Parece que pocos quieren darse cuenta de que la frase “Que se vayan todos” no solo implica un cambio de autoridades vía elecciones y punto. Es un hartazgo contra el sistema político que poco a poco va escarbando hasta la raíz e involucrará el armatoste sobre el que se sostiene. Se está creando una situación de ingobernabilidad a futuro, producto de un clima de polarización política y fractura social, que de lejos trasciende la figura de Pedro Castillo. El miedo al cambio de los sectores políticos conservadores, e incluso de los progresistas liberales, no ha hecho más que sembrar semillas sobre las cuales no se sabe qué cosecha tendrán. Y para desdicha de todos nosotros, se convertirá en un ciclo irrefrenable de crisis políticas, o peor aún, de autoritarismos para intentar apagar los incendios que vendrán.

Historia ya conocida, lamentablemente.

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Presidente Castillo

¿Puede la prensa limeña darse la prerrogativa de asignar cuáles son o no los derechos de las comunidades campesinas? Esta ha sido la oportuna ocasión que muchos han tenido para destilar prejuicios sobre una realidad que desconocen. Lo sorprendente es que “ilustres” académicos se sumaron a este cargamontón desde un nada disimulado clasismo. Algunos se han atrevido a decir incluso que este no es el actuar común de las rondas y que habría detrás un elemento azuzador. Negar la agencia y las posturas políticas que pueden asumir las organizaciones sociales —nos gusten o no— es más bien el camino contrario del que se acusa al activismo: romantizar las rondas, o más bien tratarlas como sujetos infantiles, carentes de capacidad de decisión.

Miremos en panorámica. ¿Por qué ocurren hechos como este, y pueden volver a ocurrir? ¿Qué ha llevado a que una comunidad actúe de manera hostil contra periodistas? Para nadie es sorpresa la pérdida de credibilidad del periodismo peruano, y también el deterioro de su legitimidad frente a la sociedad en los últimos tiempos. La grosera postura política que asumieron los medios, durante la campaña presencial, y en particular contra Pedro Castillo, viene pasando factura. Y no es que el cargamontón contra el actual presidente sea solo una preocupación de sus simpatizantes, sino incluso de quienes estando descontentos con el Gobierno ven en el periodismo mismo un peligro contra los principios democráticos más básicos.

Esto, en efecto, es un duro golpe para la legitimidad de los medios. Y lo es peor cuando no existe control ni sanción sobre la prensa, o siquiera un proceso de autocrítica sobre su papel en este proceso de crisis política y fractura social. Frente a grandes retos se esperan grandes respuestas. Y los medios no han estado a la altura de las circunstancias, sino más bien respondiendo a intereses que llamaremos “particulares”, solo por utilizar un eufemismo. ¿Qué ha ocurrido? Se puede hacer un desfile de hechos: desinformación, ataques, criminalización, parcialización abierta, entre otros tantos. Los medios han sido actores activos de esta crisis, para nadie es sorpresa.

¿El papel de los medios justifica algún tipo de agresión contra ellos? Por supuesto que no, y desde esta tribuna lo rechazamos claramente. Pero sí ayuda a entender que los ánimos vienen caldeándose desde hace algún tiempo, y es necesario que los medios puedan asumir su responsabilidad sobre los mismos, haciendo mea culpa. Las comunidades tendrán que responder sobre su responsabilidad también; claro, si alguna vez les dejaran tener igual voz y resonancia que el poder mediático. ¿Se abrirá entonces un diálogo entre medios y sociedad civil intentando apaciguar este delicado momento de tensión y recuperando la legitimidad de los primeros? Me parece que están muy lejos de seguir ese camino y que se echará más leña al fuego, intentando aprovechar políticamente este incidente para desestabilizar al Gobierno. Y ya lo vienen haciendo. El detalle es que este fuego termina por quemarnos a todos, y los medios muy librados no están de su propio carácter corrosivo.

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Desde hace ya un buen tiempo, se ha hecho costumbre entre los Gobiernos decretar estados de emergencia “para fortalecer la lucha contra la inseguridad”. Lo que debería ser un instrumento excepcional, como lo es la suspensión de ciertos derechos fundamentales para casos igual de excepcionales, se ha convertido en una medida demagógica, efectista y que a la larga no termina por solucionar los problemas de raíz, los cuales vuelven a reproducirse. Pero también es una medida peligrosa, que socava los principios de la democracia, se presta al abuso y la arbitrariedad de sus ejecutantes, y es un potencial peligro para una instrumentalización política no solo tribunera, sino más bien autoritaria.

Este no es un problema que se origina en el Gobierno de Pedro Castillo, ahora que declaró estado de emergencia en Lima y Callao, pero cuyo uso sí que debería tomarse con pinzas en tiempos de polarización política y vientos golpistas. ¿Cuál es el sustento real de una medida como el estado de emergencia? La inseguridad “que día a día se acrecienta en las calles” —vaya muletilla que escucho desde que tengo uso de razón— no lo es. El camino va por otro lado.

Mucho se habla y se ha hablado del crecimiento de la delincuencia en el país. Que cada día hay más robos, que los delincuentes son más avezados, que ya no se puede caminar por las calles. Y hasta cuando las estadísticas delictivas habían caído por la pandemia, se seguía hablando de lo mismo. Valgan verdades, razón no le falta a la ciudadanía. Vivimos en un país, como casi el resto de América Latina, donde los indicadores de inseguridad son muy altos. Pero decir que se encuentran desbordantes son palabras mayores. ¿Efectivamente es así?

No existe ningún sustento técnico que pueda respaldar esto, salvo que se hagan malabares estadísticos —lo cual es un deporte nacional últimamente— para demostrarlo. En materia de seguridad ciudadana, el 2021 fue el año en que las actividades económicas, los contactos sociales, los flujos de movilidad, entre otros, previsiblemente volvieron a sus niveles de normalidad. Y la delincuencia, como esperábamos, tampoco fue ajeno a ello. Sin embargo, no ha sido el peor año del último quinquenio en denuncias policiales, y de lejos no ha sido el peor en la última década en tasas de victimización por delito.

¿Esto quiere decir que no existe inseguridad en el Perú? ¿Que quien escribe vive ciego y alejado de la realidad de lo que le sucede en las calles al “peruano de a pie” (vivo en los Barrios Altos, por cierto)?

Pues no, vuelvo a afirmar que la delincuencia es un problema real, y que efectivamente debe ser resuelto con la urgencia y las medidas que correspondan. Pero de aquí a sobredimensionarla —y ciertamente los medios contribuyen mucho a ello—, crear un estado de alerta constante, canalizar los males sociales y venderla como la inminente llegada del Apocalipsis es contribuir a que el problema parezca más grande lo que realmente es. Y esto ya es un problema de por sí. Vivir en constante miedo y con las alarmas puestas, tener esa sensación de vulnerabilidad y desprotección ya es un gran problema. ¿O acaso no lo es que 9 de cada 10 peruanos teman ser víctimas del delito?

Una sociedad con miedo es una sociedad dispuesta a entregar su libertad a cambio de “protección”. Una sociedad con miedo es indiferente a lo que le suceda al vecino que rompe las reglas, aun a costa de su vida (“porque se lo merece”), y tolerará cualquier “exceso” a cambio de la complaciente tranquilidad individual. Y una sociedad con miedo será tolerante a la ruptura del orden —venga de donde venga— siempre y cuando le aseguren que nada peor puede pasar.

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IDL
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