Si el gobierno comete este 19 de julio la bestialidad de reeditar la represión asesina de diciembre y enero, habrá puesto el primer peldaño para su inminente caída. Hasta ahora esperamos una disculpa auténtica, sanción política a los responsables y su respectivo procesamiento penal, y esa ausencia explica, entre otras varias razones, la alta desaprobación del régimen, sobre todo en las regiones donde la represión se desató inmisericorde.
Lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho es que las protestas y las marchas se respeten y cautelen. Y si se produjera algún desborde violento, pues proceder a la inmediata captura y detención del vándalo, su pase a la fiscalía y su procesamiento penal respectivo.
No hay pena de muerte por protestar, ni siquiera por bloquear una carretera, cerrar un puente o intentar tomar un aeropuerto. La policía o la fuerza armada solo puede hacer uso de sus armas letales en caso peligre su integridad vital o la de otros ciudadanos.
El problema de fondo es que si el terruqueo ya es moralmente deleznable en la sociedad civil o la clase política, resulta altamente riesgoso si lo asumen los hombres de uniforme, que creen, en muchos casos, que en este tipo de protestas están enfrentando a terroristas encubiertos (lo vimos en declaraciones grabadas a policías durante la incursión en la San Marcos).
Con esta actitud, el gobierno, en lugar de despertar temor en la ciudadanía, la alienta a salir a protestar, porque hay evidente molestia en el país por una gestión mediocre y por un Congreso corrupto y deleznable. La gente está harta y por más que haya una agenda izquierdista que quiera reciclarse con esta marcha, se entiende que a ella se sumen porciones ciudadanas independientes y sin agenda ideologizada.
El Ejecutivo tiene que saber leer la realidad. Y ésta le exige un cambio radical de gestión, no solo política sino también económica e institucional. El país no llega indemne al 2026 si las cosas siguen como están. Fuera de la agenda politizada de los convocantes oficiales de la marcha, la demanda ciudadana de fondo no puede ser soslayada y muchos menos reprimida abusivamente.
