Gobierno

[La columna deca(n)dente] ¿Dina Boluarte decidió esto? Bueno, digamos que alguien ha considerado que al Perú le hace falta un pequeño retoque armamentístico. No estamos hablando de hospitales mejor equipados, ni de escuelas donde los niños no tengan que rezar para que el techo no se les caiga encima. No, estamos hablando de algo mucho más urgente para el país: 24 aviones de guerra, ni más ni menos, por la módica suma de 15 mil millones de soles. ¡15 mil millones de soles!

Como dice la canción: «Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena». Qué dolor y qué pena que no hayamos visto antes esta gran oportunidad para «protegernos». ¿De quién? Buena pregunta, porque no está muy claro quién es ese enemigo tan temible y poderoso que justifique semejante inversión. Pero no importa, el hecho es que Mambrú (o Dina, en este caso) ya está en camino, y su partida cuesta lo que un país con un sistema de salud en condiciones óptimas podría valer. Pero… qué dolor, qué pena que no tengamos uno así.

«Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá». O, en este caso, no sé cuándo llegarán esos hospitales mejorados, esas escuelas públicas con agua y desagüe, o esas carreteras asfaltadas. Ni hablar de poder trabajar sin el miedo constante de ser asesinado por los extorsionadores de turno. Pero lo que sí sabemos con certeza es que los aviones vendrán. Y cuando lleguen, ¡por fin podremos dormir tranquilos! Porque, claro, ahuyentarán a los extorsionadores y espantarán a las organizaciones criminales.

«Si vendrá para la Pascua, o para la Trinidad…». Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que este gobierno de Boluarte tendrá la dicha de ser recordado por algo tan significativo como llenar el cielo peruano de aviones de guerra. De paso, el viento de las turbinas podrá barrer las ilusiones de los ciudadanos que esperaban soluciones a problemas más mundanos, como el acceso a agua potable o la reducción de la pobreza o la mejora de la educación pública. Pero claro, esas cosas no vuelan, ni hacen ruido, y mucho menos brindan una foto impresionante durante un desfile militar.

«Mambrú murió en la guerra, lo llevan a enterrar…». Esperemos que no sea la esperanza de los ciudadanos la que esté siendo enterrada en esta operación millonaria. En un país donde cada céntimo cuenta y las necesidades básicas parecen un lujo, alguien decidió apostar por un gasto digno de cualquier potencia militar. Con suerte, cuando entremos en la inevitable fase de austeridad y recortes en sectores como salud o educación, al menos podremos mirar al cielo y ver esos 24 aviones de guerra, cortesía de Dina Boluarte, recordándonos que, aunque no tengamos medicinas ni escuelas, al menos tenemos aviones.

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[La columna deca(n)dente] Hoy nos enfrentamos a una de las más graves amenazas contra la vida, la seguridad y el derecho al trabajo: el crimen organizado. Los transportistas se han visto obligados a paralizar sus labores, no por capricho, sino como un acto desesperado en defensa de sus vidas. Este paro es un grito de auxilio ante la extorsión, la violencia y el terror que imponen las mafias criminales.

Estas organizaciones, fortalecidas por leyes que favorecen sus acciones gracias al Congreso y por la colosal inacción del gobierno, han llegado al extremo de disparar contra las unidades de transporte, lanzar granadas, quemar vehículos y asesinar a conductores que no pagan los llamados “cupos”. Ante esta brutalidad, los transportistas han decidido suspender sus actividades como única forma de exigir protección y justicia. Hoy, más que nunca, el gobierno y el Congreso tienen el ineludible deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y su derecho a trabajar en libertad, sin temor a perder la vida.

Un Estado que no puede proteger a su población se convierte en un Estado fallido. Las leyes, en lugar de combatir la criminalidad, han otorgado a estas organizaciones criminales una mayor capacidad de acción. Esas leyes, lejos de frenar el avance del crimen, han empoderado a las mafias, exacerbando su violencia y control sobre sectores como el transporte y los pequeños negocios.

La negativa del Congreso a derogar las leyes que claramente han fortalecido al crimen organizado es, cuando menos, preocupante. ¿Cómo se explica que congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, entre otros, cuya principal responsabilidad es velar por el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, insistan en mantener normas que benefician a las mafias? Esta pasividad, que raya en complicidad, genera sospechas de intereses comunes con las organizaciones criminales para garantizar su impunidad. La inacción del Congreso no solo perpetúa la violencia, sino que lo convierte en un actor clave en la crisis que enfrenta el país. El silencio legislativo, frente a la creciente evidencia de que estas leyes alimentan el caos y la inseguridad, es una traición directa a los ciudadanos. La falta de voluntad política para revertir estas normativas plantea una dolorosa pregunta: ¿quiénes se benefician realmente de esta protección legal a las organizaciones criminales?

Finalmente, exigimos al gobierno, al Congreso y a todas las autoridades competentes que tomen medidas urgentes y efectivas para desmantelar estas organizaciones. No podemos permitir que el país se hunda en el caos, donde la vida y la seguridad de los ciudadanos se vuelven negociables. Es momento de actuar con firmeza: derogar las leyes que favorecen al crimen organizado y restaurar la confianza en las instituciones. El país necesita un gobierno que proteja a sus ciudadanos, defienda la vida y recupere el control de la seguridad. La vida es el valor más sagrado y está en juego. ¡No más inacción, no más impunidad, no más leyes que favorecen la criminalidad!

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[Agenda País] Pocas veces se ha sentido tanto desconcierto en el país como en los tiempos que estamos viviendo. Y no es solamente culpa de quienes nos gobiernan.

Nosotros, los ciudadanos, nos hemos acostumbrado a celebrar la pendejada, a cambiar los programas de entretenimiento o culturales por cojudeces faranduleras y a mostrar un desinterés en participar activamente en política, pero valgan verdades, también miramos a la política como farándula. 

El escándalo de Andrés Hurtado “Chibolín” se veía venir. Decenas de políticos y personalidades pasaron por su programa, de ostentosa huachafería, y se sentaron en los tronos de la indiferencia siendo partícipes del desdén hacia los más pobres. Pero como nadie habla o habla poco, y con tanto poderoso metido en la cochinada, quizá todo quede allí, con Chibolín haciéndose el desmemoriado y la fiscalía peleándose con el poder judicial. 

Ya de Mauricio Fernandini no escuchamos ni pío, pero aún tenemos a nuestro “Bebito fiú fiú” que nos entretiene con su cinismo y si nos falta más morbo, Magaly sigue rompiendo ratings.

Mientras el país entra en caos permanente, el gobierno sigue despilfarrando centenas de millones de dólares en la quebrada PetroPerú y deja a la Policía Nacional del Perú sin recursos para luchar efectivamente contra la delincuencia y el sicariato que cada día aumentan con más insania en todo nuestro país.

El anunciado paro de transportistas para protestar, justificadamente, ante el incremento de la extorsión que no solamente se ensaña contra ellos sino contra todos los comerciantes que honradamente se ganan el pan de cada día, ha demostrado que el gobierno no actúa planificadamente.

Recién el mismo día del paro, el Minedu saca un comunicado a las 6:50 a.m. diciendo que las clases pasan a virtual cuando a esa hora, la mayoría de los estudiantes ya están camino a sus centros escolares, aumentando la sensación de caos y poniendo en peligro la integridad física de profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia.

También, el mismo día hacia principios de la tarde, el gobierno declara en emergencia a varios distritos de la capital, ¡Nunca es tarde! dirán los optimistas, ¡Demasiado tarde! los realistas, ¡Ya para qué! expresarán los pesimistas. 

Da la sensación que el Premier Adrianzén cree que su rol es ser reactivo con los problemas, como en el tema de los incendios forestales que ya venían empezando hace semanas, pero que recién con el infortunio de compatriotas fallecidos, se empieza a reaccionar. Y es tal la soberbia que ni ayuda internacional pedimos mientras se quema medio país, se culpa a la tradición de quemar para sembrar y a algunos malos peruanos. Bueno, ya lloverá y crecerá algo… 

Otra impresión es que no se coordina entre ministerios, que es uno de los roles principales de la PCM. Ante el extemporáneo comunicado del Minedu y la tardía declaración de emergencia, se suma que el MTC no tuvo un plan de contingencia para movilizar a la población. Tarde, muy tarde, la PNP puso unos buses a disposición. “Control de daños” es la frasecita que más se usa cuando la incompetencia arrecia.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene que reaccionar de manera radical. Ella tiene que reaccionar.

Que su gobierno llegue al 2026 es un objetivo que muchos peruanos, como yo, deseamos. Pero si la sensación de caos e indiferencia sigue aumentando, las voces de vacancia volverán al ruedo, como ya se empiezan a escuchar.

Aún es tiempo de corregir y comienza, primero, con un cambio de chip en la presidenta para que asuma que lo que queda de su gobierno es asegurar la transición democrática y poner un mínimo de orden en el país. 

Lo segundo, recomponiendo su gabinete con un premier con voz propia, que ejerza liderazgo y una efectiva coordinación transversal, así como designar ministros competentes que prioricen el trabajo en equipo.

No podemos seguir viviendo de la farándula y la indiferencia. 

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[Agenda País] Hasta el cierre de esta edición, los ciudadanos y la clase política continúan esperando la propuesta de fusión de “dos pares de ministerios”, a lo que se suma la incertidumbre creada por la renuncia de todo el directorio de PetroPerú.

Si bien estas ideas de fusionar ministerios y juntar en una sola institución toda la inversión en infraestructura no son nuevas, la pregunta que nace es si no sería mejor preparar un proyecto integral de la reforma del ejecutivo, que este gobierno deje como legado para la próxima contienda electoral.

Por otro lado, fusionar ministerios a menos de dos años que la presidenta termine su mandato, no parece una idea que atraiga confianza y más bien, distrae al propio ejecutivo cuando en estos últimos meses debería dedicarse a cumplir pocos, pero decisivos objetivos. Uno de ellos debería ser la reducción de la pobreza multidimensional, lo cual sería, eso sí, un gran legado de la presidenta Dina Boluarte que ya ha mostrado su emoción al expresar que es la pobreza lo que más le preocupa.

Es por ello que una propuesta para entregar a la presidenta y a su consejo de ministros es que tomen el fondo de la idea de fusionar ministerios, en un trabajo transversal que culmine con una propuesta de reforma integral del ejecutivo.

Este trascendental proyecto lo puede liderar el CEPLAN que es, y cito, ‘ … un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país”.

El Perú de ahora no será el mismo de aquí a 10 o 20 años. La cuarta revolución industrial, aquella que mezcla técnicas de producción avanzadas con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas, está cambiando nuestra manera de interactuar e incluso, nuestras prioridades de vida.

El estado tiene la necesidad, e incluso la responsabilidad, de percibir estos cambios, tener la visión de hacia dónde está yendo la sociedad y organizarse para otorgar los servicios en común que esta nueva sociedad está requiriendo.

El CEPLAN junto a representantes de la academia, sociedad civil organizada, partidos políticos, gobierno y personalidades invitadas, tiene el conocimiento como para traer desde el futuro la visión de hacia dónde vamos y proponer una estructura ministerial, con sus respectivas instituciones, que se adapten a estos tiempos y por los próximos 20 años.

De esta manera también, el ejecutivo se concentra en dar resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad, y mejorar ostensiblemente los servicios de educación y salud, componentes del índice de pobreza multidimensional.

Imagine Usted presidenta Boluarte, terminar su mandato reduciendo la pobreza multidimensional porque su gabinete se enfocó en dar resultados, y en paralelo, dejar a la ciudadanía el proyecto de reforma del ejecutivo con visión 2040 donde prevalezca la meritocracia, que articule al Estado, pero al mismo tiempo, que evite duplicaciones y que se enfoque en el servicio al ciudadano.

Dos grandes legados que nadie le podrá negar.

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[La columna deca(n)dente] A más corrupción, más oración

«Y yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados a robar», fueron las palabras de Hania Pérez de Cuéllar, hasta ayer ministra de Vivienda, quien, en un arranque de sinceridad, ha revelado la estrategia para erradicar la corrupción en el gobierno y en el parlamento: la oración. Rezar por las autoridades para que no sucumban a la tentación de robar.

Por fin, después de años de lucha contra la corrupción, de leyes y regulaciones, de comités y comisiones, se ha encontrado la solución definitiva. Ya no se necesita más transparencia, ni rendición de cuentas, ni control ciudadano. Solo es necesario cerrar los ojos, unir las manos y pedir a Dios que guíe a las autoridades electas y a los congresistas por el sendero de la honestidad.

Pérez de Cuéllar ha descubierto que la corrupción no es un problema de estructuras, incentivos, poder o dinero. No, es simplemente un problema de falta de fe. Y la fe, como todos sabemos, mueve montañas… y también fondos públicos.

Con esta innovadora estrategia gubernamental, podemos olvidarnos de la necesidad de reformas políticas y económicas. No necesitamos más educación cívica ni participación ciudadana. Solo más iglesias y templos, y más ciudadanos que recen con devoción para proteger las conciencias de nuestras autoridades y parlamentarios.

La implementación de este plan espiritual seguramente transformará la manera en que entendemos la gestión pública. Los auditores serán reemplazados por sacerdotes y las investigaciones, por plegarias. Olvidemos las tediosas denuncias judiciales y los informes de transparencia: basta con multiplicar las misas para mantener a raya la corrupción. ¡Vade retro, corrupción!

Así, las comisiones de ética podrían ser reconfiguradas como grupos de oración parlamentaria. Los debates en el Congreso ya no serán sobre leyes complicadas o reformas técnicas, sino sobre la mejor manera de orar colectivamente para expiar los pecados de nuestros congresistas.

En este nuevo y espiritual escenario, la verdadera responsabilidad recae sobre todos nosotros. Si en algún momento un funcionario público cayera en la tentación, no sería su culpa, sino nuestra. Quizás no oramos lo suficiente o no lo hicimos con la convicción necesaria. Al final, la corrupción ya no será vista como un fracaso del sistema, sino como una prueba de fe que todos debemos enfrentar juntos. Amén.

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En las últimas semanas, los ciudadanos peruanos hemos estado esperando el anuncio presidencial de cuáles serían los ministerios a fusionarse olvidándonos un poco de los verdaderos problemas del país.

Si bien una reforma del ejecutivo es un tema altamente deseable, para un gobierno que se enfila a los últimos meses de su mandato, ésta no pareciera que debería ser una de sus prioridades.

Un reciente estudio de la FAO indica que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Por otro lado, los niveles de anemia ascienden a 42.8% para la población menor a 36 meses de edad, según el propio MINSA. La primera prioridad de cualquier gobierno debe ser que ningún peruano pase hambre, estar subalimentado o sufrir de anemia.

El país continúa con niveles de inseguridad sin precedentes. Quizá lo más cercano para que los que pintamos algunas canas es la violencia terrorista que se vivió a fines de los 80’s y principios de los 90’s, pero era otro tipo de inseguridad. Estábamos bajo un ataque armado de subversivos que atentaban, sin miramientos y sin escrúpulos, la vida de pacíficos ciudadanos. 

Ahora, son los empresarios, grandes y pequeños, y el ciudadano común, los que son objeto constante de amenazas de bandas de extorsionadores, amenazas que se concretan a través de sicarios, terminando con la vida de quienes, con su sudor, dan empleo a muchos peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es otra prioridad, la segunda de la lista.

Sacar una cita para atenderse en algún hospital del estado es casi un imposible y si por mala suerte tienes un accidente, como una rotura de cadera que muchas mujeres adultas mayores sufren con frecuencia, te expones a esperar sentada por horas una cama, sí, sentada con fractura de cadera, y una vez en la cama de emergencia, rogar a que se libere una cama de cuarto, lo cual puede durar varios días. Tercera prioridad.

En marzo pasado, la Contraloría, luego de realizar inspecciones, alertó que en las instituciones educativas públicas (IIEE) existen “deficiencias de infraestructura, carencia de servicios básicos y necesidad de docentes lo que pone en riesgo la salud integridad de los estudiantes y la prestación del servicio educativo” . Si queremos elevar la calidad de la educación de forma integral, esta debería ser la cuarta prioridad.

Una manera de atacar sin piedad la subalimentación y la anemia es contando con un programa que podría llamarse Combo 365 donde a todo niño y niña en edad escolar se le ofrezca desayuno y almuerzo en sus locales escolares TODOS los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. Esto implicaría que en paralelo el gobierno se concentre en mejorar de inmediato la infraestructura básica de los colegios.

Tenemos que ser implacables contra la extorsión y el sicariato dotando a la PNP de unidades motorizadas, personal y tecnología de punta, y decidir en conjunto, la mejor estrategia para que los delincuentes, una vez detenidos, no puedan ser fácilmente liberados. Queremos ver un Ministerio del Interior, Poder Judicial Fiscalía y PNP unidos y no en disputas que solo benefician a los malhechores. 

La reforma del nivel de atención de la salud pública lleva años dándole la espalda a los ciudadanos con evidente desidia y desinterés. Es prioritario que se implementen al 100% todos los centros y hospitales a la par que se profesionaliza la administración de los centros de salud para que los médicos se dediquen enteramente a su profesión.

Por último, si bien es plausible el énfasis en desarrollar colegios emblemáticos como las Escuelas Bicentenario, es urgente que TODOS nuestros escolares cuenten con baños con agua limpia, con desagües que encuentren al menos silos bien hechos y mantenidos, con todas las carpetas sillas e implementos para estudiar, y con un local noble donde nuestros escolares puedan soñar con un mañana mejor y tener las herramientas para lograr esos sueños.

Si el gobierno de la presidenta Boluarte se enfoca en estas 4 prioridades, asumiendo que los sectores productivos generadores de ingresos dinamizan la interacción con los respectivos ministerios, podríamos estar viendo no solamente resultados tangibles en cada una de ellas al final de este mandato presidencial, sino también, una mejora en el índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta estos factores.

Faltan 23 meses para el cambio de gobierno y menos de 18 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Siempre se puede repensar en las prioridades y actuar en consecuencia.

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[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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[PIE DERECHO] Según señala un último informe de Apoyo Consultoría, desde el 2019, las denuncias per cápita por casos de extorsión han aumentado más de 400%. “En el 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, más de un millón de peruanos reportó pagar frecuentemente algún tipo de cupo para poder trabajar y el 82% afirmó sentirse inseguro al caminar por las calles en Lima”, señala textualmente el mismo.

Las cifras son de espanto. Ya no se descubre nada diciendo que nuestro país está gobernado por la delincuencia. Una oligarquía del delito, porque unos pocos, organizados en bandas, someten la voluntad de la mayoría de ciudadanos peruanos de bien, pacíficos y respetuosos del orden social.

El daño que eso le genera a la viabilidad democrática del país es enorme. No solo porque desafecta a las víctimas, quienes sienten la ausencia del Estado y alimentan un resentimiento por ello, sino porque alienta la aparición de fenómenos políticos autoritarios que prometen la solución fácil frente a la problemática descrita.

Además, golpea duramente a la economía. Según la referida encuesta de IPSOS, “realizada para APOYO Consultoría y Backus, el 86% de las bodegas encuestadas en Lima califica a la inseguridad o extorsión como un problema grave para el crecimiento de su negocio, porcentaje que asciende a 90% en el norte”.

Uno esperaría que ante un problema de carácter social y, por ende, responsabilidad de los gobiernos, éstos actúen buscando una solución al mismo, con estrategia y conductores afinados, pero no, se aprecia absoluta indolencia y desaprensión. Baste decir que en los últimos cinco años, hemos contado con 20 ministros del Interior y 11 jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Inestabilidad que atenta contra el despliegue de una política pública que pretenda ser eficaz.

No debemos esperar a que el 2026 advenga un nuevo gobierno que plantee y ejecute soluciones efectivas al respecto. Debemos exigirle ello al gobierno actual. No debería equivaler a pedirle peras al olmo. Por más mediocre que el régimen de Boluarte sea, tiene entre sus obligaciones básicas la resolución de dos problemas: la inseguridad ciudadana y la crisis económica. Si no es capaz de resolverlos, debe dar un pase al costado, por mano propia o congresal. No podemos aguantar como sociedad que la situación siga empeorando dos años y medio más.

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