La opinión pública ha centrado su atención negativa sobre todo en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero le ha puesto mediana intensidad a recalar en lo que se viene haciendo en un portafolio crucial como es el de Educación, y con su titular, Carlos Gallardo.
En conferencia reciente, el ministro de Educación, en la práctica, anunció la sepultura de la reforma magisterial y en particular de la evaluación meritocrática -una de las mejores y mayores reformas que se habían efectuado en un sector carente de manejos visionarios o de largo plazo-, asentó sus vínculos con Fenate, sindicato apócrifo vinculado al Movadef y, lo que coronó la fiesta, soslayó la urgencia de reiniciar las clases presenciales en el país.
Gallardo es un incompetente mayor. Carece de autoridad y de criterio para manejar una de las carteras en las que un gobierno de izquierda debiera marcar la diferencia respecto de las administraciones de derecha, que suelen no prestarle mayor atención a las políticas públicas básicas, sobre todo las de salud y educación.
A este paso, uno llega a preguntarse, con razón, para qué tanto esfuerzo del ministro de Economía, Pedro Francke, por incrementar el presupuesto vía una reforma tributaria, si uno de los sectores receptores de ese incremento recaudatorio, va a ser un portafolio pésimamente administrado por alguien que claramente no está calificado para el cargo.
El Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. El camino de la interpelación y la censura -o la censura directa- se impone más en este caso que en el de Barranzuela, siendo ambos, ministros que no merecen ocupar un asiento en el consejo ministerial.
La educación pública es uno de los pilares de la inclusión ciudadana y de la mayor equidad social. En la educación pública debieran invertirse los excedentes del éxito macroeconómico del país. Pero ello requiere mano diestra para conciliar intereses propios del sector y generar consensos que permitan sobrellevar la reforma que hasta el momento se ha desplegado, profundizándola y extendiéndola.
No se puede tolerar a un ministro contrarreformista, puesto en el cargo, al parecer, solo para beneficiar a un sindicato radical que quiere aprovechar el poder político del Presidente para trazar una ruta de dominio y de hegemonía en el magisterio, siendo, en esa perspectiva, Gallardo, un monigote que piensa más en ello que en el bienestar de millones de niños y jóvenes, cuyas familias claman por recibir una educación digna, competitiva con la educación privada que solo los afortunados pueden pagar.
