Pedro Castillo

5 de noviembre. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Palacio. Cuando llegue, se habrán cumplido cien días del nuevo gobierno y -si no sucede nada extraordinario- el presidente Pedro Castillo empezará a evaluar la gestión de sus ministros. Así lo indican fuentes de Perú Libre y del Ejecutivo consultadas por Sudaca. Esta medida es impulsada por el ala dura del partido oficialista, que capitanea Vladimir Cerrón, y habría sido aceptada por el jefe de Estado, en medio de las conocidas tensiones en el Gabinete. 

El rumbo de los cien primeros días del gobierno fue diseñado en el plan de la segunda vuelta, que se llama “Perú al bicentenario sin corrupción”. El documento contempla la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, nuevos impuestos a la minería, la masificación del gas natural, el retorno a las clases presenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el inicio de lo que llaman “la segunda reforma agraria”. 

La idea es que esta última propuesta sea lanzada el próximo 3 de octubre, para conmemorar el día en que empezó la dictadura de Juan Velasco Alvarado en 1968, aseguran fuentes palaciegas. Se trata de una medida polémica, por los malos recuerdos que le trae el régimen militar a la derecha y por la expropiación de tierras, aunque la reforma de Castillo se enfoca principalmente en reducir  la importación de alimentos. En lo político, el objetivo es confrontar a los adversarios del gobierno, que –según la lógica perulibrista– quieren imponerles la agenda. 

La decisión de estirar los cambios en el Gabinete hasta inicios de noviembre se da mientras Castillo y Cerrón han retomado una comunicación fluida por la vía telefónica, según una fuente de Perú Libre. Han vuelto a acercarse. Esto, luego de un encuentro cargado de tensión en la casa del ministro de Justicia el 21 de agosto pasado. Cerrón está actualmente en Junín, arrinconado por investigaciones fiscales entre las que hay un caso de lavado de activos y una acusación de presunto soborno.

Perú Libre también prepara con sus aliados una serie de propuestas sobre lo que hará el Ejecutivo tras los primeros cien días, según una fuente cercana a Vladimir Cerrón. Los principales dirigentes de estos grupos, como Álvaro Campana, de Nuevo Perú, y Roger Nájar, de Perú Libre, tienen reuniones para tal fin. También participan militantes del Frente Amplio. Estas organizaciones políticas conforman el denominado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene como fin apoyar al gobierno ante las críticas. 

Lenin Checco, dirigente del Frente Amplio, dice que su agrupación -hoy sin inscripción- conversa también con Perú Libre sobre una posible alianza de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo año. “Hemos tenido conversaciones preliminares con Perú Libre por la preocupación de ir en un solo frente y cómo afrontar los comicios del 2022”, dice. Los únicos partidos de izquierda con inscripción vigente son Perú Libre y Juntos Por el Perú. 

GOLPES Y CUCHILLOS

La aparente unidad de estas organizaciones contrasta con las fricciones dentro del Gabinete y en la bancada de Perú Libre. El canciller Óscar Maúrtua está en la mira del ala dura del partido desde que reemplazó a Héctor Béjar -recomendado de Cerrón- en Torre Tagle. Para los cerronistas, Maúrtua echó más leña al fuego al suscribir un nuevo convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

“Imperdonable que el Canciller (Maúrtua) renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria”, escribió en su Twitter el congresista Guillermo Bermejo. En medio de esos cuestionamientos, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien llegó al cargo en la breve gestión de Héctor Béjar, dijo que “la posición del Perú desde el 5 de enero es que no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. Esta declaración de Chávez, diplomático de carrera, desató la ira del primer ministro Guido Bellido, quien -ante la nula comunicación con el canciller- decidió responder con un tuit: 

El presidente Castillo también cuestionó en la interna la posición del vicecanciller, según fuentes de Palacio. El ministro de Salud, brazo derecho del mandatario, Hernando Cevallos, opinó en esa misma línea y dijo en RPP que las declaraciones de Luis Enrique Chávez fueron “absolutamente inadecuadas”. 

Pese a las divergencias con Maúrtua, en el partido del lápiz consideran que no sería conveniente pedir su cabeza. “No podemos tener dos cancilleres en dos meses”, dice una fuente. 

El vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, manzana de la discordia en el gobierno, en una actividad en Génova, Italia, en el 2017. Foto: Organización Internacional de Trabajo.

“La evaluación [de ministros] se da en cualquier momento”, apunta Bellido brevemente a Sudaca. Al ser consultado sobre la permanencia del Canciller, respondió: “Eso depende del presidente de la República”. 

El Consejo de Ministros también está fracturado ante los ataques que reciben los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) en medios recién salidos y afines a Perú Libre, como el diario “El Sombrero” y la revista “Marka”. A Torres le piden en un titular que “cierre el pico”, por haber cuestionado el rol de Cerrón en el gobierno, y a Francke lo acusan de “neoliberal” y de ser de la “oposición”. 

Betsy Chávez Chino, congresista de Perú Libre y que encabeza el bloque moderado en la bancada oficialista. Marca en la interna distancia con Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

Los ataques han motivado las quejas del bloque moderado de la bancada de Perú Libre, liderado por la parlamentaria Betssy Chávez, quien considera que la arremetida mediática responde a la influencia del ala dura del partido. La legisladora, según pudo conocer Sudaca, le ha pedido al presidente que “tome decisiones drásticas” respecto a las actitudes de Bellido. Es decir, que ejerza su liderazgo y no permita que el premier actúe sin consultar, desatando crisis políticas con sus intervenciones. Chávez considera que el mandatario “ha cedido muchos espacios” al ala dura de Perú Libre, de acuerdo a fuentes allegadas a la legisladora. 

“Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo. Pero gobernar es otra cosa”, dijo Castillo en su reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La crisis en el Consejo de Ministros es una prueba fehaciente de lo que dice el gobernante. 

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Consejo de ministros, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Guido bellido, Pedro Castillo, Premier, Primer ministro

Desde que llegaron al cargo, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido se han manifestado sobre la Sunedu. Tampoco se han reunido con sus autoridades. En cambio, el jefe del Gabinete sí ha sostenido dos reuniones con una institución que es férrea opositora a la Ley Universitaria.

Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio que reúne a 75 casas de estudio –públicas y privadas–, entre las que están varias no licenciadas por Sunedu. Algunas de ellas, según su Facebook institucional, son la Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y la tristemente célebre Alas Peruanas.

Según el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la primera reunión se dio el pasado 12 de agosto y duró más de una hora. Visitaron a Bellido, como representantes del gremio, su directora ejecutiva Ada Gallegos y Victor Raúl Aguilar, exrector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el alma mater del premier (que sí está licenciada). La segunda reunión fue cinco días después, pero allí acudió solo Aguilar.

Quisimos contactar a los involucrados para saber de qué hablaron, pero en la asociación nos negaron la entrevista. Lo mismo ocurrió en la PCM. En la Sunedu tampoco quisieron opinar sobre estos encuentros, aunque sí –como veremos más adelante– sobre los ataques que reciben desde el Congreso. Lo concreto es que, por años, la ASUP ha gestionado intereses –hecho lobby, en cristiano– de universidades que buscan petardear a la Sunedu. 

Las reuniones del premier Guido Bellido con representantes de la ASUP en agosto. Fuente: PCM.

El gremio surgió como una mutación de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada justamente por la Sunedu. Con su nueva identidad, desde el 2015, la asociación ha emitido diversos pronunciamientos cuestionando la efectividad de la reforma universitaria. 

Gallegos y Aguilar, de hecho, han sido dos de sus voceros más feroces. La primera, como directora ejecutiva de la ASUP, ha desfilado por diversos medios televisivos y radiales durante los últimos años criticando con ferocidad a la Sunedu.

A mediados del 2017, por citar un caso, Gallegos ya consideraba ineficiente la reforma universitaria. “La Ley Universitaria ha demostrado claramente que ha fracasado. La razón es que es inaplicable. Es una ley que está de espaldas a la realidad de la universidad peruana, en especial de las públicas”, declaró a RPP. A finales del 2018, Gallegos volvió a aparecer, esta vez en Exitosa, para atacar a la Ley Universitaria. “A lo largo de estos años, hubo un retroceso [en la calidad educativa] porque la visión se centró en regulaciones y eso nos ha sacado del foco que es la calidad”, aseguró. Más ejemplos, sobran. 

Por su parte, Víctor Raúl Aguilar fue, hasta su desaparición, el secretario ejecutivo de la ANR. El 2013, bajo dicho cargo, solicitó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma que engendró a la Sunedu. El informe legal fue elaborado por el abogado Anibal Quiroga. “Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y la calidad de la educación, no es necesario imponer una Sunedu”, se lee en la página 36 del documento.

Fue precisamente el CAL una de las instituciones que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria. En noviembre del 2015 el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el pedido. 

Aguilar ha respaldado a Guido Bellido desde que asumió el cargo de premier. El 31 de julio, el flamante premier compartió un pronunciamiento del exrector de la UNSAAC en su cuenta de Facebook y le agradeció su “solidaridad”. Bellido era blanco de críticas cada vez más fuertes sobre su designación.

Durante la campaña, Pedro Castillo habló de la Sunedu. “Hay muchas quejas por parte de la Sunedu. Vamos a revisar y corregir [su] accionar”, señaló. Las reuniones de la ASUP con Bellido se dan en un momento de políticas poco claras de su gobierno respecto a la reforma. 

“No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos [Castillo y Bellido] o de presentar nuestras acciones para que las conozcan. Por ahora, tenemos [reunión] solamente con el ministro del sector. Mañana [viernes 17 de setiembre] tenemos una reunión con él y le vamos a mencionar que estamos disponibles para ir a los altos niveles del Ejecutivo a prestarles toda la información”, aseguró el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, al programa de entrevistas matutinas de Sudaca. Mientras que a él le queda mostrar su disponibilidad, la ASUP ya conversa con el premier. 

 

Lo que cocina el Congreso

Aparte del Ejecutivo, la ASUP ya ha movido con éxito sus influencias en otros frentes. En una entrevista para Exitosa del 2018, Ada Gallegos dijo que tenían claro que “la decisión de modificar la ley [universitaria] está en el Congreso”. Hoy, desde el Parlamento ya se tejen hilos para atar de manos a la Sunedu. 

El pasado lunes 6 de septiembre, en la Comisión de Educación, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley que busca darle un plazo de emergencia de dos años a universidades privadas no licenciadas para que puedan subsanar sus deficiencias. En otras palabras: abrirles una oportunidad más a quienes no cumplieron estándares mínimos de calidad, a pesar de que han pasado 6 años desde que empezó la reforma.

Espinoza tuvo al menos tres reuniones con representantes de universidades en las últimas semanas. En su Facebook, el congresista anunció que recibió la visita de Gilmer Díaz Tello y Juan Rodríguez Ruiz, rectores de dos universidades chimbotanas: San Pedro y Católica Los Ángeles, respectivamente. El viernes de la semana pasada –después de presentar su proyecto– recibió a Miguel Ángel León, docente de la Universidad Peruana del Centro, según el registro de visitas de su despacho. Ninguna de las tres universidades tiene licencia y las dos chimbotanas aparecen como miembros -¿sorpresa?- de la ASUP.

“Lo que preocupa del proyecto del congresista es que pide que las universidades se presenten bajo el mismo modelo que desaprobaron. Eso no está bien porque la Ley Universitaria dice que las licencias son renovables. Es decir, hoy te licencias con el modelo A y dentro de 6 años será con el B, que probablemente sea más exigente. Eso se llama mejora continua”, explica Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, a Sudaca. 

“Otra cosa preocupante que dice es que la Sunedu no podrá hacer ninguna otra observación. Estaríamos limitados a abrirles la puerta y decirles que pasen no más”, agrega. La propuesta de Espinoza ya se encuentra en la lista de espera de la Comisión de Educación, presidida por el ultraconservador Esdras Medina. Para un informe previo de Sudaca, Medina había adelantado que solicitudes como la de Espinoza estaban pendientes en su grupo parlamentario. 

El último jueves Espinoza presentó un proyecto más: para permitir la creación de filiales de universidades públicas con licencia utilizando recursos del canon. Esta nueva iniciativa toma varios pasajes de un proyecto presentado por el excongresista del Frente Amplio, José Luis Ancalle, el 29 de diciembre del 2020. Tiene párrafos iguales o apenas parafraseados.

En la exposición de motivos, además, el esquema es muy parecido. Espinoza arranca describiendo la Ley Universitaria y a continuación coloca las cifras de entidades licenciadas. Lo mismo que había hecho Ancalle. El de AP usa los mismos cuadros que el del FA, pero con las cifras actualizadas. También coinciden cuando describen el déficit de filiales universitarias en distintas regiones “pese a que poseen recursos económicos como los del canon”.

Espinoza derivó a Sudaca con su asesor Yuri Pérez. Según este, “el hecho de que las normas a modificar coincidan con el proyecto de ley presentado por el ex congresista Ancalle resulta necesario” por tener objetivos similares. Además aseguró que “toda referencia estadística e informativa” está citada a pie de página. Sin embargo, ninguna nota al pie alude al antiguo proyecto del parlamentario de izquierda.

Nada indica que estos proyectos vayan a encontrar oposición dentro de la Comisión de Educación, que hace dos semanas creó un grupo de trabajo “para el seguimiento de los procesos de licenciamiento”. En la comisión se ha abierto un frente agresivo contra la Sunedu. Este último martes, los congresistas recibieron al superintendente Zegarra para que exponga los alcances de su trabajo. Lejos de ser una reunión amistosa, le lanzaron varios dardos luego de escuchar su exposición.

El legislador de Perú Libre Alex Paredes pidió un informe detallado del número total de trabajadores, consultorías, órdenes de servicios y gastos en publicidad de la Sunedu. Y lanzó una frase que puede ser interpretada como una declaración de guerra: “El interés de esta comisión es pecar de acción, pero no de omisión”. 

Por su parte, la fujimorista Tania Ramírez, que dirigirá el grupo de trabajo que hará “seguimiento” al licenciamiento, dejó registro de su enredada visión de la reforma universitaria. La educación universitaria después del licenciamiento está acentuando su carácter oligopólico, donde la calidad del servicio se mide en función a la ineficiencia del gasto en la universidad pública disfrazada de su selectividad”, manifestó la legisladora fujimorista. No sabemos si alguien la entendió.

Parte de la presentación del superintendente de la Sunedu ante la Comisión de Educación del Congreso el último martes.

“Preocupa mucho que cambien los congresos, pero se sigan reavivando algunos señalamientos que ya fueron investigados por el Parlamento. La Sunedu existe desde el 2015 y desde entonces han formado cuatro comisiones investigadoras. Han cuestionado las órdenes de servicio, los trabajadores, las consultorías y los gastos de publicidad. Ninguna de esas comisiones ha encontrado alguna irregularidad”, afirma Joseph Dager, secretario general del ente supervisor.  

Según el funcionario, ahora la institución está en una “segunda etapa”, donde evaluarán a las universidades denegadas que quieran volver a licenciarse. Además, en dos años, volverán a revisar a todas las casas de estudio bajo mayores exigencias. No hay duda de que la Sunedu seguirá siendo un tema caliente en este quinquenio.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Guido bellido, Pedro Castillo, SUNEDU

Todos los días de lunes a viernes “Si el Río suena” con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 10. La especialista en derecho parlamentario Milagros Campos explicó que el rechazo de la suspensión de las elecciones primarias para el 2022 permitirá el fortalecimiento de los partidos políticos y será la primera vez que se aplique la paridad y alternancia. Campos también aseguró que estas serán obligatorias para todos los ciudadanos. Además, el analista político Juan Carlos Tafur analizó los resultados de la última encuesta de Datum sobre la gestión del presidente Pedro Castillo y su gabinete.

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Lima – Perú

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Datum, Milagros Campos, Pedro Castillo

Mientras la derecha o el centro no logren capitalizar una votación importante en las zonas andinas del país, es improbable que se alcen con el triunfo electoral en el futuro o, si lo logran, probablemente sea con un nivel de contestación en esa zona del país que prontamente generaría cuotas de ingobernabilidad.

Hoy vemos que a pesar de los groseros errores cometidos por el gobierno, la cuestionada designación de un Premier impresentable como Bellido, la rechazada presencia dominante de Vladimir Cerrón, la impugnada cercanía de elementos vinculados a Sendero Luminoso, las designaciones cuestionadas de funcionarios públicos, la profusión de ministros incompetentes y un Presidente dubitativo, indeciso e inaparente, las zonas andinas del país le siguen brindando su respaldo.

Según Ipsos, si bien en Lima desaprueba al gobierno el 62%, en el centro lo aprueba el 49% y en el sur el 57%. Según Datum, en Lima lo aprueba apenas el 29%, pero en el centro el 55% y en el sur el 58%. Datum pregunta también sobre la percepción de la capacidad de Castillo para gobernar: en Lima solo el 22% estima que está capacitado, en el centro lo cree el 45% y en el sur el 49%. Para CPI, el 62.4% de Lima desaprueba a Castillo, pero en la sierra y centro sur lo respalda la abrumadora cifra del 64.4%.

Por cierto, Castillo no es que haya hecho nada en particular para conquistar tamaños niveles de aprobación en esas regiones del país. Es la inercia del voto de la segunda vuelta (donde, inclusive, obtuvo cifras más altas de votación: el centro político de las zonas andinas parece haberse ido desprendiendo del respaldo al Presidente), pero pesan también razones identitarias que la derecha parece incapaz de responder o contestar.

Sociológicamente hablando, regiones como Puno o Junín ya dejaron de ser predominantemente agrarias para pasar a ser eminentemente comerciales. Son poblaciones comerciantes, capitalistas, negociantes, y si se pudiese establecer una correlación entre la actividad económica y la perspectiva ideológica deberían inclinarse mayoritariamente por la derecha antes que por la izquierda, como suelen hacer.

A la postre, cuando el desarrollo económico genere en las zonas andinas peruanas los mismos niveles de integración a los beneficios del mercado que se ven en el resto del país, ese fenómeno de derechización ocurrirá (véase, por ello, la votación de las zonas populares de Lima y la costa norte), pero mientras ello no ocurra, la derecha tiene allí un desafío político que afrontar. No tendrá viabilidad electoral futura si no hace suyo el mundo andino.

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andino, Pedro Castillo, sociología

Ministra, ¿qué opina de que el Foro de Mujeres del Mercosur, una ONG que lucha por “lograr la igualdad de género”, le haya dado un reconocimiento a Guido Bellido por su compromiso de trabajar para todas y todos los peruanos?

En primer lugar, decir que las noticias se tergiversan de una forma bastante cuestionable. Tal como la presentan tanto RPP como Canal N era “Guido Bellido, reconocimiento por su trabajo a favor de la mujer”. Cuando vi esto dije: ¿de dónde salió este reconocimiento? En ningún punto dice que sea un reconocimiento a favor de la mujer. Hay una preocupación legítima por las acusaciones sobre hostigamiento que le han hecho al premier, que se tendrán que investigar y esclarecer, y no solo por el premier, sino por otras autoridades. Tenemos otros congresistas que también han sido cuestionados. Tenemos una serie de autoridades con estos cuestionamientos sobre su machismo estructural, pero no podemos caer en este tipo de tergiversación.

Lo concreto es que la ONG se dedica a la lucha por la igualdad de género.

No estoy al tanto de todas las ONG, es legítimo, ellos verán. Hay que respetar a la sociedad civil.

Es que suena a ironía.

[La ministra guarda silencio].

¿Cree al menos que ha sido espontáneo el reconocimiento, luego de todas las acusaciones contra Bellido?

Mira, yo respeto a la sociedad civil. Respeto la división de poderes, no puedo prohibir a ninguna asociación hacer lo que ha decidido hacer. Solo digo que no se sobredimensione, ni se tergiversen las legítimas luchas de las mujeres por tener una vida libre de violencia, sin acoso ni hostigamiento.

¿Ha leído los posts del premier que han salido la última semana?

No.

Algunos son recientes. Los tengo acá.

Casi no leo Facebook. Me imagino lo que dicen, he escuchado comentarios.

Y a raíz de lo que ha escuchado, ¿le parecen condenables?

Sé que estas últimas semanas han estado sacando posts pasados de distintas autoridades, no solo del premier. Creo que estamos en un momento en que ya estamos en el gobierno. Espero que esto no se repita. No he revisado los posts del 2012, 2019, de una persona que en ese momento no era una autoridad. Yo quisiera que el debate se centre en la política, en lo que queremos emprender como gestión. Y no en el rebusque del Facebook del 2012, porque eso empobrece el trabajo que queremos hacer y el debate político.

Pero si queremos hablar de política, tenemos que hablar del líder de esa política. Y el líder de este equipo es el señor Guido Bellido.

Es el señor Guido Bellido de ahora, no del 2012 o 2013.

¿Le cree a Patricia Chirinos [quien acusa al premier de haberle dicho “ahora solo falta que te violen”]?

Es que este no es un acto de fe mío, de que yo crea o no. Es un tema muy grave que se tiene que investigar y esclarecer.

¿En este caso no juega un papel el lema “yo te creo”, que ha sido importante en el activismo mundial?

No estoy diciendo que no sea importante. Lo que digo es que hay que esclarecer toda denuncia. No solo la de la congresista Chirinos.

Entonces, ¿la presunción de inocencia debe ser la regla ante estas denuncias?

Yo estoy diciendo que debe de investigarse, esclarecerse y sancionarse de ser el caso.

Insisto porque hubo muchas críticas en redes sociales a su reacción luego de este episodio. Algunas personas, incluso feministas, señalaban que no hubo una condena tajante contra Bellido, como sí lo ha hecho la izquierda en casos anteriores.

No. El ministerio en un primer momento sacó una reacción que, me parece, fue oportuna. Que las cosas no se digan en los términos que quieren determinadas periodistas o personas no quiere decir que no se digan. Creo que ahí no hay mucha vuelta que darle. La reacción fue tajante y en su momento.

Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando denunciaron a Lescano por acoso, usted señaló en un tuit: “Lescano es un adulto y se comportó como un acosador cualquiera”. Eso es una condena mucho más tajante.

Pero ahí teníamos el chat de quien lo acusaba. Lo mismo con Mamani, teníamos cosas…

Del señor Mamani teníamos una denuncia de parte.

Parece que había más cosas que esa. Y luego se burló con lo de la “mano zas”. Pongamos en su real dimensión las denuncias.

Usted pidió en el caso de Mamani: “Esperemos que sea desaforado de inmediato”.

Y lo blindaron las mismas señoras que ahora salen con ‘Ni Una Menos’. No usemos, y te lo pido a ti también, la justa demanda de las mujeres por una vida libre, sin acoso político, sin hostigamiento para poder ejercer sus derechos… No instrumentalizarlas [las denuncias], ni tergiversarlas ni minimizarlas.

anahí twitter
Noviembre del 2018. Durand pidió que el entonces congresista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos, sea desaforado de inmediato.

¿No considera entonces que hay una contradicción entre los tuits que le he leído y el comunicado que ha sacado sobre el caso Bellido?

No, ¿por qué? En absoluto.

Ministra, luego de este incidente ha planteado que todo funcionario de alto nivel pase por un curso de inducción…

Esto no es a raíz del incidente. Es algo que ya habíamos planteado. Ya habíamos conversado. Y eso se basa en evidencia internacional. En Argentina está la Ley Micaela, por ejemplo, que plantea que los altos funcionarios y los servidores públicos puedan pasar obligatoriamente por estos cursos de inducción.

¿Cómo ha tomado esa iniciativa el señor Bellido?

Tengo todo el respaldo del Gabinete y del presidente.

A quienes no les debe haber gustado mucho es a los ministros que han sido denunciados por violencia psicológica, maltrato físico. Hablo de los señores Rubén Ramírez y Juan Silva. ¿Ha podido hablar con ellos sobre estos casos?

Por supuesto, esto se está discutiendo en Consejo de Ministros y lo vamos a presentar ahí para que tenga rango de ley. Para que no sea solo en este Gabinete, sino en todos los gabinetes a futuro.

¿Pero ha hablado con ellos de las denuncias que han tenido?

El tema está planteado, el curso se va a dar, vamos a seguir trabajando en ello. Quien tiene que hablar de las denuncias… Creo que ahí hay un tema que es otra parte de lo que hemos afirmado, que es el padrón de agresores.

¿No cree que hay un patrón de violencia entre sus colegas? Ramírez, por ejemplo, tiene dos denuncias.

Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en soluciones que vayan a la raíz, de mediano, corto y largo plazo, que abarquen a la totalidad del sistema público más allá de una persona u otra. Y en esa línea estamos trabajando.

Ministra, ¿se siente cómoda en el Gabinete?

Por supuesto. Si no, no estaría aquí.

Hace unos días, César Hildebrandt tuvo palabras muy duras contra usted. Escribió en su columna que “se tuvo que tragar el sapo de seguir aceptando el liderazgo de Guido Bellido. La señora Durand apostó por el sueldo, la circulina y el resguardo”. ¿Es así? ¿Apostó usted por el sueldo?

Mira, yo tengo mi sueldo, siempre me he ganado la vida trabajando desde los 18 años. Me dio un poco de pena porque, por ejemplo, mi mamá lee a Hildebrandt. A mí, la verdad, me parecía bastante reaccionario hace bastante tiempo. De hecho, en la campaña atacó mucho a Verónika Mendoza. Yo diría incluso que con ciertos toques de misoginia. Pero en fin, las opiniones son las opiniones. Se respetan. Yo no la comparto. Me pareció bastante lamentable esa declaración.

¿No fue muy acrítica usted al momento de asumir su cartera? Hoy [viernes 10 de setiembre] Carlos León Moya recordó en su columna que Pedro Francke tomó distancia cuando Castillo nombró a Bellido como premier. Dice León Moya: “utilizó su poca influencia política para torcerle un poco el brazo al presidente y al presidente del Consejo de Ministros. Por otro lado, Anahí Durand juramentó sin mayores conflictos ni pedidos”.

Bueno, esa es la imaginación de Carlos León Moya. ¿Cómo sabe lo que yo hice? Me encanta su imaginación. A veces lo leo en sus columnas.

¿Qué hizo usted?

Yo juramenté como parte de un compromiso, del compromiso con una política a seguir. No juramenté para hacer lo que a mí me diera la gana, ni lo que le diera la gana al premier o al presidente. Estamos hablando de un compromiso de Estado. Tenemos un compromiso político con Perú Libre, con el presidente y una agenda política que estamos llevando adelante. Creo que la imaginación de los opinólogos ha estado muy en boga últimamente, pero hay que empezar a hacer análisis político sobre lo que se va trabajando desde el Estado.

No hizo pedidos ni puso condiciones, entonces.

Yo no trabajo sobre pedidos y condiciones. Trabajamos bajo un programa conjunto, que es el Plan Bicentenario, donde está bien claro y afirmado el derecho de las mujeres y la lucha contra todo tipo de discriminación.

Ministra, le leo un tuit: “La solución al problema de la mujer no pasa por hacerla depositaria de la lástima o lograr normas proteccionistas, sino por reconocerle sus derechos y posición económico social en el modelo de producción que se desenvuelve”.

Tú te has leído todos los tuits. Has chismeado todos los tuits habidos y por haber. Ese es de Cerrón.

¿Está de acuerdo con esta interpretación?

Es su opinión.

¿Pero está de acuerdo?

Es su opinión. No puedo opinar sobre eso.

Hace una semana publicamos una crónica sobre los dos ministros a los que Bellido les pidió su renuncia y que le dijeron que no. La titulamos “El premier al que nadie le hace caso”. ¿Le parece una descripción acertada?

No, para nada. Estamos trabajando coordinadamente con el presidente y con el premier.

¿Usted le responde a él o al presidente Castillo?

Los ministros responden en primera instancia al presidente y luego al premier. Lo dice la Constitución.

Pero usted responde más al presidente, tengo la intuición.

Estamos trabajando coordinadamente.

Ministra, se acaba de estrenar un documental en YouTube llamado “Peruanas del Bicentenario”. Mirtha Vásquez, por ejemplo, dice que sus congresistas no la llamaban presidenta, que socavaron su poder tildándola de “generala”, de “dictadora”. Marianella Ledesma contó que cuando asumió la vicepresidencia del TC, le dijeron que debía ocuparse del cafetín. ¿Ha vivido usted una experiencia similar en estos meses?

En estos meses no. La he vivido desde que salí de la universidad. Yo he sido asesora de la PCM y he tenido que lidiar con ministros. También he sido directora en el Ministerio de Cultura y asesora en el Minedu. Siempre he tenido que lidiar con ese tipo de cosas: que te digan mamita, cómo has venido vestida, qué linda te pusiste hoy. No es de este Gabinete. Y ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que existía el machismo y el acoso, empezando por ciertos sectores de la prensa. A mí esto me fastidia porque estoy en política desde los 18 y en la gestión estatal desde los 30, que acabé la maestría. Siempre he pasado por eso. Entonces, no nos hagamos los sorprendidos, trabajemos en cuestiones de fondo y tratemos de salir adelante con este tema.

El pasado 7 de setiembre se instaló la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. (Foto: Ministerio de la Mujer).

Hablemos de las políticas de su cartera. La Defensoría advirtió que más de 3,400 niñas, adolescentes y mujeres fueron reportadas como desaparecidas entre enero y julio. El 2019, se registraron 168 feminicidios y el 2020, 132. ¿Qué está proponiendo?

Estamos muy preocupados por el tema. La pandemia ha agravado esta situación. Hemos tenido ya un par de reuniones con el ministro del Interior, porque es un tema de la Policía, sobre todo. Y responde a dos cosas: por un lado, la trata de personas, para fines laborales o de explotación sexual. Por otro lado, el tema ligado a la violencia. Lo que sabemos es que más o menos el 20% de personas desaparecidas, luego se revela que han sido víctimas de feminicidio. Se está tratando de implementar la mesa de desaparecidas y viendo cómo se puede ajustar al sistema para no llegar tarde. Hay casos emblemáticos sobre los que se puede trabajar, como el de Solsiret Rodríguez. Un ejemplo de cómo pudieron encontrarse los restos de una persona desaparecida hace cuatro años, con un poco de empuje del sistema judicial, de la Policía y fiscalía.

Recientemente se ha inaugurado la Comisión nacional de alto nivel para la igualdad de género, donde se verán políticas multisectoriales para acabar con estos problemas. ¿Qué asegura que no sea otra comisión de nombre rimbombante que solo sirva para que los funcionarios compartan el coffee break?

En esta comisión no se toma coffee break, porque además estamos en pandemia. Es una comisión que tiene un mandato muy concreto: supervisar que la igualdad de género esté al nivel de los servicios. Son 52 servicios, de 12 instancias del Estado, que tienen que ser supervisadas anualmente para que estén incorporando la igualdad de género. Y en esa línea es que tienen que responder sobre lo que están avanzando.

Sobre los niños y adolescentes que han quedado huérfanos por la pandemia, ¿qué medidas se están adoptando?

Esa es una preocupación que ojalá llamara más la atención que distintos temas y tuits que circulan. Pero bueno, se agradece la pregunta. Espero que ahí haya más consenso nacional, en vez de estar rebuscando Facebook y Twitter. Hay 98.000 niños huérfanos. Estamos proponiendo dos cosas concretas: por un lado, ampliar para poblaciones vulnerables la pensión nacional de orfandad, porque no todos han reportado que efectivamente la muerte fue por Covid-19. Y estamos implantando una estrategia para impulsar el proceso de adopción, porque los niños necesitan estar con una familia. La vamos a presentar el miércoles en Consejo de Ministros.

Para terminar, ministra, las fuerzas oficialistas y opositoras ya han sacado a relucir las armas de la vacancia y el cierre del Congreso. ¿Hay algún motivo para pensar que estos cinco años van a acabar bien?

Creo que hay un sector de la oposición que sigue viviendo la resaca de la segunda vuelta, que es claramente golpista, que no tiene problema en decir que se puede llevar a cabo una vacancia. Espero que ese sector quede aislado y que lo que prime sea el respeto a las reglas de juego democráticas. A nadie le conviene un proceso de vacancia, de cierre de Congreso. Estamos en una crisis social. Somos el país que tiene más huérfanos en el mundo, eso debería decirnos algo. Somos uno de los países más afectados por la pandemia. Creo que es el momento de dejar trabajar.

Y que le deje de preguntar por tuits.

Pues sí, parece que te gusta revisar Twitter.

 

Foto de portada: Ministerio de la Mujer.

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anahí durand, Covid-19, Guido bellido, Patricia Chirinos, Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo mantiene una línea abierta de comunicación con Ollanta Humala, de acuerdo a fuentes del entorno de ambos consultadas por Sudaca. En los últimos cuatro meses, el jefe de Estado se ha contactado con el líder nacionalista -al menos- en tres ocasiones, para pedirle consejos sobre cómo actuar en la segunda vuelta, cómo responder ante las acusaciones de fraude de la oposición y, en la última semana, para abordar soluciones al tema del gas en su primer mensaje a la Nación.

Las comunicaciones no se traducen aún en un pacto político, pero Humala -quien sacó solo 1,3% en la última elección y perdió la inscripción de su partido- ha mostrado públicamente su interés por apoyar a Castillo. “Hay que ayudarlo al presidente. El único en el gobierno que ha sido electo es él y hay que ayudarlo a que lo haga bien porque de eso depende nuestro futuro”, dijo en una entrevista en RPP el 19 de agosto.

El contacto entre Humala y Castillo empezó al inicio de la segunda vuelta, en abril pasado. En el entorno humalista cuentan que el exrondero fue el primero en coger el teléfono para pedirle consejos y que le detalle su experiencia en el balotaje contra Keiko Fujimori del 2011. 

La segunda llamada se produjo a finales de junio, en medio de las acusaciones de fraude de la oposición. “El señor Pedro Castillo llamó al expresidente Humala para que le aconseje cómo actuar en la segunda vuelta y también para saber qué opinaba de las acusaciones de fraude y que debía hacer ante ello. El expresidente Humala le pidió tener prudencia”, confirma una fuente que trabaja con el líder nacionalista.

La tercera comunicación se dio la semana pasada, de acuerdo a fuentes cercanas a ambos personajes. Castillo levantó el teléfono para pedirle a Humala su opinión sobre el alza indiscriminada del precio del balón de gas. Humala ofreció en campaña reincorporar el gas licuado de petróleo al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles para frenar el encarecimiento del producto. Esta iniciativa fue asumida por el presidente en su último mensaje, con el precio del balón de gas por las nubes, pues supera en algunos casos los S/70.

Ollanta Humala realiza un mitin en el distrito de Colcamar, región Amazonas, en la última campaña electoral, en enero pasado. Foto: Partido Nacionalista.

Una posible alianza entre Castillo y Humala puede abrir grietas en la relación con dos pesos pesados que son aliados del gobierno: Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza. Humala es resistido públicamente tanto por el líder de Perú Libre como por la excandidata presidencial. La izquierda lo ve como un traidor porque considera que el expresidente se alineó con los intereses de los grupos de poder en su gobierno. 

Humala ya ha asestado golpes mediáticos en esta pugna con la izquierda. El 4 de agosto pasado, en una entrevista con “Canal N”, dijo que los integrantes de la izquierda “podrían hablar diez horas, sin cansarse, de temas ideales y no son capaces de construir un puente”. “Esa gente ya está con el chip de la oposición”, añadió.

El 20 de agosto, Vladimir Cerrón mostró su animadversión al líder nacionalista en su cuenta de Twitter: “Expresidente Ollanta Humala al mencionar que Guido Bellido no es el premier ideal, está invitando indirectamente al Gobierno a su claudicante e histórica ‘hoja de ruta’”. Cerrón cuestionó así que, en las elecciones del 2011, Humala haya cambiado su plan de gobierno inicial, que también promovía una Asamblea Constituyente, por uno más moderado para ganarle en segunda vuelta a Keiko Fujimori.

Pero eso no parece importarle al actual presidente. Pedro Castillo quiere tejer una red de apoyo con otros líderes políticos, entre los que se encuentra Humala.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre y brazo derecho del profesor, dice que Castillo ha anunciado en la interna el inicio de una ronda de conversaciones con líderes políticos. Castillo informó de esta iniciativa en la reunión que tuvo con integrantes de bancada oficialista el lunes 6 de septiembre por la noche. “Los están convocando para darle pluralidad al gobierno”, dice Tello.

El legislador puso como ejemplo la reunión que tuvo Castillo con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, y congresistas de esa agrupación, el 7 de septiembre pasado. Acuña, a diferencia de Humala, cuenta con una bancada que puede ser determinante para aprobar o echar por la borda las políticas de gobierno.

Ollanta Humala no quiso pronunciarse sobre las llamadas que reseñamos en esta crónica. Antes ha negado ser consejero o asesor del profesor cajamarquino cuando fue señalado como intermediario de la reunión entre Alonso Segura, exministro de Economía de su gobierno, y Castillo. El encuentro se dio en julio pasado, cuando aún no se habían repartido los cargos.

En cambio, Castillo ya ha estado ligado a la familia Humala en los últimos meses. En la campaña electoral ofreció indultar a Antauro Humala, preso por el Andahuaylazo. Los hermanos Antauro y Ollanta rompieron palitos en el 2011, cuando el primero lo acusó de traidor por cambiar de plan de gobierno entre la primera y segunda vuelta en la campaña electoral de aquel año. Los seguidores del líder etnocacerista resguardaban a Castillo en sus actividades proselitistas en medio del tumulto y el desorden. Ahora es el otro Humala el que se acerca al hombre del sombrero.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Ollanta Humala, Pedro Castillo

La llegada del nuevo gobierno coincidió con un aumento inédito de los precios de los combustibles que ha llegado incluso a afectar la canasta básica familiar. Algunos no dudaron en responsabilizar directamente a Pedro Castillo del alza. Y aunque la incertidumbre política y la indecisión en materia económica juegan un papel, hay otros factores más determinantes como el precio internacional del petróleo y una reciente norma del Minem que fija la totalidad del GLP consumido en el país a precios de importación.

Empecemos por el fluctuante mercado internacional. El petróleo no la pasó bien el año pasado y hoy se recupera al alza con la “nueva normalidad”. Tras las primeras restricciones a las que nos llevó la pandemia, la demanda se redujo notoriamente. En abril del 2020 se reportó una caída histórica de 305% en el precio del barril de petróleo, de acuerdo al Intermediario del Oeste de Texas (WTI), uno de los referentes para la fijación de precios de este combustible. Y de acuerdo a BP, empresa británica que estudia el sector hidrocarburos, el consumo de energía primaria cayó 4.5% el 2020, su descenso más escandaloso desde 1945.

El dato no es menor. El petróleo es la fuente de energía más utilizada del planeta. También se emplea para elaborar desde plásticos hasta jabones y detergentes. De sus derivados, además, surgen el diésel que consumen los vehículos y el GLP de uso común en las cocinas de los peruanos. En otros casos, el GLP se produce a partir del gas natural. 

Hoy, ya sin tanto confinamiento y una demanda activa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –otro de los entes que influyen en el mercado petrolero– fija el valor de este hidrocarburo en $71.19 dólares el barril. Antes de la pandemia, en el 2019, su costo era de aproximadamente $66. A fines del año pasado alcanzaba los $49.

El cambio brusco de la oferta y demanda entre un año y otro es inaudito, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro. “Se trata de una situación que no había ocurrido antes, donde factores como los precios del dólar y el valor del petróleo internacional han subido [por la demanda]”, explica.

Precisamente, según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, el tipo de cambio del dólar –que se mantiene por encima de los S/4, en parte como consecuencia de la incertidumbre política– hace al caso peruano más especial. El Perú es un país importador de este insumo, lo que hace que necesitemos más soles para adquirir los dólares que nos permiten traerlo.

“La fluctuación del precio del petróleo internacional siempre ha existido. Ahora está fuera de control. En América Latina no somos los únicos que toman medidas. En Perú, el efecto es doble. Tenemos encima la depreciación del sol. Los países que no son fuertes son muy inestables cuando hay problemas políticos”, asegura. 

Este cóctel de factores internos y externos genera un efecto dominó sobre varios otros insumos, incluidos los que componen la canasta básica familiar. Al subir los combustibles, el precio del resto de productos suele aumentar porque cuesta más transportarlos. Eso se traslada al consumidor.

El yacimiento de Camisea. El lugar donde se produce el GLP del Perú. Foto: Andina.

“La subida del combustible, en el caso del transporte de carga con diésel, afecta nuestros costos operativos. O sea, todo lo que tengo que sumar para hacer un viaje, incluyendo peajes, el pago al chofer y la planilla. El combustible hoy bordea el 49%, casi la mitad de esos gastos totales”, explica Geovani Diez, presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú y América (GTL). El empresario no descarta subir sus precios: “Nosotros, pensando en el país y la pandemia, no hemos regulado nuestros precios, pero vamos a tener que hacerlo porque estamos trabajando en pérdida”. 

Esta misma estrategia la podrían aplicar otros agentes de movilidad como los taxistas. Finalmente, los que pagarán los platos rotos terminan siendo los consumidores finales, últimos en la cadena de producción, que ya empiezan ajustar los bolsillos cada fin de mes.

El pasado lunes, en una nueva actualización, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) aseguró que productos como la gasolina de 90 disminuyeron solo 14 centavos: S/14.75 por galón en Petroperú y S/14,74 en Repsol. A inicios de año costaba S/10.44. Una tendencia similar ocurrió en otros derivados del petróleo como los gasoholes, a excepción del GLP que subió S/0,224 por kilo. 

Precisamente sobre el precio del GLP hay otro factor a considerar. El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas actualizó los mecanismos para determinar los precios de los combustibles, incluyendo al petróleo, diésel y GLP de Camisea. En la norma el ministerio “recomienda el uso de las equivalencias del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso del GLP, los marcadores del mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos”. En cristiano, el precio de referencia lo marca esta ciudad norteamericana.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, lo explica de la siguiente manera: “Ese es el precio de referencia internacional para el GLP y otros combustibles en la Costa del Golfo. Es como la bolsa del GLP. Así, se simula que se trae [el GLP] desde allá hasta el Callao, pasando por el Canal de Panamá. Es el precio de Mont Belvieu más todo ese transporte, los seguros, el paso del Canal de Panamá hacia el Callao. Así se forma el precio de importación”. 

Lo novedoso no es que se fije el precio de acuerdo a mercados internacionales, sino que en esta ocasión no hay una diferenciación entre el precio de importación y el que provee para uso interno. La norma anterior, del 2011, sí hacía esa precisión, considerando que la producción nacional era mayor. Es decir, la actual normativa equipara el precio del GLP de Camisea al que viene del extranjero. 

“Nosotros consumimos 63,000 barriles diarios de GLP. De ese total, el 80% es nacional a través de Camisea, el único productor. Ese es el detalle: los peruanos estamos pagando un GLP como si se trajese desde la costa del Golfo, que solo representa un 20%, como si fuera el 100%”, asegura el geólogo.

Sin embargo, para Carlos Herrera, el gobierno de Sagasti se vio obligado a hacer este cambio, porque el Perú poco a poco se vuelve más importador que exportador de GLP. “Era reconocer una realidad económica. Hemos dejado de ser exportadores hace más o menos tres años, porque Camisea va declinando y la demanda crece enormemente. Si la demanda crece y la producción declina pasamos a ser importadores”, puntualiza el ingeniero.

El último reporte de la plataforma Facilito –que presenta las actualizaciones de los precios de los combustibles– del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señala que el costo de un balón de gas de 10 kilos alcanza los S/65 en distritos limeños como Lince. En otras regiones del país bordea los S/70. 

La diferencia existe por el costo del transporte que, en algunas zonas, implica cruzar ríos o caminos poco accesibles. “En el caso de las provincias es por el valor de transporte. Alrededor de Camisea puede estar a 75 soles. En la selva se ha dicho que estaría por encima de 100 debido al transporte fluvial. Son casos particulares”, sostiene Aurelio Ochoa. 

 

El plan del lápiz

Como en otros temas urgentes, el nuevo gobierno se tomó un tiempo para presentar soluciones. A finales de agosto, el presidente Castillo anunció que habría “sorpresas” respecto a los precios del gas. No fue hasta el último lunes que por fin hubo novedades. 

Pedro Castillo refrendó un decreto supremo para reincorporar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Se trata de un subsidio que busca evitar que el alza del petróleo y sus derivados afecte a los consumidores insertando dinero directamente del fisco.

Pero hay sospechas de que la medida fracasará. El GLP ya formó parte del fondo desde su creación en el 2004 hasta abril del año pasado cuando, a inicios de la pandemia, el Minem lo retiró. ¿La razón? Se había creado un mercado informal. Malos comerciantes adquirían el gas envasado al precio subsidiado, pero lo vendían a un precio mayor en una presentación a granel, generalmente a hoteles, restaurantes y grifos, distorsionando el mercado.

La medida tiene varios detractores, empezando por Osinergmin. A finales de agosto, Jaime Mendoza, presidente de la institución, sustentó frente a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que la restitución del producto al fondo no sería eficaz para reducir los precios del GLP y que además podría generar costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Además, como respuesta a un pedido de información que solicitó Sudaca, el organismo asegura que, entre el 2016 y 2020, presentó más de 10 oficios al Minem evaluando la pertinencia de que el FEDC incluya al GLP.

“La voluntad del gobierno ha sido buscar soluciones, pero el FEDC no es la adecuada porque es una especie de subsidio ciego que no diferencia entre el que vive en San Isidro o Chumbivilcas. Eso es preocupante, porque la caja fiscal no tiene muchos recursos”, asegura Aurelio Ochoa, el expresidente de Perupetro.

A inicios de septiembre Héctor Plate, presidente de Opecu, ya había manifestado su rechazo a la inclusión del GLP al fondo. “La inclusión del GLP Envasado en el Fondo de Estabilización tuvo un costo fiscal sobre S/2.700 millones pagados a productores e importadores, así, sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron S/1.200 millones en exceso por este producto”, señaló el directivo en una comunicación oficial. 

Como solución, Osinergmin había recomendado al Minem la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este sistema de compensación brinda un subsidio de S/20 a las familias más vulnerables del país que se ven afectadas por la volatilidad del precio del GLP. Con la extensión, este último organismo proyectaba que 1,8 millones de hogares serían beneficiados. 

 

Las propuestas para el corto y largo plazo que Osinergmin ha sugerido al Minem para mejorar la situación del sector hidrocarburos del país.

Además, la institución también ha recomendado reemplazar el uso del GLP con energía eléctrica sostenible, ya que este recurso sería más económico con un potencial de ahorro del 50% comparado al costo actual del balón de gas.

Esta propuesta forma parte de un paquete de alternativas que Osinergmin ha ofrecido al Minem para el corto y mediano plazo en gobiernos anteriores. Pero Castillo no ha escuchado por el momento. Lo concreto es que las soluciones son esperadas por el consumidor en el corto plazo. Veremos si la “sorpresa” alivia sus bolsillos.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo. 

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