Gobierno

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 160: Las jugadas golpistas en el JNE, la suspensión de Arce, el Congreso que juega su propio partido y los escenarios para la salida de esta crisis. ¿Es posible un frente de gente sensata?

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Gobierno, JNE

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 128: ¿Ya está en Palacio la candidata naranja o hay tiempo para que el antifujimorismo reaccione? ¿Qué acepta el votante de Fujimori sobre su ‘cariño’ por nuestra democracia?

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Elecciones 2021, Gobierno, Keiko Fujimori

Esta vez la pobreza peruana no necesitó de un grupo de élite militar que diera un golpe de estado a la élite económica que la causaba. Tampoco tuvo necesidad de que un grupo de católicos comprometidos hablara por ella. La pobreza cobró vida doscientos años después de fundada la República y se encarnó en personas con mayoría de edad, capaces de elegir a un candidato presidencial que ha llevado sus reclamos hasta el gobierno con la ilusión que los resuelva. Un candidato y un partido que no son de Lima.

Cuando se promulgó la Ley orgánica de Gobiernos Regionales el 19 de noviembre de 2002 se aceptó, tras varios intentos fallidos de integración departamental, que cada departamento establecido en la Constitución de 1979 tuviera su propio gobierno regional, menos la capital, la ciudad de Lima (y luego dicen que no hay discriminación). Desde ese momento las elecciones regionales fueron provocando una crisis en los partidos nacionales que ya en la década de 1990 habían sufrido una desideologización severa. En las primeras elecciones regionales del 2002 se impuso el APRA como el principal partido de oposición a Perú Posible, el partido del entonces presidente Alejandro Toledo. Pero en las siguientes elecciones del año 2006 la mayoría de los gobiernos regionales fueron a manos de movimientos políticos locales en lugar de ir a partidos nacionales. El APRA, que ganó las elecciones presidenciales, sólo logró ganar en dos departamentos y los demás partidos nacionales aún menos. Se produjo entonces una escisión entre los partidos nacionales, todos con sede principal en Lima y los movimientos políticos locales, de tal manera que los nacionales lideraban las elecciones presidenciales, y los locales, las regionales. Mientras tanto, el Congreso se mantuvo como un lugar de confluencia de gobernantes regionales o alcaldes provinciales que al culminar sus periodos se integraban a las listas de candidatos al congreso que albergaban los partidos nacionales. En este proceso de democratización y desarrollo político de movimientos locales la fragilidad de su permanencia en el tiempo y el clientelismo han sido rasgos característicos debido a que los cargos públicos en muchas ocasiones son la principal fuente de ingresos para un sector de la población, sobre todo en zonas de difícil acceso. En ese marco, el Movimiento Político Regional Perú Libre fundado en Junín el año 2007, da origen a un Partido Político Nacional que hasta el año 2016 simplemente se retira en las elecciones presidenciales. De ahí que se pueda deducir que ha sido el candidato Pedro Castillo y no el fundador del partido, acusado de corrupción, quien ha logrado atraer la votación del 40% de votantes regionales.

Más allá de que concordemos o no con los reclamos y soluciones de los que nos habla el candidato Castillo en sus discursos, estamos viviendo un momento particular en nuestra historia. En esta ocasión no es un migrante que viene del campo a la ciudad para poder sobrevivir huyendo del hacendado, tampoco es un senderista que viene del campo a la ciudad para imponer su justicia de terror: nos encontramos ante un dirigente político que tuvo el poder de derrocar a la ministra de Educación y que ha conseguido que la población más pobre del país se sienta representada por su discurso. El discurso del SUTEP es sumamente criticado. Se considera que su orientación ideológica prioriza lo salarial y la estabilidad laboral al aumento de calidad en la enseñanza, pero en una crisis como en la que nos encontramos, ¿cómo no va a representar al más pobre el defensor de la protesta, del salario y de la estabilidad laboral? ¿No es acaso lo más deseado por sus votantes?

El Perú es un país que cumple doscientos años de ser gobernado por alguna élite costeña que siempre se ha enriquecido gracias al trabajo mal remunerado o alguna forma de enganche. Nos acostumbraron a vivir pensando en que algo nos chorrearía. Pues resulta que doscientos años demoró la democracia peruana en conseguir que la mayoría decida. Si la mayoría del país está signada por la pobreza y desde ahí toma sus decisiones, aceptemos la responsabilidad de haber tenido la educación como parte de un sistema que buscaba la conveniente sostenibilidad de la ignorancia y por favor, como limeños, dejemos de lanzar aullidos de miedo, abstengámonos de imponer nuestras recetas y propuestas políticas al candidato. Tiene todo el derecho a decidir a quiénes se acercará para conformar el equipo que pueda realizar sus ideas lo más cercano que pueda a como él las ha imaginado para el país y para la población que representa. Nuestra tarea consistirá en defender, nuestros derechos, nuestras instituciones democráticas y el equilibrio de poderes si sus propuestas son injustas, autoritarias o ineficaces. Demos un salto de madurez política. Las peruanas, los peruanos más pobres ya no creen en promesas de 3,000 colegios. Han conseguido llevar su demanda laboral, y desconfianza en la corrupción y el extractivismo hasta la presidencia. Les queda ahora asumir su responsabilidad al respecto. Llegó la hora de que nos tratemos como iguales.

5 de mayo de 2021

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Elecciones 2021, Gobierno, Perú Libre

“La lucha por los derechos de la mujer y sus cabales prerrogativas ciudadanas está en serio peligro, si prosperan algunas opciones electorales conservadoras”.

La lucha por los derechos de la mujer y sus cabales prerrogativas ciudadanas está en serio peligro, si prosperan algunas opciones electorales conservadoras que no solo no proseguirán el camino de conquistas ya iniciado hace algunas décadas sino que seguramente darán marcha atrás en muchas de ellas.

 

Hay que insistir en la lucha contra todas las formas de violencia de género, vinculando la misma con el respeto y garantia a los derechos sexuales y reproductivos, lo que nos lleva a la vez al derecho a decidir de las mujeres y el aborto legal y seguro.

 

Puntualmente, educación con enfoque de género pero a la vez, en las políticas públicas en todas las entidades del Estado. Eso implica en el sector Mujer, implementación y presupuesto para la política de igualdad de género y reforma del Programa Aurora.

 

En Salud, seguimiento a la aplicación del protocolo de aborto terapéutico y garantizar que se distribuya el anticonceptivo oral de emergencia, que hoy está aprobado, pero que no se implementa a cabalidad por prejuicios religiosos de algunos profesionales de la salud. Deber ser política obligatoria.

 

Como tema específico y acuciante, debe garantizarse el enfoque de igualdad de género e intercultural en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas e impulsar un protocolo interinstitucional para la atención e investigación de casos de mujeres y niñas desaparecidas.

 

En Interior, Ministerio Público y Poder Judicial, disponer esfuerzos mancomunados para atender la ola de feminicidios que asola el Perú (somos uno de los países más violentos contra la mujer en el mundo) y que no quede en letra muerta la legislación que existe al respecto. Lo que ha sucedido con mujeres y niños durante la pandemia ha sido de espanto.

 

Lo mismo debe decirse de la discriminación social y laboral que sufren las mujeres por su sola condición de género. A igual trabajo, menos sueldo, ocurre no solo en el sector público sino también en el sector privado.

 

No calificamos como sociedad republicana, moderna ni liberal, mientras la mujer siga siendo ciudadana de segunda clase en muchos aspectos de su vida social. Ese es el mensaje que cabe dar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, advirtiendo seriamente que existe el peligro político de que retrocedamos décadas si tienen éxito visiones ultraconservadoras que anidan, por lo que se  ha visto, en agrupaciones de los candidatos Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano o, por supuesto, el Frepap.

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Elecciones 2021, Gobierno

“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.

Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.

¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.

Malas decisiones

Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.

El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.

Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.

El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.

A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.

Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.

Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. “Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.

Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.

“Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.

En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.

“Ella me dijo que era ingeniera”

“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.

“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.

Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. “Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto”, se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.

Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.

Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.

¿Cumplirán?

“En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más”, explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.

El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.

Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.

La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:

Diseño: Leyla López.

El Hospital María Auxiliadora (HMA), en San Juan de Miraflores, y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) figuran entre ellos. Ambos rechazaron la donación de una planta de oxígeno de parte de la cementera privada Unacem en diciembre último. El HEVES incluso argumentó estar a la espera de Oxigena 47. Desde febrero, sus pacientes de Covid-19 llevan balones de oxígeno por su cuenta.

* Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: La República, Andina, Universidad Nacional de Ingeniería.

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Gobierno, Oxígeno, UNI

Es realmente digno de un ejercicio psicoanalítico el que amerita el quehacer cotidiano de la derecha empresarial y sus acólitos de terruquear a la primera que se pueda cualquier atisbo de reclamo o protesta social. Desde jóvenes ejecutivos hablando de que la protesta de estos días solo es comparable a la violencia terrorista de los 80 hasta quienes han hecho referencia a que, curiosamente (¿?), coincidía el natalicio de Abimael Guzmán, insinuando de que detrás de las movilizaciones había motivaciones subversivas encubiertas.

Es curioso este tic terruquero. Se puede entender, claro está, el trauma colectivo que en la sociedad peruana ha dejado aún vivo los casi 20 años que sufrimos de violencia terrorista. Sus secuelas psicológicas se trasladarán, inclusive, a una o más generaciones.

Pero si queremos ser objetivos deberíamos decir que el sector social que más sufrió la insania demencial del senderismo, no fue el sector más pudiente del país si no, básicamente, los sectores populares y campesinos en particular. Y los hijos de esos pobres asesinados y violentados por el terrorismo seguramente eran muchos de los que hoy marchan en Ica terruqueados a mansalva.

Es evidente, respecto de la protesta agraria, que hay un problema suscitado por una ley de promoción extendida infinidad de veces y que aún desde un punto de vista liberal merece serias observaciones respecto de la necesidad de su vigencia (un sector como el agropexportador no tiene por qué recibir excepcionalidades distintas a las de otros sectores igual o menos rentables).

Es torpe negarse a entender la lógica de la protesta y por ende conducir el conflicto a tan solo represión policial, como dejaba entrever el candidato Fernando Cillóniz, al reclamar airadamente la presencia del Estado (no se refería, por cierto, a mesas de diálogo o interlocutores calificados, sino a tropa policial represiva que restableciera el orden público).

La derecha terruquera busca un baguazo y después pedirá que rueden cabezas (eso es también lo que busca ahora, desestabilizar al gobierno, aun a costa de muertos y heridos). Es de esperar, por cierto, que el régimen no sea tan tonto de caer en esta lógica alentada por empresarios reaccionarios y sus cavernas periodísticas habituales.

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Gobierno, Terrorismo

Si a algunas personas el gobierno de Sagasti debería prestarle atención como potenciales focos de desestabilización es a José Luna Gálvez y a su satélite congresal e hijo, José Luna Morales.

Estuvieron claramente involucrados en la vacancia de Vizcarra, porque éste no satisfacía sus requerimientos de tumbarse la reforma universitaria, Sunedu incluída, y permitir así que su universidad, Telesup, vuelva a seguir estafando a decenas de miles de alumnos ofreciéndoles educación de bajísima calidad.

Los Luna se han agenciado, inclusive, un conglomerado mediático que les sirve de caja de resonancia para todas sus iniciativas demagógicas, como esta peregrina idea de devolverle dinero a los aportantes al sistema de la ONP.

Llama la atención, asimismo, la altísima frecuencia con la que congresistas de otras bancadas, particularmente de Acción Popular, terminan siempre votando en el mismo sentido de los proyectos de ley que Podemos Perú presenta. Los malpensados podrían pensar que eso no es gratuito, pero resulta por lo menos extraño que estos congresistas acaten más las órdenes de los Luna que las indicaciones de sus propios partidos.

Hoy, los Luna están atarantados por el remezón de la calle que frustró la presidencia del monigote de Manuel Merino, pero más pronto que tarde volverán a la carga. Sagasti es el objetivo. Con medios, una bancada artificiosa de 30 congresistas y mucho dinero de por medio, saben que se les acaba el plazo para lograr sus propósitos, de tirarse abajo la reforma universitaria, tumbarse al equipo Lava Jato y gozar, por cierto, de las canonjías del poder.

Sobrevivirán, a posteriori, lamentablemente. La estructura montesinista que han armado tiene en Daniel Urresti una locomotora electoral que les permitirá tener una bancada el próximo lustro, y entonces verán cómo insistir en su agenda, pero hoy en el corto plazo sus objetivos son claros y obviamente un régimen centrista como el de Sagasti es un obstáculo que buscarán extraer.

Solo la movilización callejera los puede detener. No creo, sin embargo, que al final del día ello les importe mucho a la hora de buscar sus objetivos, pero lo que sí queda claro es que la alerta democrática de la ciudadanía y el ojo vigilante de un gobierno que hasta el momento no da pie con bola no puede permitir que esta coalición desestabilizadora convierta al Perú en su chacra personal, a punta de matones, camiones y dinero.

 

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Francisco Sagasti, Gobierno

Debate, Episodio 23

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el vigésimo tercer episodio: ¿Se ha eliminado la inmunidad parlamentaria? ¿Es sospechoso lo que ha aprobado el Congreso? ¿La vacuna será de acceso masivo en el país recién en el 2022, como dice The Economist?

 

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Congreso, Francisco Sagasti, Gobierno

El gobierno no viene dando pie con bola. Ahora anuncia que quiere derogar el aspecto laboral de la Ley de Promoción Agraria y dejar incólume el tributario, cuando es exactamente al revés lo que la realidad aconseja.

En verdad, la flexibilidad laboral que existe en el agro o en sectores como construcción civil debería extenderse al resto de la economía (iniciativas como la bautizada “ley pulpín” eran buenas, pero la algarada callejera se la tumbó). El llamado régimen general laboral es solo posible de ser cumplido por las empresas con alta productividad y así ya lo están haciendo.

En general, lo que se necesita en el agro es modernizar a la pequeña propiedad, que se integre al gran mercado y de esa manera mejore su rentabilidad y por ende las remuneraciones de sus trabajadores (ellos sí en situaciones casi feudales de subsistencia).

Si el Ejecutivo insiste en su propuesta o lo que es peor el Congreso va más allá y deroga la ley completa, el principal afectado va a ser el trabajador agrario porque o será despedido, reemplazado por máquinas o simplemente transitará hacia la informalidad.

Lo peor que puede hacer Sagasti es disponer un gobierno hiperreactivo a las crisis. Se publican diez comunicados rancios contra la purga policial, se vuela al ministro; le hacen bloqueos en las carreteras, se tumba la ley, sin meditar correctamente; y así sus ocho meses van a ser un suplicio político.

Por lo pronto, haría bien en afinar una estrategia frente a la protesta social. Normalmente, en periodos preelectorales suelen intensificarse, pero en el caso particular que vivimos, sin posibilidad de que se desplieguen campañas electorales propiamente dichas (mítines, visitas, etc.), la protesta se convierte en un mecanismo de campaña.

Frente a ello, tiene que tener reflejos y a la vez sapiencia. No se trata de querer contentar a tirios y troyanos. A la izquierda le ofrece volarse la ley y a la derecha le garantiza represión. Al final, lo peor de ello, es que ni la izquierda ni la derecha van a quedar contentas y el gobierno va a transitar antes de lo pensado por una crisis de subsistencia. A este paso va a llegar extenuado a las elecciones de abril del próximo año.

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Francisco Merino, Francisco Sagasti, Gobierno
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