Democracia

[La columna deca(n)dente] En el Perú, la falta de participación política de los jóvenes se presenta frecuentemente como un síntoma de apatía generacional. Sin embargo, esta conclusión simplista ignora una realidad más compleja: no es que los jóvenes hayan renunciado a la política, sino que han rechazado un modelo institucional que consideran obsoleto y desconectado de sus realidades. Tres factores explican esta desconexión: la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de despolitización y una visión restrictiva del campo político. 

Es importante señalar que esta interpretación es una aproximación hipotética que busca comprender las dinámicas actuales de los jóvenes frente a la política en el país. Si bien no se puede generalizar, las prácticas observadas reflejan tendencias preocupantes que demandan un análisis profundo y multidimensional. 

En primer lugar, la política institucionalizada enfrenta una crisis de legitimidad entre los jóvenes. Es común que ellos expresen desconfianza, indiferencia e incluso aburrimiento hacia los partidos políticos. Este descontento no es gratuito; responde a décadas de corrupción, ineficiencia y promesas incumplidas que han alejado a la política de las preocupaciones cotidianas de las nuevas generaciones. Para los jóvenes, la democracia no solo es incapaz de resolver sus problemas, sino que parece diseñada para ignorarlos. Esta percepción de inutilidad se alimenta de experiencias acumuladas de desilusión. Los jóvenes no se sienten representados ni escuchados, y perciben las decisiones políticas como procesos ajenos que no reflejan sus intereses. En este contexto, la desconfianza no solo es un síntoma, sino también un diagnóstico que exige una profunda transformación de la política institucional.

En segundo lugar, a menudo se asume que los jóvenes son apáticos y están despolitizados. Aunque muchos se definen como «no politizados», sus acciones cuentan otra historia. Participan en formas de activismo, voluntariado y protestas, aunque no reconozcan estas actividades como políticas. Este fenómeno refleja una desconexión con las formas tradicionales de participación, no con la política en sí. Los jóvenes siguen comprometidos con las causas que les importan: justicia social, igualdad de género, cambio climático, entre otras. Sin embargo, lo hacen desde espacios y lenguajes que consideran más auténticos y efectivos, lejos de la burocracia y el formalismo partidario.

En tercer lugar, el problema de fondo radica en una concepción restrictiva de la política, que la limita a los procesos institucionales y electorales. Este enfoque excluyente ignora formas alternativas de participación que han ganado relevancia entre los jóvenes, como el activismo digital, las redes comunitarias y las iniciativas autogestionadas. Las redes sociales han transformado la participación política juvenil al ofrecer espacios para visibilizar problemáticas y organizar movimientos, pero también fomentan dinámicas que priorizan salidas individuales sobre esfuerzos colectivos. Si bien plataformas como X, antes Twitter, o Instagram permiten amplificar voces y conectar con comunidades afines, sus algoritmos tienden a reforzar la gratificación instantánea, desincentivando la participación en procesos políticos estructurados, como partidos políticos o elecciones. 

Este fenómeno plantea el desafío de combinar las redes sociales con acciones colectivas que vayan más allá de lo personal. Si se usan bien, las redes sociales pueden ser herramientas para educar políticamente, crear alianzas y organizar actividades. Así, se puede conectar el activismo juvenil en línea con acciones más inclusivas y duraderas que ayuden a cambiar el sistema político. Ver solo estas formas de participación como poco importantes no solo desanima a los jóvenes, sino que también desprecia sus esfuerzos por cambiar la sociedad desde fuera de los métodos tradicionales. Reconocer y valorar estas formas de participación es clave.  

Finalmente, la desconexión juvenil no implica un rechazo a la política en su esencia, sino una demanda de transformación. Los jóvenes exigen un sistema democrático transparente, participativo y que se ajuste a sus preocupaciones reales. Para ello, es crucial ampliar el concepto de política, reconocer sus diversas formas de participación y reconstruir la confianza en las instituciones y los partidos mediante acciones concretas y responsables. Lejos de ser indiferentes, los jóvenes están profundamente comprometidos con el cambio. El verdadero desafío no es persuadirlos para que participen, sino ofrecerles partidos políticos democráticos, innovadores y coherentes tanto en sus discursos como en sus prácticas, que merezcan genuinamente su confianza y energía. Si se atiende adecuadamente este llamado, no solo se renovará la política en el país, sino que se fortalecerá con una generación que tiene mucho que aportar.

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El abogado César Nakazaki argumenta que, para que exista pertenencia a una organización criminal terrorista, esta debe estar activa en la actualidad y tener como objetivo usar la violencia para generar terror en la población o para tomar el poder político, como lo hizo Sendero Luminoso con sus atentados. “Movadef no ha realizado actos violentos ni ha planificado atentados; de hecho, intentaron inscribirse como partido político y fueron rechazados”, subraya.

Por otro lado, el periodista César Hildebrandt sostiene que Movadef ha sido un intento de crear una organización política electoral que ha renunciado a la lucha armada, en la que muchos de sus fundadores participaron en décadas pasadas. Apunta que Movadef «no tiene armas, no tiene vocación de actuar, no tiene un programa terrorista», por lo que no existe ninguna razón que justifique su encarcelamiento. Por el contrario, señala lo errado de cerrar el paso “a la conversión de una organización terrorista en un movimiento político avanzado”, brindándoles la condición de “terrorista perpetuo” a pesar de la ruta que elijan como organización. 

Años atrás, cuando se realizaron las primeras detenciones por Perseo, el periodista Gustavo Gorriti, tras revisar los fundamentos policiales, concluyó: “¿Existe alguna prueba, luego de todas las investigaciones, de que estos jóvenes desorientados estén siendo organizados hacia la violencia, de que se los esté preparando para la insurrección? Ninguna. No la hay en ninguno de los documentos que justifican esa operación”.

Desde distintos sectores políticos, tres personajes, cada uno reconocido en su medio, coinciden en un punto: condenar a los integrantes de Movadef en el juicio del caso Perseo sería un grave error del sistema judicial peruano, ya que no existen pruebas, razones ni sentido para hacerlo. 

Nosotros iniciamos este texto apoyándonos en sus dichos debido a que en los últimos tiempos se ha naturalizado invalidar a las personas que se animan a presentar argumentos que, de alguna manera, no favorezcan la quema en la hoguera de cada ex senderista que ha dejado las armas. La intención no es invalidarlos a ellos —aunque tal vez no sería posible hacerlo, sino destacar expresiones que han sido invisibilizadas, de personas que cuentan con cierto capital social para expresar sus ideas sin miedo a ser alcanzados por el “virus terrorista”. 

Si se ha logrado el cometido y estas líneas aun poseen validez para quien las esté leyendo, intentaremos desarrollar un tema sobre el que se ha impuesto una condena al silencio, a pesar de ser de gran relevancia.

El caso Perseo 

El caso Perseo, que intenta condenar a los miembros del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), es crucial para el Estado de derecho y la calidad de la democracia en el Perú. En contraposición a la narrativa dominante, considero que una sentencia absolutoria sería un avance en el fortalecimiento de la democracia.

Es erróneo pensar que el juicio solo afecta a los procesados de Movadef. Más allá de que un Estado democrático no puede condenar sin pruebas, este caso tiene implicaciones más profundas. Validar los argumentos de la Policía y la Fiscalía implicaría aceptar que aún es posible el resurgimiento de la subversión y que existen grupos que la promueven, una lógica que sirve para criminalizar movimientos sociales que cuestionan el sistema vigente. Este mecanismo ha sido utilizado en diversos conflictos sociales, tanto por quienes defienden el medio ambiente como por aquellos que demandan una nueva constitución, acusándolos de estar vinculados a antiguos grupos subversivos. La estrategia en mención, conocida como «terruqueo», se basa en acusaciones sin pruebas. Una absolución en el caso Perseo desactivaría esa amenaza constante y permitiría abordar los conflictos sociales de manera distinta, debilitando la base del terruqueo.

Para dimensionar el riesgo que enfrenta la democracia, basta con revisar las declaraciones del exjefe de la Dircote, Max Anhuamán, quien sostiene que organizaciones populares como la CNUL y Conulp son “organismos de fachada”, en alusión a las estructuras de «organismos generados» de Sendero Luminoso. De igual manera, hace pocos días el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén sostuvo que Movadef estaría detrás del paro de transportistas. Se trata de la típica estrategia del terruqueo que busca invalidar cualquier demanda del grupo que es blanco de esta. Aquella estrategia hasta ahora no ha podido trascender, salvo casos muy específicos, a una abierta criminalización. Esto es así porque si bien en el imaginario colectivo se ha llegado a instaurar la idea de que hablar de “Movadef” es hablar de “Sendero Luminoso” y en consecuencia, de “actos de terrorismo” que deben ser detenidos por el Estado, aquella equivalencia aún no ha sido aceptada legalmente. Una sentencia que afirme que Movadef es una organización terrorista per sé significaría la criminalización de colectivos que suelen ser relacionados, o que efectivamente lo están, con esta agrupación, a pesar de no haber cometido ningún delito. 

El terrorismo y la condición perpetua 

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), a pesar de su conexión ideológica con Sendero Luminoso, a partir del Pensamiento Gonzalo, no ha incitado a la violencia ni a la insurgencia armada. Su objetivo principal es la participación política y la solicitud de amnistía para quienes han sido condenados por terrorismo. Aunque su discurso pueda ser polémico, y genere rechazo en una parte de la sociedad, no constituye un delito. Acusar a Movadef de ser una «fachada» del terrorismo sin pruebas de acciones delictivas específicas no justifica su criminalización.

En el caso de Perseo, no hay evidencia de que los miembros de Movadef hayan cometido actos terroristas; los cargos se basan en afinidades ideológicas y no en acciones violentas. No obstante, un punto controvertido es la mención del «Pensamiento Gonzalo» en sus documentos, que algunos consideran como un argumento fundamental para condenar a los procesados. Sin embargo, César Nakazaki aclara que “hablar del «pensamiento Gonzalo» no es un problema en sí mismo, a menos que se utilice para incitar a la violencia”.

Gustavo Gorriti, coincide en este punto: “El llamado “pensamiento Gonzalo” posterior a las negociaciones con Montesinos y sus asesores, no tiene nada que ver con lo que antes pasaba como tal. Abimael Guzmán consiguió parar intelectualmente de cabeza a su organización, persuadirla de la necesidad de creer en y defender posiciones que antes hubieran resultado anatema. El otrora ardiente enemigo del revisionismo terminó revisando todo”.

Otro aspecto controvertido es el de la pertenencia a una organización terrorista. La acusación establece una equivalencia simplista entre Movadef y Sendero Luminoso, asumiendo que todos los miembros de la primera son automáticamente terroristas. Sin embargo, esta afirmación ignora la complejidad del caso y la necesidad de pruebas concretas para vincular a un individuo con actos terroristas. Además, la definición de «pertenencia a una organización terrorista» es un tema jurídico complejo que requiere un análisis cuidadoso.

¿Qué significa pertenecer a una organización terrorista? César Nakazaki sostiene lo siguiente: » Lo que convierte al terrorismo en un crimen es la decisión de cometer delitos para generar terror, y para hablar de pertenencia a una organización terrorista, debe haber una organización actualmente cometiendo esos delitos”, lo cual obviamente no existe en la actualidad ni en perspectiva.

Acusar de terrorismo sin pruebas concretas viola el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental en cualquier sistema de justicia. Criminalizar ideas disidentes no solo instrumentaliza el sistema penal, sino que también contradice los principios de reintegración y justicia restaurativa. De acuerdo con el jurista italiano Luigi Ferrajoli, «el derecho penal no puede ser un derecho de enemigos, sino un derecho de ciudadanos».

Uno de los aspectos más graves en el caso Perseo es la idea del «terrorismo perpetuo», que sostiene que las personas que alguna vez formaron parte o simpatizaron con una organización subversiva lo serán de por vida. Este enfoque es jurídicamente insostenible y contradice los principios de reintegración del derecho penal.

El sistema jurídico peruano y el derecho internacional establecen que una persona que ha cumplido su condena o ha dejado de participar en actividades delictivas debe tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Catalogar a estas personas como «terroristas perpetuos» contradice los principios de justicia restaurativa y fomenta la radicalización al crear una dinámica de exclusión permanente.

En su obra “En busca de las penas perdidas”,  el jurista argentino Zaffaroni critica las penas que deshumanizan y excluyen a los individuos de la sociedad, argumentando que el objetivo del sistema penal debe ser la reintegración social y no la exclusión.

Condenar a los miembros de Movadef sin pruebas de actos violentos debilita la democracia peruana al mostrar intolerancia hacia ideas radicales, incluso dentro de la legalidad, erosionando el respeto por la diversidad ideológica. Castigar opiniones disidentes sin evidencia genera un clima de miedo y autocensura, lo que socava el pluralismo y la vitalidad democrática, como señala Ronald Dworkin al afirmar que la libertad de expresión protege, sobre todo, a las ideas minoritarias.

El caso Perseo es una prueba importante para la democracia peruana. Sentar un precedente de condena en este caso sería un retroceso. El verdadero triunfo sobre la subversión es la consolidación de una democracia fuerte que respete los derechos de todos, incluso de aquellos con los que no estamos de acuerdo.

Absolver en el caso Perseo simbolizaría la victoria definitiva del Estado sobre quienes fueron sus enemigos en décadas pasadas, porque estos, como tales, ya no existen.

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No he opinado acerca de la muerte de Alberto Fujimori, he opinado sobre él a propósito de su muerte. He tratado de ser firme y ponderado al mismo tiempo, de recordar el oprobio sin caer en el linchamiento, de pensarme a mí mismo como analista y académico, antes que como activista radical. Es tan fácil tirar piedras, es tan sencillo hacer la revolución con una pañoleta verde tapándote la cara. 

Me he paseado por las redes de otros países. En Colombia debaten sobre Petro y es lo mismo -al margen de la lesa humanidad- y en el Chile de Boric o la Argentina de Milei también es lo mismo. Me pregunto si son las redes o si es la pulsión humana de siempre eso de sacarse las vísceras unos a otros, o si, finalmente, las redes no son más que un medio que nos permite hacer lo que siempre quisimos pero no podíamos porque carecíamos de un lugar invisible para emboscar al otro bajo el cobijo del anonimato. 

Primo Levi escribió Si esto es un hombre, sobre su supervivencia al campo de concentración de Auschwitz, la expresión más absoluta del mal que ha conocido la modernidad occidental. Recién nos hemos conmovido con la vida reducida a la nada confrontada con su éxtasis más complaciente en la cinta “zona de interés”. Apenas una pared separa al bien del mal más absolutos, nunca el maniqueísmo disfrutó de una vecindad más funcional entre sus sempiternos antagónicos.  Julia Shaw, en su libro, «Hacer el mal» (2024) sostiene que todos somos capaces de cometer un asesinato. La afirmación reitera una verdad ineludible, la he escuchado tantas veces en boca de protagonistas de series policiales. El hombre llevado a aquel extremo en el que se convierte en animal, en bestia, en lo que fue al principio y sigue siendo tras milenios de socialización: un animal, al fin y al cabo, un animal. 

He pensado en el poder, en la puerta giratoria que lleva a ese lóbrego lugar del que no se retorna, he visto a tantos cruzarla, podría nombrarlos, no voy a hacerlo. Hace años dejé de pelear así, desde que entendí que los malos están al frente pero que igual estoy rodeado de ellos y que, finalmente, yo tampoco soy más que un hombre, un simple hombre que, con suerte, dejará este mundo en las próximas tres décadas. Mejor así, con el tiempo aprendí de la ponderación del perfil bajo, de la calidez reposada de una acogedora sombra, lo suficientemente inadvertida como para que no la alcancen las habladurías, los chismes, la maledicencia humana. 

Fujimori se ha ido, el fujimorismo no, el Perú tampoco, eso es lo peor, tenemos que seguir siendo peruanos y amar entrañablemente a nuestra patria a pesar de ella misma. Al Perú legado por Fujimori, por Francisco Pizarro, por Ramón Castilla, por Manuel Odría, por todos los presidentes del siglo XXI, salvo los honorables Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, que por algo fueron transitorios pues gobernaron el tiempo exacto para no ser alcanzados por el oprobio. 

La clase política antes de la dictadura de Alberto Fujimori languidecía pero era mejor tenerla que hacerla estallar en miles de caudillos regionales, provinciales y distritales esparcidos a nivel nacional, sin control, sin Estado, sin ley ni Constitución, realizando sucios negocios con el erario público, los que luego son decretados con urgencia, entre gallos y media noche, por un Congreso ominoso. En el Perú no amanece, ni tampoco huele a mañana, varón*.  

*Parafraseo de verso del tema GDBD, de Rubén Blades, del álbum Buscando América, 1984

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José Santos Chocano fue un poeta muy funcional a la dictadura de Augusto B. Leguía. De acuerdo con lo escrito por quien fuera talentoso intelectual Pedro Planas, Chocano justificó la quiebra del orden institucional por parte del megalómano autócrata señalando que el Perú no estaba preparado para la democracia. Por tal motivo, razonaba, el Perú requería una “dictadura organizadora” que establezca, desde la palestra de una autoridad irrefutable, las bases institucionales para transitar hacia la anhelada libertad*.

No ha dicho más el congresista Edward Málaga. Según él, a diferencia de Alemania, el Perú no está preparado para la democracia por lo que sus normas se quiebran cotidianamente. La solución propuesta por el padre de la patria difiere poco de la de Chocano: “hay que ajustar la democracia”, “seguirá siendo democracia pero …” 

Vamos por partes, el argumento de Chocano y de Málaga es falaz. Ningún autoritarismo conduce a la democracia, la socava. Las democracias maduran a través del tiempo. Tales son los casos de Alemania y Estados Unidos. En esos países, la legitimidad que otorgan la Constitución y las leyes se ha convertido en costumbre, se ha vuelto consuetudinaria y esto ha sucedido porque ha prevalecido por décadas o siglos. 

La democracia necesita tiempo para que las instituciones maduren, arraiguen, funcionen y finalmente le brinden a la ciudadanía servicios de calidad, fortaleciéndola como tal y también en su conciencia de sí. La democracia requiere continuidad, no su interrupción, tampoco su acotación. 

¿Cuánto tiempo ha regido la democracia en el Perú?  En el siglo XIX, salvo Manuel Pardo y Nicolás de Piérola, los presidentes fueron caudillos militares. ¿se fortalecieron así las instituciones democráticas como afirmaba Chocano? Desde luego que no. 

La República Aristocrática (1895-1919) fue el primer ensayo mediadamente serio de implementación del orden constitucional en el Perú, aunque solo votaban los varones, contribuyentes y alfabetos: era la época. La verdad no nos fue tan mal.  Planas explicaba que de aquella aristocracia debimos transitar a la democracia y se lamentó mucho de que, en dichas circunstancias, se haya interpuesto el gran modernizador Leguía para legarnos la dictadura, macabro invento del siglo XX. La dictadura no es un modelo distinto, es la reversión de todos los valores y garantías democráticos, sin más.  

El Oncenio inició con el golpe de Estado del 4 de julio de 1919. Desde entonces hasta el fin del milenio, 57 años fuimos gobernados bajo dictaduras y apenas 24 en democracia ¿ya entiende el congresista Málaga por qué nuestra frágil institucionalidad no es una cuestión de idiosincrasia? Es más sencillo,  el militarismo nos impidió construir nuestra república democrática desde que nos fundamos como Estado independiente. 

¿Y ahora qué sucede? quienes nos gobiernan están corroyendo las precarias instituciones que instauramos al recuperar la democracia el 2000. No es un problema de la sociedad, es la distopía favorita de la clase política: sembrar el caos más absoluto y apuntalar al crimen organizado para que ejecute públicamente a jaladores de colectivos, cobradores de microbuses, humildes emolienteros, o a cualquier ciudadano de a pie que se niegue a pagar cupo. El objetivo es claro: “que todos clamen aterrorizados por la llegada de un Bukele peruano, autoritario como ninguno, que reestablezca el orden y “ajuste nuestra democracia a la realidad”. Déjà vu

*Planas, Pedro. La República Autocrática. Lima, Friedrich Ebert, 1994. 

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[Agenda País] Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Antauro, tomó notoriedad en el año 2000 cuando junto con su hermano Ollanta y al frente de 69 reservistas, se sublevaron contra el moribundo régimen de Alberto Fujimori, más por un tema mediático con visos presidencialistas que por una razón de conciencia. Los hermanos Humala lograron tener cierta notoriedad y fueron amnistiados por el presidente transitorio Valentín Paniagua.

A los pocos años, en el 2005, Antauro, esta vez solo, lideró otro grupo de reservistas que se amotinaron y tomaron violentamente la comisaría de Andahuaylas, donde, a balazo limpio y sin piedad, asesinaron a cuatro valientes policías, algunos de ellos desarmados.

Esta incursión contra el estado, que fácilmente pudo enmarcarse en terrorismo, le valió una condena inicial de 25 años, reducida graciosamente por el poder judicial a 19 y de los cuales solo cumplió 17 al otorgársele generosos beneficios penitenciarios por su habilidad manual en preparar proyectos con el personaje de Hello Kitty. Pero si son tan tiernos en el poder judicial…

Ya dentro de la cárcel, Antauro continuó con el objetivo marcado por su padre Issac, el de ser presidente del Perú, usando a los ingenuos o interesados medios de comunicación para propagar ideas de un nacional socialismo a la peruana, clamando virtudes a la superioridad de la raza cobriza, vomitando odio a los homosexuales y exacerbando un racismo clasista envuelto en humo marihuanero de cosecha incierta.

Ya libre, Antauro ha seguido por la ruta de la violencia verbal, confirmando su homofobia y racismo, un nacionalismo absolutista y expropiador de la inversión extranjera, pero lo que es peor, con un desprecio a la vida humana proliferando amenazas de fusilamiento a cuanto corrupto y rosquete encuentre por ahí, siempre y cuando su aventura presidencial tenga, Dios y la Constitución nos salven, éxito.

Antauro Igor Humala Tasso, conocido como Igor, era alumno del colegio Franco-Peruano junto con varios de sus hermanos. Sí, lo conocíamos como Igor, nombre que, de saque, causaba cierto temor ya que nos recordaba a personajes de ficción siempre identificados con el mal.

Igor era un abusivo, de aquellos que golpeaba, te jodía, te pateaba la pelota cuando estabas tranquilo jugando con tus patas. Lo que hoy llamamos bullying era encarnado perfectamente por Igor en la década del 70’.

Pero la actitud violenta de Igor no solamente se concentraba con otros alumnos, no. Igor quería más, siempre más.

En un partido de vóley, deporte que se practicaba con mucha pasión en el colegio Franco-Peruano, surgió desde una tribuna, una hermosa naranja madura que en vez de encontrar un boca que la saboree, terminó en la cabeza de una profesora de educación física, explotando de manera pirotécnica y volviéndola refresco de IQ.

Furibunda y al borde de la histeria, la profesora trata de ubicar al atacante que hábilmente se escabulle entre la masa del alumnado, con tanta astucia que le empiezan a echar la culpa a un compañero que era más bueno que el pan.

Pero todos habían visto a Igor y se identificó al culpable. Y si bien la nebulosa de las décadas no asegura el recuerdo si fue expulsado del colegio por ello, pues de sobra que se lo merecía.

Antauro Igor Humala Tasso no es un violento de ahora. Es un violento de siempre. 

Y continúa siendo un peligro para la sociedad, esta vez disfrazado de candidato presidencial y apoyado por esa izquierda vomitiva, la de Vero y compañía, que no le importa juntarse con el diablo con tal de quedarse, ya no con la mamadera del estado, sino con toda la vaca.

Que ese Naranjazo escolar y la indignación del Andahuaylazo nos prevengan de una larga noche de insania violenta de un tirano nacional socialista que, aprovechándose de la democracia, de la complicidad de algunos y de la inocencia de muchos, pueda llegar al poder. 

Si este relato nos recuerda a Adolfo Hitler, su pasado sicópata, la noche de los cristales, su asunción democrática al poder para luego violarla y las millones de vidas que se perdieron por una insania, es pura coincidencia… 

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Un día como hoy, hace 45 años, el 2 de agosto de 1979, nos dejó Víctor Raúl Haya de la Torre, tras larga agonía en Villa Mercedes, apacible vivienda en Vitarte que le fue cedida por un familiar para que allí transcurran, al fin sin sobresaltos, los últimos años de su vida. Fueron los tiempos de los dictadores Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, los tiempos de las largas veladas en la Casa del Pueblo, de los coloquios nocturnos, el último buró de conjunciones y de la formación de una generación joven que pudiese continuar la obra. 

Se ha dicho mucho, bueno y malo, de la trayectoria política de Víctor Raúl. Al conmemorarse 45 años de su partida hemos querido destacar sus virtudes de estadista y visionario. Haya siempre se adelantó a su tiempo y el 28 de julio de 1978, día en el que pronunció su último gran discurso al instalarse la asamblea constituyente, avizoró el presente -este presente- y señaló un camino hacia el futuro -este futuro que nos toca construir a nosotros-. 

El patriarca del APRA comenzó hablando de la democracia y del triunfo de los partidos políticos en las elecciones de mayo de 1978 por sobre la propuesta autoritaria del no partido que representaba la dictadura y, de manera más específica, el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) instaurado por Juan Velasco y disuelto, poco después de su relevo, en 1975. También refirió su apoyo incondicional a la democracia plasmado en 1941 en su libro La Defensa Continental, en el que propuso un sistema americano interhemisférico que la protegiese de la amenaza fascista. Proféticas palabras, hoy la democracia parece un terreno baldío no solo en nuestra política interna, sino en la mundial, arrinconada por los extremismos progresista woke y neoconservador, con rasgos fascistas, que han superado el cerco del orden constitucional. Para muestra la dramática situación de Venezuela en la que una dictadura encaramada en el poder se niega a dejarlo a través de los más condenables métodos de fraude electoral y represión política.

Haya también habló de la Asamblea Constituyente y de su rol. Qué importante en tiempos en el que la urgencia, o no, de una nueva Constitución para el Perú ocupa buena parte del debate político nacional. Con casi cincuenta años de anticipación, Víctor Raúl refuta las torpes tesis que comparan una asamblea constituyente con el poder absoluto. De seguro que El Viejo León se hubiese reído a carcajadas de tan burdo desvarío. Al contrario, la destacó como la expresión más genuina y excelsa de la soberanía popular: “El pueblo ha rescatado el manejo de sus propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo, en un proceso libre, nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa”.

El político trujillano no se quedó en el enunciado. Seguidamente apeló a los deberes de la asamblea, indicando que el primero de todos debía ser la responsabilidad institucional y la cooperación patriótica. Haya se manifestó respetuoso de las diversas visiones presentes en la asamblea pero destacó como un propósito superior alcanzar consensos para obtener un texto constitucional desde cuyas bases puedan forjarse la nación y su desarrollo. En otras palabras, las bases mismas de lo que constituye una democracia.

También habló de la flexibilidad de la nueva Constitución, de los mecanismos que debía poseer para poder actualizarse conforme fuese necesario y cambiasen los tiempos, así como destacó la importancia de alcanzar un texto que refleje la realidad y no resulte mero copismo de fórmulas extranjeras: Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovarse, confirmándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Estas palabras caen como duras sentencias contra aquellos que han prostituido los mecanismos del cambio constitucional para controlar las instituciones del Estado y legislar a favor de mafias e intereses perversos, reñidos con el bien común y el desarrollo de la nación. 

En su último discurso, Haya habló sin cortapisas de los Derechos Humanos, se adhirió consecuente e incondicionalmente a la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, así como celebró la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sin antes señalar que ambos instrumentos de justicia internacional ya habían sido suscritos por el Perú. 

Seguidamente, Haya adhirió también a los derechos sociales que constituyen una importante novedad que se suma a los civiles y políticos, y que se consagran tras la Segunda Guerra Mundial. Dijo el patriarca aprista que la nueva carta debía asegurar la alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, con libertad y justicia, la educación y la cultura para todos los que habiten nuestro suelo o hayan de habitarlo en el futuro. 

En un hecho sin precedentes, y adelantado a su tiempo, Víctor Raúl otorgó principal importancia a los derechos de la mujer y a la lucha por el medio ambiente, agendas que han cobrado gran notoriedad en el siglo XXI. Al respeto, Haya dijo que resultaban de primer orden la igualdad de la mujer en todos los campos; la atención especialísima de la juventud, ancha fila humana que en nuestro país exige promoción y estímulo especiales. Y también la defensa del medio ambiente y de nuestro patrimonio arqueológico e histórico.

En la década de 1920, cuando José Carlos Mariátegui planteaba la lucha política contra los Estados Unidos de América, la potencia imperialista del continente, Haya ya pensaba que para combatirla en igualdad de condiciones había que fomentar la unión de las naciones latinoamericanas y también saber negociar con el imperialismo, pues de este se requerían sus capitales y tecnología para alcanzar el propio desarrollo. Solo de ese modo se le podría enfrentar, solo así podríamos colocarnos en posición de competir con él. 

En el mundo de hoy, las ideas de Haya, tan criticadas por la izquierda comunista de entonces, parecen más bien verdades de Perogrullo, pero, al mismo tiempo, permanecen como utopías incumplidas.  La eterna “vía hacia el desarrollo” es una desgraciada inercia que comenzará a romperse a través de la inversión en ciencia y tecnología, y más si realizamos el esfuerzo conformando una alianza de naciones latinoamericanas. Haya lo dijo en 1928, también lo dijo en 1978, sesenta años después y la asignatura sigue pendiente. Integrarse contra el imperialismo no supone ser comunista, supone, como paso previo, la revolución capitalista. Pensar que algunos todavía no lo entienden.

Dejo para el final un tema que ha llamado poderosamente mi atención en el discurso de instalación de la asamblea Constituyente de 1978: la manera como Haya anticipa el rol de liderazgo geopolítico del Perú en la región debido a su posición geográfica. Hace 45 años, China aún no había despegado, recién Deng Xiao Ping se asentaba en el poder, apenas se trazaban las bases para su posterior despegue económico. Pero Víctor Raúl lo dijo: 

Aleccionados por la experiencia de este siglo y por sus realidades económicas, el integracionismo que profesamos es de clara raíz antimperialista. La integración tiene para el Perú un especial significado. Por su posición geográfica central, por una tradición que viene de su pasado y que se repite en todas las instancias de su historia –el Tahuantinsuyo, el Virreinato, la Revolución Emancipadora que aquí culmina y se funde en sus corrientes principales- a nuestro país le toca contribuir decisivamente a la coordinación latinoamericana,  convertirla  en una de las metas nacionales, indispensable para su propia subsistencia. Pues el Perú tiene todo por ganar en una Indoamérica unida y todo lo puede perder en una Indoamérica balcanizada”.

Faltan apenas meses para el inicio de operaciones del mega puerto de Chancay administrado por la empresa china COSCO Shipping Ports. De esta manera, el Perú será parada obligada y fundamental en el tramo marítimo de la nueva ruta de la seda china. ¿Pero cuenta el Perú con producción suficiente para beneficiarse de este inconmensurable tráfico comercial? ¿O se trata de pensar en grande y establecer una alianza regional para desarrollar infraestructura, manufactura, ciencia y tecnología etc. que nos permita integrarnos como bloque en esta oportunidad histórica que llama a nuestra puerta? La respuesta es tan obvia que puede omitirse.

Odiado, amado, perseguido, defendido, mataron por él, murieron por él, llegó al corazón del pueblo. Tras el líder cuya encendida oratoria cautivó a las masas peruanas a lo largo de seis décadas, un estadista y visionario señalaba los rumbos que había que seguir para alcanzar el desarrollo. Antes de él, tuvimos a Simón Bolívar, Chile, mal que nos pese, tuvo a su Diego Portales. A 25 años de su partida Rescatar el Haya estadista y visionario es tarea pendiente para el Perú del siglo XXI.  

p.s. Imagen del artículo: Sarasara: órgano del Partido Aprista Peruano, Comité Provincial de Parinacochas, año VI, no. 40, febrero 1947

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El título de la canción de la legendaria banda de rock «Los Saicos» es «Demoler». Una de sus estrofas dice: «Demoler, demoler, echemos abajo la estación del tren». Quizás este estribillo, junto con la frase pronunciada por Fujimori el 5 de abril de 1992, «Disolver, disolver…», ha sido fuente de inspiración y guía para los congresistas de Keiko Fujimori, César Acuña, López Aliaga, Vladimir Cerrón y otros, para demoler la democracia y concentrar poder. Para lograrlo, tomaron por asalto, en sentido figurado, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo genera un desequilibrio de poderes y erosionar las prácticas democráticas. Este hecho puede tener consecuencias significativas para el sistema democrático, incluyendo el debilitamiento del Ejecutivo, la subordinación del Tribunal Constitucional y la pérdida de relevancia de la Defensoría del Pueblo.

En las democracias modernas, la separación de poderes es un principio fundamental diseñado para evitar que una sola rama del gobierno tenga demasiado poder y pueda actuar de manera arbitraria. Sin embargo, cuando un Congreso controla múltiples ramas del gobierno, puede ser un indicio de tendencias autoritarias. Este control puede llevar a la implementación de agendas particulares en contra del bienestar general, la modificación de la Constitución y la represión de la oposición política, lo que tiene un impacto significativo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Un Congreso que controla al Ejecutivo puede hacer que este último pierda su independencia y no pueda actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. El Congreso puede influir en las decisiones del Ejecutivo, limitando su capacidad para implementar políticas y programas de gobierno de manera efectiva y autónoma. De igual modo puede bloquear o retrasar iniciativas del Ejecutivo, impidiendo la ejecución de políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.

Un Tribunal Constitucional bajo control del Congreso puede perder su independencia y no poder actuar como un verdadero contrapeso a las acciones del Legislativo. Esto puede llevar a la aprobación de leyes arbitrarias sin el freno de un Tribunal Constitucional independiente. Sin un Tribunal Constitucional independiente, la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones del Legislativo pueden verse seriamente comprometidos. Esto abre la puerta a un mayor abuso de poder y falta de transparencia.

Otro de los riesgos más graves de un Congreso todopoderoso es la capacidad de modificar la Constitución para cambiar las reglas del juego democrático. La Constitución es la norma suprema que establece las reglas fundamentales de la organización y el funcionamiento del Estado. Alterarla de manera arbitraria puede desestabilizar el sistema político y erosionar los fundamentos de la democracia. La modificación constitucional, por tanto, puede ser la herramienta definitiva para transformar una democracia en un régimen autoritario.

Asimismo, la represión política es una señal clara de tendencias autoritarias. Cuando el Congreso utiliza su poder para perseguir a aquellos que se oponen a sus políticas o critican su gestión, se mina uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la oposición política. Sin una oposición robusta, el camino queda libre para la consolidación de un poder absoluto.

La concentración de poder en el Congreso es una amenaza latente para nuestra democracia. Implementar agendas particulares, reprimir la oposición política y modificar la Constitución son señales claras de una deriva autoritaria que tiene un impacto profundo en la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Es fundamental que existan mecanismos de pesos y contrapesos que limiten el poder de cualquier rama del gobierno, asegurando que ninguna entidad pueda dominar el escenario político de manera absoluta.

¿Qué nos queda? La acción colectiva de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos democráticos para contrarrestar la demolición de nuestra democracia. En última instancia, la fortaleza de una democracia se mide por su capacidad para resistir la concentración de poder congresal y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

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Los candidatos de izquierda radical recorren el país de cabo a rabo. Lo hacen especialmente en la zona del sur andino, su bastión electoral más importante. Su cálculo es sencillo: allí los ciudadanos van a votar en la primera vuelta del 2026 como lo hicieron en la segunda vuelta del 2021, es decir 80% a favor de un candidato de izquierda extrema.

El sur andino representa el 20% del electorado nacional y si logran ese porcentaje ya tendrían el 15% de la votación nacional asegurada. Si le suman el resto del mundo andino y los bolsones de pobreza de la costa y la selva peruana podrían trepar hasta un 25% o más.

Y hablamos de los votos totales, eso se traduce luego en votos válidos en cerca del 30% o más. No solo se aseguran el pase a la segunda vuelta y el colocar una voluminosa bancada parlamentaria, sino eventualmente -si subsiste la fragmentación de la derecha y el centro- de repente colocar a dos candidatos de izquierda en la jornada definitoria del 2026.

Mientras eso ocurre, los candidatos de la centroderecha -para englobar a todos- se dedican a salir en Willax, canal N y RPP, algún canal de señal abierta y a escribir en periódicos limeños. Así creen que se hace política y que ello les va a redituar en votos en el proceso electoral. Craso y trágico error.

La visita presencial no tiene reemplazo. Se pueden acompañar de estrategias modernas de microsegmentación social para hacerlas más eficaces, pero no hay nada que sustituya la llegada al mercado, a la plaza, comer algo del puesto de comida ambulante, dar entrevistas a los medios locales, recorrer sus calles, dejarse ver, conversar con la gente humilde, escucharlos y aprender de la realidad nacional. El día que se acerquen los votantes a las urnas, ese recuerdo pesará más que haberlo visto al candidato en televisión limeña, sin lugar a dudas.

No es prematuro empezar desde ya. El grado de malestar e insatisfacción ciudadana en el sur andino es casi refractario al cambio. Se van a tener que redoblar esfuerzos para conseguir algo del fondo de la olla. Se necesita, por ello, un trabajo de largo aliento. Ya los tiempos son cortos. Queda apenas año y medio de campaña por delante. Ojalá se tome conciencia de ello.

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En la penumbra del poder florece un pecado capital: la avaricia. No se trata solo de un apetito desmedido por la riqueza o el control, sino de una perversión del poder que corrompe y degrada. Este vicio se hace aún más evidente cuando observamos con detenimiento las acciones de quienes detentan el poder, como el caso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien no solo ejerce su autoridad, sino que también exhibe su posición con un ostentoso despliegue de riqueza. Boluarte no se limita a uno o dos lujosos relojes Rolex, sino que se enorgullece de portar hasta cuatro de estos símbolos de opulencia en su muñeca. Este extravagante derroche de recursos contrasta brutalmente con la realidad de nuestro país, donde muchos ciudadanos luchan a diario por satisfacer sus necesidades básicas.

Este despliegue de riqueza desmedida, mientras gran parte de la población se debate en la pobreza, es un ejemplo flagrante de la desconexión y falta de empatía de ciertos líderes políticos con las necesidades del país. Más que un mero símbolo de estatus, estos relojes Rolex representan la perversión del poder, donde se privilegia el lujo personal sobre el bienestar colectivo. Esta situación ejemplifica cómo el poder puede distorsionar los valores fundamentales, convirtiendo la función pública en un medio para la gratificación personal en lugar de un servicio dedicado al bienestar y el bien común de la sociedad.

El abuso de poder y la ostentación desmedida minan la confianza en las instituciones democráticas y en el liderazgo. Mientras la presidenta Boluarte se regodea en su opulencia, miles de ciudadanos luchan contra la adversidad, enfrentando la falta de acceso a servicios básicos, educación de calidad, atención médica oportuna y adecuada y seguridad. Esta profunda desigualdad entre los privilegios de unos pocos y las dificultades de muchos es un recordatorio contundente de la urgente necesidad de un cambio.

Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún queda espacio para la esperanza. La lucha contra la avaricia del poder no es una batalla perdida. Requiere de la participación activa de la sociedad civil, de los partidos políticos que se precian de democráticos, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de la transparencia en todas las esferas del gobierno. Solo mediante un compromiso colectivo con la justicia, la solidaridad y la equidad podremos construir un futuro donde el poder sea un instrumento para el bien común, y no una herramienta de enriquecimiento personal a expensas del sufrimiento de muchos.

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