demandas ciudadanas

Obviamente, por más exitosa que sea (que no parece que vaya a serlo), la marcha de mañana no va a provocar ninguno de los desenlaces que forman parte del disperso pliego máximo de reclamos (renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, estatización de proyectos de inversión, etc.), pero sí debería generar una respuesta múltiple del gobierno a la insatisfacción ciudadana detrás de la protesta.

1.- Asunción de responsabilidades políticas por los muertos de diciembre y enero. Ello tendría como símbolo máximo la salida del premier Otárola, ministro de Defensa cuando las muertes se produjeron, y su reemplazo por un personaje con visos más dialogantes y menos confrontacionales. Otárola ha sido funcional y operativo, pero ya cumplió su ciclo político.

2.- Cambio en las políticas de ayuda social para aliviar el incremento de la pobreza y el impacto de la inflación en los sectores de menores recursos. Esto es urgente y no implica mayor gasto fiscal. Ya lo dijimos: aumentar de 200 a 340 soles el programa Juntos, por ejemplo, solo supondría el 0.1% del PBI.

3.- Destrabe de todos los proyectos mineros, hoy paralizados por grupos extorsivos. Hacerlo sería un potente mensaje en favor de la inversión privada, que si bien se está recuperando, no lo hace a la medida de lo que las circunstancias exigen. La inversión privada es fundamental para mejorar el empleo, la pobreza y dar un poco de mejor perspectiva a muchos desesperanzados que encienden las hogueras políticas por razones de bolsillo.

4.- Compromiso serio del Congreso (para empezar, que sus integrantes se den cuenta que la protesta también es contra ellos) para desterrar los blindajes a niños y mochasueldos, además de viajes dispendiosos e inútiles. El Legislativo debe dejar de ser una fábrica de escándalos y transformar su desidia e indolencia en una actitud reformista que se trace una agenda legislativa seria y democrática.

5.- Reconfiguración de la agenda del régimen. Con estabilidad mediocre, no se aguanta indemne hasta el 2026. Es necesario incorporar agresivamente un conjunto de reformas y anunciarlas integralmente el 28 de julio. Esa fecha puede ser el parteaguas de un gobierno que anda a la deriva.

 

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Si el gobierno comete este 19 de julio la bestialidad de reeditar la represión asesina de diciembre y enero, habrá puesto el primer peldaño para su inminente caída. Hasta ahora esperamos una disculpa auténtica, sanción política a los responsables y su respectivo procesamiento penal, y esa ausencia explica, entre otras varias razones, la alta desaprobación del régimen, sobre todo en las regiones donde la represión se desató inmisericorde.

Lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho es que las protestas y las marchas se respeten y cautelen. Y si se produjera algún desborde violento, pues proceder a la inmediata captura y detención del vándalo, su pase a la fiscalía y su procesamiento penal respectivo.

No hay pena de muerte por protestar, ni siquiera por bloquear una carretera, cerrar un puente o intentar tomar un aeropuerto. La policía o la fuerza armada solo puede hacer uso de sus armas letales en caso peligre su integridad vital o la de otros ciudadanos.

El problema de fondo es que si el terruqueo ya es moralmente deleznable en la sociedad civil o la clase política, resulta altamente riesgoso si lo asumen los hombres de uniforme, que creen, en muchos casos, que en este tipo de protestas están enfrentando a terroristas encubiertos (lo vimos en declaraciones grabadas a policías durante la incursión en la San Marcos).

Con esta actitud, el gobierno, en lugar de despertar temor en la ciudadanía, la alienta a salir a protestar, porque hay evidente molestia en el país por una gestión mediocre y por un Congreso corrupto y deleznable. La gente está harta y por más que haya una agenda izquierdista que quiera reciclarse con esta marcha, se entiende que a ella se sumen porciones ciudadanas independientes y sin agenda ideologizada.

El Ejecutivo tiene que saber leer la realidad. Y ésta le exige un cambio radical de gestión, no solo política sino también económica e institucional. El país no llega indemne al 2026 si las cosas siguen como están. Fuera de la agenda politizada de los convocantes oficiales de la marcha, la demanda ciudadana de fondo no puede ser soslayada y muchos menos reprimida abusivamente.

 

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