Juan Velasco

El 27 de agosto de 1930, el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro encabezó un golpe de Estado contra el dictador Augusto Leguía, poniendo así fin a su largo gobierno autoritario que iniciara el 4 de julio de 1919. Con Sánchez Cerro al mando, la incertidumbre se apoderó del país, las asonadas militares y civiles se multiplicaban unas tras otras por lo que decidió dejar el poder a la junta presidida por David Samanez Ocampo y Gustavo Jiménez, quienes apelaron a las viejas y olvidadas formas de la República para resolver el impase: las elecciones.

Sin embargo, las cosas habían cambiado tras once años de dictadura civil. Leguía había sido muy represivo con las masas que ya desde la década de 1910, y a principios de la de 1920 se organizaban sindicalmente y comenzaban a irrumpir en la política. Durante su mandato, se clausuraron las universidades populares que fundara Haya de la Torre al iniciarse la década, y se reprimió duramente al movimiento obrero organizado.

Para las elecciones convocadas en 1931, Leguía no estaba, pues purgaba prisión. Por otro lado, penosamente había muerto José Carlos Mariátegui, el rival ideológico de Haya de la Torre en la izquierda, con lo cual la suma de los movimientos anarquista, sindicalista, entre otros, migraron sin mayores contratiempos hacia el APRA y en cuestión de meses se había formado el primer partido de masas del Perú, que nació fuerte y organizado, y con una agenda política reformista, aunque no socialista.

Por su parte, la oligarquía asistía, aterrorizada, a las primeras elecciones a las que las masas concurrían con partido propio y con grandes posibilidades de vencer. Fue así como se gestó la alianza oligárquico-militar, que mantuvo su vigencia en el Perú prácticamente hasta el golpe de Velasco del 3 de octubre de 1968. En sus orígenes, la finalidad de esta alianza era evitar a como dé lugar que los “aprocomunistas”, como entonces se les llamaba, llegasen al poder. El primer fruto de esta alianza, fue el apoyo oligárquico a la candidatura del teniente-coronel Luis Sánchez Cerro, quien finalmente se impuso en las elecciones de 1931.

Lo que siguió fue la violencia política, el APRA protestaba en las calles a través de los sindicatos obreros que estaban bajo su control y, apenas asumió la presidencia, Sánchez Cerro decidió que lo más sano para el Perú era exterminarla, para lo cual declaró el estado de emergencia e inició una sangrienta e implacable persecución que, entre sus consecuencias principales,  contó con la deportación del país de la célula parlamentaria aprista, y el encarcelamiento de Haya de la Torre en el panóptico de Lima, todo en los primeros meses de 1932. Las bases apristas respondieron tomando Trujillo desde el 7 de julio del mismo año. Fue una danza de la muerte. Al batirse en retirada, la turba masacró una veintena de oficiales del ejército que se encontraban confinados en una celda de la prisión de Trujillo. Como represalia, la milicia fusiló a miles de apristas en las ruinas de Chanchán.

Esta historia, teñida con sangre, se prolongó por décadas y fue conocida como la secular enemistad entre el APRA y el ejército. Debido a ella, el Perú no pudo construir una democracia en circunstancias normales prácticamente hasta 1980, cuando elegimos por segunda vez a Belaúnde presidente del Perú, y esa democracia duró apenas doce años. Otro Fujimori, el padre, Alberto, la sepultó con el autogolpe del 5 de abril de 1992, y no la recuperamos hasta el 19 de noviembre de 2000 cuando el patricio Valentín Paniagua se puso la banda presidencial. Será por todo eso que hasta hoy nos cuesta tanto pensar y actuar democráticamente.

Acabo de hablarles de un proceso que duró 50 años, como tal, no es comparable con la coyuntura actual. Pero centrémonos en sus orígenes: la oligarquía (poder económico) + las fuerzas armadas, + la prensa (diario El Comercio) se unieron para evitar que una fuerza política que estaba fuera de su control asuma el gobierno del Estado. El precio que ha pagado la historia del Perú y, por consecuencia, nuestra ciudadanía por esa decisión es no poder disfrutar, hasta hoy, de un país plenamente democrático, inclusive en sus costumbres y en el desempeño de sus élites y de sus actores más influyentes

Escribo esta larga reflexión, porque tengo el mal presentimiento de que ayer, cuando el representante del Ministerio Público en el pleno del JNE, Luis Arce Córdoba, declinó formar parte del ente electoral, dejándolo sin posibilidad de seguir sesionando y de concluir el proceso electoral, cruzamos el punto de no retorno. El tema se complica, pues le correspondería ser reemplazado por el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, de la misma línea política por lo que se esperaría de él, similar actuación.  La intención detrás de la maniobra es dilatar la proclamación de Pedro Castillo, intentar que no asuma el 28 de Julio y preparar el terreno para un golpe de Estado. De esta manera, una alianza entre Fuerza Popular, el poder económico, las fuerzas armadas y la prensa, impediría, como tantas veces en el siglo XX, que una fuerza política emergente, acceda al poder por la vía democrática. Asistimos, así, al nacimiento de una neoalianza oligárquico-militar y la historia, una vez más, se repite.

La idea me venía rondando la cabeza. Velasco no acabó con la oligarquía, esta apenas se adormiló por un tiempo, pero en los noventa volvió con nuevos bríos. En las dos primeras décadas del siglo XXI no tuvo mayores problemas con los presidentes de turno, se inquietó un poco con Alejandro Toledo y con Ollanta Humala pero, finalmente, ambos resultaron funcionales a sus intereses. En cambio, Pedro Castillo sí es un problema, y lo es no porque vaya a estatizarlo todo, ni porque se haya propuesta encarnar una apocalíptica distopía hollywoodense con Pol Pot y Abimael Guzmán de coprotagonistas, sino porque hará reformas, reformas como las de Joe Biden -no les dice algo que Washington acabe de darle el espaldarazo- y esas reformas sacan a nuestros grupos económicos de su zona de confort. No más oligopolios con las APF, no más concertación de precios, no más grandes negociados en las licitaciones con el Estado.

50 años duró, en el siglo XX, la alianza oligárquico-militar erigida para impedir que las masas organizadas alcancen el poder a través de un partido político. Lo paradójico de la situación, es que no “resolvimos” el impase con democracia, sino con la dictadura de Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez (1968-1980), quienes nos sumieron en la noche autoritaria por otros doce largos años.

Ayer, cuando Luis Arce Córdova presentó su renuncia a formar parte del pleno del JNE, superamos el punto de no retorno. La pregunta que queda por hacernos es qué páginas de la historia escribiremos a partir de hoy, cuando falta tan poco para celebrar el Bicentenario de la República. ¡Ay Perú! eres un país que se resiste a ser patria.

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