad y cohesión que el fujimorismo intentaba proyectar, exponiendo públicamente las divisiones internas y rivalidades dentro del clan Fujimori. En lugar de presentar una sola fuerza, la situación puso de manifiesto la existencia de dos sectores claramente definidos: uno liderado por Kenji y otro por Keiko.

La reciente declaración de Alberto Fujimori, en la que apoya sorprendentemente la permanencia de la presidenta Boluarte hasta el 2026, solo sirve para agregar más combustible al fuego de la intriga política. “El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. La distinción entre Fuerza Popular y el fujimorismo no es gratuita. Esta ratifica la existencia de dos sectores diferenciados en el seno del fujimorismo y anuncia su regreso a la política. En este sentido, señaló que el fujimorismo postulará en las próximas elecciones presidenciales, aunque no confirmó que su hija Keiko fuese la candidata. ¿Cómo puede interpretarse la declaración de Fujimori? Las especulaciones están en pleno apogeo.

En definitiva, ¿cuál será el futuro de Fuerza Popular y del fujimorismo? ¿Podrán superar sus divisiones y las confrontaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la saga del fujimorismo aún tiene muchos capítulos por escribir, y ninguno de ellos parece estar exento de drama y sorpresas.

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