Daniela Leguia

A peor gestión pública, mayor conflictividad: Una mirada desde el Índice Regional de Gestión Pública del CPC

"Las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social."

Desde 2019, año en el que iniciaron las actuales autoridades regionales y locales, la provisión de servicios a nivel regional no ha registrado mejoras significativas. De acuerdo al Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del Consejo Privado de Competitividad (CPC)[1], que mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de conectividad, salud, educación e instituciones, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos los pilares entre 2019 y 2021. En contraste, para el resto de regiones, las caídas se observaron en los pilares de salud debido a mayores niveles de anemia, y en conectividad, por la menor cobertura de agua y desagüe mediante la red pública, donde 18 y 15 regiones retrocedieron en comparación con 2019, respectivamente.

Ahora bien, la gestión pública regional es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y evitar futuros conflictos sociales, los cuales en los últimos meses vienen registrando una alarmante tendencia al alza. De hecho, la literatura señala que el número de conflictos se explica por diversos factores, entre ellos, los institucionales y socioeconómicos, relacionados con la capacidad del Estado para proveer servicios. Al respecto, en el país existen 208 conflictos sociales activos y latentes según información de la Defensoría del Pueblo, a julio de 2022[2]. Si se relacionan las variables de gestión pública regional, aproximada por el IRGP, y el número de conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.

Lo anterior tiene un alto costo para todos los actores involucrados, especialmente si los conflictos se desarrollan respecto a actividades mineras, las cuales son uno de los principales motores de la inversión privada. En efecto, en el caso peruano, el BCRP (2022)[3] estimó que los conflictos de la gran y mediana minería habrían afectado negativamente al PBI del sector minería metálica en 2,3 puntos porcentuales (pp). Ello habría tenido un impacto directo en el PBI total de -0,2 pp en 2021. Hacia el futuro, el panorama tampoco es alentador, pues las proyecciones apuntan a una caída de 4,9% en la inversión minera en 2022, y de 15,8% en 2023 (BCRP, 2022)[4], como consecuencia de menores planes futuros de inversión y operaciones mineras tras los conflictos socioambientales.

Esta situación pone en evidencia la importancia de atender las causas y consecuencias de la conflictividad social en el país. Si bien la solución requiere medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, las acciones de corto y mediano plazo del gobierno deberían recaer en mejorar la ejecución de los proyectos de inversión, y evitar la proliferación de futuros conflictos sociales, especialmente en el sector minero. Sobre lo primero, desde el CPC se plantea habilitar a una entidad especializada como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y encargarla de ejecutar obras con recursos del canon que no se ejecutan de manera consistente. El buen funcionamiento de la ARCC se da gracias a las herramientas con las que cuenta. Por ejemplo, el uso del mecanismo Gobierno a Gobierno, de los contratos de uso estándar internacional, de los procedimientos especiales de contratación (PEC), entre otros. Por otro lado, también se debería fomentar el uso del modelo de ejecución de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP), el cual contiene buenas prácticas guiadas por altos estándares internacionales para la ejecución de inversiones públicas y cuenta con facilidades para la obtención de trámites como licencias de habilitación urbana o edificación.

Sobre el segundo punto, es necesario que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención de conflictos sociales. A manera de ejemplo, este debería analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se pretende desarrollar un proyecto minero. Luego de ello, priorizar la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, estableciendo una cimentación base, sobre la cual puedan construirse y mejorarse otros servicios. De esta manera, cuando la población beneficiada perciba un ingreso extraordinario (como los recursos del canon y las regalías), la ejecución eficiente de dichos recursos permitirá mejorar la calidad de los servicios, potenciando el desarrollo del territorio.

Actualmente, según información del Ministerio de Energía y Minas, existe una cartera de 63 proyectos de exploración minera por USD 586 millones y de 43 proyectos de construcción minera por USD 53 mil millones. Esta última cartera está centrada principalmente en Cajamarca y Apurímac, con cinco proyectos por USD 18 mil millones y siete proyectos por USD 10 mil millones, respectivamente. Es imprescindible acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas y mitigar la probabilidad de nuevos conflictos sociales, especialmente en dichas zonas, que aún registran altos niveles de pobreza y bajos niveles de acceso a servicios. Así, mientras Cajamarca es la cuarta región con mayor nivel de pobreza a nivel nacional (cuatro de cada 10 personas en Cajamarca son pobres), Apurímac es la región con menor porcentaje de infraestructura departamental y vecinal pavimentada a nivel nacional (0,3%).

Actuar de manera anticipada a los conflictos permitirá facilitar la ejecución de la cartera de proyectos mineros, dando un mayor impulso a las inversiones, que registran perspectivas negativas para los próximos años. Finalmente, todo ello se traducirá en un mayor dinamismo de la economía y en un mayor desarrollo en favor de todos los ciudadanos.


[1] Consejo Privado de Competitividad (2022). Índice Regional de Gestión Pública 2022.

[2] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de conflictos sociales N° 221. Julio 2022.

[3] BCRP. (2022). Reporte de inflación de marzo de 2022.

[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación de junio de 2022.

Tags:

gestión pública, Gobierno, gobierno regional

Mas artículos del autor:

"Transparencia para generar confianza: una mirada a las obras públicas a nivel local"
"A peor gestión pública, mayor conflictividad: Una mirada desde el Índice Regional de Gestión Pública del CPC"
"Radiografía de la ineficiencia de la gestión de las inversiones subnacionales"
x