La opinión pública ha centrado su atención negativa sobre todo en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero le ha puesto mediana intensidad a recalar en lo que se viene haciendo en un portafolio crucial como es el de Educación, y con su titular, Carlos Gallardo.
En conferencia reciente, el ministro de Educación, en la práctica, anunció la sepultura de la reforma magisterial y en particular de la evaluación meritocrática -una de las mejores y mayores reformas que se habían efectuado en un sector carente de manejos visionarios o de largo plazo-, asentó sus vínculos con Fenate, sindicato apócrifo vinculado al Movadef y, lo que coronó la fiesta, soslayó la urgencia de reiniciar las clases presenciales en el país.
Gallardo es un incompetente mayor. Carece de autoridad y de criterio para manejar una de las carteras en las que un gobierno de izquierda debiera marcar la diferencia respecto de las administraciones de derecha, que suelen no prestarle mayor atención a las políticas públicas básicas, sobre todo las de salud y educación.
A este paso, uno llega a preguntarse, con razón, para qué tanto esfuerzo del ministro de Economía, Pedro Francke, por incrementar el presupuesto vía una reforma tributaria, si uno de los sectores receptores de ese incremento recaudatorio, va a ser un portafolio pésimamente administrado por alguien que claramente no está calificado para el cargo.
El Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. El camino de la interpelación y la censura -o la censura directa- se impone más en este caso que en el de Barranzuela, siendo ambos, ministros que no merecen ocupar un asiento en el consejo ministerial.
La educación pública es uno de los pilares de la inclusión ciudadana y de la mayor equidad social. En la educación pública debieran invertirse los excedentes del éxito macroeconómico del país. Pero ello requiere mano diestra para conciliar intereses propios del sector y generar consensos que permitan sobrellevar la reforma que hasta el momento se ha desplegado, profundizándola y extendiéndola.
No se puede tolerar a un ministro contrarreformista, puesto en el cargo, al parecer, solo para beneficiar a un sindicato radical que quiere aprovechar el poder político del Presidente para trazar una ruta de dominio y de hegemonía en el magisterio, siendo, en esa perspectiva, Gallardo, un monigote que piensa más en ello que en el bienestar de millones de niños y jóvenes, cuyas familias claman por recibir una educación digna, competitiva con la educación privada que solo los afortunados pueden pagar.
¿Qué le puede aportar el inefable Ricardo Belmont al presidente Castillo, para que lo haya nombrado consejero presidencial? ¿Conocimientos especializados en economía, en política exterior, en resolución de conflictos, en asuntos constitucionales, en análisis político? Obviamente, ninguna de las mencionadas.
Al presidente Castillo se le sale la cadena, sin lugar a dudas. Es un personaje muy básico, no es bruto, es inteligente, pero desconoce por completo el funcionamiento del gobierno y del Estado y en esa medida no parece calibrar la dimensión de algunas de sus decisiones.
Y ello parece que no tendrá remedio pronto, así que deberemos acostumbrarnos a acciones bizarras con inesperada recurrencia. Desde declaraciones altisonantes e inapropiadas hasta designación de funcionarios absolutamente sin sentido (es el caso de Belmont, como también lo fue el de Julián Palacín en Indecopi, o lo es el de los ministros del Interior y de Educación, por citar los más notorios).
Belmont es un reaccionario consumado, machista, xenófobo (basó su última campaña edil en mensajes antimigración venezolana), pésimo administrador (lo demostró en la Municipalidad y en su canal de televisión). Cuando el gobierno parecía haber empezado a enmendar rumbos políticos en el buen sentido (con la salida de Bellido y el alejamiento de Cerrón), vuelve a meter la pata con un nombramiento que va a generarle ruido mediático innecesario y distractor.
Castillo se dispara al pie. Tiene vocación por el autosabotaje. Es, en ese sentido, irremediable y habrá, al parecer, que resignarse a ello. Un gobierno que tendrá pocas nueces, pero mucho ruido, generado la mayor parte del mismo por acciones y decires presidenciales impertinentes o absurdos.
Parece que más temprano que tarde, el Presidente decidirá alejarse también del ala Movadef del magisterio y entenderá, leyendo la realidad social y política (encuestas y composición del Congreso), que el tema de la Constituyente es un pie forzado innecesario. En ese sentido, su perspectiva de gobernabilidad mejorará.
Pero lo que parece que se mantendrá incólume e inamovible será su vocación por el dislate, por el autoboicot, por generar zozobra política innecesaria y perturbadora, que afecta, sin duda, lo que de bueno pueda estrenar en asuntos propios del quehacer gubernativo. El nombramiento de Belmont es una cabal demostración de ello.
Negarle la confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez sería hacerle el juego al radical leninista Vladimir Cerrón. Ojalá la derecha y el centro parlamentarios entiendan que las batallas son estratégicas y no ideológicas o, mucho menos, fanáticas.
Claramente, el gabinete Vásquez supone una mejora cualitativa respecto del gabinete Bellido. Mantiene un par de nombres muy cuestionables, como los ministros del Interior y de Educación, tras los cuales haría bien el Congreso en ir y, eventualmente, luego de una interpelación, censurarlos. Pero el gabinete en su conjunto merece una oportunidad de gobernabilidad más aún luego de la crisis partidaria desatada entre el presidente Castillo y las facciones cerronistas de Perú Libre.
Cerrón ha jugado sucio a la política. Primero, porque quiso aprovechar el triunfo de Castillo en beneficio propio, priorizando su agenda sobre la del gobierno, y luego, cuando se tornó inmanejable la presencia de su alfil Bellido, pateando el tablero y poniendo nuevamente como valor superior el presunto beneficio de su agrupación.
A Castillo le va a hacer bien esta ruptura. Tiene ahora mayores márgenes de acción. Ha ganado oxígeno. Con Cerrón y Bellido marchaba a paso firme hacia la vacancia. Hoy ha recuperado terreno y se esperaría que pronto entienda lo saludable que sería que se desgaje también del ala Movadef del magisterio y, finalmente, asuma que el tema de la Asamblea Constituyente no va, ni ahora ni después.
Ese margen de evolución debe otorgárselo la oposición. El Congreso -y el centro en particular- cometió un grave error al darle la confianza al gabinete Bellido. Nunca se la debió dar. Pero la mejor manera de remediar la culpa por un error no pasa por cometer otro, como sería, esta vez, no darle la confianza a un gabinete mejor constituido que aquel que sí mereció dicho respaldo.
Lastimosamente, el Primer Mandatario, es un personaje muy limitado, incapaz de generar credibilidad por sí mismo. En esa medida, aun cuando se cometan todos los aciertos (separación del Movadef y descarte de la Constituyente), su gobierno no será capaz de movilizar a los agentes de inversión privados, los únicos en capacidad de lograr el propósito de la reactivación económica, que, según la encuesta de Ipsos de ayer, debería ser la primera prioridad ciudadana.
Esas son las consecuencias de votar por la izquierda en la encrucijada histórica en la que se hallaba el Perú. Será importante que el votante lo aprenda. Abortar este proceso de mediocridad -con un recorte abrupto del mandato de Castillo, camino que empezaría con la negatoria de la confianza al gabinete Vásquez-, borraría el descrédito político de la izquierda, que, bien merecido, se está ganando.
Hemos sido testigos, durante algunos meses de mandato de Pedro Castillo, que el silencio es parte de su estilo de gobierno, pero -de un tiempo a esta parte- también hemos sido testigos de un estilo de gobierno en la que la palabra empeñada no es más que una mentira frente al plan que maneja, el cual es el de llevar adelante como sea una asamblea constituyente.
Eso lo pudimos apreciar en estas últimas semanas en la interpelación al ministro de trabajo -Iber Maraví- que tiene presuntos vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. ¿Qué dijo el presidente a la oposición? Pues sostuvo que no estaba dentro de sus planes llevar adelante una cuestión de confianza si es que censuraban al ministro en cuestión. Al día siguiente, en plena sesión de censura, Pedro Castillo emitió un tuit en el que manifestaba que la cuestión de confianza formaba parte del equilibrio de poderes.
¿Qué se puede interpretar de todo este entramado político? Pues que no se puede entablar conversación ni negociación alguna con un plan maximalista (léase Asamblea Constituyente y generar poder a través de las elecciones municipales y regionales) que tiene en mente el presidente y Perú Libre.
Como dijo Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial ante la posible invasión Nazi a Inglaterra: “No se puede negociar teniendo la cabeza en la boca del lobo”. Y es que sucede exactamente lo mismo para la política peruana. Tenemos a un ejecutivo que tiene todo el aparato estatal para poder llevar adelante la Constituyente, y de paso cerrar el Congreso vía cuestión de confianza, que no pretende negociar con la oposición. Tácticamente, de manera coyuntural, establece ciertos “acuerdos” (como mantener a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva) para calmar a cierta parte de la oposición que cae ingenuamente en lo que sostiene el presidente.
Ante este escenario, es necesario que la oposición política salga de su burbuja limeña y comience a tejer nexos con la oposición social en regiones para así hilvanar estrategias que generen retroceso en el plan que tiene el Ejecutivo. El constitucionalista Lucas Ghersi, con la franciscana recolección de firmas que viene haciendo por todo el Perú para impedir cualquier intentona constituyente, nos ha demostrado que se puede establecer ciertas alianzas que permitan generar las condiciones para cambiar la correlación de poder existente. A tenor de ella, otra estrategia es tener en mente hacer oposición política y democrática a través de la participación en las elecciones regionales y municipales el 2022.
Si la oposición logra generar legitimidad social en regiones va a ser muy difícil que el Ejecutivo intente cualquier estrategia de cambio del Estado de Derecho que vivimos actualmente. Para eso, necesitamos real politik de parte de nuestra oposición para construir esa mayoría que en estos momentos se encuentra dando respaldo a Pedro Castillo y su proyecto maximalista.
Este 30 de setiembre acude al Congreso, a ser interpelado, el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Su caso, sin embargo, es tan contundente, que el desenlace a anticipar es que el Legislativo lo censure y lo saque del gabinete, tarea que en verdad debió ejecutar el propio Presidente, pero ya conocemos de las deficiencias de carácter de las que adolece nuestro primer mandatario.
No es admisible ni un milímetro de concesión al filosenderismo que exhiben algunos miembros allegados al gobierno y, en este caso, un ministro de Estado, que ha sido denunciado en sinfín de ocasiones por medios como La República o Beto a saber, mostrándose serias denuncias de haber sido partícipe de Sendero Luminoso y de haber perpetrado, directa o indirectamente, atentados terroristas. Figura su nombre, en ese sentido, en atestados policiales de la época.
No se puede normalizar la presencia de exsenderistas activos o filosenderistas, como los del Movadef, en el entorno del gobierno. Puede llegar a ser, inclusive, causal de vacancia por incapacidad moral que un Primer Mandatario nombre o se vincule a gente con ese pasado o presente.
Ojalá no seamos testigos en esta ocasión de la claudicación moral de las bancadas del centro, en particular, las de Acción Popular y Alianza para el Progreso, quienes le extendieron el voto de confianza a un gabinete impresentable, el peor consejo de ministros que se recuerde en toda nuestra historia republicana, por lo menos desde los 80 hasta la fecha.
Frente a un gobierno, que hasta que no se defina internamente, conforme lo trascendido (sin Bellido, Cerrón, Maraví, Constituyente, ni Movadef), lo correcto, en términos de la oposición, es ser intransigente, dura y enérgica, sin concesiones ni contemporizaciones, que lo único que hacen es envalentonar al régimen y reforzarlo en su idea, si acaso la tiene, de que puede gobernar los cinco años restantes albergando en su seno la morralla descrita.
La censura a Maravi, sobre quien, parece, el gobierno no hará cuestión de confianza, es una prueba de moralidad del Congreso. La primera valla no la pasó, al darle la confianza al gabinete Bellido. Esta segunda, si la transita con probidad y consecuencia, debería ser el inicio de una tendencia de fiscalización extrema a un régimen que, probado está, solo parece funcionar a punta de ajustes y presiones.
El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se resiste a desaparecer. La organización sobrevive a la muerte del sanguinario fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, entre la victimización y el apoyo a iniciativas del gobierno. Una de estas es la Asamblea Constituyente.
Actualmente, el Movadef es liderado por Alfredo Crespo, exabogado de Abimael Guzmán y quien ostenta el cargo de secretario general. Crespo está en la actualidad con arresto domiciliario al ser intervenido en el marco del operativo policial Olimpo, en diciembre del 2020, realizado para cazar a simpatizantes de Sendero Luminoso.
En el 2018, Crespo asumió el liderazgo del Movadef ante la muerte de Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán. “¿Se compromete a cumplir y/o asumir consecuentemente el cargo de secretario general guiándose y aplicando nuestra guía Ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo?”, le preguntaron a Crespo en la juramentación. “Sí, me comprometo”, respondió él en una reunión ante cien personas en Jicamarca, y en medio de aplausos.
Documento de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía que da cuenta de la juramentación de la nueva directiva del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en el 2018.
La juramentación de Crespo fue clandestina, en sintonía con uno de los lemas del movimiento: “el partido es secreto o no es nada”. Pudo ser grabada gracias a la infiltración de agentes policiales.
La número dos de la organización, Estela Guillermo Álvarez (subsecretaria nacional, de acuerdo al organigrama), se encuentra presa a raíz de la misma operación Olimpo. En total hay 51 activistas del Movadef con prisión preventiva, 18 con comparecencia restringida y 8 con arresto domiciliario por estas pesquisas.
Según los planes de su fundador, Manuel Fajardo, el Movadef apuntaba a expandir su radio de acción en todo el país (para el 2018 ya tenían 5.000 inscritos y 68 bases a nivel nacional, salvo en Cajamarca, Loreto y Madre de Dios). El operativo Olimpo frenó sus aspiraciones.
“En los últimos diez años han sufrido golpe tras golpe. Primero la Operación Perseo [un megaoperativo realizado el 2014], luego Olimpo, después la muerte de su líder máximo. Los veo debilitados”, dice el antropólogo Dynnik Asencios, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estudioso de Sendero Luminoso.
De hecho, Guzmán murió sin arrepentirse, según su abogado Sebastián Chávez. “Una vez me dijo: ‘Si te metiste para soldado, tienes que aprender a marchar’. Él decidió iniciar la lucha armada porque estuvo plenamente convencido de que era lo que correspondía”, dice Chávez, quien es considerado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Ratio Luris, otro organismo salido de las entrañas de Sendero Luminoso, que funciona como brazo jurídico del Movadef.
“Los integrantes del Movadef no tienen arrepentimiento de lo que se hizo. No han hecho un deslinde. Y eso es un gran problema. Así no podemos convivir todos en democracia”, dice, por su parte, el investigador Asencios.
AFINIDADES
Según la Dircote, el Movadef se creó en el 2009 por orden de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre para impulsar un movimiento “pro-amnistía”. En estos últimos meses, el grupo no sólo se centró en pedir la liberación de Abimael Guzmán. También saludó la elección de Pedro Castillo y Perú Libre, y apoyó la iniciativa de una nueva Constitución con el lema “¡Asamblea Constituyente ya!”, sin que esto signifique un pacto formal con el gobierno.
Julio, 2021. El comunicado del Movadef en el que respalda una asamblea constituyente y saluda la proclamación de Pedro Castillo como presidente.
“Saludamos al compañero Pedro Castillo, le deseamos éxitos en su gestión y esperamos que propicie una real democratización de la sociedad peruana, que permita mejores condiciones para desarrollar el camino del pueblo”, escribió el movimiento en su sitio web, tras confirmarse en julio pasado el triunfo del profesor cajamarquino en las elecciones presidenciales.
Movadef también promueve la recolección de firmas para el referéndum por una Asamblea Constituyente en su cuenta de Youtube. Y su base en Puno ha realizado pintas a favor de la asamblea, el caballo de batalla de Perú Libre.
En esa región se encuentra César Tito Rojas, sindicado por la Dircote como miembro fundador del movimiento. Tito hoy es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo. Su nombre saltó a la palestra cuando visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre. Lo cierto es que el sindicalista vino como parte de una delegación de dirigentes puneños, representantes de otros gremios, para denunciar el abandono de un hospital regional.
La cercanía de Castillo con algunos miembros del Movadef, sin embargo, es indisimulable. El 2018, el candidato presidencial de Perú Libre y cuatro representantes del Conare-Sute participaron de un evento de educación en La Paz organizado por Álex Chamán, representante en ese país del movimiento que pedía la amnistía de Guzmán.
La Fenate Perú, el gremio fundado por Castillo, acaba de lanzar su propia agrupación política. La ha bautizado como Partido Popular y Magisterial. El liderazgo del partido ha recaído en Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef en Tacna. La firma de la profesora también figura en los planillones del movimiento prosenderista, aunque recientemente declaró que se arrepentía de haberlo hecho.
El Movadef también se ha sumado al coro oficialista de que hay persecución política contra Perú Libre. El grupo colgó hace apenas un mes el video de un conversatorio sobre esta supuesta persecución política al partido de Vladimir Cerrón, donde se entrevista a dos militantes de la agrupación del lápiz, Jorge Aliaga y Luis Tarazona. En el evento una de las presentadoras comparó la situación de Perú Libre “como en su momento fue la campaña contra la inscripción legal del Movadef, cuando tuvo la intención de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”.
El 2011 el Jurado Nacional de Elecciones cerró la puerta a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político al señalar que el “pensamiento Gonzalo”, ideario que suscriben, desemboca en actos violentos.
El discurso de victimización también inunda las redes senderistas. “¿Es acaso casual la persecución a los activistas del Movadef, a los compañeros Aduviri, Cerrón, Santos, a los abogados de Ratio Iuris, a las organizaciones como Perú Libre, Conare Sutep, Fudepp, a los compañeros detenidos en el operativo Olimpo? De ninguna manera”, dice el Movadef en su portal oficial.
Diciembre, 2020. Detención de Paul Leonardo Fernández, secretario de Movilización del Movadef, en el marco de la Operación Olimpo. Foto: Ministerio del Interior.
Otros organizaciones fachada de Sendero, como la asociación de abogados Ratio Luris, manifiestan una defensa cerrada del ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de pertenecer a Sendero y próximo a ser interpelado en el Congreso. “¿Cuál es el problema si es que en algún momento (Maraví) tuvo un pensamiento distinto? A Maraví por un tema de hace cincuenta años están pidiendo su cabeza. En el Perú no se puede ser comunista”, dice a Sudaca Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre. El letrado hace referencia a las acusaciones contra Maraví sobre una presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en 1981.
Miguel Sánchez Calderón, por ejemplo, otro de los abogados de los cabecillas senderistas y miembro de Ratio Luris según la Dircote, apoyó en redes la postura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de esa agrupación, Edgar Tello, de rechazar la ley para incinerar el cadáver de Abimael Guzmán.
El presente de los grupos de fachada de Sendero Luminoso como el Movadef, sin embargo, es el silencio. “Solamente el 5 % de su accionar es abierto; mientras que el 95 % está relacionado a ‘trabajo clandestino’”, dice un reciente informe de la Dircote.
Los seguidores de Abimael Guzmán prefieren expresarse en las redes sociales y no dar entrevistas para evitar represalias de las autoridades. Los del Movadef no han cuestionado hasta el momento al presidente Castillo por promulgar la ley que permite cremar a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, aprobada en el Congreso. Los senderistas han apostado por respaldar desde su sitio web la victimización de la viuda del fundador de Sendero. Y es que Yparraguirre ha denunciado el «asesinato” de su esposo, el genocida Abimael Guzmán, porque no lo dejan ver el cadáver.
Pese al fuego graneado en las redes sociales del Movadef, el gobierno -como en todos los casos relacionados a Sendero- no ha dicho esta boca es mía.
