Ha hecho bien el segundo vicepresidente de la Confiep, Álvaro Correa, en señalarle al premier Otárola algunas contradicciones entre el discurso proempresarial que el presidente del consejo de ministros se lanzó a las orillas del Urubamba, en CADE, y algunas realidades que apuntan a todo lo contrario.
Así, hizo hincapié, entre varios ejemplos, en el tema de la regulación laboral, que fue impulsado por el gobierno de Pedro Castillo con la llamada Agenda 19, que se expresó en tres decretos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial en sindicatos, sectores económicos y grupos empresariales y liberalizan el derecho a la huelga. Los reglamentos al respecto siguen flotando sin que el Ejecutivo derogue dichos decretos.
Señaló a su vez la inacción del gobierno en la derogatoria de la eliminación de la Ley de Promoción Agraria, que hubiera permitido al sector capear el temporal que lo aqueja por el fenómeno del Niño. No solo se debería retomar esa beneficiosa ley sino ampliarla a otras zonas el país, como el mundo de la agricultura andina.
Finalmente, Correa puso sobre la mesa la arbitraria, irracional y antitécnica decisión del Ejecutivo de asignarle lotes petroleros a Petroperú, empresa quebrada y sin capacidad técnica de emprender exploraciones, en lugar de haber procedido a una subasta de los mismos a través de la empresa privada.
A ello habría que agregarle la desastrosa participación de la ministra de Cultura en la negociación írrita con mafias organizadas alrededor del santuario de Machu Picchu, la joya de la corona en materia del turismo nacional, que sigue atravesando una profunda crisis y que sin ese imán de visitantes no levantará cabeza.
Si estos temas no se resuelven y no se dan señales inequívocas de compromiso con la inversión privada, el señalamiento del premier de que se vienen por delante tres años para trabajar de la mano con los inversores capitalistas, lejos de tranquilizar los ánimos, los tornará más inciertos.
Si a todo ello le sumamos la conducta anti institucional de un Congreso desatado y sobrerregulatorio, se entenderá por qué la confianza empresarial para invertir está por los suelos. Y al respecto, cabe anotar también responsabilidad del Ejecutivo, que por no pisar ningún callo parlamentario, deja que el desmán se apodere del recinto legislativo, sin contrapeso ni acción política.
