Extorsión

[Migrante al paso] Salíamos de una discoteca. Celulares en la mano. Distraídos. Un poco borrachos. No más de 21 años. Caminando entre los callejones que rodean la Plaza Butters de Barranco. Se acercan dos piltrafas, con gorritas. Cada uno pesaba máximo 50 kilos. No intimidaban ni a un perro. “Sus celulares o les hago hueco”, decían. Procedimos a guardar nuestros celulares en el bolsillo y a prepararnos para pelear. Se fueron corriendo, con la cola entre las patas. Han pasado menos de 10 años. En la actualidad, probablemente estaríamos muertos. Porque vivimos en un país donde la vida ya no tiene valor. Matan gente por 50 soles o menos. Más de 200 bandas criminales operan abiertamente. La policía, cómplice. Con un servicio de inteligencia que ya vendió su cerebro o tiene el coeficiente intelectual de una mosca, ninguna de las dos opciones me sorprendería. ¿Qué se puede esperar de un país de cobardes, violadores y llorones? No soy un fanático de la justicia, pero si no se toman medidas con urgencia, vamos a regresar a la ley de la selva. Estamos en tierra de nadie. ¿Qué vale un lugar donde las personas no pueden vivir sin temor a morir al salir a la calle, donde poder cumplir un sueño jamás va a pasar de ser una fantasía? A eso ha llegado el Perú.

Teníamos 15 años, íbamos en taxi. El carro se desvió y comenzó a meterse entre calles desconocidas de Barranco viejo. Nosotros, pequeños, pero valientes, ya sabíamos qué hacer en esos casos. Lo habíamos conversado. El que estaba atrás lo ahorcaba por atrás y quien iba de copiloto movía el timón hasta chocar y poder llamar la atención o salir disparados. Fantasías infantiles que, felizmente, no se cumplieron. Nos dejamos llevar y apenas reconocimos una avenida. Lo obligamos, a la fuerza, a que vaya hasta allá. Nosotros, preparados para golpear y morder si era necesario. Nos bajamos y comenzamos a burlarnos del ladrón poco experimentado. Nuevamente, en la actualidad, probablemente nos hubieran matado porque en este país ya ni la infancia tiene valor. ¿Quién quiere vivir en un lugar donde sus hijos no pueden jugar en la calle, ir a pasear al parque o salir a montar bicicleta como solíamos hacer nosotros? Esos recuerdos de ir sobre ruedas a toda velocidad por la ciudad, varios pequeños riendo y haciendo travesuras. Meternos a casas abandonadas como aventura. Era como tener alas, unas que han sido extirpadas de nuestros imaginarios de vida. Todo por unos delincuentes que se aprovechan de quienes solo quieren vivir y mejorar. A eso hemos llegado. ¿Qué se preguntaría un día como hoy Zavalita, si el Perú ya está jodido desde esa época? Ahora, ¿en qué categoría entramos?

Es triste ver a tu propio país en estas circunstancias. Lamentablemente, mi recomendación para todos quienes quieran mejorar su calidad de vida o a quienes tienen pequeños que cuidar es que se vayan, para nunca más regresar. Por el momento, el Perú no tiene futuro. Estamos gobernados por criminales, desde los que te apuntan con una pistola hasta los que están sentados en sus sillas de poder. Para todos ellos, deberían recordar que el poder no es lo mismo que la fuerza. El poder es diminuto al costado de lo otro. Llegó el momento de que todos unamos fuerzas, ya no hay tiempo para peleas ideológicas ni soluciones a medias. Se tiene que establecer un servicio de inteligencia que no tiemble, que no tenga miedo de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Con las leyes actuales, las autoridades insignificantes, periodistas rastreros y policías cómplices no vamos a lograr ningún cambio.

Francisco Tafur

Está en nuestras manos adultas el proteger a los jóvenes que vienen, implique lo que implique. Ante problemas radicales, lamentablemente, estoy de acuerdo con respuestas radicales. A este paso, el próximo año nos enfrentaremos a unas elecciones en las que tendremos que votar entre potenciales dictadores. Sea un Bukele o una izquierda radical. Cualquiera de los dos me da asco. Pero estamos cumpliendo todos los requisitos para que esta predicción sea una realidad. Para los que creen que estamos viviendo en una dictadura, sujétense bien, porque lo que viene va a ser mucho peor. Es lo que pasa cuando una sociedad se deja llevar por el miedo, siempre ha sucedido así. Llegará el momento en que vamos a recibir con aplausos el fin definitivo de nuestra libertad.

Solo me queda desearle a todos estos parásitos políticos que sean perseguidos de por vida y que no tengan ni una noche de paz en lo que les queda de vida. Y a todos estos extorsionadores que tienen más cualidad de insectos que de humanos, ya no hay marcha atrás con el daño que han hecho. La cantidad de vidas que han arrebatado, los sueños que han destruido, las lágrimas inocentes que han derramado, no tienen perdón de nadie. Espero que sueñen con las miradas decepcionadas y mojadas de sus propias madres, que los niños que una vez fueron los torturen con palabras internas. Ya aparecerá alguien peor que los haga pagar, cuando llegue ese momento, espero que nadie los consuele al verlos llorar como los cobardes que son. Ya llegará el momento, los monstruos nacen de estas circunstancias, y espero de todo corazón que aparezca uno cuyo rencor esté dirigido a estos seres despreciables. Eventualmente, van a caer, tienen que hacerlo.

Nosotros lo único que podemos hacer es mantenernos fuertes, no podemos titubear, es el único rol que tenemos como adultos. Si nos conformamos, tan solo unos segundos, la debilidad se va a infiltrar como un virus y perderemos esta batalla contra la criminalidad que solo aumenta. Mi corazón se quiebra al desear estas cosas, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y hacer la vista gorda cuando nuestras madres quedan desamparadas por sus hijos muertos. No suelo creer que el cambio viene de marchas o movimientos masivos, pero como bien me dijo un amigo, se tienen que aprovechar todas las oportunidades para prender la chispa, en este caso, de la llamarada de la venganza de un pueblo cansado de ser atropellado.

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[La columna deca(n)dente] La relación entre el Congreso y la presidenta Dina Boluarte ha pasado de ser una interacción institucional a lo que podría considerarse una práctica extorsiva. Esta situación pone en evidencia cómo el Legislativo, dominado por Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza para el Progreso (César Acuña), Podemos (José Luna), y con la entusiasta colaboración de Perú Libre (Vladimir Cerrón), mantiene un férreo control sobre Dina Boluarte. La presidenta se encuentra atrapada en una posición que la coloca a merced de un Congreso cuyos intereses parecen estar más alineados con organizaciones criminales que con la búsqueda del bienestar público.

El Congreso cuenta con un despreciable 5% de aprobación, lo que refleja una profunda crisis de representatividad. Pese a ello, ha consolidado su control sobre Boluarte mediante prácticas que podrían calificarse como extorsión política. El hecho de que congresistas como Patricia Chirinos, quien sin ruborizarse admite la vigilancia y corrección constante que se le imponen a la presidenta, evidencia un desequilibrio de poder. Boluarte es mantenida en el poder bajo la condición de que no se desvíe de las necesidades e intereses de estos legisladores y sus aliados.

Este sometimiento encaja en la lógica de la extorsión: la presidenta debe cumplir con las expectativas impuestas por el Congreso, so pena de enfrentar una vacancia presidencial. La posibilidad de removerla del cargo es una amenaza latente, un recordatorio constante de que su permanencia depende de la voluntad de la coalición dominante del Legislativo.

La amenaza de la vacancia presidencial ha sido un recurso reiterado por el Congreso en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta coercitiva para alinear al Ejecutivo con sus intereses. No es una simple cuestión de diferencias ideológicas, sino de control directo. Si bien Chirinos critica lo que percibe como una «vena izquierdista» en Boluarte, lo que realmente subyace en este conflicto es la necesidad de asegurar que la presidenta no se aparte de los lineamientos impuestos por la derecha política y económica del país. La vacancia actúa como el «arma nuclear» del Congreso, un mecanismo extremo pero efectivo para mantener la subordinación.

El Congreso ha logrado transformar la relación entre ambos poderes del Estado en una clara demostración de extorsión política. Esto no solo debilita la figura de Boluarte, sino que también pone en peligro el equilibrio democrático del país. La posibilidad de que un Congreso, con una aprobación tan baja y con intereses tan particulares, tenga la capacidad de manipular al Ejecutivo a su conveniencia es un síntoma alarmante de la degradación institucional.

La extorsión política a la presidenta Boluarte es solo uno de los múltiples síntomas de un sistema político que ha dejado de responder a las demandas ciudadanas. La subordinación del Ejecutivo al Congreso no es solo una lucha entre dos poderes del Estado, sino una batalla por el futuro de la democracia peruana. Si nuestra democracia tiene futuro, pasará inevitablemente por la recuperación de un equilibrio real entre los poderes del Estado y la erradicación de estas prácticas extorsivas que han deformado el sentido de la representación popular.

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[PIE DERECHO] Según señala un último informe de Apoyo Consultoría, desde el 2019, las denuncias per cápita por casos de extorsión han aumentado más de 400%. “En el 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, más de un millón de peruanos reportó pagar frecuentemente algún tipo de cupo para poder trabajar y el 82% afirmó sentirse inseguro al caminar por las calles en Lima”, señala textualmente el mismo.

Las cifras son de espanto. Ya no se descubre nada diciendo que nuestro país está gobernado por la delincuencia. Una oligarquía del delito, porque unos pocos, organizados en bandas, someten la voluntad de la mayoría de ciudadanos peruanos de bien, pacíficos y respetuosos del orden social.

El daño que eso le genera a la viabilidad democrática del país es enorme. No solo porque desafecta a las víctimas, quienes sienten la ausencia del Estado y alimentan un resentimiento por ello, sino porque alienta la aparición de fenómenos políticos autoritarios que prometen la solución fácil frente a la problemática descrita.

Además, golpea duramente a la economía. Según la referida encuesta de IPSOS, “realizada para APOYO Consultoría y Backus, el 86% de las bodegas encuestadas en Lima califica a la inseguridad o extorsión como un problema grave para el crecimiento de su negocio, porcentaje que asciende a 90% en el norte”.

Uno esperaría que ante un problema de carácter social y, por ende, responsabilidad de los gobiernos, éstos actúen buscando una solución al mismo, con estrategia y conductores afinados, pero no, se aprecia absoluta indolencia y desaprensión. Baste decir que en los últimos cinco años, hemos contado con 20 ministros del Interior y 11 jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Inestabilidad que atenta contra el despliegue de una política pública que pretenda ser eficaz.

No debemos esperar a que el 2026 advenga un nuevo gobierno que plantee y ejecute soluciones efectivas al respecto. Debemos exigirle ello al gobierno actual. No debería equivaler a pedirle peras al olmo. Por más mediocre que el régimen de Boluarte sea, tiene entre sus obligaciones básicas la resolución de dos problemas: la inseguridad ciudadana y la crisis económica. Si no es capaz de resolverlos, debe dar un pase al costado, por mano propia o congresal. No podemos aguantar como sociedad que la situación siga empeorando dos años y medio más.

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[INFORMES] Años atrás, cuando los recién llegados a Lima pasaban inevitablemente por el centro de la ciudad capital, los avivados les “vendían” las bancas, el monumento y las plazas enteras a los pobres migrantes. De esa forma, los individuos que únicamente sabían usar sus habilidades verbales para abusar de sus compatriotas más vulnerables inauguraron un estilo de vida que fue evolucionando (¿o involucionando?) a una manera de vivir siempre al filo de la ley. Primero “vendían” todo lo que no se movía, luego estafaron con el “cambiazo” de moneda falsa por verdadera y con la venta a precio de incendio de los falsos números ganadores de las loterías de antaño, para finalmente incursionar en las estafas telefónicas, e inaugurar todos los tipos de fraude electrónico habidos y por haber.

Según las estadísticas policiales de diversos países del mundo, los fraudes electrónicos están largamente a la vanguardia de las estafas, sean estas a través del robo de tarjetas de crédito y de débito, del hackeo de cuentas de todo tipo y de las cada vez mayor número de cifras de sustituciones de identidad de los usuarios de todas y cada una de las formas de comprar, de alquilar o de consumir. Estamos ante el auge del robo de los componentes de la personalidad de los seres de este tiempo.

La nueva modalidad de extorsión comienza con una llamada telefónica desde un rincón de un centro penitenciario, en la cual alguien te dice: “Hola, te saluda el comisario Equis de la comisaría Hache porque tenemos una denuncia, según la cual un primo tuyo ha sido intervenido por (aquí viene el tipo de delito imaginado por los delincuentes), y para poder ayudarte a ti y a tu primo tienes que pagar una ayuda a unos agentes para que no lo detengan. Ante la desesperación de la persona que ha recibido la llamada, el supuesto comisario le dice que le va a pasar un número de cuenta bancaria para que deposite dos, tres o cinco mil soles según el tamaño del supuesto delito.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las cárceles del país hay actualmente 1046 presos por extorsión. En el caso de internos extranjeros, de los 4042 recluidos, 77 están por ese delito, 38 por secuestro y 17 por sicariato, estos dos últimos delitos afines a la extorsión.

Así empiezan todas las llamadas que buscan extorsionarnos, entonces lo que debemos tener en cuenta es que ningún comisario ni ningún jefe de una unidad policial va a llamarnos para decirnos que tienen un expediente que nos vincula con un delito o que nos va a detener esa misma mañana.

Pese al Estado de Emergencia declarado en algunos distritos de la capital y en algunas ciudades del país, las extorsiones, amenazas y cobro de cupos continúan atemorizando a los empresarios y comerciantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los puntos desde donde se orquestan todos estos crímenes son los penales y cárceles del país.

“Luisa” como vamos a llamarla, es una víctima más y su caso se suma a la larga lista de afectados por extorsión vía telefónica que día a día van en aumentaron debido a inseguridad ciudadana que aqueja al país.

“Me llamó el mayor de la comisaría de Alfonso Ugarte, me saludó y dijo que había estado llamando a mi esposo, pero que él no contestaba, que quería ayudarlo. Entonces, le pregunté qué pasaba y me respondió que mi marido tenía una denuncia por tocamientos indebidos a una joven mujer. Le respondí que era imposible, que Luis era incapaz de hacer algo así. El supuesto comisario de inmediato me dio un número de expediente, conminándome a no dejar pasar más tiempo, porque ese expediente iba a pasar a la Fiscalía y tendría que venir a mi casa a detenerlo. Me asusté más y le dije qué podía hacer, en ese momento me dijo que me iba a dar un número de cuenta para que deposite 3,000 soles y así frenar la detención. Si no lo haces, la Fiscalía detendría inmediatamente a mi esposo; y me cortó la llamada. En ese momento, llamé a mi esposo y como este seguía sin contestarme, transferí el dinero a la cuenta y le envíe el voucher por whattsapp. A los pocos minutos, recibí una nueva llamada del supuesto comisario, quien me dijo que me había demorado mucho y que el expediente ya había pasado a la Fiscalía, y que ahora necesitaba más dinero para pagarle al fiscal y a su gente, por lo que tenía que depositar 5,000 soles más, y que no me demore porque no quería que mi hijo crezca con su papá en la cárcel. Cuando decidí depositar el dinero para evitar la catástrofe familiar, mi marido me llamó para decirme que se había dado cuenta de mis llamadas y por eso me llamaba recién. Cuando le dije por qué era la insistencia, me dijo que la comunicación del supuesto comisario era una estafa”.

Este caso es aún más asombroso, porque en el colmo de los colmos el delincuente le propuso a la víctima cambiar la denuncia a su favor. María, como la llamaremos por motivos de seguridad, nos cuenta que hace unas semanas recibió la llamada de un supuesto policía de la Comisaría de Cieneguilla, quien le dijo que había una denuncia contra su hermano porque le había pegado a otro chico en una fiesta.

“Me pareció raro, pero coincidía efectivamente con el hecho que mi hermano había estado el fin de semana anterior en un fundo de Cieneguilla en un matrimonio de unos amigos. El supuesto policía me dijo que nos quería ayudar para que el caso no pase a la Fiscalía porque el agraviado había recibido muchos golpes y estaba hospitalizado. Me aseguró que si el expediente policial número 3378-2024-2 pasaba a la Fiscalía, lo tenían que detener al instante o buscarlo en mi casa o en su trabajo. Con todos esos datos, no dudé que lo que el supuesto policía decía era verdadero; entonces, le pregunté dónde quedaba la comisaría para acercarme con mi abogado, y él me respondió que no era necesario que fuera a la comisaría, y que, más bien, deposité 4,000 soles para arreglar el tema de la denuncia y mi hermano no fuera detenido. Al acabar la llamada, hice el depósito solicitado; pero inmediatamente recibí una nueva llamada pidiéndome 5,000 soles más, que era lo que solicitaba el fiscal para desaparecer literalmente el expediente. Me dijo también que no me demorara porque sino tendría que poner en práctica el Plan B para voltear totalmente el expediente, convirtiendo al agresor en agredido y viceversa. Si me preguntan cómo pude pagar más de diez mil soles en una hora, tengo que decir que el supuesto policía sabía todo de mí y de mi hermano. Además, “como música de fondo”, había sonido de radios policiales, computadoras y bocinazos. Como para no dudar, por eso terminé pagando todo lo que me pidieron”.

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, anunció que su gestión no será en el escritorio, sino en la calle, combatiendo a las bandas criminales que atentan día a día contra la vida de las personas.

 El futuro de la criminalidad en el Perú

Consultamos al experto en seguridad integral y temas sobre narcotráfico, Pedro Yaranga sobre que, en las últimas semanas, el gobierno ha anunciado un supuesto Plan Boluarte contra el crimen organizado, ha propuesto la creación de una Policía de Orden y Seguridad y ha declarado el estado de emergencia en unos cuantos distritos donde no se ha visto ningún resultado alentador, y, finalmente, cediendo a la presión parlamentaria y periodística, ha aceptado la renuncia del ministro del Interior. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas estructurales de ese constructo de ‘buenas intenciones’?

En realidad, el tema de la seguridad es multidimensional; por lo tanto, el responsable de la seguridad no es solamente el titular del Ministerio del Interior. El ministro del sector es sólo el que maneja y monitorea los indicadores de la inseguridad, pero quien debe responder por la respuesta integral es el Presidente del Consejo de Ministros. Por eso, digo que quien está mal es el Premier, y, también, el Congreso de la República que no evalúa que la censura a un ministro que medianamente estaba en franca mejoría para poner a una persona que tiene menos experiencia que el ministro saliente nos puede pasar factura, y dudo que esa factura pueda pagarse en el camino. Entonces, pienso que el nuevo ministro debe rodearse de buenos asesores.

¿Es decir, el mandato de la señora Boluarte seguirá avanzando y la inseguridad seguirá como está o avanzando?

Creo que en el camino hacia ese 2026, la Policía va a solucionar todo o parte del problema, porque ella está bien organizada, pero con serios problemas de logística y de indefensión ante la actitud de los fiscales y de los jueces, quienes muchas veces acusan y juzgan a los policías que eliminan a los delincuentes en actos de servicio, castigándolos por cumplir su deber. Con bajos sueldos y escasos recursos para enfrentar las acusaciones, es muy difícil que los policías quieran involucrarse directamente porque saben lo que les espera. Sin decisión política no hay posibilidad alguna de enfrentar a las bandas organizadas, las cuales tienen abogados bien remunerados a su servicio. Esa es la forma de anular a la policía peruana, una de las mejores de toda América Latina.

Las bandas criminales brasileñas y el Tren de Aragua venezolano han ganado una gran presencia en los países de la costa occidental de América del Sur, ¿hacia dónde avanzan?

El Primer Comando de la Capital (brasileño) tiene en la mira a nuestro país, el Comando Vermelho (también brasileño) ya está operando en el Perú, está asentado en la triple frontera (la que separa al Perú de Colombia y del Brasil), en parte de Ucayali y de Madre de Dios. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), las cárceles peruanas ya albergan a una cincuentena de presos del PCC y del CV, lo cual significa un problema explosivo para el país, pues la gran especialidad que tienen ambas organizaciones es crecer desde las cárceles -como la Hermandad Aria en las prisiones norteamericanas-, llegando a tener el 80 por ciento del control de las prisiones brasileñas y el 90 por ciento de las paraguayas. Tienen en la mira al Perú porque nuestro país se ha convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, uno de los primeros en explotación y exportación del oro de manera ilegal. Además, esos criminales internacionales manejan la trata de personas, convirtiendo esa práctica cobarde y abusiva en la segunda actividad en ganancias brutas en el año 2022.

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[INFORMES] En junio de este año, los vecinos de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz se encontraron con un panorama inesperado al ver que los negocios, ubicados en el cruce de las avenidas La Molina con Ricardo Elías Aparicio, no podrían seguir funcionando por orden de la Municipalidad de La Molina. Restaurantes, una ferretería, un minimarket y otros negocios vieron que la estabilidad económica de sus propietarios y los aproximadamente seis trabajadores que dependían de cada negocio se encontraba en peligro.

Si bien la Municipalidad de La Molina alega que no se cumplen con los requisitos para que estos establecimientos comerciales puedan funcionar, las razones detrás de este conflicto parecen ser mucho más complejas. Sudaca pudo conversar con el representante de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz y pudo conocer la historia detrás de una clausura que ha dejado en completa incertidumbre a los dueños del terreno y trabajadores.

LA HISTORIA DE LA LICENCIA

Aunque el alcalde Diego Uceda se ha expresado en redes sociales para justificar el cierre de estos negocios alegando que estos nunca tuvieron licencia, los documentos de los dueños de los negocios demuestran que desde el año 2011 contaban con a licencia para funcionar en estos establecimientos.

Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.

Según explica Bonilla, días antes de la clausura de los comercios, pudieron sostener una reunión con el alcalde Uceda en la que no les manifestó que sus negocios estaban en riesgo sino que, por el contrario, podrían seguir trabajando. “Él nos manifestó que sí nos iba a permitir trabajar mientras se haga mejoras en la zona, pero al día siguiente nos cerraron”, relata Luis.

Aunque esto podría parecer una decisión razonable ante la falta de licencia de funcionamiento, la versión de los propietarios de los negocios es que en más de una oportunidad intentaron obtenerla, pero la municipalidad se las negó con excusas que escapan de lo que se indica en las normas. “La excusa es la falta de habilitación urbana. Pero, investigando con abogados, descubrimos que no era un requisito para la licencia”, señala Bonilla.

Como se puede observar en el sustento que se dio para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, la Municipalidad de La Molina hace mención a la habilitación urbana como un requisito indispensable para que puedan continuar con los trámites que les darían la licencia de funcionamiento.

Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.

Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.

Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.

Amparados en argumentos legales, los propietarios han explicado las razones por las que consideraban que la apelación a la negativa por parte de la Municipalidad de La Molina para otorgarles la licencia debía ser admitida. Sin embargo, pese al sustento legal que se puede observar en los siguientes documentos, la respuesta no cambió.

Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.

Acorde a la versión que explica Bonilla, existe un interés de construir una vereda en la misma avenida para el Newton College que se ubica cerca a los comercios en cuestión. “Nos dijo que quería hacer una vereda en esa zona para el colegio y el mensaje fue ‘como necesito la vereda no te hago el negocio’. Es un tipo de extorsión”, relata el representante de los propietarios con respecto al mensaje que recibieron del alcalde Uceda.

“Los propietarios están dispuestos a ceder”, explica Bonilla con respecto a la posibilidad de coordinar con la Municipalidad de La Molina para la construcción de la vereda propuesta por el alcalde. Sin embargo, esta alternativa se ha visto truncada ante el nulo interés de las autoridades por reunirse con ellos.

“Él no quiere al pequeño empresario en su distrito”, comenta Luis y agrega que incluso, en la oportunidad que dialogaron con el alcalde, este les sugirió que mejor vendan el terreno para que se convierta en un parque o un centro comercial. Hasta la fecha, estos comercios llevan cinco meses sin abrir sus puertas y no parece existir una salida en el corto plazo.

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