De un análisis realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) respecto a los 10 principales proyectos de cada distrito —100 en total— donde ejecutaron recursos a agosto de 2022[5], se encontró que en cerca del 40% de dichos proyectos se incumple con informar sobre el avance físico. Dicho porcentaje esconde casos extremos como el de San Marcos en Áncash —distrito con S/879 millones de canon para obras, pero con el 83% de sus establecimientos de salud en mal estado—, donde el nivel de incumplimiento es del 90%. Es decir, solo ha informado el avance de uno de los 10 principales proyectos, donde ejecutó recursos a la fecha.

Lo anterior revela los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas de algunas autoridades, especialmente a nivel subnacional, lo cual repercute directamente sobre los niveles de confianza de los ciudadanos frente a las instituciones. En este sentido, desde el CPC se propone, entre otros, fomentar la transparencia de la información del avance físico de las obras, condicionando el pago del gasto devengado de las mismas. Transparentar indicadores como el avance físico de la obra no solo facilitará la rendición de cuentas de las autoridades y propiciará un clima de mayor confianza, sino que permitirá alertar demoras en la etapa de construcción y tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. Esto posibilitará brindar mejores servicios públicos a todos los ciudadanos.


[1] INEI (2022). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, enero – junio 2022.

[2] IEP (2016). Baja confianza en las instituciones peruanas afecta el ejercicio de su autoridad.

[3] Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

[4] Las municipalidades de San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco), Chimbote (Áncash), Yarabamba (Arequipa), Cnel. Gregorio Albarracín (Tacna), Cerro Colorado (Arequipa), Marcona (Ica), Nuevo Chimbote (Áncash), Espinar (Cusco) y Pichari (Cusco) cuentan con S/ 2.683 millones del total de S/12.774 millones de canon y regalías para obras.

[5] Proyectos con mayor PIM de canon para 2022.

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Sobre el segundo punto, es necesario que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención de conflictos sociales. A manera de ejemplo, este debería analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se pretende desarrollar un proyecto minero. Luego de ello, priorizar la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, estableciendo una cimentación base, sobre la cual puedan construirse y mejorarse otros servicios. De esta manera, cuando la población beneficiada perciba un ingreso extraordinario (como los recursos del canon y las regalías), la ejecución eficiente de dichos recursos permitirá mejorar la calidad de los servicios, potenciando el desarrollo del territorio.

Actualmente, según información del Ministerio de Energía y Minas, existe una cartera de 63 proyectos de exploración minera por USD 586 millones y de 43 proyectos de construcción minera por USD 53 mil millones. Esta última cartera está centrada principalmente en Cajamarca y Apurímac, con cinco proyectos por USD 18 mil millones y siete proyectos por USD 10 mil millones, respectivamente. Es imprescindible acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas y mitigar la probabilidad de nuevos conflictos sociales, especialmente en dichas zonas, que aún registran altos niveles de pobreza y bajos niveles de acceso a servicios. Así, mientras Cajamarca es la cuarta región con mayor nivel de pobreza a nivel nacional (cuatro de cada 10 personas en Cajamarca son pobres), Apurímac es la región con menor porcentaje de infraestructura departamental y vecinal pavimentada a nivel nacional (0,3%).

Actuar de manera anticipada a los conflictos permitirá facilitar la ejecución de la cartera de proyectos mineros, dando un mayor impulso a las inversiones, que registran perspectivas negativas para los próximos años. Finalmente, todo ello se traducirá en un mayor dinamismo de la economía y en un mayor desarrollo en favor de todos los ciudadanos.


[1] Consejo Privado de Competitividad (2022). Índice Regional de Gestión Pública 2022.

[2] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de conflictos sociales N° 221. Julio 2022.

[3] BCRP. (2022). Reporte de inflación de marzo de 2022.

[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación de junio de 2022.

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Actuar de manera eficiente ante esta problemática es crucial, ya que la inversión acumulada a abril del 2022 ha caído respecto al mismo periodo de 2021 (-6,5%) y una nueva gestión inicia el siguiente año, lo cual implica un costo de aprendizaje. Al respecto, se podría iniciar replicando algunas buenas prácticas que permiten reducir demoras y acelerar la ejecución. Un ejemplo son los procedimientos especiales de contratación (PEC) —utilizados en el marco de la Reconstrucción Con Cambios—, que en 2021 redujeron los tiempos de adjudicación hasta en un 57% con respecto a la modalidad de licitación pública. Asimismo, se podrían utilizar mecanismos de intervención con una mirada territorial estratégica como la que utilizan los PEIP. Estos esquemas permiten, entre otros, contratar PMO, suscribir G2G, y cuentan con facilidades para la obtención de permisos de habilitación urbana y licencias de edificación. No obstante, estas herramientas requieren funcionarios públicos idóneos que puedan utilizarlas.


  1. CPC. (2022). Índice Regional de Gestión Pública al 4T2021.
  2. CPC. (2022). Informe de Competitividad 2022. 
  3. CGR. (2019). Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales (Informe 1247-2019-CG/LICA-OCS). Contraloría General de la República.

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