Pedro Herrera

Conflictos sociales y competitividad minera: Propuestas para fortalecer la gestión de la conflictividad

"Las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social."

Aun cuando muchos países poseen grandes reservas de minerales, usualmente no cuentan con las condiciones políticas, económicas e institucionales necesarias para que se conviertan en países con potencial minero. Desafortunadamente, esto viene ocurriendo en el Perú, donde se evidencia la incapacidad del gobierno para implementar políticas públicas que generen las condiciones propicias para el desarrollo competitivo del sector minero que redunde no solo en beneficios económicos para el país sino también en beneficios económicos y sociales para las regiones mineras.

Según la Encuesta Anual de Compañías Mineras de 2021 publicada por el Instituto Fraser en abril del 2022[1], la competitividad minera sigue en descenso en el país. Esta encuesta, que captura cómo los impuestos y la incertidumbre regulatoria afectan la inversión en exploración minera a escala mundial, ubicó al Perú en el puesto 42 de 84 países, lo que implica un retroceso de 8 posiciones frente al año 2020 (puesto 34 de 77 países) y de 28 posiciones en el 2018 (puesto 14 de 83 países evaluados), acumulando así tres años de caídas consecutivas en el ranking.

 

Estos resultados pueden ser explicados por cinco factores: infraestructura, desarrollo socioeconómico, estabilidad política y modelo institucional, aspectos económicos y productivos, y seguridad y conflictos sociales (Esser et al., 1996)[2]. De todos estos factores quizás el menos estudiado en el Perú corresponda al de conflictos sociales, los cuales ocasionan agudos problemas de gobernabilidad y generan consecuencias económicas y sociales que pueden menguar seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país, haciéndolo menos competitivo y productivo.

Durante el primer año del presidente Pedro Castillo (agosto 2021-julio 2022), se incorporaron 56 nuevos conflictos sociales, lo que representó un incremento de 19% respecto al período julio 2020-agosto 2021 (Defensoría del Pueblo, 2022)[3]. A julio del 2022 el stock de conflictos sociales en el Perú ascendió a 208, cuya tipología evidenció una concentración del stock de conflictos en el Gobierno Nacional (67% con 129 casos). Además, dicho stock correspondió mayormente a los temas socioambientales (63% con 131 casos), donde el 66% de estos (87 casos) recayó a la actividad minera, seguida por el sector hidrocarburos con un 19% (25 casos).

Existe abundante literatura empírica que ha evidenciado que los conflictos sociales internos a los países son causantes de tasas de crecimiento más bajas discontinuas, así como causantes de que muchos países hayan experimentado un colapso de su crecimiento económico desde mediados de la década de 1970 (Rodrik, 1999)[4]. Para el caso peruano, el BCRP (2022)[5] estimó que los conflictos sociales habrían afectado negativamente al PBI del sector minero metálico en 2.3%, lo cual habría finalmente ocasionado un impacto en el PBI total de -0.2% para el año 2021.

Ciertamente, la gestión pública es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y evitar futuros conflictos sociales. Si se relacionan las variables de gestión pública regional, aproximada por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP)[6], y el número de conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.

Si bien la solución de los conflictos sociales requiere la implementación de un conjunto de medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, es posible avanzar en acciones de corto y mediano plazo destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos en zonas de influencia minera. Una de estas acciones corresponde al fortalecimiento del rol efectivo del Estado en la prevención de conflictos sociales mediante el desarrollo de un sistema preventivo operado por personal especializado en la gestión de conflictos, debidamente acreditado y autorizado para vincular los compromisos de proyectos de cierre de brechas en los sistemas de inversión y presupuestarios. Una parte esencial de este sistema pasaría por analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se desarrollará un proyecto minero con el objetivo de priorizar oportunamente la reducción de la brecha de servicios públicos básicos de la población del área de influencia de dichos proyectos.

Otra de las acciones correspondería al desarrollo de un adecuado seguimiento y monitoreo a los compromisos que surgen de los espacios de diálogo de los conflictos a cargo de una unidad independiente y especializada. Esta tarea podría estar a cargo de una nueva Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos en la Defensoría del Pueblo para realizar un seguimiento adecuado a todos los compromisos, con especial énfasis en los proyectos de inversión que surgen de dichos espacios. Asimismo, esta entidad debiera poner a disposición de la ciudadanía la información en formato de datos abiertos referida a la gestión de los conflictos sociales que facilite la generación de evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas.


[1] Yunis, J., Aliakbari, E. (2022). Annual Survey of Mining Companies 2021. Fraser Institute.

[2] Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., Meyer, J. (1996). Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política. Revista CEPAL, 59.

[3] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de Conflictos Sociales N° 221. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, julio.

[4] Rodrik, D. (1999). “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses”. Journal of Economic Growth volume 4, pages385–412.

[5] BCRP (2022). Reporte de Inflación 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023. Banco Central de Reserva del Perú, marzo.

[6] El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del CPC mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de conectividad, salud, educación e instituciones. Entre 2019 y 2021, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos los pilares.

Tags:

Conflictos, Minería

Mas artículos del autor:

"Conflictos sociales y competitividad minera: Propuestas para fortalecer la gestión de la conflictividad"
x