Movadef

El abogado César Nakazaki argumenta que, para que exista pertenencia a una organización criminal terrorista, esta debe estar activa en la actualidad y tener como objetivo usar la violencia para generar terror en la población o para tomar el poder político, como lo hizo Sendero Luminoso con sus atentados. “Movadef no ha realizado actos violentos ni ha planificado atentados; de hecho, intentaron inscribirse como partido político y fueron rechazados”, subraya.

Por otro lado, el periodista César Hildebrandt sostiene que Movadef ha sido un intento de crear una organización política electoral que ha renunciado a la lucha armada, en la que muchos de sus fundadores participaron en décadas pasadas. Apunta que Movadef «no tiene armas, no tiene vocación de actuar, no tiene un programa terrorista», por lo que no existe ninguna razón que justifique su encarcelamiento. Por el contrario, señala lo errado de cerrar el paso “a la conversión de una organización terrorista en un movimiento político avanzado”, brindándoles la condición de “terrorista perpetuo” a pesar de la ruta que elijan como organización. 

Años atrás, cuando se realizaron las primeras detenciones por Perseo, el periodista Gustavo Gorriti, tras revisar los fundamentos policiales, concluyó: “¿Existe alguna prueba, luego de todas las investigaciones, de que estos jóvenes desorientados estén siendo organizados hacia la violencia, de que se los esté preparando para la insurrección? Ninguna. No la hay en ninguno de los documentos que justifican esa operación”.

Desde distintos sectores políticos, tres personajes, cada uno reconocido en su medio, coinciden en un punto: condenar a los integrantes de Movadef en el juicio del caso Perseo sería un grave error del sistema judicial peruano, ya que no existen pruebas, razones ni sentido para hacerlo. 

Nosotros iniciamos este texto apoyándonos en sus dichos debido a que en los últimos tiempos se ha naturalizado invalidar a las personas que se animan a presentar argumentos que, de alguna manera, no favorezcan la quema en la hoguera de cada ex senderista que ha dejado las armas. La intención no es invalidarlos a ellos —aunque tal vez no sería posible hacerlo, sino destacar expresiones que han sido invisibilizadas, de personas que cuentan con cierto capital social para expresar sus ideas sin miedo a ser alcanzados por el “virus terrorista”. 

Si se ha logrado el cometido y estas líneas aun poseen validez para quien las esté leyendo, intentaremos desarrollar un tema sobre el que se ha impuesto una condena al silencio, a pesar de ser de gran relevancia.

El caso Perseo 

El caso Perseo, que intenta condenar a los miembros del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), es crucial para el Estado de derecho y la calidad de la democracia en el Perú. En contraposición a la narrativa dominante, considero que una sentencia absolutoria sería un avance en el fortalecimiento de la democracia.

Es erróneo pensar que el juicio solo afecta a los procesados de Movadef. Más allá de que un Estado democrático no puede condenar sin pruebas, este caso tiene implicaciones más profundas. Validar los argumentos de la Policía y la Fiscalía implicaría aceptar que aún es posible el resurgimiento de la subversión y que existen grupos que la promueven, una lógica que sirve para criminalizar movimientos sociales que cuestionan el sistema vigente. Este mecanismo ha sido utilizado en diversos conflictos sociales, tanto por quienes defienden el medio ambiente como por aquellos que demandan una nueva constitución, acusándolos de estar vinculados a antiguos grupos subversivos. La estrategia en mención, conocida como «terruqueo», se basa en acusaciones sin pruebas. Una absolución en el caso Perseo desactivaría esa amenaza constante y permitiría abordar los conflictos sociales de manera distinta, debilitando la base del terruqueo.

Para dimensionar el riesgo que enfrenta la democracia, basta con revisar las declaraciones del exjefe de la Dircote, Max Anhuamán, quien sostiene que organizaciones populares como la CNUL y Conulp son “organismos de fachada”, en alusión a las estructuras de «organismos generados» de Sendero Luminoso. De igual manera, hace pocos días el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén sostuvo que Movadef estaría detrás del paro de transportistas. Se trata de la típica estrategia del terruqueo que busca invalidar cualquier demanda del grupo que es blanco de esta. Aquella estrategia hasta ahora no ha podido trascender, salvo casos muy específicos, a una abierta criminalización. Esto es así porque si bien en el imaginario colectivo se ha llegado a instaurar la idea de que hablar de “Movadef” es hablar de “Sendero Luminoso” y en consecuencia, de “actos de terrorismo” que deben ser detenidos por el Estado, aquella equivalencia aún no ha sido aceptada legalmente. Una sentencia que afirme que Movadef es una organización terrorista per sé significaría la criminalización de colectivos que suelen ser relacionados, o que efectivamente lo están, con esta agrupación, a pesar de no haber cometido ningún delito. 

El terrorismo y la condición perpetua 

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), a pesar de su conexión ideológica con Sendero Luminoso, a partir del Pensamiento Gonzalo, no ha incitado a la violencia ni a la insurgencia armada. Su objetivo principal es la participación política y la solicitud de amnistía para quienes han sido condenados por terrorismo. Aunque su discurso pueda ser polémico, y genere rechazo en una parte de la sociedad, no constituye un delito. Acusar a Movadef de ser una «fachada» del terrorismo sin pruebas de acciones delictivas específicas no justifica su criminalización.

En el caso de Perseo, no hay evidencia de que los miembros de Movadef hayan cometido actos terroristas; los cargos se basan en afinidades ideológicas y no en acciones violentas. No obstante, un punto controvertido es la mención del «Pensamiento Gonzalo» en sus documentos, que algunos consideran como un argumento fundamental para condenar a los procesados. Sin embargo, César Nakazaki aclara que “hablar del «pensamiento Gonzalo» no es un problema en sí mismo, a menos que se utilice para incitar a la violencia”.

Gustavo Gorriti, coincide en este punto: “El llamado “pensamiento Gonzalo” posterior a las negociaciones con Montesinos y sus asesores, no tiene nada que ver con lo que antes pasaba como tal. Abimael Guzmán consiguió parar intelectualmente de cabeza a su organización, persuadirla de la necesidad de creer en y defender posiciones que antes hubieran resultado anatema. El otrora ardiente enemigo del revisionismo terminó revisando todo”.

Otro aspecto controvertido es el de la pertenencia a una organización terrorista. La acusación establece una equivalencia simplista entre Movadef y Sendero Luminoso, asumiendo que todos los miembros de la primera son automáticamente terroristas. Sin embargo, esta afirmación ignora la complejidad del caso y la necesidad de pruebas concretas para vincular a un individuo con actos terroristas. Además, la definición de «pertenencia a una organización terrorista» es un tema jurídico complejo que requiere un análisis cuidadoso.

¿Qué significa pertenecer a una organización terrorista? César Nakazaki sostiene lo siguiente: » Lo que convierte al terrorismo en un crimen es la decisión de cometer delitos para generar terror, y para hablar de pertenencia a una organización terrorista, debe haber una organización actualmente cometiendo esos delitos”, lo cual obviamente no existe en la actualidad ni en perspectiva.

Acusar de terrorismo sin pruebas concretas viola el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental en cualquier sistema de justicia. Criminalizar ideas disidentes no solo instrumentaliza el sistema penal, sino que también contradice los principios de reintegración y justicia restaurativa. De acuerdo con el jurista italiano Luigi Ferrajoli, «el derecho penal no puede ser un derecho de enemigos, sino un derecho de ciudadanos».

Uno de los aspectos más graves en el caso Perseo es la idea del «terrorismo perpetuo», que sostiene que las personas que alguna vez formaron parte o simpatizaron con una organización subversiva lo serán de por vida. Este enfoque es jurídicamente insostenible y contradice los principios de reintegración del derecho penal.

El sistema jurídico peruano y el derecho internacional establecen que una persona que ha cumplido su condena o ha dejado de participar en actividades delictivas debe tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Catalogar a estas personas como «terroristas perpetuos» contradice los principios de justicia restaurativa y fomenta la radicalización al crear una dinámica de exclusión permanente.

En su obra “En busca de las penas perdidas”,  el jurista argentino Zaffaroni critica las penas que deshumanizan y excluyen a los individuos de la sociedad, argumentando que el objetivo del sistema penal debe ser la reintegración social y no la exclusión.

Condenar a los miembros de Movadef sin pruebas de actos violentos debilita la democracia peruana al mostrar intolerancia hacia ideas radicales, incluso dentro de la legalidad, erosionando el respeto por la diversidad ideológica. Castigar opiniones disidentes sin evidencia genera un clima de miedo y autocensura, lo que socava el pluralismo y la vitalidad democrática, como señala Ronald Dworkin al afirmar que la libertad de expresión protege, sobre todo, a las ideas minoritarias.

El caso Perseo es una prueba importante para la democracia peruana. Sentar un precedente de condena en este caso sería un retroceso. El verdadero triunfo sobre la subversión es la consolidación de una democracia fuerte que respete los derechos de todos, incluso de aquellos con los que no estamos de acuerdo.

Absolver en el caso Perseo simbolizaría la victoria definitiva del Estado sobre quienes fueron sus enemigos en décadas pasadas, porque estos, como tales, ya no existen.

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En la búsqueda de alcanzar la mayoría suficiente para hacerse de la Mesa Directiva del Congreso, la centroderecha no se está parando en mientes para conseguirlo.

Hace cosa de un mes iniciaron verbales coqueteos con Perú Libre, pero luego vino el úkase de Keiko Fujimori a través de Miki Torres y las tratativas quedaron convertidas en letra muerta. Ya no había nada que hacer entre Fuerza Popular y el partido de Vladimir Cerrón, con lo cual abortaba la posibilidad de que el hermano el del exgobernador de Junín ocupara un sitio protagónico en la mesa directiva a conformar.

A renglón seguido varios representantes parlamentarios del llamado Bloque Democrático han empezado a tirarle flores a la bancada del Bloque Magisterial, señalando que son más sensatos y dialogantes que sus pares de Perú Libre y que con ellos sí se podrían sentar y acordar un pacto.

La dificultad está en el pedido del Bloque Magisterial de que le otorguen la presidencia de la Comisión de Educación, lugar que, a su vez, Renovación Popular se niega a perder y, como veremos, con singulares buenas razones.

No sería admisible, ni ética ni políticamente, que parte del toma y daca con el Bloque Magisterial, pase por entregarle a éste la potestad de volver a poner sobre el tapete temas ya zanjados, como el intento de intervenir la Derrama Magisterial o el de brindarle reconocimiento sindical al Fenate, agrupación claramente vinculada al Movadef.

Nadie se puede cortar las venas porque se incluya a una agrupación de izquierda en una Mesa Directiva presidida por la derecha, sobre todo si pragmáticamente se necesitan sus votos para alcanzar la mayoría. Al final, lo que importa, políticamente hablando, es la Presidencia del Congreso, no las vicepresidencias, que son cargos más bien protocolares.

Lo que preocupa es que al son de las negociaciones, la derecha trance en temas inaceptables, sobre los que debe mostrar intransigencia. La agenda del Movadef no puede ser avalada por ninguna agrupación democrática, y si el Bloque Magisterial la pone sobre la mesa debe ser descartada de plano. Los tiempos infaustos del castillismo no pueden volver por la puerta falsa de una negociación política, por más perentoria que ésta sea.

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Así como ésta hay muchas bombas de tiempo dejadas por el funesto gobierno de Pedro Castillo, que deben ser desactivadas. Nos hemos librado de un desastre con la salida del Atila chotano. Hoy empezaba con la Derrama Magisterial, mañana iba a destruir todo el sector empresarial privado, envalentonado.

El Perú no puede permitir que se golpee más al sector privado, que es el que invierte y genera empleo, además de reducir la pobreza. Cientos de miles de maestros deben agradecer que el gobierno actual haya puesto fin a un profundo acto de pillería y afanes de venganza. Su lucha y protesta ha ayudado a que la sociedad aprecie los esfuerzos empresariales de un sector sindical crucial para la marcha del país en el sector Educación y que ha demostrado que hacer empresa es una responsabilidad tan delicada que merece el cuidado de los gobiernos y no su manoseo, como el que pretendieron desplegar Castillo y sus huestes radicales.

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Nos hemos librado de una amenaza ya no solo para la buena marcha económica o para el buen funcionamiento del Estado, sino de un sujeto que desde el Estado siempre quiso petardear la democracia y felizmente fue interrumpido legítimamente en ese proyecto, cuyos coletazos vemos hoy día desplegarse, pero que con inteligencia y justa represión, deberían estar bajo control en pocos días.

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Le toca al Congreso clausurar este despropósito llevando nuevamente al Pleno la derogatoria del decreto supremo que da origen a este descomunal atentado contra el derecho empresarial y la libertad asociativa. Ya la Comisión de Constitución ha tomado posición al respecto. Corresponde que ahora lo haga el Pleno y no se repita la indecorosa conducta de algunos parlamentarios que se pusieron de costado, en anterior ocasión, y permitieron que el Fenate-Movadef siguiera adelante en sus torvos propósitos.

Corresponde a la mayoría opositora ponerle coto a los desmanes del Ejecutivo. Esa es su tarea primordial. Y en este caso en particular, al abuso de poder que implicaba la participación directa del presidente Castillo y de su dócil ministro de Educación.

Por decretos supremos no se puede intervenir en las decisiones estatutarias de empresas privadas. Se sentaría un precedente nefasto para la confianza de los agentes empresariales. Y eso es lo que pretendía el gobierno, sin ningún sustento legal ni constitucional.

La Corte Superior ha fallado en justicia suspendiendo los alcances del decreto de marras. Es la hora de que el Congreso selle lo actuado derogando la susodicha norma, poniendo el Estado de Derecho por encima de apetitos sindicales particulares y afanes de venganza primarios que involucran al primer mandatario.

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¿Qué se hace cuando un ministro, como el de Educación, Carlos Gallardo, lanza un lamentable comunicado respaldando en la práctica el golpe institucional que se ha perpetrado contra la Sunedu y la reforma universitaria en la Comisión de Educación del Congreso, mientras su jefa, la premier Mirtha Vásquez señala que el gobierno respalda dicha reforma?

¿Con qué autoridad moral, el ministro de Economía pide delegación de facultades legislativas y señala explícitamente que gran parte de los recursos que se obtendrían, irán al sector Educación, si vemos al titular del pliego tirándose abajo la reforma magisterial, una de las más importante efectuadas en los últimos años en el país, consagrando así la mediocridad en el sector?

Corre intensamente el rumor de que sobrevendría un cambio de gabinete en los próximos días, no se sabe si inclusive de la Premier o solo de algunos ministros. Sea cual fuera al escenario, lo cierto es que el ministro de Educación no puede seguir un día más en el cargo que ocupa. Es el Atila de las reformas magisterial y universitaria peruana. Solo está en el cargo para favorecer irregularmente al sindicato apócrifo del Fenatep, vinculado al Movadef, y que pretende golpear en la línea de flotación al sindicato histórico del magisterio, el Sutep. Ese es su principal propósito, pero en el camino está destrozando el sector.

Causa sorpresa mayúscula, por cierto, que un importante núcleo político y tecnocrático de la izquierda, que acompañó durante más de una década los cambios positivos que se han ido emprendiendo en el sector Educación, guarde sepulcral silencio respecto de los desmanes de este gobierno en el mismo, desplegando una contrarreforma de tal envergadura que ni siquiera la ultraderecha se atrevió a plantear entre sus propuestas.

Causa igual o mayor sorpresa, que el Congreso, mayoritariamente opositor, no haya procedido ya a censurar a un ministro que carece de las condiciones mínimas para ejercer el cargo y, lo que es más grave, que muchos de sus miembros (al menos de la Comisión de Educación; ojalá que en el Pleno ello varíe) se sumen al lobby turbio de las universidades bamba que, sin duda, debe estar corriendo importantes sumas de dinero para convencer a algunos parlamentarios de que les permitan una nueva oportunidad de volver a las andadas de la mediocridad y corrupción académicas, sin tutelas ni exigencias.

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EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Importantes temas y reformas ligadas a los desvelos de la izquierda autodenominada moderada del país, están siendo atacadas directamente por el régimen de Castillo y no se oye una sola crítica de este sector ideológico y político del país.

La reforma del transporte, iniciada por una de las suyas, Susana Villarán, bajo el liderazgo del hoy viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García, por ejemplo, quiere ser demolida por el ministro de Transportes, quien ha sido pescado en un audio ofreciendo descabezarla a cambio de evitar una paralización, y agregando a la oferta sinfín de gollerías, contrarias todas al intento de poner un poco de orden en ese caos terrible e ineficiente que es el sistema de transporte público del país.

La reforma educativa, auspiciada con gran intensidad por el exministro Jaime Saavedra, con la participación significativa de cuadros tecnocráticos de izquierda y ONGs de ese espectro, hoy quiere ser lanzada a un tacho por el inefable titular del sector, Carlos Gallardo, quien está más preocupado por los beneficios del sindicato proMovadef, Fenatep, que por el bienestar de los alumnos o la mejora de la educación. Y el silencio sepulcral de la izquierda resuena grandemente.

El manejo de la seguridad interna es otro de los temas cooptados por la intelligentzia izquierdista, que tiene institutos dedicados exclusivamente a estudiar dicha problemática. Pero sale el gobierno con la peregrina y absurda idea, cara a la ultraderecha, de militarizar las calles sacando a las Fuerzas Armadas, y no se ha escuchado a ningún congresista, ministro, académico, intelectual o líder político de izquierda denunciado la falta de idoneidad de dicha medida.

Las pequeñas cuotas de poder de la coalición que nos gobierna, han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana, que se está tragando todos los sapos que perpetra el mediocre e improvisado régimen de Castillo, sin chistar. En ese sentido, más coherencia ha mostrado el grupo de Vladimir Cerrón y Perú Libre.

La buena noticia es que con esto se les acabará la monserga de la supuesta supremacía moral que presumían tener respecto de la derecha, a la que acusaban de actuar más por intereses que por principios. Ahora que la vemos en el poder, queda claro que algunas migajas del mismo, pesan más que los valores éticos de los que se preciaban.

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