Segundo, más limpio aún, el camino de la reforma constitucional con 66 votos y referéndum posterior, que permita el recorte del mandato presidencial y congresal y el consecuente adelanto de elecciones. Pero muchos en la oposición simple y llanamente no quieren irse, arrellanados en su curul y sus privilegios, prefieren que el país siga siendo destruido por Castillo, antes que tomar una decisión sacrificada, pero imperativa, moral y políticamente hablando.
Tercero, si los alcances del artículo 117 generan controversia constitucional, pues que se siga el camino de su reforma, y se agregue, entre las causales de acusación al presidente, poder hacerlo no solo “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, sino también por corrupción. Y, aunque no se podrá aplicar de forma retroactiva, no queda duda alguna de que el primer mandatario y su entorno no cesarán en el despliegue impune de la organización criminal que han instalado en Palacio.
