marcha de protesta.

Obviamente, por más exitosa que sea (que no parece que vaya a serlo), la marcha de mañana no va a provocar ninguno de los desenlaces que forman parte del disperso pliego máximo de reclamos (renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, estatización de proyectos de inversión, etc.), pero sí debería generar una respuesta múltiple del gobierno a la insatisfacción ciudadana detrás de la protesta.

1.- Asunción de responsabilidades políticas por los muertos de diciembre y enero. Ello tendría como símbolo máximo la salida del premier Otárola, ministro de Defensa cuando las muertes se produjeron, y su reemplazo por un personaje con visos más dialogantes y menos confrontacionales. Otárola ha sido funcional y operativo, pero ya cumplió su ciclo político.

2.- Cambio en las políticas de ayuda social para aliviar el incremento de la pobreza y el impacto de la inflación en los sectores de menores recursos. Esto es urgente y no implica mayor gasto fiscal. Ya lo dijimos: aumentar de 200 a 340 soles el programa Juntos, por ejemplo, solo supondría el 0.1% del PBI.

3.- Destrabe de todos los proyectos mineros, hoy paralizados por grupos extorsivos. Hacerlo sería un potente mensaje en favor de la inversión privada, que si bien se está recuperando, no lo hace a la medida de lo que las circunstancias exigen. La inversión privada es fundamental para mejorar el empleo, la pobreza y dar un poco de mejor perspectiva a muchos desesperanzados que encienden las hogueras políticas por razones de bolsillo.

4.- Compromiso serio del Congreso (para empezar, que sus integrantes se den cuenta que la protesta también es contra ellos) para desterrar los blindajes a niños y mochasueldos, además de viajes dispendiosos e inútiles. El Legislativo debe dejar de ser una fábrica de escándalos y transformar su desidia e indolencia en una actitud reformista que se trace una agenda legislativa seria y democrática.

5.- Reconfiguración de la agenda del régimen. Con estabilidad mediocre, no se aguanta indemne hasta el 2026. Es necesario incorporar agresivamente un conjunto de reformas y anunciarlas integralmente el 28 de julio. Esa fecha puede ser el parteaguas de un gobierno que anda a la deriva.

 

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Este gobierno no va a salir de su zona de mediocridad. Carece de visión y de capacidad para convocar cuadros capacitados para las circunstancias que le toca manejar (aun cuando esté a años luz del desastre administrativo que supuso la gestión nefasta de Pedro Castillo) y lo vemos en designaciones como el de la nueva presidenta de EsSalud, un cargo de suma importancia para millones de peruanos.

En esa medida, a pesar de resultar conveniente, en términos políticos, darle cierta estabilidad al país, luego de haber tenido cinco presidentes en cinco años (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Dina Boluarte), lo más sano es proceder a un adelanto ordenado de las elecciones, tanto presidenciales como congresales, y que se reinicie el proceso desde fojas cero.

Los niveles de descontento de la inmensa mayoría de la población son de tal envergadura que dejarlos crecer o mantenerse, nos va a poner al borde de un polvorín en las elecciones del 2026 (si Boluarte insiste en completar su mandato, como ya ha dejado saber). Igual, unas elecciones adelantadas no aseguran que no vaya a surgir con posibilidades un disruptivo radical como lo fuera Castillo, pero más probable es que si algo así ocurre, sea el 2026 y no antes.

No obstante ello, la marcha de protesta convocada para el 19 de julio, ampulosamente denominada Tercera Toma de Lima (como si hubiera habido dos precedentes), no responde a esas consideraciones, sino a una agenda ideológica de la izquierda que hoy quiere, con la oposición a Boluarte, lavarse la cara de su desprestigio radical por haber sido comparsa cómplice del gobierno ineficiente, corrupto y golpista de Castillo.

La izquierda merece castigo político y electoral por no haber sido capaz, seducida por las migajas del poder, de tomar la distancia que debieron tomar del desastre castillista, el mismo que de haber continuado hubiera puesto al Perú al borde de ser un Estado fallido. Pero al respecto, ya no una marcha, ni siquiera una performance crítica en algún espacio público (en el colmo de la impostura, algunos líderes de la izquierda creen que por haber publicado tres o cuatro artículos en algún periódico, ya cumplieron con su cuota de responsabilidad y de alejamiento del fiasco castillista).

La izquierda no merece, por un buen tiempo, la oportunidad de reciclarse y regenerarse, por más argumentos que le regale un gobierno mediocre y torpe como el que tenemos. Y el objetivo político de esta marcha es ése: que esa izquierda silente se recoloque en el establishment político-electoral del país. A ello no hay que sumarse.

 

 

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