Democracia

José Santos Chocano fue un poeta muy funcional a la dictadura de Augusto B. Leguía. De acuerdo con lo escrito por quien fuera talentoso intelectual Pedro Planas, Chocano justificó la quiebra del orden institucional por parte del megalómano autócrata señalando que el Perú no estaba preparado para la democracia. Por tal motivo, razonaba, el Perú requería una “dictadura organizadora” que establezca, desde la palestra de una autoridad irrefutable, las bases institucionales para transitar hacia la anhelada libertad*.

No ha dicho más el congresista Edward Málaga. Según él, a diferencia de Alemania, el Perú no está preparado para la democracia por lo que sus normas se quiebran cotidianamente. La solución propuesta por el padre de la patria difiere poco de la de Chocano: “hay que ajustar la democracia”, “seguirá siendo democracia pero …” 

Vamos por partes, el argumento de Chocano y de Málaga es falaz. Ningún autoritarismo conduce a la democracia, la socava. Las democracias maduran a través del tiempo. Tales son los casos de Alemania y Estados Unidos. En esos países, la legitimidad que otorgan la Constitución y las leyes se ha convertido en costumbre, se ha vuelto consuetudinaria y esto ha sucedido porque ha prevalecido por décadas o siglos. 

La democracia necesita tiempo para que las instituciones maduren, arraiguen, funcionen y finalmente le brinden a la ciudadanía servicios de calidad, fortaleciéndola como tal y también en su conciencia de sí. La democracia requiere continuidad, no su interrupción, tampoco su acotación. 

¿Cuánto tiempo ha regido la democracia en el Perú?  En el siglo XIX, salvo Manuel Pardo y Nicolás de Piérola, los presidentes fueron caudillos militares. ¿se fortalecieron así las instituciones democráticas como afirmaba Chocano? Desde luego que no. 

La República Aristocrática (1895-1919) fue el primer ensayo mediadamente serio de implementación del orden constitucional en el Perú, aunque solo votaban los varones, contribuyentes y alfabetos: era la época. La verdad no nos fue tan mal.  Planas explicaba que de aquella aristocracia debimos transitar a la democracia y se lamentó mucho de que, en dichas circunstancias, se haya interpuesto el gran modernizador Leguía para legarnos la dictadura, macabro invento del siglo XX. La dictadura no es un modelo distinto, es la reversión de todos los valores y garantías democráticos, sin más.  

El Oncenio inició con el golpe de Estado del 4 de julio de 1919. Desde entonces hasta el fin del milenio, 57 años fuimos gobernados bajo dictaduras y apenas 24 en democracia ¿ya entiende el congresista Málaga por qué nuestra frágil institucionalidad no es una cuestión de idiosincrasia? Es más sencillo,  el militarismo nos impidió construir nuestra república democrática desde que nos fundamos como Estado independiente. 

¿Y ahora qué sucede? quienes nos gobiernan están corroyendo las precarias instituciones que instauramos al recuperar la democracia el 2000. No es un problema de la sociedad, es la distopía favorita de la clase política: sembrar el caos más absoluto y apuntalar al crimen organizado para que ejecute públicamente a jaladores de colectivos, cobradores de microbuses, humildes emolienteros, o a cualquier ciudadano de a pie que se niegue a pagar cupo. El objetivo es claro: “que todos clamen aterrorizados por la llegada de un Bukele peruano, autoritario como ninguno, que reestablezca el orden y “ajuste nuestra democracia a la realidad”. Déjà vu

*Planas, Pedro. La República Autocrática. Lima, Friedrich Ebert, 1994. 

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[Agenda País] Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Antauro, tomó notoriedad en el año 2000 cuando junto con su hermano Ollanta y al frente de 69 reservistas, se sublevaron contra el moribundo régimen de Alberto Fujimori, más por un tema mediático con visos presidencialistas que por una razón de conciencia. Los hermanos Humala lograron tener cierta notoriedad y fueron amnistiados por el presidente transitorio Valentín Paniagua.

A los pocos años, en el 2005, Antauro, esta vez solo, lideró otro grupo de reservistas que se amotinaron y tomaron violentamente la comisaría de Andahuaylas, donde, a balazo limpio y sin piedad, asesinaron a cuatro valientes policías, algunos de ellos desarmados.

Esta incursión contra el estado, que fácilmente pudo enmarcarse en terrorismo, le valió una condena inicial de 25 años, reducida graciosamente por el poder judicial a 19 y de los cuales solo cumplió 17 al otorgársele generosos beneficios penitenciarios por su habilidad manual en preparar proyectos con el personaje de Hello Kitty. Pero si son tan tiernos en el poder judicial…

Ya dentro de la cárcel, Antauro continuó con el objetivo marcado por su padre Issac, el de ser presidente del Perú, usando a los ingenuos o interesados medios de comunicación para propagar ideas de un nacional socialismo a la peruana, clamando virtudes a la superioridad de la raza cobriza, vomitando odio a los homosexuales y exacerbando un racismo clasista envuelto en humo marihuanero de cosecha incierta.

Ya libre, Antauro ha seguido por la ruta de la violencia verbal, confirmando su homofobia y racismo, un nacionalismo absolutista y expropiador de la inversión extranjera, pero lo que es peor, con un desprecio a la vida humana proliferando amenazas de fusilamiento a cuanto corrupto y rosquete encuentre por ahí, siempre y cuando su aventura presidencial tenga, Dios y la Constitución nos salven, éxito.

Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Igor, era alumno del colegio Franco-Peruano junto con varios de sus hermanos. Sí, lo conocíamos como Igor, nombre que, de saque, causaba cierto temor ya que nos recordaba a personajes de ficción siempre identificados con el mal.

Igor era un abusivo, de aquellos que golpeaba, te jodía, te pateaba la pelota cuando estabas tranquilo jugando con tus patas. Lo que hoy llamamos bullying era encarnado perfectamente por Igor en la década del 70’.

Pero la actitud violenta de Igor no solamente se concentraba con otros alumnos, no. Igor quería más, siempre más.

En un partido de vóley, deporte que se practicaba con mucha pasión en el colegio Franco-Peruano, surgió desde una tribuna, una hermosa naranja madura que en vez de encontrar un boca que la saboree, terminó en la cabeza de una profesora de educación física, explotando de manera pirotécnica y volviéndola refresco de IQ.

Furibunda y al borde de la histeria, la profesora trata de ubicar al atacante que hábilmente se escabulle entre la masa del alumnado, con tanta astucia que le empiezan a echar la culpa a un compañero que era más bueno que el pan.

Pero todos habían visto a Igor y se identificó al culpable. Y si bien la nebulosa de las décadas no asegura el recuerdo si fue expulsado del colegio por ello, pues de sobra que se lo merecía.

Antauro Igor Humala Tasso no es un violento de ahora. Es un violento de siempre. 

Y continúa siendo un peligro para la sociedad, esta vez disfrazado de candidato presidencial y apoyado por esa izquierda vomitiva, la de Vero y compañía, que no le importa juntarse con el diablo con tal de quedarse, ya no con la mamadera del estado, sino con toda la vaca.

Que ese Naranjazo escolar y la indignación del Andahuaylazo nos prevengan de una larga noche de insania violenta de un tirano nacional socialista que, aprovechándose de la democracia, de la complicidad de algunos y de la inocencia de muchos, pueda llegar al poder. 

Si este relato nos recuerda a Adolfo Hitler, su pasado sicópata, la noche de los cristales, su asunción democrática al poder para luego violarla y las millones de vidas que se perdieron por una insania, es pura coincidencia… 

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Un día como hoy, hace 45 años, el 2 de agosto de 1979, nos dejó Víctor Raúl Haya de la Torre, tras larga agonía en Villa Mercedes, apacible vivienda en Vitarte que le fue cedida por un familiar para que allí transcurran, al fin sin sobresaltos, los últimos años de su vida. Fueron los tiempos de los dictadores Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, los tiempos de las largas veladas en la Casa del Pueblo, de los coloquios nocturnos, el último buró de conjunciones y de la formación de una generación joven que pudiese continuar la obra. 

Se ha dicho mucho, bueno y malo, de la trayectoria política de Víctor Raúl. Al conmemorarse 45 años de su partida hemos querido destacar sus virtudes de estadista y visionario. Haya siempre se adelantó a su tiempo y el 28 de julio de 1978, día en el que pronunció su último gran discurso al instalarse la asamblea constituyente, avizoró el presente -este presente- y señaló un camino hacia el futuro -este futuro que nos toca construir a nosotros-. 

El patriarca del APRA comenzó hablando de la democracia y del triunfo de los partidos políticos en las elecciones de mayo de 1978 por sobre la propuesta autoritaria del no partido que representaba la dictadura y, de manera más específica, el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) instaurado por Juan Velasco y disuelto, poco después de su relevo, en 1975. También refirió su apoyo incondicional a la democracia plasmado en 1941 en su libro La Defensa Continental, en el que propuso un sistema americano interhemisférico que la protegiese de la amenaza fascista. Proféticas palabras, hoy la democracia parece un terreno baldío no solo en nuestra política interna, sino en la mundial, arrinconada por los extremismos progresista woke y neoconservador, con rasgos fascistas, que han superado el cerco del orden constitucional. Para muestra la dramática situación de Venezuela en la que una dictadura encaramada en el poder se niega a dejarlo a través de los más condenables métodos de fraude electoral y represión política.

Haya también habló de la Asamblea Constituyente y de su rol. Qué importante en tiempos en el que la urgencia, o no, de una nueva Constitución para el Perú ocupa buena parte del debate político nacional. Con casi cincuenta años de anticipación, Víctor Raúl refuta las torpes tesis que comparan una asamblea constituyente con el poder absoluto. De seguro que El Viejo León se hubiese reído a carcajadas de tan burdo desvarío. Al contrario, la destacó como la expresión más genuina y excelsa de la soberanía popular: “El pueblo ha rescatado el manejo de sus propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo, en un proceso libre, nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa”.

El político trujillano no se quedó en el enunciado. Seguidamente apeló a los deberes de la asamblea, indicando que el primero de todos debía ser la responsabilidad institucional y la cooperación patriótica. Haya se manifestó respetuoso de las diversas visiones presentes en la asamblea pero destacó como un propósito superior alcanzar consensos para obtener un texto constitucional desde cuyas bases puedan forjarse la nación y su desarrollo. En otras palabras, las bases mismas de lo que constituye una democracia.

También habló de la flexibilidad de la nueva Constitución, de los mecanismos que debía poseer para poder actualizarse conforme fuese necesario y cambiasen los tiempos, así como destacó la importancia de alcanzar un texto que refleje la realidad y no resulte mero copismo de fórmulas extranjeras: Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovarse, confirmándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Estas palabras caen como duras sentencias contra aquellos que han prostituido los mecanismos del cambio constitucional para controlar las instituciones del Estado y legislar a favor de mafias e intereses perversos, reñidos con el bien común y el desarrollo de la nación. 

En su último discurso, Haya habló sin cortapisas de los Derechos Humanos, se adhirió consecuente e incondicionalmente a la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, así como celebró la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sin antes señalar que ambos instrumentos de justicia internacional ya habían sido suscritos por el Perú. 

Seguidamente, Haya adhirió también a los derechos sociales que constituyen una importante novedad que se suma a los civiles y políticos, y que se consagran tras la Segunda Guerra Mundial. Dijo el patriarca aprista que la nueva carta debía asegurar la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, con libertad y justicia, la educación y la cultura para todos los que habiten nuestro suelo o hayan de habitarlo en el futuro. 

En un hecho sin precedentes, y adelantado a su tiempo, Víctor Raúl otorgó principal importancia a los derechos de la mujer y a la lucha por el medio ambiente, agendas que han cobrado gran notoriedad en el siglo XXI. Al respeto, Haya dijo que resultaban de primer orden la igualdad de la mujer en todos los campos; la atención especialísima de la juventud, ancha fila humana que en nuestro país exige promoción y estímulo especiales. Y también la defensa del medio ambiente y de nuestro patrimonio arqueológico e histórico.

En la década de 1920, cuando José Carlos Mariátegui planteaba la lucha política contra los Estados Unidos de América, la potencia imperialista del continente, Haya ya pensaba que para combatirla en igualdad de condiciones había que fomentar la unión de las naciones latinoamericanas y también saber negociar con el imperialismo, pues de este se requerían sus capitales y tecnología para alcanzar el propio desarrollo. Solo de ese modo se le podría enfrentar, solo así podríamos colocarnos en posición de competir con él. 

En el mundo de hoy, las ideas de Haya, tan criticadas por la izquierda comunista de entonces, parecen más bien verdades de Perogrullo, pero, al mismo tiempo, permanecen como utopías incumplidas.  La eterna “vía hacia el desarrollo” es una desgraciada inercia que comenzará a romperse a través de la inversión en ciencia y tecnología, y más si realizamos el esfuerzo conformando una alianza de naciones latinoamericanas. Haya lo dijo en 1928, también lo dijo en 1978, sesenta años después y la asignatura sigue pendiente. Integrarse contra el imperialismo no supone ser comunista, supone, como paso previo, la revolución capitalista. Pensar que algunos todavía no lo entienden.

Dejo para el final un tema que ha llamado poderosamente mi atención en el discurso de instalación de la asamblea Constituyente de 1978: la manera como Haya anticipa el rol de liderazgo geopolítico del Perú en la región debido a su posición geográfica. Hace 45 años, China aún no había despegado, recién Deng Xiao Ping se asentaba en el poder, apenas se trazaban las bases para su posterior despegue económico. Pero Víctor Raúl lo dijo: 

Aleccionados por la experiencia de este siglo y por sus realidades económicas, el integracionismo que profesamos es de clara raíz antimperialista. La integración tiene para el Perú un especial significado. Por su posición geográfica central, por una tradición que viene de su pasado y que se repite en todas las instancias de su historia –el Tahuantinsuyo, el Virreinato, la Revolución Emancipadora que aquí culmina y se funde en sus corrientes principales- a nuestro país le toca contribuir decisivamente a la coordinación latinoamericana,  convertirla  en una de las metas nacionales, indispensable para su propia subsistencia. Pues el Perú tiene todo por ganar en una Indoamérica unida y todo lo puede perder en una Indoamérica balcanizada”.

Faltan apenas meses para el inicio de operaciones del mega puerto de Chancay administrado por la empresa china COSCO Shipping Ports. De esta manera, el Perú será parada obligada y fundamental en el tramo marítimo de la nueva ruta de la seda china. ¿Pero cuenta el Perú con producción suficiente para beneficiarse de este inconmensurable tráfico comercial? ¿O se trata de pensar en grande y establecer una alianza regional para desarrollar infraestructura, manufactura, ciencia y tecnología etc. que nos permita integrarnos como bloque en esta oportunidad histórica que llama a nuestra puerta? La respuesta es tan obvia que puede omitirse.

Odiado, amado, perseguido, defendido, mataron por él, murieron por él, llegó al corazón del pueblo. Tras el líder cuya encendida oratoria cautivó a las masas peruanas a lo largo de seis décadas, un estadista y visionario señalaba los rumbos que había que seguir para alcanzar el desarrollo. Antes de él, tuvimos a Simón Bolívar, Chile, mal que nos pese, tuvo a su Diego Portales. A 25 años de su partida Rescatar el Haya estadista y visionario es tarea pendiente para el Perú del siglo XXI.  

p.s. Imagen del artículo: Sarasara: órgano del Partido Aprista Peruano, Comité Provincial de Parinacochas, año VI, no. 40, febrero 1947

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El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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Los candidatos de izquierda radical recorren el país de cabo a rabo. Lo hacen especialmente en la zona del sur andino, su bastión electoral más importante. Su cálculo es sencillo: allí los ciudadanos van a votar en la primera vuelta del 2026 como lo hicieron en la segunda vuelta del 2021, es decir 80% a favor de un candidato de izquierda extrema.

El sur andino representa el 20% del electorado nacional y si logran ese porcentaje ya tendrían el 15% de la votación nacional asegurada. Si le suman el resto del mundo andino y los bolsones de pobreza de la costa y la selva peruana podrían trepar hasta un 25% o más.

Y hablamos de los votos totales, eso se traduce luego en votos válidos en cerca del 30% o más. No solo se aseguran el pase a la segunda vuelta y el colocar una voluminosa bancada parlamentaria, sino eventualmente -si subsiste la fragmentación de la derecha y el centro- de repente colocar a dos candidatos de izquierda en la jornada definitoria del 2026.

Mientras eso ocurre, los candidatos de la centroderecha -para englobar a todos- se dedican a salir en Willax, canal N y RPP, algún canal de señal abierta y a escribir en periódicos limeños. Así creen que se hace política y que ello les va a redituar en votos en el proceso electoral. Craso y trágico error.

La visita presencial no tiene reemplazo. Se pueden acompañar de estrategias modernas de microsegmentación social para hacerlas más eficaces, pero no hay nada que sustituya la llegada al mercado, a la plaza, comer algo del puesto de comida ambulante, dar entrevistas a los medios locales, recorrer sus calles, dejarse ver, conversar con la gente humilde, escucharlos y aprender de la realidad nacional. El día que se acerquen los votantes a las urnas, ese recuerdo pesará más que haberlo visto al candidato en televisión limeña, sin lugar a dudas.

No es prematuro empezar desde ya. El grado de malestar e insatisfacción ciudadana en el sur andino es casi refractario al cambio. Se van a tener que redoblar esfuerzos para conseguir algo del fondo de la olla. Se necesita, por ello, un trabajo de largo aliento. Ya los tiempos son cortos. Queda apenas año y medio de campaña por delante. Ojalá se tome conciencia de ello.

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En la penumbra del poder florece un pecado capital: la avaricia. No se trata solo de un apetito desmedido por la riqueza o el control, sino de una perversión del poder que corrompe y degrada. Este vicio se hace aún más evidente cuando observamos con detenimiento las acciones de quienes detentan el poder, como el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien no solo ejerce su autoridad, sino que también exhibe su posición con un ostentoso despliegue de riqueza. Boluarte no se limita a uno o dos lujosos relojes Rolex, sino que se enorgullece de portar hasta cuatro de estos símbolos de opulencia en su muñeca. Este extravagante derroche de recursos contrasta brutalmente con la realidad de nuestro país, donde muchos ciudadanos luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas.

Este despliegue de riqueza desmedida, mientras gran parte de la población se debate en la pobreza, es un ejemplo flagrante de la desconexión y falta de empatía de ciertos líderes políticos con las necesidades del país. Más que un mero símbolo de estatus, estos relojes Rolex representan la perversión del poder, donde se privilegia el lujo personal sobre el bienestar colectivo. Esta situación ejemplifica cómo el poder puede distorsionar los valores fundamentales, convirtiendo la función pública en un medio para la gratificación personal en lugar de un servicio dedicado al bienestar y el bien común de la sociedad.

El abuso de poder y la ostentación desmedida minan la confianza en las instituciones democráticas y en el liderazgo. Mientras la presidenta Boluarte se regodea en su opulencia, miles de ciudadanos luchan contra la adversidad, enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, educación de calidad, atención médica oportuna y adecuada y seguridad. Esta profunda desigualdad entre los privilegios de unos pocos y las dificultades de muchos es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de un cambio.

Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún queda espacio para la esperanza. La lucha contra la avaricia del poder no es una batalla perdida. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de los partidos políticos que se precian de democráticos, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en todas las esferas del gobierno. Solo mediante un compromiso colectivo con la justicia, la solidaridad y la equidad podremos construir un futuro donde el poder sea un instrumento para el bien común, y no una herramienta de enriquecimiento personal a expensas del sufrimiento de muchos.

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El día de ayer, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó de manera “exprés” la ley de seguridad que estaba pendiente desde la reincorporación de este territorio a China en 1997. La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong que en teoría fue creada en el 2020 para evitar la interferencia en los asuntos territoriales de esta región administrativa ha servido más bien como un instrumento para reforzar el control del gobierno central de Pekín sobre la región y aplastar las protestas prodemocráticas que estallaron allí en 2019. 

La ley contempla la inclusión de nuevos tipos de delitos como la insurrección, la colusión con fuerzas extranjeras, el sabotaje, entre otros. Algunos de ellos, como la sedición y la alta traición ahora son sujetos de ser castigados con penas de hasta cadena perpetua. Entre las modificaciones más preocupantes, se encuentra la autorización de juicios a puerta cerrada, violentando todas las garantías de un debido proceso. La ley también autoriza la detención de las personas sospechosas de cometer alguno de los delitos en mención durante 16 días sin la necesidad de presentar cargos. Todo en nombre de la “seguridad” de Hong Kong. 

A finales del año pasado, el Gobierno peruano aprobó y publicó en una edición extraordinaria de El Peruano un decreto legislativo (D.L. N.º 1589) que modificó varios artículos del Código Penal en aras de “garantizar la seguridad y tranquilidad pública”. Días antes de su publicación, se había convocado a una jornada de protestas masivas en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, dejando en claro de quién era la tranquilidad que buscaba garantizar la norma. 

Meses antes, una situación similar surgió cuando en el contexto de un pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo presentó una iniciativa parecida que buscaba modificar varios artículos del Código Penal para endurecer las sanciones impuestas en el contexto de estados de emergencia. Bajo la introducción de figuras normativas antojadizas como la “instigación del delito de disturbio”, la elevación de penas por delitos cometidos en estados de emergencia y la eliminación de la investigación preliminar para cualquier detenido se buscaba limitar el accionar de medios de comunicación y periodistas, a la vez que acelerar la judicialización de cualquier detenido. 

Evidentemente, las diferencias entre China y Perú son inmensas, pero hace rato que China dejo de ser simplemente un autoritarismo y el Perú ya no es, lamentablemente, solo una democracia fallida. En un contexto de expansión de criminalidad organizada transnacional y mercados ilegales internacionales, quizás estemos enrumbados hacía una nueva era de “leyes de seguridad”: lobos con piel de oveja. Lo más probable es que no vayamos a encontrar información al respecto en TikTok.  

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En la opinión pública, cortesía de La Encerrona, un tema ha emergido, eclipsando debates sobre la recesión económica y la seguridad ciudadana: ¡los relojes lujosos de la presidenta Dina Boluarte! Mientras algunos de sus pares latinoamericanos se afanan por abordar problemas urgentes, nuestra querida presidenta parece más preocupada por lucir los últimos modelos en su muñeca.

Desde los salones del Palacio de Gobierno, las calles de Lima y de otras regiones, la resplandeciente ostentación de estos relojes no pasa desapercibida. En cada comparecencia ante la prensa, un nuevo reloj reluciente aparece en la muñeca de la mandataria. Después de todo, ¿quién necesita hablar sobre la demolición de la institucionalidad democrática cuando puedes quedarte embobado admirando los detalles de sus relojes de pulsera de alta gama?

Se rumorea que la presidenta Boluarte posee un reloj para cada día de la semana, cada uno de los cuales supera al anterior en valor. Los ciudadanos pueden respirar aliviados: su líderesa está perfectamente sincronizada en sus reuniones y en el uso del tiempo, gracias a su vasta colección de relojes de lujo. ¡Qué alivio saber que, mientras el dengue avanza en el país sin mayor control, al menos los relojes de la presidenta funcionan a la perfección!

Es reconfortante saber que, mientras la mayoría de congresistas se esfuerzan por desmontar cuanta reforma les sea posible e instaurar el reino de la ilegalidad, la mandataria dedica su tiempo a cuestiones más trascendentales, como pensar en su outfit relojero. ¿Quién necesita un gabinete ministerial bien preparado cuando puedes tener un estuche rebosante de relojes exclusivos? 

Claro, algunos críticos podrían argumentar que presumir de riqueza en un país marcado por la desigualdad económica y la pobreza es un tanto descabellado y frívolo. Pero, ¿qué importa eso cuando puedes deslumbrar a la población con el brillo de tus accesorios? 

Además, mientras los ciudadanos luchan con las dificultades económicas diarias, la extorsión por parte de grupos criminales, el sicariato y el regreso de las combis “asesinas”, la extravagancia de la presidenta Boluarte solo sirve para resaltar la desconexión entre la “élite” política y los ciudadanos y ciudadanas. O para decirnos que cualquiera puede tener un Rolex, siempre y cuando trabaje lo suficiente para comprárselo, ignorando la realidad de miles de peruanos que viven en la pobreza y la desigualdad.

¡Brindemos por nuestra presidenta y su colección de relojes exclusivos! Porque al final del día, ¿qué importa el bienestar de la ciudadanía si la mandataria luce un Rolex? ¡Salud!

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La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.  

Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides. 

La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.

La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político. 

La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.

No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.

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