El ministro de Economía, José Arista, dice que “la hemos sacado barata” con los indicadores del INEI respecto del aumento de la pobreza.
En efecto, luego de una demora sospechosa, el INEI publicó que la pobreza volvió a crecer por segundo año consecutivo, de 27,5% en 2022 a 29% en 2023, con lo que 9,8 millones de peruanos ahora son pobres —un millón más que el año previo—.
Un millón más de pobres y se atreve a decir, orondo y cuasi bromista, el titular del MEF, que la hemos “sacado barata”. Qué terrible desparpajo e indolencia. A un millón más de peruanos no les alcanza ahora para cubrir sus necesidades básicas y al responsable de que ello no suceda no se le mueve un pelo.
No faltan, por supuesto, los agoreros de que esto no es otra cosa que la demostración del periodo terminal del modelo capitalista y de que es necesario ya cambiar radicalmente el mismo. Es la izquierda, fracasada en todas partes del mundo, con su propuesta económica antimercado, la que pretende fungir de médico general de una crisis que tiene más que ver con la mediocridad campante de un gobierno que no sabe qué hacer.
No es el libre mercado el que ha demostrado su fracaso sino su ralentización desde el gobierno de Ollanta Humala, lo que hizo crisis mayor con el ascenso de Pedro Castillo, la pandemia y la medianía del régimen actual, sumado todo ello al cóctel envenenado de la inestabilidad política y la incertidumbre respecto de lo que pueda pasar el 2026.
Lo terrible es que el gobierno no parece ser consciente de que la única solución a este problema pasa por incrementar sustantivamente la inversión privada, y que para ello debe desmontar el Estado regulatorio construido a partir del 2011, y retomar la senda pro empresarial de los regímenes de Toledo y García.
Eventualmente, no vendría mal tampoco que se afinen los programas sociales y se tornen en un efectivo paliativo a la crisis mientras la economía no se calienta con la política proinversión señalada. Pero este gobierno no hace ni lo uno ni lo otro. Y así hay quienes quieren que dure hasta el 2026, en aras de una presunta estabilidad que solo va a dañar más el statu quo social, que mejorarlo.
