“Un político es un abogado más viejo”, escribió Hernan Casciari en esta sátira publicada por el diario español El Mundo. El último 7 de junio, día posterior a la segunda vuelta, decenas de abogados de las más célebres firmas jurídicas del país −muchos de ellos aún jóvenes− emprendieron una misión política: la revisión de documentos para defender los intereses de uno de los dos partidos en competencia. A favor de Fuerza Popular y en contra de Pedro Castillo.
Desde aquel día, distintos medios periodísticos han corroborado la participación de abogados de grandes estudios −cuando menos inicialmente− en la estrategia legal del fujimorismo. Estrategia que ha tenido poco éxito en primera instancia en los jurados electorales. Lo propio ha hecho Sudaca, llamando a algunos de los abogados que fueron registrados como parte de las coordinaciones iniciales de ese camino.
Una de las firmas cuyos empleados participaron en la revisión documentaria a favor de Fuerza Popular −una de las más reputadas− fue Payet, Rey, Cauvi, Perez Abogados (PRCP), o simplemente el Payet, como es más conocida. Sudaca ha conversado con empleados y revisado comunicaciones que indican que sus abogados participaron del emprendimiento keikista. No solo eso. Uno de los socios principales del estudio, José Antonio Payet, fue personero del partido naranja el pasado 6 de junio.
En la semana previa a la elección, Payet convocó a una reunión a sus colaboradores en la que les explicó que “lamentablemente, esta situación que tenemos ahora es una donde el impacto de la elección en nuestro futuro inmediato va a ser dramático” y dijo que “no es válida la opción de no tomar una decisión [votar en blanco o viciado], de abdicar”. Sus palabras causaron malestar en las fuentes que conversaron con este medio, que se preguntaban extrañadas por qué su jefe les daba indicaciones políticas.
En su charla, el socio fundador detalló, primero, los motivos por los que no quería votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, luego retrucó diciendo que un gobierno de Perú Libre sería peor. No llamó directamente al voto por Fuerza Popular, pero sí enumeró las razones por las que una presidencia de Castillo sería “mucho peor que el Covid”. Le preocupaban −dijo− sus hijos, que tendrían que emigrar, las libertades individuales en el país y la supervivencia de su firma.
“Nosotros facturamos en dólares […] En un gobierno de Cerrón nadie va a poder tener dólares. En la época de Velasco era delito tener dólares, te metían a la cárcel”, aseguró. También dijo que las medidas que tomaría un eventual gobierno del profesor chotano ‘matarían’ al estudio.
José Antonio Payet es reconocido por las fuentes de su firma como fujimorista. Ha sido asesor del entonces llamado Ministerio de Industria y Turismo hasta 1993, tras el autogolpe, según este perfil que le escribió la cementera UNACEM. Y en esta segunda vuelta fue personero de Fuerza Popular en la mesa 033904 de la universidad San Marcos, donde ese partido sacó 140 votos y Perú Libre 63.
Payet Puccio es uno de los abogados más respetados en su área de especialización: el derecho corporativo. Ha sido formado en la PUCP y luego fue becario Fulbright en Harvard. “Los clientes le otorgan comentarios positivos, con uno de los entrevistados remarcando: ‘Es de primera categoría. Discutimos asuntos estratégicos con él; no solo asesoría legal, sino estrategia del negocio’”, dice su reseña de Chambers & Partners, una empresa británica que elabora listas de referencia para abogados en todo el mundo.
“Cuando el mejor en algo es, al mismo tiempo o por eso, el peor, tenemos un problema”, escribió Casciari hace cuatro años. Y más allá de que se trata de una sátira, su afirmación implica una división clave: una cosa es el buen manejo de las leyes y otra, la conducción ética del actuar personal. Quizá por eso sea importante recordar las palabras del propio Payet en una conferencia de la CADE 2018: “Es necesario erradicar la zona gris, la zona de la ambigüedad”.
Mientras que en la dimensión legal está todo aquello que un abogado puede (o no) hacer, en la ética está lo que debe hacer si quiere −cuando menos− ceñirse a la cultura empresarial de su firma.
¿Cuál es el manual de referencia que detalla el buen comportamiento en términos éticos según los valores del Payet? Su ‘Código de conducta’, un documento interno al cual este medio pudo acceder. En él, los socios −incluido Payet− firman una introducción que dice: “queremos asegurarnos que quienes formamos parte del PRCP conozcamos las reglas y lineamientos que deben guiar nuestro comportamiento, disminuyendo ambigüedades y confusiones”.
El cuarto acápite del segundo capítulo detalla el comportamiento referido al financiamiento de campañas políticas. Es muy detallado y abarcador. Empieza afirmando: “PRCP declara ser neutro políticamente y, en ese sentido, PCRP no apoyará a ningún partido, movimiento político o candidat@, sea financieramente o de cualquier otra forma”.
Luego, el estudio Payet detalla cómo se deben comportar sus miembros: “Aun cuando respetamos las posiciones políticas de quienes forman parte del PRCP, creemos que el ejercicio político activo por parte de cualquier miembro del PRCP, sea a través de algún puesto en un partido o movimiento político o sea a través de financiamiento a favor de candidat@s a puestos políticos, genera incompatibilidad y posibles conflictos de interés en nuestro actual profesional”.
Y la conclusión del acápite sentencia: “Por lo tanto, quienes formen parte de PRCP tienen prohibido participar activamente en política (sea como candidat@, o asumiendo funciones en cualquier partido o movimiento político) y/o financiar a título personal a cualquier partido o movimiento político”.
Para Natalia Manso, profesora de responsabilidad social empresarial y compliance de Pacífico Business School, es claro el incumplimiento de Payet -socio y personero- de su propia guía ética. También de los abogados que participaron en la revisión documentaria. “Que incumplen su propio código de conducta es clarísimo y no hay que ser abogado para decirlo. […] La empresa está exigiendo que en el ámbito privado sus colaboradores no realicen esta labor de voluntariado para aportar ni su dinero, ni conocimientos ni tiempo en favor de un partido político”, afirma.
Manso explica que un código como este “no se ciñe a la legalidad, porque sería una redundancia”, sino que “tiene que ser un compromiso más allá del cumplimiento meramente legal, que va hacia el campo de la ética, de los valores”. Agrega que, en concordancia con su código de conducta, el Payet tendría que haber “levantado una bandera para hacer la investigación interna para saber si eso estaba pasando” apenas medios independientes publicaron la noticia de que había abogados coordinando para realizar trabajos con implicancias políticas, así sea a título personal.
Sudaca se contactó tanto con José Antonio Payet a título personal como con los encargados de prensa de su firma. Por ambas vías se negaron a dar declaraciones para la elaboración de esta nota. Tampoco quisieron responder la pregunta explícita de si la semana pasada habían transgredido sin empacho su ‘Código de conducta’.
También hubo abogados de esa firma que prefirieron no contestar. Uno es Mario Lercari, asociado que se especializa en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, y mercado de valores, cuyo nombre fue registrado como parte de las coordinaciones iniciales para defender el voto naranja. A puertas de la segunda vuelta del 2016, Lercari escribió una columna −en el portal Enfoque Derecho− en la que alertaba sobre los riesgos de darle al fujimorismo la posibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
A la consulta de este medio, dio una respuesta vaga: “Prefiero no comentar sobre el tema. Mi nombre estuvo publicado en una lista [de coordinación] que se generó el lunes 7 de junio, cuando se pensaba apoyar con las impugnaciones de actas que había presentado PL. Eso finalmente lo vio directamente el equipo de FP”. Ante la pregunta puntual de si había participado en instancias posteriores, dejó de responder. La mayoría de abogados de esa lista han alegado que su participación fue a título personal: así es como se salvan de romper una norma.
¿Un comportamiento como el de Payet debería ser sancionado internamente? Según Manso, sí. “Si no conlleva una consecuencia, es un código que no tiene una validez real […] El mismo socio, propietario o jefe de la organización [al ser personero] está incumpliendo su propio código y debería por tanto ser sancionado. Los primeros que tienen que cumplir son las cabezas de la organización”, dice.
Y también explica: “El código de conducta ayuda al colaborador a dirimir dilemas éticos. Por ejemplo, si un funcionario público me pide una reunión en casa, puedo decirle que el código de mi empresa me lo prohíbe. Es una coraza ante dilemas éticos”. Al menos, así debería funcionar.
Una de las fuentes de esta nota, que ha pedido el anonimato por temor a previsibles represalias, explica a Sudaca por qué era importante que su estudio, el Payet, se ciñera a la prohibición sobre participar en política, así sea para cada abogado: “Lo que me molesta es que terminamos sirviendo al mismo discurso que hoy cobija a personas que piden un golpe de Estado o que se repitan las elecciones injustificadamente”.
El código, que debía marcar los límites para no caer en eso, terminó siendo un saludo a la bandera.
*Fotoportada: Leyla López.
