Una iniciativa global de la Comunidad Andina, generaría, sin duda, grita en los Estados Unidos, cuyo gran negocio, a través de la DEA, es la prohibición y erradicación. Pocas dudas puede haber de que gran parte de los ingresos económicos de los Estados Unidos provienen de esa política (dicho sea de paso, ¿no hay ningún narcotraficante norteamericano que puedan capturar en las últimas décadas? Ello, de por sí, es digno de sospecha).
Lo que nuestras naciones pagan en deforestación, violencia, sangre, corrupción e informalidad tributaria y económica es una inmensidad comparada con los posibles daños provocados por el eventual aumento de consumidores que la despenalización conllevaría. Es hora de abrirle puertas a la libertad y a la dignidad regionales.