Gobierno

Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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[PIE DERECHO] Según señala un último informe de Apoyo Consultoría, desde el 2019, las denuncias per cápita por casos de extorsión han aumentado más de 400%. “En el 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, más de un millón de peruanos reportó pagar frecuentemente algún tipo de cupo para poder trabajar y el 82% afirmó sentirse inseguro al caminar por las calles en Lima”, señala textualmente el mismo.

Las cifras son de espanto. Ya no se descubre nada diciendo que nuestro país está gobernado por la delincuencia. Una oligarquía del delito, porque unos pocos, organizados en bandas, someten la voluntad de la mayoría de ciudadanos peruanos de bien, pacíficos y respetuosos del orden social.

El daño que eso le genera a la viabilidad democrática del país es enorme. No solo porque desafecta a las víctimas, quienes sienten la ausencia del Estado y alimentan un resentimiento por ello, sino porque alienta la aparición de fenómenos políticos autoritarios que prometen la solución fácil frente a la problemática descrita.

Además, golpea duramente a la economía. Según la referida encuesta de IPSOS, “realizada para APOYO Consultoría y Backus, el 86% de las bodegas encuestadas en Lima califica a la inseguridad o extorsión como un problema grave para el crecimiento de su negocio, porcentaje que asciende a 90% en el norte”.

Uno esperaría que ante un problema de carácter social y, por ende, responsabilidad de los gobiernos, éstos actúen buscando una solución al mismo, con estrategia y conductores afinados, pero no, se aprecia absoluta indolencia y desaprensión. Baste decir que en los últimos cinco años, hemos contado con 20 ministros del Interior y 11 jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Inestabilidad que atenta contra el despliegue de una política pública que pretenda ser eficaz.

No debemos esperar a que el 2026 advenga un nuevo gobierno que plantee y ejecute soluciones efectivas al respecto. Debemos exigirle ello al gobierno actual. No debería equivaler a pedirle peras al olmo. Por más mediocre que el régimen de Boluarte sea, tiene entre sus obligaciones básicas la resolución de dos problemas: la inseguridad ciudadana y la crisis económica. Si no es capaz de resolverlos, debe dar un pase al costado, por mano propia o congresal. No podemos aguantar como sociedad que la situación siga empeorando dos años y medio más.

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[CIUDADANO DE A PIE] La opinión pública o el porqué las mayorías se dejan gobernar por minorías.

Fue el filósofo escocés David Hume el primero en preguntarse cuál es la razón por la que las mayorías sociales se someten voluntariamente al gobierno de ciertas minorías. Su respuesta fue que esto sucede únicamente gracias a la capacidad de persuasión de los gobernantes sobre los gobernados: “Solo en la opinión es donde se funda el gobierno” escribió en 1754. Pocos años después, en “El Contrato Social o los principios del derecho político” de 1762, Jean-Jacques Rousseau defiende la idea de que la “opinión pública” -término que el mismo acuñó- determina en gran medida la legitimidad de los gobiernos democráticos. Así lo reconoció tempranamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, al proclamar que para garantizar los derechos inalienables de los hombres “se establecen gobiernos, los cuales adoptan sus justos poderes del consenso de los gobernados.” Su ejemplo no tardaría en ser seguido por otras declaraciones similares en América y Europa. Finalmente, y tras una accidentada evolución histórica, se impuso en Occidente el modelo de democracia liberal representativa, en el que, mediante elecciones libres y periódicas, se eligen gobernantes cuya legitimidad se sustenta precisamente, en la opinión pública consensuada denominada “Voluntad Popular”.

La democracia representativa es una ficción peligrosa.     

Dejando de lado la crítica de Marx a la “democracia burguesa”, a la que consideraba una superestructura político-ideológica destinada a asegurar la explotación del proletariado, muchos autores contemporáneos como Ellen Meiksins Wood, Nancy Burns, Jason Brennan, Charles Tilly y Domenico Losurdo han cuestionado la validez de la democracia liberal representativa como medio para asegurar una real participación de los ciudadanos en las decisiones de los gobiernos. Algunos han ido incluso hasta calificarla como una mera ficción. Pero entre todos los detractores, destaca uno que critica la democracia representativa desde una óptica radicalmente diferente, pues ya no señala los riesgos de una limitada participación popular en la gobernanza, sino todo lo contrario. Ludwig von Mises, uno de los padres del neoliberalismo, señala que el gran peligro del sistema representativo, en el que el voto de cada ciudadano cuenta, es que el resentimiento de los pobres (siempre en mayoría numérica) contra los ricos, puede ser aprovechado por “demagogos” que invocando la “justicia social”, llegan al poder con la intención de poner trabas al libre mercado. La democracia representativa no solo sería entonces una ficción, sino una ficción peligrosa para los grupos de poder económico.

Manipulando la opinión pública

Un sobrino de Sigmund Freud, el austriaco-norteamericano Edward Bernays, considerado un pionero de la propaganda moderna, escribió en los años 20 del siglo pasado: “La manipulación deliberada e inteligente de los hábitos y de las opiniones de las masas, es un elemento importante en las sociedades democráticas, y aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad, constituyen el verdadero poder dirigente de nuestro país.” Más recientemente el economista y especialista en medios de comunicación, Edward S. Herman, conjuntamente con el célebre lingüista e intelectual Noam Chomsky, demostraron mediante un modelo teórico cómo las élites económicas, a través de los grandes medios de comunicación, “fabrican el consentimiento de la opinión pública” con el claro objetivo de mantener el statu quo que les es favorable. ¿Afiebradas teorías conspirativas? Martin Wolf, nada menos que editor en jefe de Economía del Financial Times, ha escrito en su muy reciente libro “La crisis del capitalismo democrático” lo siguiente: “La plutocracia (poder político ejercido por los ricos) es el resultado natural de una forma de capitalismo depredador que genera enormes desigualdades de ingresos y riqueza. A medida que la riqueza y el poder económico se concentran cada vez más, es inevitable que la democracia liberal se vea amenazada (…) Más que nada, buena parte de lo que ha ido mal es (…) la tendencia de los poderosos a amañar los sistemas económicos y políticos en contra del resto de la sociedad.” La manipulación de la opinión pública por parte de los grupos de poder, es un ataque directo contra el corazón mismo de la democracia representativa, y esto viene ocurriendo no solo en el mayor exponente de la democracia y la economía de mercado, sino en nuestro propio país, como lo han señalado autores tales como Francisco Durand.

¡No una, sino tres ficciones!

En un libro con el provocativo título de “La invención del pueblo”, el eminente historiador norteamericano Edmund Morgan, afirma que el éxito de los gobiernos democráticos depende de la aceptación popular de tres ficciones: que los representantes del pueblo son el pueblo, que los gobernantes están al servicio del pueblo, y que todos los hombres son iguales. Para que estas ficciones puedan funcionar adecuadamente, la realidad debe asemejarlas el máximo posible pues, de no ser el caso, la incredulidad y el descontento se apoderarían de los ciudadanos, produciéndose el desmoronamiento del sistema.

Esta democracia ya no es democracia

En estos difíciles tiempos de nuestra vida política y económica, todo apunta a que la mayoría de peruanos no creería más en las ficciones de la democracia representativa, o al menos eso es lo que muestran importantes encuestas realizadas recientemente en nuestro país (OXFAM/IEP, Latinobarómetro, INEI). Así, en lo que concierne a cuatro aspectos fundamentales de la igualdad ciudadana, el 94% de peruanos piensa que somos desiguales en el acceso a la salud, 92% a la educación, 94% al trabajo y un impresionante 83% considera que en nuestro país el acceso a la justicia es muy desigual. En lo concerniente al aspecto económico, la percepción del 72% de compatriotas es que la desigualdad entre pobres y ricos es muy grave, y que dicha desigualdad va en aumento. ¿El gobierno y los políticos trabajan en nuestro beneficio? El 66% pensamos que somos gobernados por unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio. No es de extrañar que apenas el 8% de nuestra población este satisfecho con la democracia (el único país latinoamericano con un solo dígito), que el 73.1% piense que nuestra democracia funciona mal o muy mal y que el 87.7% culpe de ello a los políticos.

Un análisis objetivo de esta realidad, nos permite apreciar que el país se ha deslizado  rápidamente, desde lo que Guillermo O’Donnell califica como una clásica “democracia delegativa” latinoamericana -esto es con una muy pobre participación ciudadana tras el voto, instituciones débiles que simulan tener las características de una democracia consolidada y una resultante inestabilidad- hasta lo que Heinz Dieterich denomina una “democracia sustitutiva”, un sistema en el que los políticos elegidos por voluntad popular, lejos de desempeñarse como representantes y servidores de la ciudadanía, actúan sirviendo en primer lugar a los intereses de las élites dominantes y, en segundo lugar, a sí mismos. Los hechos hablan por sí mismos…

¿Encontraremos una salida a esta situación? ¿Podremos construir todos juntos una verdadera democracia al servicio de los peruanos? Difícil decirlo, pero estamos totalmente de acuerdo con Jorge Frisancho cuando escribió con motivo de las recientes movilizaciones sociales en nuestro país: “cualquier nuevo pacto que se forje, como en los años 90, entre el poder congresal, facciones del empresariado, sectores de las FF. AA y la Policía, solo podrá ser una forma de la misma crisis, la crisis del régimen neoliberal, sin ninguna posibilidad de resolverla.”

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La única manera de que las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte tengan éxito (no lo es convocar a 21 mil personas a nivel nacional; generosa cifra soltada por un incauto ministro del Interior), es que logren consolidar una amalgama similar a la de las fuerzas antifujimoristas. Es decir, que se reconstituya una suerte de frente anti Keiko y haga carne en las calles.

Ello es, sin embargo, difícil que ocurra, más aún después del duro pronunciamiento de la lideresa de Fuerza Popular en contra del gobierno, y que parece ser la clarinada de un paulatino distanciamiento del régimen. Dicho sea de otra manera, quien se oponga a Boluarte no se opondrá, por default, a Keiko Fujimori.

Una agenda tan dispersa como la que convocó a la marcha de anteayer (solo faltaba que pidieran la salida de Agustín Lozano de la Federación Peruana de Fútbol) y la ausencia de un liderazgo político unificado, atentaron contra la posibilidad de que se produjera una movilización de la magnitud que hemos visto en otros países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc.), donde millones de ciudadanos protestando vehementemente sí fueron capaces de mover la aguja del reloj político.

El gobierno ha ganado una batalla, casi sin costos colaterales (a diferencia de lo sucedido en diciembre y enero, donde se mantuvo en el poder, pero a costa de perder legitimidad y herir su naturaleza democrática), pero deberá saber que la oposición no va a cejar en tratar de sacarlo del poder (ya se anuncian nuevas movilizaciones) y si no escucha a la calle, expresada no solo en las protestas sino también en las encuestas, y no enmienda rumbos, va camino a escenarios políticos cada vez más precarios y riesgosos para su estabilidad.

El hartazgo ciudadano no cuaja en marchas masivas por sinfín de circunstancias (sobrepresencia de la izquierda, informalidad, crisis económica, pasividad juvenil, etc.), pero si el Ejecutivo no empieza a gobernar con eficacia y el Congreso no le pone punto final al desmadre corrupto e indolente al que le da generosa cabida, puede llegar a elevar la temperatura de la irritación ciudadana y en el momento menos esperado, favorecer que estalle una situación social de mayor magnitud e impacto real.

 

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La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer, bautizada como “La tercera toma de Lima”. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalear al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta.

En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial -salvo por algunos aislados excesos- redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno.

Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarbolar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la coloratura autoritaria del régimen.

La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen (inclusive, se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta), contribuyeron a que se diluya la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles, desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dina Boluarte.

El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige, y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica.

Y, por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político.

La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido esta vez, alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dina Boluarte se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce, y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo.

 

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Hay muchos proyectos parados, sobre todo en el sector minero y energético, que necesitan el empujón o el aval del gobierno para proseguir o iniciar sus actividades. Y los funcionarios de segundo nivel, responsables de facilitarlo, han optado, al parecer, por hacerse de la vista gorda y por el inmovilismo, tratando irracionalmente de conservar sus puestos, creyendo que cualquier ola que se levante les traerá consecuencias administrativas por afectar la marcha inerte del régimen, que prefiere no hacer nada que le altere el estado de sitio.

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Asimismo, puede servir como una herramienta para renovar la política y el discurso público. Los nuevos ministros pueden aportar ideas frescas y nuevas perspectivas a los debates políticos, lo que puede enriquecer el debate y dar lugar a soluciones más creativas e innovadoras. Además, el recambio ministerial puede ser una oportunidad para renovar la agenda política y enfocarla en temas que son de mayor interés para la sociedad.

Por último, puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del liderazgo político. La selección de los nuevos ministros es una oportunidad para buscar personas con experiencia, capacidad y liderazgo, que estén dispuestas a asumir los desafíos que enfrenta el país. Esto puede mejorar la calidad de la toma de decisiones y permitir que el gobierno esté mejor preparado para afrontar los desafíos políticos y sociales que se presenten en el futuro.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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En esa perspectiva, conviene que decante el sistema político en general, luego de tantas crisis, que haya tiempo para que se inscriban quienes quieran inscribirse, que haya espacio para que se conformen alianzas maduras y consolidadas, que se abra una línea de morigeración de los ánimos caldeados de un sector significativo de la ciudadanía (que la gente vaya a votar con cólera o frustración ya ha demostrado no ser lo mejor).

Para que ello suceda, lo ideal es que Dina Boluarte gobierne hasta el 2026, que se complete el mandato constitucional y que en ese año, vayamos a elecciones sin sobresaltos ni turbulencias. Ojalá no haya imprevistos (escándalos de corrupción o rebrote de la conflictividad social) que hagan volar por los aires el tablero político nacional y que empecemos a recuperar la tranquilidad institucional que se necesita para que las fuerzas del mercado cambien su perspectiva del país y se regenere el círculo virtuoso de inversión, generación de empleo y reducción de la pobreza.

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