Ayer publicamos un informe sobre la maravillosa experiencia de Proinnóvate, entidad a cargo del Ministerio de la Producción, que ha logrado éxitos notables en apoyo de la pequeña y microempresa, incorporando innovación y, sobre todo, el concurso efectivo de la academia (de lo cual se habla mucho, pero no se hace nada).
Es menester mencionar el nombre de Alejandro Afuso, un tecnócrata de primer nivel mundial, director ejecutivo de Proinnóvate, con gran experiencia en el sector público y que es prominente funcionario, a quien organismos como el BID o el Banco Mundial siguen en sus proyectos, a sabiendas de su excelencia profesional.
Lo que ha logrado con Proinnóvate es de quitarse el sombrero. Equivalente a su extraordinaria labor como director de Foncodes en la década de los 90. Fue tan eficiente en su tarea que alguien como Julio Cotler llegó a decir que Afuso le había arrebatado las banderas de la lucha social a la izquierda. Lastimosamente, fue retirado del cargo y Foncodes fue malversado y hoy en día, que sería de inmensa utilidad para afrontar el fenómeno del Niño, está prácticamente abandonado y a punto de desaparecer.
En un país como el Perú es casi imposible encontrar islas de excelencia en la administración pública. Antes las había varias, hoy, con la pauperización terrible que perpetró el régimen de Castillo, quedan muy pocas. Haría bien el gobierno de Dina Boluarte y en particular la ministra Ana María Choquehuanca en mirar el caso de Proinnóvate con atención, que allí está la clave para que remiende el fallido Estado peruano.
Es políticamente inviable esperar que un gobierno tan precario, sin respaldo ciudadano y sin oxígeno político, como el de Boluarte, emprenda reformas mayores, como lo sería la reforma del Estado, pero lo que sí se le puede exigir es que al menos mantenga incólumes los nichos en los que el Estado peruano actúa con solvencia, como es el caso de la institución que referimos. De allí puede sacar buenos ejemplos de cómo actuar en otras instituciones que andan a la deriva y sin atinar a funcionar ejecutivamente, gastando lo que tienen que gastar y haciéndolo en lo que se debe y no en planillas doradas o burócratas inútiles, como suele suceder habitualmente en el Estado peruano.
