Democracia

En la opinión pública, cortesía de La Encerrona, un tema ha emergido, eclipsando debates sobre la recesión económica y la seguridad ciudadana: ¡los relojes lujosos de la presidenta Dina Boluarte! Mientras algunos de sus pares latinoamericanos se afanan por abordar problemas urgentes, nuestra querida presidenta parece más preocupada por lucir los últimos modelos en su muñeca.

Desde los salones del Palacio de Gobierno, las calles de Lima y de otras regiones, la resplandeciente ostentación de estos relojes no pasa desapercibida. En cada comparecencia ante la prensa, un nuevo reloj reluciente aparece en la muñeca de la mandataria. Después de todo, ¿quién necesita hablar sobre la demolición de la institucionalidad democrática cuando puedes quedarte embobado admirando los detalles de sus relojes de pulsera de alta gama?

Se rumorea que la presidenta Boluarte posee un reloj para cada día de la semana, cada uno de los cuales supera al anterior en valor. Los ciudadanos pueden respirar aliviados: su líderesa está perfectamente sincronizada en sus reuniones y en el uso del tiempo, gracias a su vasta colección de relojes de lujo. ¡Qué alivio saber que, mientras el dengue avanza en el país sin mayor control, al menos los relojes de la presidenta funcionan a la perfección!

Es reconfortante saber que, mientras la mayoría de congresistas se esfuerzan por desmontar cuanta reforma les sea posible e instaurar el reino de la ilegalidad, la mandataria dedica su tiempo a cuestiones más trascendentales, como pensar en su outfit relojero. ¿Quién necesita un gabinete ministerial bien preparado cuando puedes tener un estuche rebosante de relojes exclusivos? 

Claro, algunos críticos podrían argumentar que presumir de riqueza en un país marcado por la desigualdad económica y la pobreza es un tanto descabellado y frívolo. Pero, ¿qué importa eso cuando puedes deslumbrar a la población con el brillo de tus accesorios? 

Además, mientras los ciudadanos luchan con las dificultades económicas diarias, la extorsión por parte de grupos criminales, el sicariato y el regreso de las combis “asesinas”, la extravagancia de la presidenta Boluarte solo sirve para resaltar la desconexión entre la “élite” política y los ciudadanos y ciudadanas. O para decirnos que cualquiera puede tener un Rolex, siempre y cuando trabaje lo suficiente para comprárselo, ignorando la realidad de miles de peruanos que viven en la pobreza y la desigualdad.

¡Brindemos por nuestra presidenta y su colección de relojes exclusivos! Porque al final del día, ¿qué importa el bienestar de la ciudadanía si la mandataria luce un Rolex? ¡Salud!

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La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.  

Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides. 

La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.

La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político. 

La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.

No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.

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En la historia de la lucha por la justicia, la fraternidad, la solidaridad y el bienestar común, resuenan con fuerza nombres que encarnan la valentía, la determinación y la esperanza. Uno de estos nombres es el de María Elena Moyano, una figura emblemática que dejó un legado imborrable en la lucha por los derechos humanos y la democracia en el Perú.

Desde una edad temprana, Moyano demostró un profundo compromiso con su comunidad y una pasión por la justicia social. Esta pasión la llevó a convertirse en una de las líderes más prominentes de su tiempo, una mujer que creía firmemente en la democracia y en el poder del pueblo para transformar su realidad.

En un contexto marcado por la violencia de Sendero Luminoso y el fujimorismo, Moyano abogó incansablemente por el diálogo y la participación ciudadana. Su visión de la democracia no se limitaba a un sistema político, sino que abrazaba la idea de una democracia integral presente en todas las esferas de la vida de las personas.

Reconocía que la democracia solo puede florecer en un entorno donde se respetan irrestrictamente los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, dedicó gran parte de su vida a la defensa de estos derechos, especialmente los de las mujeres y los más vulnerables de la sociedad. En 1984, fue elegida presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES). Su lucha incluyó la promoción de la educación, la salud y el bienestar de las comunidades, así como la denuncia de las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y las violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

María Elena Moyano también incursionó en la política, siendo elegida en 1989 como teniente alcaldesa de Villa El Salvador por Izquierda Unida (IU). Se convirtió en una figura destacada no solo en su distrito, sino también en Lima Metropolitana. Su compromiso con la no violencia y la búsqueda de justicia la convirtieron en una figura respetada y admirada. Por eso mismo, desafió valientemente a Sendero Luminoso y a las fuerzas del orden que amenazaban la paz y la seguridad de su comunidad.

Trágicamente, su activismo social y político la convirtió en blanco de aquellos que se oponían a su mensaje de esperanza y cambio en democracia. El 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años, fue brutalmente asesinada por Sendero Luminoso.

Sin embargo, su legado perdura. María Elena Moyano sigue siendo un símbolo de coraje y resistencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la justicia nunca se apaga por completo. Su vida y su sacrificio nos inspiran a todos a seguir luchando por un mundo donde la democracia y los derechos humanos sean verdaderamente universales y respetados por todos.

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En el Perú, coexisten diversas maneras de entender, divulgar y enseñar su Historia. En las universidades, por ejemplo, prima una mirada crítica que estudia las tensas condiciones en las que se produjeron los acontecimientos que redefinieron nuestra sociedad, sus culturas, el devenir del país. En los colegios es distinta y diría casi opuesta la enseñanza de la Historia, porque uno de sus objetivos es sembrar en cada nueva generación cariño y admiración por un pasado común, así como el rechazo a ciertas malas decisiones (según los principios de su docente), lo cual nos habría de fusionar eficientemente en una comunidad nacional. Y en el mercado cultural, la apuesta es hacer de todo ello una atractiva producción de héroes y episodios históricos que entusiasme al público, que ofrezca patrióticas tendencias y que eluda, salvo que sea conveniente, el surgimiento de debates (cosa algo contradictoria con la democracia, que requiere de la convivencia de posturas opuestas para producir nuevas ideas, nuevos futuros). 

Hasta hoy en nuestro país sólo el 16% de peruanos ha tenido acceso a la educación superior; muchos de ellos en universidades que actualmente carecen de licencia para funcionar por no cumplir con los niveles mínimos de calidad en la formación que ofrecían. Con esta evidencia en mano, debemos tomar conciencia de que la manera como en Perú comprendemos la Historia queda en manos de nuestro sistema educativo escolar, que, como bien sabemos, envía a las zonas más empobrecidas a los docentes con menor calidad a enseñar en una lengua impuesta que sus estudiantes rara vez consiguen dominar. Espacios rurales donde la Historia ha persistido no como reflexión, sino como culto por las fiestas o como idealización de los (cada vez menos) personajes históricos, capaces de encender el patriotismo.

Si incluimos dentro de los temas de Historia, el nacimiento, la fragilidad y la protección de la Democracia y los derechos ciudadanos, nos encontraremos con que la mirada crítica universitaria es compartida por una pequeña élite de hablar cifrado y desafiante, una élite escindida del resto, de la enorme mayoría, que bajo la mirada escolar asume la democracia como el responsabilizar a un otro ante las necesidades patrias, un otro a quien espera elegir como heroico líder, un Milei que de sopetón acabe con todas las necesidades posibles. Hechos y no palabras. 

En todo el continente americano, la democracia demoró hasta avanzado el siglo XX en decidir quiénes debían participar o no, quiénes serían reconocidos como ciudadanos (como las mujeres), pues había población étnica sometida a trabajos forzados y mal remunerados. Uno de los recursos fue, y no casualmente, el ser analfabeto. Hasta avanzado el siglo XX, se utilizó el mantener fuera del sistema electoral a la población indígena o afrodescendiente restringiendo su acceso a la educación. En Estados Unidos hasta 1965, en Perú hasta 1979.

Actualmente, en los países donde el sistema democrático funciona a cabalidad, cerca de la mitad de la población tiene educación superior y en las comparaciones de rendimiento escolar, sus estudiantes sobresalen. En los países donde buscamos dirigentes extremistas, de recursos violentos que persiguen la reelección para imponer su patriótica ideología, como Bukele o Morales, menos de la cuarta parte ha tenido acceso a la educación superior y las pruebas de evaluación escolar dan resultados de estancamiento.

Hoy, cuando después de haber luchado por su reducción, veinte años después nuevamente el 22% de mujeres rurales son analfabetas en Perú, cuando la élite intelectual (esa que Wright Mills, en La élite del poder, creía heroicamente capaz de detener a los corruptos y salvar la democracia) ha constreñido a su lenguaje académico la enseñanza crítica de la democracia, ¿le importa a la población que tan sólo terminó primaria o con suerte hasta la secundaria, la lucha por sus derechos a una vida plena?, ¿se preocupará por la captura de los Poderes del Estado? ¿Cómo hará esa electora, la que se encuentra más lejos de cualquier aula universitaria del Perú, para saber por qué sus gobernantes la amenazan para que no proteste y tan sólo produzca? 

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Parece que la entrevista dominical de Carlos Álvarez marca el inicio de su carrera a la presidencia de la república. Parece que la búsqueda de un candidato de centro derecha con posibilidades electorales ha culminado. Parece que será un rival que complique las aspiraciones electorales de Keiko Fujimori.

La incursión de actores cómicos en la política como candidatos presidenciales es un fenómeno revelador de cambios significativos en la forma en que la sociedad percibe y participa en la política contemporánea. Tanto en el ámbito político como en el cultural, este fenómeno ilustra transformaciones notables que afectan la relación entre los ciudadanos y sus líderes políticos.

Desde una perspectiva política, la presencia de actores cómicos puede interpretarse como una expresión palpable de la insatisfacción generalizada con la clase política tradicional. El desencanto de la ciudadanía con políticos percibidos como corruptos y desconectados de las preocupaciones cotidianas impulsa la búsqueda de alternativas novedosas. Los comediantes, al no estar vinculados a partidos políticos tradicionales, pueden presentarse como figuras no contaminadas por la corrupción y capaces de expresar las inquietudes de la ciudadanía de manera directa y sin restricciones.

En el ámbito cultural, la incursión de actores cómicos también refleja la creciente despolitización de la sociedad contemporánea. En un contexto donde la política ha asumido características de entretenimiento y espectáculo, la ciudadanía muestra un interés decreciente en la política convencional. La capacidad de los comediantes para hacer reír se convierte en una forma de atraer la atención del público, ofreciendo una alternativa a la política tradicional y sus representantes.

La singularidad de estos candidatos radica en su enfoque diferenciado y su habilidad para conectar con el público de maneras no convencionales. Desafían las normas establecidas y presentan ideas diferentes. Su conexión con la audiencia, a menudo basada en el humor y la autenticidad percibida, les otorga una ventaja en la era de la desconfianza hacia la política tradicional.

A pesar de estos aspectos positivos, la incursión de actores cómicos en la política plantea cuestionamientos legítimos sobre su idoneidad y seriedad para asumir roles de liderazgo a nivel presidencial. La percepción de falta de seriedad y la preocupación sobre la capacidad para gobernar son desafíos evidentes que estos candidatos enfrentan. La falta de experiencia política y conocimientos específicos para ocupar cargos de alta responsabilidad puede generar inquietudes sobre su capacidad para abordar los desafíos complejos de la gobernabilidad.

En conclusión, mientras que la presencia de actores cómicos en la política puede ser un reflejo de la búsqueda de alternativas y la desilusión con la política convencional, también plantea interrogantes sobre la preparación y la seriedad necesarias para liderar un país. La intersección entre la comedia y la política ofrece una dinámica compleja que desafía las percepciones tradicionales y exige un análisis cuidadoso de los pros y contras asociados con esta tendencia emergente.

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Carlos Alvarez, Democracia, elecciones presidenciales, Keiko Fujimo

[PIE DERECHO]  La última encuesta anual de Lima como vamos, ratifica, en Lima y Callao, lo que sucede a nivel nacional: el principal problema, de lejos, es el de la inseguridad ciudadana. Así lo considera el 70.9% de los habitantes de Lima y Callao. Muy lejos, en segundo lugar, la limpieza pública, con 34.9%, seguido de corrupción de funcionarios (33.8%), contaminación ambiental (32.8%) y, además de otros, calidad del transporte público (24.7%).

Un 87% se muestra insatisfecho con la seguridad ciudadana y curiosamente, el problema es percibido más significativamente en el sector A (con 82.1%), a diferencia del E, donde un 58.6% lo considera el problema más importante. Da para un análisis más profundo esa diferencia sociológica del mapa del delito, ya que los medios parecieran transmitir la percepción de que éste ocurre con mayor intensidad en las zonas más empobrecidas de la ciudad.

De otro lado, preguntada la población respecto de qué medidas la harían sentirse más segura, barre la respuesta de “patrullaje continuo de la policía o del serenazgo (con 72%), cámaras de seguridad (54.8%), casetas de serenazgo (34.1%), iluminación de calles (32.1%). Es decir, se reclama mayor presencia del Estado.

Sorprende ingratamente, al respecto, ya no solo la ineficaz respuesta del gobierno frente a esta situación (en sus últimas decisiones ha demostrado no saber qué hacer sobre la materia), sino, sobre todo, la inexistencia de propuestas por parte de la clase política nacional. No hay precandidato alguno que haga del tema su eje programático y no plantee, por ende, una solución o una alternativa respecto de qué hacer frente a este problema, lo que explica en gran medida el malestar ciudadano expresado en las encuestas sobre la democracia.

Una democracia incapaz de asegurar el cumplimiento de la cláusula primera del contrato social, es decir, la provisión de seguridad, la defensa de los derechos a la propiedad y a la vida, es una democracia fallida.

No sorprendería, si se pudiera hacerle la pregunta al millón y medio de peruanos que ha migrado al extranjero en los dos últimos años, que la inseguridad ciudadana sea una de las razones consideradas para tomar esa decisión radical. Si desde ya, como otra encuesta ha señalado, más de un millón de peruanos paga cupos a las mafias de la extorsión, se entenderá que la zozobra que ello conlleva pueda dar sustento a decisiones de esa envergadura.

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Democracia, inseguridad ciudadana, Migración, Propuestas políticas

[PIE DERECHO]  Como lo venimos sosteniendo desde hace años -y lo seguiremos haciendo hasta el hartazgo-, los riesgos de la democracia peruana y su proyección económica, no provienen solamente de una izquierda que, como la peruana, no tiene nada que aportar al país, como no sea autoritarismo y destrucción de la economía, sino también de una ultraderecha populista, que felizmente no ha agarrado cuerpo y difícilmente lo hará luego del fiasco gubernativo de Rafael López Aliaga.

Con mayor razón la urgencia de que se consolide un frente de centroderecha, cuya centralidad transite por la necesaria reconstrucción de instituciones como el Ministerio Público (hoy absolutamente degradado), el Poder Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas, la reforma política, la construcción de un eficaz sistema de salud y educación públicas, etc., pero que no descuide un ápice la urgente e imperativa apuesta por una vigorosa economía de mercado, capaz, solo ella, de hacernos recuperar la senda del crecimiento económico, única vía de reducción de la pobreza y de reinstalación en la pendiente progresiva que habíamos logrado entre mediados de los 90 y la primera década de este siglo.

En el Perú reciente no se ha hecho casi reforma alguna en los últimos lustros, ni siquiera en los tiempos de vacas gordas, y ese déficit nos estalló en la cara con el triunfo de Pedro Castillo. Lamentablemente, nos ha tocado en suerte un gobierno cargado de medianía como el de Dina Boluarte, del cual sería iluso esperar reformas de algún tipo, y esa estabilidad mediocre abona en favor de los candidatos que ofrecen patear el tablero del statu quo el 2026.

Con mayor razón se impone una urgente coalición democrática que no solo aumente las posibilidades de un triunfo electoral, sino que el mismo vaya acompañado de un respaldo parlamentario que la libre de las recurrentes crisis políticas que han hecho que en los últimos siete años tengamos cinco mandatarios.

Desde la sociedad civil sería saludable que haya presión hacia la clase política ubicada del centro hacia la derecha liberal, para que constituya un gran frente electoral, que sirva de contención a la izquierda en su conjunto (ni la versión moderada se salva) y a la ultraderecha conservadora y autoritaria que insiste en alcanzar protagonismo impulsado por la ola regional.

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#Reconstruccion Institucional, centroderecha, Democracia, Economía

[REFLEXIONEMOS PERÚ]  Saludos estimados lectores, es grato nuevamente escribir para inaugurar el año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.

El 2023 fue el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Lamentablemente, seguimos luchando por la paz y en vez de avanzar, vamos en retroceso como el cangrejo. Este año, nos toca celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Muy pocos, por no decir, nadie, conoce el motivo anual.  El propósito de estos lemas es trabajar durante todo el año la importancia que tuvieron dichos acontecimientos históricos para nuestra identidad peruana. Sin duda, bastante debilitada y dañada.

Saber el futuro siempre ha despertado la curiosidad de los humanos. Y es que, el hecho de conocer qué nos depara el destino implica comprender cómo cambiaríamos y a qué desafíos y oportunidades podríamos enfrentarnos.

La conquista española del Perú

La conquista española del Perú, operada a partir de 1532, va a significar en buena cuenta, un proceso de invasión y copia. Este proceso provocó en las poblaciones más oriundas un schok cultural. Toda ruptura de la tradición o las creencias a nuevos valores, en muchos casos impuestos, por la falta de educación en todos los niveles, trae conflicto. Cambios, luchas.

Definitivamente sabemos que nuestros pobladores andinos no aceptaron la nueva situación que se estaba gestando. La resistencia y la reacción ante lo nuevo, era el tono del contexto.

Los españoles trajeron la cultura de occidente, la religión cristiana – católica, las Iglesias, entre otras cosas. La conquista del Perú significó todo un cambio ideológico, entre ello, la educación. Desde la época del incanato, vinculada a las clases más privilegiadas. Entre 1777 y 1820, etapa plenamente colonial, el desarrollo de algunos cambios en el pensamiento colectivo, impulsados por la Ilustración europea comenzaban a sentirse. Las mejores muestras las vemos con el nacimiento del Mercurio Peruano (1791 – 1795), primer periódico bisemanal, publicado en Lima y difundido ampliamente en Hispanoamérica. Este periódico podría considerarse como la primera fuente o el medio que protagonizó los sentimientos patrióticos de nuestra Independencia, influyendo en el pensamiento de los criollos coloniales, los peruanos de aquella época.

La Independencia

Todos recordamos el 28 de julio de 1821 como el día en que nos “liberamos” del Virreinato y nos convertimos en República. Pero, ¿esto fue así? Para Raúl Chanamé, en su libro “La república inconclusa”, fue un simple sueño ideal de los liberales peruanos de la independencia. Esto debido a que, al no contar con ciudadanos, concluye que esta proclamación de la libertad careció de protagonistas. “Para ser ciudadano – en el concepto decimonónico – se debía ser criollo; para ser elector, tener renta; para ser sufragante, ser alfabeto”. [1]

La República se inauguró con el primer congreso constituyente en 1822. Este congreso fue la primera institución política elegida democráticamente en el Perú. Ojo que, el voto de la mujer y de los esclavos, recién se dio en 1955 durante el gobierno de Manuel Odría. Y ojo de nuevo, estas mujeres debían ser alfabetizadas.  Los indios fueron la tropa de lucha por esa ansiada libertad de la independencia. Pero a pesar de su lucha, no fueron liberados, ya que los indios no votaban al ser analfabetos.

¿De qué libertad democrática estamos hablando?

Primero: Cómo podemos hablar de verdadera democracia sin cultura electoral. Segundo: Cómo podemos celebrar la independencia si la libertad no ha sido ejercida verdaderamente, ya que la historia del Perú nos ha demostrado que la opresión, el abuso, la ignorancia, y la corrupción escandalosa de hoy, nos evidencia esclavitud y pobreza mental. Al hoy. Tercero:  De qué libertad estamos hablando si los indicadores de pobreza se han disparado junto al nivel de analfabetismo.

Lo cierto es que la República del Perú fue un acto fallido y desleal con los mismos peruanos.

El propio Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera, fue un héroe indígena que dio su vida para liberarnos en lucha sangrienta contra la corona española del Perú. Encabezó la mayor rebelión contra el abuso y la opresión hacia los “cholos” como le llaman algunos limeños clasistas que gozan de los privilegios y herencias.

Hoy vivimos los mismos problemas, en épocas más modernas. Existe Constitución, leyes, pero no hay igualdad ni respeto hacia las personas, ni hacia las mujeres. La forma de gobierno que inició la Independencia de nuestro Perú trajo anarquías, desgobiernos, exclusión, marginaciones, y abusos.

La desfigurada y anhelada igualdad en el Perú tomó cuerpo recién en 1978 que le otorgaba el derecho a votar, a los peruanos no analfabetos. Quienes, por primera vez en la historia, en 1980, votaron. Si no hubiera sido por el caudillo Ramón Castilla, que buscó integrar al indio y al esclavo en la comunidad política, estos quedaban marginados.

Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2021, el 5.2% de la población enfrenta esta situación. Huánuco encabeza la lista de regiones con mayor analfabetismo con un 14.6%, seguido por Apurímac 10.9%, Cajamarca 10,7%, Cusco 9.6% y Ayacucho 9.4%. Si a estos datos le sumamos el contexto de la Pandemia, 1.3 millones de peruanos de 15 a más años reportaron no saber ni leer ni escribir. Los llamamos NINIS. Una generación de jóvenes y mujeres – muchas de ellas, de área rural- votarán en las siguientes elecciones, siendo analfabetos.

¿Somos conscientes del nivel de frustración -que se vive en el Perú- de esta parte de la ciudadanía que no pertenece a las clases altas?

Creo que no, porque la Historia del Perú nos la han contado de modo sesgada y sin apelar a la reflexión del problema de fondo que afecta a nuestra calidad de democracia que tenemos. Creo que no, porque las clases, abusos, y marginaciones, se fortalecen también en familias que no educan en valores y principios y dejan que los maltratos machistas queden impunes. Creo que no, porque la mujer todavía no es respetada ni considerada como se merece. Creo que no, porque la indiferencia del ser humano al prójimo es consecuencia de su falta de Dios en la vida.

Tengamos presente que sin valores humanos y principios de vida que reflejan nuestra moral y ética con el prójimo, solo seguiremos construyendo una democracia ilusoria de naipes. No existe verdadera caridad al prójimo, sin considerar que el otro es criatura divina, como yo, reflejo de Dios. Nadie ama al prójimo por el mero prójimo. Si lo ama por sí mismo es egoísmo. Pero si amamos al prójimo por la compasión divina que existe en nosotros, estamos amando con un corazón como el de Dios. Los fundamentos de los valores se encarnan en el reflejo de la personalidad y los sentimientos nobles, desde esa luz divina que habita en el interior, cuando se cultiva mediante la fe.

Sin educación en todos los niveles, tampoco habrá ni democracia, ni desarrollo.

Los peruanos que menos han tenido y más marginados se encuentran, ¡esperando a gritos!, De las oportunidades que las personas ciertamente más preparada que ellos, sientan al menos un poco de compasión, tras esa historia de nuestro Perú sufrido.

Para que la libertad viva, debe venir de la mano de la verdad. Y esta, de la justicia. No hay justicia verdadera si no es en la equidad del bien que todos merecen. Y con ello, no me refiero a bienes materiales, están los bienes de la mente, del espíritu, del corazón, de la educación. Los bienes de la calidad de vida, los bienes del saber sus derechos y deberes, el bien del trabajo, el bien de la salud y de una calidad de vida digna, como ser humano que todos somos.

Para recuperar la confianza hay que cumplir con las promesas. Para hacer política de verdad, hay que hacer el Bien al Otro.

[1] Chanamé Orbe, Raúl. La República Inconclusa. Séptima edición. 2023. Pág. 5.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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