[INFORMES] Dicho comunicado viene a negar lo sostenido por el periodista César Romero Calle en diversos artículos y primeras páginas (impresas y digitales) que se ha publicado desde el 28 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy en el diario “La República” y en que ha probado hasta el extremo la veracidad de la orden de videovigilancias y seguimientos que impartió por escrito el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en la disposición Fiscal N° 1 del 05 de abril del 2023 en la que decide abrir una investigación secreta por 120 días “contra los que resulten responsables”.
La Fiscalía en su comunicado busca negar la existencia Carpeta Fiscal N° 87-2023
Es gravísimo que la Fiscalía quiera negar la existencia de la Carpeta Fiscal N° 87-2023 y de cuya disposición de archivo hemos sido notificados formalmente por el propio Ministerio Público el periodista César Romero y yo a fines de noviembre del 2023; y lo ridículo es que para ocultar su existencia y contenido se quiera hacer referencia a un proceso penal completamente distinto (la del abogado Castillo Alva), que está en la etapa de investigación preparatoria, y que en el caso de la investigación secreta a periodistas (CF N° 87-2023) no ha pasado de las diligencias preliminares.
La única manera que la Fiscalía pueda negar o afirmar si hubo seguimientos o videovigilancias a periodistas no es aludiendo a un proceso penal que se encuentra judicializado en donde se menciona a los periodistas César Romero y a mí, sino remitiéndose a la carpeta Fiscal número 87-2023 que obra en poder del Ministerio Público y en la que efectivamente se han ordenado videovigilancias y seguimientos a periodistas.
El Ministerio Público para emitir su comunicado ha buscado donde sabe perfectamente que no va encontrar nada de videovigilancias y seguimientos a periodistas, debido a que, según nuestras fuentes, en el proceso penal que se le sigue al abogado Castillo Alva (carpeta Fiscal 09-2019) en más de 4 años de investigación no se ha ordenado videovigilancia o seguimiento alguno.
Para opinar sobre el tema la Fiscalía de la Nación y el área de prensa del Ministerio Público deberían haber leído la primera plana del diario la República de ayer que expresamente alude a la Carpeta Fiscal 87-2023 que se encuentra en el Tercer despacho del Caso “Cuellos Blancos”.
El Ministerio Público, en el colmo de lo hilarante y bochornoso, quiere negar los documentos (disposiciones y videovigilancias) que ha obtenido oficialmente César Romero de la Carpeta Fiscal 87-2023 y que publica ayer en la primera plana el diario “la República” con el título “Ministerio Público: la carpeta 87-2023 revela sus secretos”.
Lo que oculta deliberadamente el comunicado del Ministerio Público es que el inicio de la investigación secreta contra las periodistas que emprende la Fiscalía por 120 días se debe a dos artículos publicados, uno por Sudaca, el 27 de marzo del 202 titulado “ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALES DEL CASO CUELLOS BLANCOS SE CONVIERTEN EN ABOGADOS DEFENSORES DE WALTER RÍOS” y el otro artículo publicado por el diario la República el 30 de marzo del 2022 titulado “FISCALES AD HOC PRESIONAN A SUS COLEGAS PARA FAVORECER A REO”.
Las tres primeras páginas (de las 10 páginas) que forman parte de la disposición fiscal del 5 de abril del 2023 por las que se inicia la investigación secreta a los periodistas justamente abundan en detalles y resaltan las publicaciones realizadas por la República y por Sudaca. No hay duda alguna que sin los artículos publicados por César Romero y yo en la República y Sudaca no habría tenido sentido abrir la investigación fiscal secreta el 5 de abril del 2023 en la que se ordenó las videovigilancias.
La Carpeta Fiscal de la investigación secreta a los periodistas del diario la República, de Sudaca y la Carpeta Fiscal del abogado Castillo Alva son distintas
El Ministerio Público en su comunicado pretende hacer creer de manera temeraria e inexplicable a la opinión pública que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional ordenó en el caso de la prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva que se habría encontrado peligro de obstaculización por parte de dicho abogado por haber influido en las publicaciones del diario “La República” y el portal “Sudaca”. Las publicaciones a los que se refiere la Sala Superior datan del 16 de abril del 2023, es decir, son 11 días después de iniciada la investigación secreta iniciada por la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto. Mejor dicho, lo que la Fiscalía quiere traer en su defensa es en realidad un boomerang que les estalla en la cara: lo que la sala alude, más allá de su abierta falsedad, son noticias periodísticas publicadas tiempo después por La República y Sudaca al inicio de las diligencias secretas ordenadas por Andy Rodríguez.
La Fiscalía miente en citar la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional como única referencia a las publicaciones de La República y Sudaca cuando, en realidad, el caso del abogado Castillo Alva es un caso completamente distinto y autónomo de la investigación secreta a los periodistas por cuatro razones. En primer lugar, la investigación al abogado Castillo Alva se encuentra en la carpeta Fiscal con número 09-2019 (de la que deriva la prisión provisional que se le solicitó) y la investigación a los periodistas es la Carpeta Fiscal número 87-2023, es decir, entre una carpeta y otra hay una diferencia de casi 4 años. En segundo lugar, la Carpeta Fiscal con número 09-2019 siempre ha permanecido en el Primer despacho del caso “Cuellos Blancos” y la Carpeta secreta a periodistas número 87-2023 ha deambulado en todos los despachos del caso Cuellos Blancos para terminar en el Tercer despacho; los fiscales a cargo de los despachos fiscales son distintos. En tercer lugar, los periodistas César Romero y yo hemos sido citados a declarar como testigos expertos en la carpeta número 09-2019 en diciembre del 2023; mientras que en la Carpeta Fiscal número 87-2023 nunca hemos sido citados a declarar y menos hemos sido escuchados. En cuarto lugar, según nuestras fuentes, la Carpeta 09-2019 sigue abierta desde el año 2019 y el plazo de la investigación se ha determinado en 3 años; mientras que la Carpeta Fiscal 87-2023 se abrió el 5 de abril del 2023 y se cerró el 23 de noviembre del 2023.
Nunca se pidió un Informe sobre la Carpeta Fiscal 87-2023 para saber si existe o no orden de videovigilar o seguir a periodistas
La causa de semejante exabrupto y la desinformación en la que incurre el Ministerio Público en su comunicado, reside en que nunca ha pedido, según nuestras fuentes, alguna información por vía oficial o informalmente al Tercer despacho del caso Cuellos Blancos quien dirige y conduce la Carpeta Fiscal número 87-2023.
La disposición fiscal del 5 de abril del 2023 que inicia la investigación secreta y ordena la videovigilancia y seguimientos a periodistas se encuentra en una Carpeta Fiscal concreta y específica (87-2023); de tal manera que se podía simplemente preguntar al despacho a cargo sobre si se había ordenado en su momento la videovigilancia y seguimientos a periodistas para que la Fiscalía de la Nación y su área de prensa del Ministerio Público salga de cualquier duda y de esta manera no mienta en su comunicado.
Cualquier estudiante de derecho, y más aún el Fiscal de la Nación, sabe que la única manera de poder obtener la “verdad” sobre el contenido de una Carpeta Fiscal es preguntándole a quien la tiene a cargo sobre los hechos que se pretende comunicar e informar a la opinión pública; o se debe pedir un informe escrito al respecto, pero lo que no se puede hacer, bajo ningún sentido, es afirmar algo sin un conocimiento mínimo de la Carpeta Fiscal, sin pedir acceso o sin solicitar que se haga un informe al respecto.
Si nunca se pregunta a quien se debe; nunca se podrá saber la verdad de los hechos y menos se podrá conocer sobre el contenido de una Carpeta Fiscal. La Fiscalía de la Nación no puede estar desconectada de los fiscales provinciales, adjuntos o auxiliares que dirigen una determinada Carpeta Fiscal.
La fuente del “error” del Comunicado de la Fiscalía
El punto 3 del Comunicado del Ministerio Público “De acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.
El Comunicado de la Fiscalía toma como base para desmentir las medidas de seguimiento y videovigilancias a periodistas lo informado por la actual Coordinadora del Caso Cuellos Blancos, Magaly Quiroz Caballero. Sin embargo, lo extraño y lo raro es que el caso del seguimiento y videovigilancias a periodistas no se encuentra en la Coordinación del Equipo Especial, sino en el tercer despacho de la Fiscalía provincial del caso Cuellos Blancos. Se ha consultado con fuentes del Ministerio Público y se nos señala que nunca la Fiscal Coordinadora Magaly Quiroz Caballero, ha pedido un informe escrito al respecto, ni ha llamado a algún personal del despacho para que se le informe al respecto.
La afirmación que realiza el Comunicado del Ministerio Público no solo es falsa, sino que es desmentida por la propia disposición fiscal del 5 de abril del 2023 suscrita por el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez. Veamos:
Lamentablemente, y tal como lo ha resaltado La República, la investigación secreta se dirige de manera cobarde utilizando un paraguas legal “contra los que resulten responsables”, pero del contenido de la disposición fiscal que se declara secreta es indiscutible que el centro del interés del Fiscal Andy Junior Rodríguez eran los periodistas César Romero Calle y Juan Carlos Tafur. La explicación que ha dado el fiscal Andy Junior en su carta notarial dirigida a algunos medios de comunicación de que la persona investigada en la Carpeta reservada era el abogado José Luis Castillo Alva es absolutamente falsa ya que si fuera cierto no se entiende por qué no colocó expresamente su nombre. También debe tomarse en cuenta para demostrar la falsedad de lo dicho que Castillo Alva ya se encontraba investigado, por el propio despacho de Rodríguez, por organización criminal en la Carpeta Fiscal 09-2019 y como cualquier persona lecto escrita lo sabe ningún ciudadano puede ser investigado dos veces o de manera simultánea por los mismos hechos.
Asimismo, el mismo Andy Rodríguez y el Fiscal Superior Jorge Díaz Cabello comentaron, como lo relata también el periodista César Romero, a sus allegados más cercanos que se iba a allanar los domicilios de César Romero y el mío como las oficinas de Sudaca y La República.
Tan cierto es que los objetivos de la investigación secreta eran periodistas que criticaban a los fiscales que Andy Rodríguez lejos de enviarnos una carta de rectificación, denunciarnos al Consejo de la Prensa Peruana o querellarnos decidió en el colmo de la barbarie jurídica investigarnos él mismo y pidió a los despachos del caso Cuellos Blancos Informes sobre si habían sido objetos de ataque por La República o Sudaca. Solo basta leer la parte final de la Disposición fiscal N° 01 del 5 de abril del 2023 para darse cuenta de ello.
Para qué la Fiscalía va a ordenar recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones Sudaca, La República, entre otros medios), relacionados al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto”” si es que efectivamente no se va investigar e indagar a los periodistas que habían osado criticar su actuación funcional de los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro Huamán.
Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y su área de prensa ha sido inducida a error por la Fiscal Magaly Quiroz, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, debido a que ella ordenó el 28 de septiembre del 2023 la acumulación del caso reservado que se seguía a los oficiales de la Policía, a la Dra. Rocío Sánchez (y que tenía como objetivo principal al Coronel Harvey Colchado Huamní) con la Carpeta reservada que investigaba a periodistas. Por tanto, a ella le interesa sobremanera que no se conozca la verdad y que es una e indiscutible: Magaly Quiroz también participó en el caso de la investigación secreta a los periodistas y lo que es más grave, el 13 de septiembre del 2023 había ordenado un plazo de 8 meses de investigación secreta y que culminaba el 13 de mayo del 2024. Magaly Quiroz hizo algo peor que el Fiscal Andy Junior, pues no solo continuó con la investigación abierta el 5 de abril del 2023 desde que recibió la Carpeta Fiscal del Fiscal Andy Junior el 11 de mayo del 2023, sino que acumuló la investigación secreta a otra investigación en el que se había mandado realizar videovigilancias y seguimientos por ocho meses más, antes de derivar el caso al Tercer despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos. Veamos:
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
Es indiscutible, y no hay espacio para la duda, luego de leer la disposición Fiscal del 5 de abril del 2023, que el Fiscal Superior Andy Rodríguez ordenó efectivamente no solo realizar videovigilancias y seguimientos a periodistas, sino expresamente se ordenó también recabar información de búsqueda de publicaciones de Sudaca y La República para saber de ataques contra los fiscales del equipo especial que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto. La orden fiscal se dio formalmente y ha quedado registrada por escrito en una disposición fiscal que cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicio ni miopía puede leer sin problemas.
También como prueba de ello es que los periodistas César Romero Calle y mí persona fuimos notificados de la resolución de archivo fiscal del 23 de noviembre del 2023 de la Carpeta Fiscal 87-2023. ¿Si no fuimos los objetivos de la disposición fiscal que ordenó videovigilancias por qué tendrían que habernos notificado formalmente con la disposición de archivo?.
La Fiscal Magaly Quiroz en su condición de Fiscal provincial tuvo en sus manos las Carpeta Fiscal secreta que ordenaba seguir a periodistas y pese a que dejó que venciera el plazo de la investigación y a que no emitió una resolución ampliatoria antes del 5 de agosto del 2023, el 28 de septiembre del 2023 ordenó acumular la investigación secreta a los periodistas con la investigación a los policías y cuyo objetivo final era Harvey Colchado, dicha investigación secreta se habría dispuesto por 8 meses.
El Comunicado del Ministerio Público no puede negar que dos fiscales del equipo especial ordenaron realizar las videovigilancias y los seguimientos a periodistas. Por favor, la próxima vez pedimos que antes de emitir un comunicado se revise la carpeta Fiscal o, por lo menos, pidan un Informe al respecto.
No obstante, la poca credibilidad de la que goza la gestión de Uceda en La Molina no es el único revés que está sufriendo el alcalde de este distrito. En las últimas horas, los revisores urbanos que estuvieron a cargo de aprobar el proyecto del Centro Comercial La Molina han enviado una carta notarial a Diego Uceda por sus recientes declaraciones.
Así como Quintana, otros regidores de La Molina, como es el caso de Perla Espinoza, Percy Palomino, y Ralph Sánchez, cuestionaron al alcalde Uceda alegando que el centro comercial sí cuenta con la licencia correspondiente registrado en la Resolución Subgerencial No. 00772-2023-MDLM-GDU-SOP. Sin embargo, lejos de obtener una justificación a la postura que Uceda ha mostrado en entrevistas y comunicados que se publican en las redes de la Municipalidad de La Molina, el burgomaestre sólo atinó a mantenerse en silencio en complicidad con la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de La Molina.
Advierten que llamó la atención una información que manejaba el MINAM respecto a los hechos. Esto se debe a que recién el 24 de marzo de 2023, mediante el Oficio Nº D000037-2023-MML-GSCGA que la Municipalidad de Lima puso en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la cual refiere es la Ordenanza Nº 2533-2023. Es aquí donde la concesionaria se pregunta en su apelación, ¿Cómo es que la DGRS, el 20 de marzo le pide a la DEAA una opinión actualizada en atención a los «¿Nuevos actos administrativos y de administración emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que disponen el cierre temporal del “¿Relleno Sanitario”, cuando recibió la información oficial por parte de la MML recién el 24 de marzo de 2023?
Resolución de la MML extraída de la apelación de Innova Ambiental
Si bien hemos resumido y analizado la apelación de zona mixta presentada por Innova Ambiental. La apelación de la zona peligrosa interpuesta por Innova Ambiental no son más que las mismas palabras, solamente cambiando ciertas acciones que lo único que buscan es una justicia ficticia en medio de una contaminación que se ha prolongado durante décadas.
