El letargo de ejecución de inversión pública subnacional y su impacto en el servicio al ciudadano

Por: 5.11.2022

Resulta fundamental mejorar la eficiencia del gasto público en inversiones que implica, entre otros, reducir el plazo de ejecución de obras y mejorar la rendición de cuentas. Desde el CPC, se propone agregar proyectos por su impacto productivo y social y encargarlos a unidades ejecutoras especializadas que cuenten con las mejores prácticas internacionales y con facilidades para la ejecución de los proyectos. Este esquema consta de dos componentes. En el primero, se analiza la capacidad de ejecución de los gobiernos locales con mayores recursos para un conjunto de proyectos agregados. En caso la capacidad de ejecución se encuentre en el tercio inferior, los proyectos serían ejecutados por unidades especializadas a nivel regional. En el segundo, se analiza si dichas unidades regionales acreditan tener el soporte institucional, así como el personal, y las capacidades de gestión adecuadas para ejecutar los proyectos agregados. Si ello no ocurre, se encarga su ejecución a una unidad ejecutora especializada a nivel nacional, como la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC).

Asimismo, para los proyectos de menor alcance y escala de los gobiernos locales se propone el uso del Procedimiento Especial de Contratación (PEC) para su adjudicación. Particularmente, el uso de PEC continúa siendo un proceso más ágil en cuanto al otorgamiento de la buena pro de los gobiernos subnacionales, al mostrar menores demoras. Según información analizada por el CPC, al 3T2022, el PEC tomó 20 días (retraso de seis días) en otorgar la buena pro, mientras que la licitación pública, 51 días (retraso de 16 días). De otro lado, para el caso de los gobiernos regionales, si estos niveles de gobierno no cuentan con una eficiente unidad ejecutora, debieran contar con la opción de encargar la ejecución de proyectos a la ARCC o en su defecto suscribir convenios con el Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP). 

Finalmente, respecto a la rendición de cuentas en las inversiones, la normativa del Invierte.pe señala que las unidades ejecutoras deben informar mensualmente el avance físico de las inversiones e incorporar dicha información dentro del Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF. No obstante, en vista de que no lo realizan, se plantea que el MEF no autorice el devengado hasta que las unidades ejecutoras informen el avance físico de las inversiones. Contar con esta información permitirá tomar medidas para evitar riesgos de paralización de obras, que postergan el acceso a servicios públicos de los ciudadanos. 

1 Pastor, C., Rivas, M., Brichetti, J., Dorr, J., Serebrisky, T. (2020). El potencial de la inversión en infraestructura para impulsar el empleo en América Latina y el Caribe (Monografía del BID, 845). BID.

2 Adame, V., Alonso, J., Pérez, L. y Tuesta, D. (2017). Infraestructuras y crecimiento: un ejercicio de metaanálisis (Documento de trabajo 17/06). BBVA Research.

3 Piura, Arequipa, Áncash, Cajamarca y Cusco. 

4 San Marcos (Áncash), Lima (Lima), Megantoni (Cusco), Chimbote (Áncash) y Nuevo Chimbote (Áncash).

5 Disponible en: https://www.compite.pe/publicacion/dashboard-seguimiento-a-la-ejecucion-fisica-de-proyectos-de-inversion/

6 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva N° 001-2019-EF/63.01). 

Urgente fortalecimiento de la articulación público-privada para lograr mejoras sostenibles de competitividad

Por: 12.10.2022

Definitivamente se requiere fortalecer el CNCF. Una forma de hacerlo es avanzar hacia la construcción de un Sistema Nacional de Competitividad y Productividad en el marco de lo que establece la Política Nacional aprobada en el 2018. De esta manera se podrían articular de manera sistémica los esfuerzos del sector público y privado a nivel descentralizado a través de una normativa específica, alineado a indicadores de desempeño y articulado con los otros sistemas del MEF, presupuesto e inversiones, principalmente. Así se daría continuidad en el tiempo a las políticas públicas de mediano y largo plazo, y se aseguraría la articulación sostenible público-privada para lograr mejoras de competitividad. 

Como referencia se tiene el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación de Colombia (SNCI), que articula las diferentes políticas encaminadas a fortalecer la competitividad, y cuenta para ello con el apoyo de la Comisión Nacional de Competitividad, órgano consultivo encargado de recomendar una agenda de competitividad, donde están representados los aportes tanto de los actores públicos como privados. En Colombia el SNCI ha contribuido además a contar con una contraparte privada bien organizada y técnicamente sólida, así como a proporcionar canales institucionales para expresar las solicitudes del sector privado, aspectos fundamentales que han contribuido a una colaboración público-privada eficaz y al logro de efectos positivos en las políticas de competitividad y de desarrollo productivo (Eslava et. al, 2013)(1). 

A 20 años de la creación del CNCF, se resalta su importancia como un espacio relevante de articulación público-privada que ha contribuido al diseño y ejecución de reformas de competitividad en el país pero que sin embargo requiere ser fortalecido institucionalmente, dotándolo de instrumentos, normas y programas que se articulen en un sistema de competitividad y que permita dar continuidad a las políticas públicas en el tiempo, y que asegure la articulación sostenible público-privada para lograr mejoras de competitividad. Esto permitirá legitimar las principales estrategias políticas de competitividad de mediano y largo plazo y, reconstruir las expectativas empresariales que ahora se encuentran en tramo pesimista en aras de sostener el crecimiento económico y generar niveles de ingresos más altos y un mayor bienestar para la población.

 

(1). Eslava, M., Meléndez, M., Perry, G. (2013). Public-Private Collaboration for Productive Development Policies in Colombia. Documentos CEDE. Universidad de Los Andes. Facutad de Economía. Noviembre.

Conflictos sociales y competitividad minera: Propuestas para fortalecer la gestión de la conflictividad

Por: 2.09.2022

Existe abundante literatura empírica que ha evidenciado que los conflictos sociales internos a los países son causantes de tasas de crecimiento más bajas discontinuas, así como causantes de que muchos países hayan experimentado un colapso de su crecimiento económico desde mediados de la década de 1970 (Rodrik, 1999)[4]. Para el caso peruano, el BCRP (2022)[5] estimó que los conflictos sociales habrían afectado negativamente al PBI del sector minero metálico en 2.3%, lo cual habría finalmente ocasionado un impacto en el PBI total de -0.2% para el año 2021.

Ciertamente, la gestión pública es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y evitar futuros conflictos sociales. Si se relacionan las variables de gestión pública regional, aproximada por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP)[6], y el número de conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.

Si bien la solución de los conflictos sociales requiere la implementación de un conjunto de medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, es posible avanzar en acciones de corto y mediano plazo destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos en zonas de influencia minera. Una de estas acciones corresponde al fortalecimiento del rol efectivo del Estado en la prevención de conflictos sociales mediante el desarrollo de un sistema preventivo operado por personal especializado en la gestión de conflictos, debidamente acreditado y autorizado para vincular los compromisos de proyectos de cierre de brechas en los sistemas de inversión y presupuestarios. Una parte esencial de este sistema pasaría por analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se desarrollará un proyecto minero con el objetivo de priorizar oportunamente la reducción de la brecha de servicios públicos básicos de la población del área de influencia de dichos proyectos.

Otra de las acciones correspondería al desarrollo de un adecuado seguimiento y monitoreo a los compromisos que surgen de los espacios de diálogo de los conflictos a cargo de una unidad independiente y especializada. Esta tarea podría estar a cargo de una nueva Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos en la Defensoría del Pueblo para realizar un seguimiento adecuado a todos los compromisos, con especial énfasis en los proyectos de inversión que surgen de dichos espacios. Asimismo, esta entidad debiera poner a disposición de la ciudadanía la información en formato de datos abiertos referida a la gestión de los conflictos sociales que facilite la generación de evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas.

[1] Yunis, J., Aliakbari, E. (2022). Annual Survey of Mining Companies 2021. Fraser Institute.

[2] Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., Meyer, J. (1996). Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política. Revista CEPAL, 59.

[3] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de Conflictos Sociales N° 221. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, julio.

[4] Rodrik, D. (1999). “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses”. Journal of Economic Growth volume 4, pages385–412.

[5] BCRP (2022). Reporte de Inflación 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023. Banco Central de Reserva del Perú, marzo.

[6] El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del CPC mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de conectividad, salud, educación e instituciones. Entre 2019 y 2021, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos los pilares.

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