Nunca antes en la historia, los gobiernos regionales y locales han tenido tanto dinero en sus arcas como lo tienen ahora. A la vez, nunca antes en la historia, la salud, educación e infraestructura pública han estado en niveles tan paupérrimos.
Mucho del malestar social que se incuba en varias regiones del país fuera de Lima, se debe a ello, a la sensación de abandono secular del centralismo limeño, pero sin percatarse de que gran responsabilidad en ello la tienen sus propias autoridades, que, signadas por la corrupción y la ineficiencia, se embolsican millones de soles en lugar de gastarlos en las mejoras de sus pueblos.
Nos hemos pasado décadas creyendo que la solución pasa por mejorar a la tecnocracia regional para así lograr que ejecuten mejor sus abultados presupuestos. Así, se han conformado equipos especiales del MEF, que ha enviado una suerte de “misiones técnicas” a resolver el que creían era el origen del problema.
El resultado es nulo. No ha mejorado un ápice la calidad del gasto público en las regiones del país y, muy por el contrario, la desmejoría es ostensible. Son aislados los casos en los que un gobierno regional arroja buenos indicadores en salud, educación y construcción de infraestructura, que son los reclamos esenciales de los pueblos de cada localidad.
Es un problema de diseño del proceso de regionalización, no un tema de gestiones particulares. El tinglado institucional creado el 2001 está mal hecho, y hay que cambiarlo legislativamente.
Corresponde al Congreso pensar en ello y no solo en reformas políticas o electorales. Tiene, en principio, hasta julio del 2024 para formar una comisión de expertos y convocar a las autoridades recién electas además de organizaciones sociales, para crear una entidad que arroje una propuesta de cambios normativos que luego puedan ser aprobados con los consensos necesarios.
Se va a tener que buscar una fórmula que no implique recentralizar, porque eso detonaría un polvorín en las regiones, pero sí lograr que, más allá de la buena voluntad de las autoridades locales, se generen mecanismos eficientes de gasto público, libres de corrupción y despilfarro. Fernando Cillóniz ha propuesto la creación de organismos autónomos, con peso constitucional, que se encarguen de esos problemas, libres de los enjuagues políticos de los gobiernos locales, y libres, a la vez, de cualquier intromisión limeña en su manejo. Así como ésta, puede haber muchas ideas que ayuden a resolver un problema que está fracturando cada vez más el país y corresponde al Legislativo -o a una iniciativa del Ejecutivo tramitada hacia el Congreso- atender con sentido de urgencia.
