[INFORMES] Las afirmaciones del Gerente Municipal de San Isidro acerca del futuro exitoso del proyecto del Centro de Salud Municipal, a pesar de las deficiencias técnicas y los problemas de permisos y autorizaciones, suscitan interrogantes sobre la resolución de las irregularidades previamente señaladas en Sudaca. ¿Realmente han sido abordadas estas problemáticas?
Antes de hablar en concreto del caso, en este inicio del 2024, presentamos esta primera nota periodística, desentrañando los intrincados sucesos que rodean el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar» en San Isidro. En este caso, descubrimos giros sorprendentes, decisiones cuestionables y el incansable esfuerzo de los vecinos por defender la integridad de su comunidad. Acompáñame en este viaje periodístico que promete arrojar luz sobre la verdad, desafiando las sombras de la opacidad y revelando las complejidades detrás de este proyecto que afecta a San Isidro. ¡Bienvenidos a un año lleno de historias que inspiran la búsqueda incansable de la verdad!
El caso de San Isidro
En respuesta a las inquietudes de los vecinos, Mario Altuna consultó al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la posibilidad de operar un centro de salud en el lugar, ya que la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01 inicialmente lo prohibía debido a la proximidad del terreno a una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones. La respuesta categórica de la entidad fue un rotundo «NO PROCEDÍA», arrojando dudas sobre la validez de la aprobación reciente del Gerente Municipal.
La DIRIS LIMA CENTRO, en un comunicado enviado al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) en junio de 2021, declaró que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. Esta información, desafortunadamente, parece haber sido ignorada durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien demolió una vivienda sin cumplir con los requisitos del MINSA, dando inicio a la construcción de un edificio inacabado que la administración actual no ha detenido.
El «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano» revela una inversión inicial de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles, que se incrementa a S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles bajo la gestión de Cáceres. Estos cambios financieros plantean cuestionamientos adicionales sobre la transparencia y la gestión económica del proyecto.
A pesar de las advertencias públicas en una edición del diario #AlDía, donde la alcaldesa expresó su compromiso en recomponer los detalles, la seguridad del Gerente Municipal respecto a la viabilidad del proyecto genera un dilema sobre la integridad del proceso. Mario Altuna destaca la gravedad del caso, sugiriendo que se abran procesos contra los responsables, ya que la edificación podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud, según sus afirmaciones.
La ubicación del terreno a menos de 100 metros del grifo REPSOL y del Colegio John Neper, junto con las disposiciones de la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíben la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos, plantean inquietudes adicionales sobre la idoneidad del emplazamiento.
El pasado de la clínica municipal
Manuel Velarde Dellepiane, quien ocupaba el cargo de burgomaestre en el distrito de San Isidro, presenció la declaración de viabilidad del «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro«. Según la información obtenida por Sudaca, este proyecto, identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía una inversión inicial, como comentamos anteriormente, de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles.
Este monto abarcaba diversas mejoras en las instalaciones de la infraestructura del local de la calle Paul Harris, así como la adquisición de un inmueble destinado al Centro Médico Municipal en la urbanización CORPAC. El presupuesto para la adquisición se estimaba en S/. 4,860,000.00 Nuevos Soles, mientras que el acondicionamiento estaba presupuestado en S/. 1,425,454.07 Nuevos Soles.
El entonces alcalde Velarde concluyó su gestión sin iniciar el proyecto. Al sucederlo, Augusto Cáceres, se modificó la inversión a un total de S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles. Durante su gestión, se llevó a cabo la Contratación Directa Nº 6-2019-SL/MSI-1 para la «Adquisición de Inmueble-Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano». La Municipalidad de San Isidro otorgó la buena pro a la empresa ARTE INVERSIONES S.A, por un inmueble en la avenida Guardia Civil N° 754-760, con un valor de S/ 6,595,842.24 Nuevos Soles.
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la Municipalidad de San Isidro emitió la Orden de Servicio N° 4064-2020 por S/ 9,800.00 para el expediente técnico de la demolición del inmueble. En medio de estas acciones, los vecinos, entre ellos Mario Altuna, realizaron una consulta al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la viabilidad del centro de salud en el lugar, considerando la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01. La respuesta de la entidad fue un contundente «NO PROCEDÍA».
Esta información, transmitida por la DIRIS LIMA CENTRO al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, establece claramente que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. A pesar de estas advertencias, la gestión de Cáceres demolió la vivienda y continuó con la construcción de un edificio de cinco pisos que aún no está terminado.
Mario Altuna, uno de los denunciantes en este caso, señala que la obra podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud. A pesar de la gravedad del caso, la actual alcaldesa de San Isidro no ha detenido el avance de la obra, a pesar de su conocimiento sobre el tema durante su período como regidora en la gestión de Cáceres.
Ubicado a 81.97 metros del grifo REPSOL y a 70.80 metros del Colegio John Neper, el predio incumple las precauciones establecidas por la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíbe la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos.
La falta de cumplimiento de las precauciones establecidas podría perjudicar significativamente a los residentes de San Isidro. En medio de trámites cuestionados, el edificio y los sueños de varias gestiones permanecen en una situación de incertidumbre, exigiendo una revisión más profunda de la actuación de la Contraloría, la DIRIS y la actual alcaldesa.
