La regionalización, tal como está diseñada, está destruyendo el sentido republicano del país. Fue una de las más grandes reformas emprendidas por el gobierno de Toledo, pero a la vez, uno de sus peores legados por la forma en que fue concebido, a la loca, sin pensar seriamente un diseño moderno y eficaz de la redistribución de responsabilidades y gasto público.
Lo que ha ocurrido con el congresista Hernando Guerra García y su muerte por desatención en una posta médica a cargo de la Dirección Regional de Salud de Arequipa, no es si no una demostración ostensible de lo que a diario padecen cientos de miles de peruanos en todo el territorio nacional.
Políticamente parece inviable que un gobierno y un Congreso con tan baja legitimidad puedan desplegar una reforma que va a pisar callos y encender ánimos belicosos regionalistas en todo el Perú. Lo más probable es que si quieren llevar a cabo un reordenamiento del statu quo descentralizado (que llena de plata las ubres fiscales de las que maman cientos de funcionarios públicos en cada región), las protestas terminen por generar tal caos e inestabilidad que la reforma se trunque y muera antes siquiera de haberse hecho realidad.
Pero lo que sí podrían hacer en los casi tres años que les restan de mandato es diseñar, convocando a expertos en la materia e inclusive consultoras internacionales, un rediseño del proceso de regionalización y dejar el plan hecho para que lo aplique el próximo gobierno.
Y si nuestra clase política no toma el guante, bien podría la sociedad civil hacerlo, a través del Acuerdo Nacional, que fácilmente podría conseguir financiamiento internacional para trabajar un plan de consenso entre partidos, organizaciones regionales, líderes de opinión, expertos en la materia, etc., y arrojar un plan de reconstrucción de un proceso fallido que le hace mucho daño al país y que lejos de aquietar las furias anticentralistas las ha acentuado, porque todo lo que los gobiernos regionales hacen lo hacen mal y de ello, increíblemente, se culpa también al gobierno central, el cual, desde hace décadas, no maneja la mayor parte del presupuesto público nacional.
