El día de ayer, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó de manera “exprés” la ley de seguridad que estaba pendiente desde la reincorporación de este territorio a China en 1997. La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ⎯que en teoría fue creada en el 2020 para evitar la interferencia en los asuntos territoriales de esta región administrativa⎯ ha servido más bien como un instrumento para reforzar el control del gobierno central de Pekín sobre la región y aplastar las protestas prodemocráticas que estallaron allí en 2019.
La ley contempla la inclusión de nuevos tipos de delitos como la insurrección, la colusión con fuerzas extranjeras, el sabotaje, entre otros. Algunos de ellos, como la sedición y la alta traición ahora son sujetos de ser castigados con penas de hasta cadena perpetua. Entre las modificaciones más preocupantes, se encuentra la autorización de juicios a puerta cerrada, violentando todas las garantías de un debido proceso. La ley también autoriza la detención de las personas sospechosas de cometer alguno de los delitos en mención durante 16 días sin la necesidad de presentar cargos. Todo en nombre de la “seguridad” de Hong Kong.
A finales del año pasado, el Gobierno peruano aprobó y publicó en una edición extraordinaria de El Peruano un decreto legislativo (D.L. N.º 1589) que modificó varios artículos del Código Penal en aras de “garantizar la seguridad y tranquilidad pública”. Días antes de su publicación, se había convocado a una jornada de protestas masivas en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, dejando en claro de quién era la tranquilidad que buscaba garantizar la norma.
Meses antes, una situación similar surgió cuando en el contexto de un pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo presentó una iniciativa parecida que buscaba modificar varios artículos del Código Penal para endurecer las sanciones impuestas en el contexto de estados de emergencia. Bajo la introducción de figuras normativas antojadizas como la “instigación del delito de disturbio”, la elevación de penas por delitos cometidos en estados de emergencia y la eliminación de la investigación preliminar para cualquier detenido se buscaba limitar el accionar de medios de comunicación y periodistas, a la vez que acelerar la judicialización de cualquier detenido.
Evidentemente, las diferencias entre China y Perú son inmensas, pero hace rato que China dejo de ser simplemente un autoritarismo y el Perú ya no es, lamentablemente, solo una democracia fallida. En un contexto de expansión de criminalidad organizada transnacional y mercados ilegales internacionales, quizás estemos enrumbados hacía una nueva era de “leyes de seguridad”: lobos con piel de oveja. Lo más probable es que no vayamos a encontrar información al respecto en TikTok.
