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Uno de los efectos colaterales de la parcial reforma política que se desplegó durante la gestión de Vizcarra fue que, al restringir el financiamiento electoral de las empresas formales, no es que haya producido una sequía de liquidez en los candidatos, sino que los mismos se han terminado acercando a fuentes ilegales de financiamiento (mafias del transporte, narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de madera y demás) que, luego, como suele ocurrir, piden su correspondiente contraprestación.
Lo acabamos de ver con la protección que el Congreso le ha brindado a la mafia del transporte, la que mueve millones de dólares informalmente y necesita protección política para sobrellevar su irregular y dañina actividad. Como se ha visto, sus financiados le han devuelto el favor, al sabotear la interpelación al ministro de Transportes, que les había prometido todas las gollerías habidas y por haber, incluyendo las cabezas de las principales autoridades que desarrollan la reforma del transporte.
Y el problema se da no cuando hablamos del poder expresado en el gobierno central o en el Parlamento, sino cuando descendemos en la escala del poder y llegamos a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Todos, o casi todos, son financiados por fuentes ilegales provenientes de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico, en las zonas donde esta actividad delictiva necesita alguna sombrilla protectora para la siembra, distribución o comercialización de la droga.
Luego, como consecuencia de ello, tenemos autoridades funcionales a los dineros ilícitos, corruptas de origen, prestas a cualquier presión o enjuague que se les solicite por parte de sus financistas.
Así, paulatinamente, el Perú se acerca a convertirse en un narco Estado o un Estado mafioso, sujeto a los intereses de actividades que mueven miles de millones de dólares delictivos, que destruyen la economía empresarial sana y generan un masivo proceso de lavado de activos que perturba hasta al propio sector financiero.
Es menester que las autoridades electorales pongan especial celo en supervisar las cuentas partidarias y las fuentes de financiamiento de los partidos que postulan. Y especial atención debe colocar la Unidad de Inteligencia Financiera ante las muestras evidentes de que acá se está lavando dinero con política sucia contaminando los poderes democráticos.
En el último año y medio, cuatro indígenas kakataibo, asentados en la frontera de Huánuco y Ucayali, han sido asesinados a balazos. Mayor es el número de los que están amenazados. Herlin Odicio (35), cabeza de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), responsabiliza a forasteros y falsos líderes indígenas de ser los responsables. Según Odicio, han venido tomando posesión de sus tierras para instalar cultivos ilegales de hoja de coca, plantas de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas. Le ha pedido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que no se frene la erradicación.
Señor Odicio, vive usted en la clandestinidad. ¿Cómo llegó a eso?
El 5 febrero [de este año] asesinaron a Yenser Ríos, de la comunidad de Puerto Nuevo, en Ucayali. El 23 de febrero, asesinaron a Herasmo García. Luego recibí un mensaje de texto que decía que vivo o muerto me iban a encontrar, que me iban a sacar de donde esté. En ese momento, me sentí preocupado y, sin pensar, llamé a un abogado de Amazon Watch. Le dije: ‘doctor, esto me está pasando, qué hago ahora, quiero salir’. Me llevaron en un auto a Pucallpa y después en un vuelo directo a Lima. Luego empecé a denunciar todo en los medios. Salí en los periódicos, en la televisión, ahí ya me complicó más. Ya regresar a mi comunidad es difícil. En realidad siempre estoy oculto.
Pero tiene usted medidas de protección, ¿cuenta con resguardo policial?
Después de eso, me dieron garantías [para mi vida]. Y este año, en julio, me dieron la resolución directorial [del Ministerio de Justicia]. Estoy reconocido como defensor de derechos humanos, como líder indígena, pero yo veo que es lo mismo. No tengo ninguna protección.
¿Y ha recibido otras amenazas?
Cuando regresé a Aguaytía (Ucayali), en abril de este año, estaba en la oficina de la federación. Cuando salí, encontré una camioneta cuatro por cuatro con lunas polarizadas, que estaba al frente. Cada vez que yo miraba, bajaban la luna. Eran tres personas que estaban ahí. Pensé que era mi último día. En ese momento, pensé que ya no existía. Hasta que llegó mi compañero y justo se cuadró con su motocar al frente. Llamé a la Policía, identificaron al vehículo y me dijeron que lo habían usado para actividades ilegales. Tuve que regresar nuevamente a Lima. Ha sido difícil vivir acá en plena pandemia y alejado de mi familia.
A fines de setiembre pasado denunció además que le cortaron la oreja a su tío y que los amenazaron por permitir que se erradiquen los cultivos ilegales.
Le dijeron que él era uno de los que había firmado el convenio para la erradicación. Él es monitor comunal, es decir, vigila y hace patrullaje para cuidar las tierras. Ya es conocido, por eso van a él. Pero hay más líderes.
¿Desde cuándo viven esta situación?
El problema empieza desde que yo era vicepresidente de mi comunidad, de Yamino, en 2017. Ahí empezaron las amenazas, porque yo veía todo lo que pasaba en las comunidades y empezamos a proteger nuestro territorio ante la invasión de nuestras tierras. El 2018, asumí la presidencia de Fenacoka para dirigir las ocho comunidades [kakataibos] y ahí nosotros empezamos a ver que el tema de nuestro territorio estaba muy olvidado y empecé a denunciar también. Escuché por medio de otras personas que decían que me iban a matar, pero eran amenazas indirectas. También había comuneros que ya se enfrentaban a los cocaleros. En febrero del 2020, el jefe de la comunidad de Unipacuyacu, Arbilio Meléndez, denunció que recibió amenazas. El 12 de abril, en plena pandemia, lo asesinaron.
¿Qué pasó con el caso de Meléndez?
Fue identificado el asesino por nosotros, por la Policía y por la Fiscalía. Lo detuvieron unos días y luego fue liberado. Él supuestamente trabajó para los cocaleros, tiene antecedentes penales. Yo me pregunto, ¿por qué si se le ha identificado, si tiene antecedentes, denuncias por otros delitos, por qué el Poder Judicial lo soltó y ahora está libre? Y luego, el mes de julio, asesinan a Santiago Vega Chota, un comunero de Sinchi Roca (Ucayali).
Vega es uno de los cuatro indígenas kakataibo asesinados durante la pandemia. Además del narcotráfico, usted reclama por la impunidad, ¿han recibido alcances de las investigaciones de esos casos?
Esa es nuestra lucha. Contra la impunidad. Ahora hay niños huérfanos. A esa niña que sufre, a ese niño que no tiene cuándo vuelva su padre, ¿quién les da de comer?
Algunos fiscales han mencionado que se ven imposibilitados porque ustedes no colaboran, ya que tienen miedo a represalias.
Nosotros siempre vamos a colaborar, pero lamentablemente ellos no hacen un trabajo articulado. Si el fiscal me dice: ‘mire, señor, hay que hacer un trabajo, voy a ir a la comunidad, conversa con el jefe de la comunidad’, nosotros los ayudamos. Pero ellos esperan en su oficina. ¿Cómo crees que de esa forma vamos a avanzar? Son excusas que buscan los fiscales. Hemos visto claramente cómo el asesino de Arbildo Meléndez lo liberaron.
Usted ha admitido que hay indígenas de su comunidad que se prestan al servicio de la mafia. ¿En quién confía Herlin Odicio?
No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos malos líderes, que nos han hecho quedar mal. Entonces, nosotros pedimos que no se dejen engañar por falsos dirigentes que nos han traicionado. Hay muchos líderes que han falsificado documentos, que extorsionan a los madereros, a las pequeñas empresas, pidiendo dinero para su beneficio personal. Hay hermanos que se han metido en esos trabajos ilegales, pero no son [la mayor] cantidad. Y a veces es la culpa de nuestro gobierno. Hay una comunidad llamada Puerto Nuevo, abandonada, adonde llegas luego de viajar de 9 a 10 horas. Entonces, solo el que tiene su bote se va de esa comunidad a trabajar. ¿Quién tiene la culpa?
¿Y el interés de esos líderes falsos es apoyar las economías ilegales?
Exactamente ese es su trabajo. Hay líderes, dos o tres, que se oponen ahorita a la erradicación, que no quieren que se erradique, sino que legalicen la hoja de coca. Y ahorita se ha detenido en la zona la erradicación, es lo que me han escrito mis hermanos.
Ha contado que alguna vez le ofrecieron S/500.000 para dejar trabajar a los narcotraficantes. ¿Se ha ganado problemas por rechazar el dinero?
El 6 de setiembre del 2020 me buscó un narcotraficante y me ofreció S/500.000 por cada vuelo. Era colombiano. Su intención era que yo deje de denunciar. Agarró su teléfono y me dijo: ‘mira, solo para ti’ y me mostró cómo cargaban la pasta básica a las avionetas. Era una pista y se veía cómo volaban. Me dijo que cada vuelo no duraba ni 5 minutos [en despegar]. ‘Tú dirás’, me dice y me comenta que me iba a dar S/500.000 como jefe de las comunidades. Me explica que los vuelos saldrían cada 15 días. Me dio unos días para darle una respuesta. Yo no dormí esa noche. No quise comer, no salí hasta dos días más. Y era muy difícil hablar. Pasó una semana. Luego pensé que si yo hacía esa cosa [aceptar], estaría perjudicando a mi pueblo. Dije: ‘yo voy a morir con mi ley, no voy a aceptar ninguna propuesta’. Luego de eso vino el asesinato de dos líderes más y las cosas fueron muy difíciles.
¿No volvió a ver al colombiano?
Nunca más lo identifiqué, pero sí me preocupa.
Señor Odicio, ha venido a Lima por enésima vez buscando ayuda, ¿cuáles son sus demandas?
Nuestra demanda son que se titulen los territorios que no lo están y que tienen varios años de solicitud; el segundo, es la protección de los defensores; y el tercero, que se continué con la erradicación de hoja de coca.
Ya se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Justicia, de Cultura y la Defensoría del Pueblo, ¿llegaron a compromisos?
Ayer nos reunimos con el viceministro de Justicia y llegamos a un acuerdo para que hagan seguimiento a las denuncias que hemos realizado. Con la ministra de Cultura hemos quedado, aunque no es su competencia, en que coordine con los otros ministerios una sola estrategia contra las pistas, contra los cultivos ilegales. Y también tuvimos una reunión con la premier Mirtha Vásquez. Hemos hablado sobre la paralización de la erradicación de hoja de coca que ha anunciado el ministro del Interior. Nosotros estamos en contra. No vamos a permitir que se legalice, porque sea legal o ilegal, el 80% se va al narcotráfico. Nos preocupa. Por esa plantación ilegal nos están matando. Nos están atando. Nosotros sembramos plátano, yuca, eso es nuestro. Por eso nosotros repudiamos esa planta, nunca hemos sembrado eso.
¿Qué le respondió la primera ministra?
Respondió que va a hacerle presente a todas las bancadas para reforzar la política de erradicación.
Ahora, ustedes ya se habían reunido antes con el gobierno anterior.
Nosotros nos reunimos en Pucallpa con los ministros el 14 de mayo de este año. Hasta el momento no tenemos resultados, seguimos con lo mismo. Nosotros hemos hecho muchos viajes al Congreso de la República, hemos denunciado a medios internacionales, pero no hay resultado. Eso nos preocupa muchísimo.
Señor Odicio, ¿hay algo que le haga pensar que esta vez será distinto?
Pensamos que con este gobierno algo iba a mejorar, pero vemos el tema político… No sabemos si a este Gabinete le van a dar la confianza o no. Es algo preocupante, no sabemos si estamos hablando nuevamente por gusto, si van a ingresar otros ministros. No estamos seguros y eso nos perjudica cada vez más. Mientras nosotros sufrimos eso lo aprovecha el enemigo.
Por Alba Ñaupas y Alessandro Azurín
A lo largo del Río Ene transitan diariamente los asháninkas buscando “caracolitos”, como cariñosamente le llaman a este animal, el caracol, que usan para preparar su comida. En marzo de este año, miembros de la comunidad de Potsotincani, ubicada en el distrito de Río Tambo (Junín) se encontraban realizando esa labor cuando se toparon con un grupo de 40 personas armadas, entre hombres y mujeres, que los observaban con actitud amenazante.
“Los armados les preguntaron a los asháninkas ‘¿qué hacen ustedes acá?’. Ellos respondieron que era su territorio. Los señores les dijeron que tenían que irse de ahí porque, si no, los iban a desaparecer. Los asháninkas se asustaron y escaparon”, cuenta Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 53 comunidades de las cuencas de ese río.
Potsotincani está a cuatro horas de San Miguel del Ene, Vizcatán, escenario de la masacre del domingo 24. El episodio que relata Valerio revive lo peor de épocas pasadas para los asháninkas y no es el único. La visita de estos personajes armados ocurre cada vez con mayor frecuencia. “Seguimos en estado de emergencia porque actualmente enfrentamos problemas como el narcotráfico. Cada año va creciendo el sembrío de hoja de coca en la frontera de Cuzco con Junín y Ayacucho. Siembran su coca, instalan cosas para macerarla y convertirla en droga. Todo eso hemos tenido que sufrir las comunidades sin el menor apoyo del gobierno. Hemos denunciado, pero no obtenemos respuesta”, afirma Valerio.
Según Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y especialista en tema de seguridad, el 90% del narcotráfico está focalizado en nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem. Además de Vizcatán del Ene, están Pichari, Sivia, Kimbiri, Santa Rosa, Llochegua, Samugari, Canayre y Río Tambo (acá se ubica Potsotincani). “En el Vraem se cultivan un poco más de 26.000 hectáreas de hoja de coca y se procesan 450 toneladas de cocaína anualmente. Eso representa el 70% de toda la cocaína a nivel nacional”, agrega el también exministro del Interior.
Ni ese dato ni lo ocurrido el domingo 24 en Vizcatán sorprende a los asháninkas. Como si fuese una advertencia siniestra, Pedro Valerio le aseguró a Sudaca que en los últimos meses su comunidad venía reportando cádaveres desfilando por el río Ene. “Hemos visto tal vez siete cuerpos estos meses, pero debe haber muchos más porque el río es grande y no podemos ver todos. Eso no es novedad para nosotros, cuando hay muertes en la parte alta del Ene los botan al río”, explica.
Según Valerio, tanto el desfile de muertos en el río, como los cruces con los narcoterroristas fueron reportados por su gente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ignoraron sus denuncias. “No ha habido una respuesta rápida para ver qué está pasando. A raíz de esto, las comunidades se sienten inseguras. Lo que está pasando en Vizcatán del Ene en cualquier momento puede suceder en nuestras comunidades”, detalla.
“Nuestra comunidad está en constante peligro porque hay presencia del narcotráfico, [nuestros territorios] son corredores de los cargachos que llevan drogas, de los remanentes terroristas que son guardaespaldas de los cargachos”, dice Valerio.
El dirigente asháninka se refiere a la perversa sociedad que existe en la zona entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso, denominados hoy el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). La Policía y las Fuerzas Armadas responsabilizan a este grupo terrorista de la masacre de Vizcatán.
Esta facción escindida del Sendero original ha hecho sentir su presencia con al menos 20 atentados terroristas que bañaron de sangre al valle en los últimos 13 años. Liderado por Víctor Quispe Palomino, está conformado por aproximadamente 330 personas entre adultos, niños y ancianos, explica el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.
Según estimados de esta unidad especializada, la principal fuerza armada de esta organización -la que se dedica a cometer los atentados- está formada por aproximadamente 30 terroristas. Los otros 300 no son partícipes directos de estas incursiones, sino que se dedican a la cosecha, el sembrío y a cuidar a los niños. Arriola dice que, aunque no participan de las acciones armadas, al fin y al cabo forman parte de la organización.
El general señala que la mayoría de los jóvenes que forman parte del MPCP nacieron al interior de la organización y “no conocen otra cosa que no sea la organización criminal del terrorista Sendero Luminoso”. Actualmente ya no hay muchos niños dentro de la agrupación, porque ‘José’ habría dado la orden de ya no procrear más.
Aunque anteriormente los terroristas tenían presencia en más distritos del Vraem, ahora su centro de operaciones se ha reducido a Vizcatán del Ene. Las huestes del grupo terrorista viven encapsuladas ahí y tienen problemas para expandirse. Este distrito, en el que el 56% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios de salud según el exministro Rubén Vargas, es un lugar estratégico para el camarada ‘José’ y sus secuaces.
Y no es hogar para cualquiera. Como explica el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, las temperaturas en la noche bajan mucho y en el día hay demasiado calor. También hay una vegetación de árboles de entre 30 y 40 metros que hace que la orientación sea casi imposible. “Solamente la gente que sabe, que conoce el terreno, es la que sobrevive ahí. Es una geografía muy difícil, por eso es una fortaleza para ellos, están bien escondidos ahí”, afirma Baella.
De acuerdo a estimaciones de la Dircote, el 33% de la droga elaborada en el Vraem transita por el distrito de Vizcatán del Ene. Ahí los terroristas resguardan los laboratorios en donde se produce la cocaína, cobran por cada hectárea de hoja de coca sembrada y brindan seguridad a los ‘cargachos’, que transportan la droga a pie por las zonas que tienen controladas.
“[Los terroristas] se financian con el tráfico ilícito de drogas. Cuando los mochileros pasan por las zonas que ellos controlan les cobran por cada kilo de droga entre $8 y $9”, explica Baella.
Sin embargo, esa modalidad de traslado, operada por los ‘cargachos’, no es la principal. “Hay una importante ruta área. Se traslada cocaína usando avionetas con destino a Bolivia o Brasil. La modalidad de los ‘cargachos’ se ha ido dejando porque [los traficantes] están usando mecanismos más sofisticados y en mayores volúmenes, como las rutas aéreas”, asegura Rubén Vargas.
Según fuentes confiables, en promedio parten 10 avionetas diarias del Vraem en temporada de verano, pues en invierno no es posible trasladar la ilegal mercancía por aire debido a las intensas lluvias.
Las fuerzas del orden, sin embargo, no son bien recibidas en determinados sectores del Vraem. Fuentes en la Dirandro cuentan a Sudaca cómo la población del valle cocalero les manifestó su rechazo el pasado 27 de abril. Esa tarde, realizaron un operativo en el distrito de Putis, Ayacucho, porque habían recibido información de que en esa zona “llegaban los mochileros que cargaban 800 kilos” de droga. Como si fueran un imán de problemas y no los responsables de protegerlos, los policías fueron expulsados por la población local.
“No duramos ni dos horas porque el presidente de la comunidad nos dijo que teníamos que irnos o tomarían medidas contra nosotros. La gente tenía miedo. Cuando vimos ese movimiento, antes de las 8, ya teníamos que irnos. Esa es una zona de traslado de ‘merca’ desde Llochegua. Los tucos [terroristas] dan la seguridad y cobertura para que la gente pueda mover su ‘merca’”, explica un oficial que participó del operativo.
Putis es el mismo lugar en el que el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares ejecutaron a 123 pobladores locales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Hay otras comunidades al interior del Vraem, sin embargo, que piden a gritos la presencia policial y militar para que atiendan sus denuncias. Y también para que no los dejen desprotegidos. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) señala, por ejemplo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretende desactivar sus comités de autodefensa alegando que no hay presencia terrorista o de narcotráfico, dejándolos indefensos ante cualquier ataque.
“Si nos van a quitar armamento y no nos van a reforzar nuestro Comités de Autodefensa, fácilmente van a ingresar los narcotraficantes, los remanentes del terrorismo. El narcotráfico va ganando territorio. Si nos dejan sin nuestros comités, nos dejan totalmente vulnerables”, se queja Pedro Valerio, presidente de la CARE.
Sudaca contactó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo, pero no respondió nuestra solicitud de entrevista.
“La realidad de los pobladores del Vraem es muy diferente. No solo se trata de llevarle protección, sino también apoyo a esa población que muchas veces no tiene acceso a educación”, dice José Baella, exjefe de la Dircote.
A Baella no le falta razón. Según el último censo del INEI (2017), en la zona no hay una adecuada disponibilidad de docentes de educación regular y el 39% de los colegios en todo el valle cocalero necesita la sustitución total de su infraestructura. No solo eso. El analfabetismo afectó al 20,6% de la población mayor de 15 años y la brecha digital es enorme: hasta el 2017, 129,157 hogares (96,5%) no contaban con servicio de internet.
Los índices de pobreza, además, apuntan que el 22,51% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 42,81% son pobres extremos, según cifras del ministerio de Inclusión Social al año 2019.
En salud, los indicadores también son lamentables. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud del 2017, el 25,8% de los niños del Vraem entre los 0 y 3 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Y si nos fijamos en los niveles de anemia infantil, casi la tercera parte, el 34% de los niños, padece de esta enfermedad por falta de una buena alimentación.
En los distritos donde se produce la mayor cantidad de cocaína, los habitantes no tiene acceso al servicio de salud, siendo Vizcatán del Ene (55,8% no cuenta con el servicio), Canayre (47,9%) y Pangoa (47,6%) los afectados en mayor porcentaje por esa carencia.
Otras cifras revelan las consecuencias del narcotráfico en el medio ambiente. Así, entre los años 2000 y 2016, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente, se han reportado alrededor de 98.171 hectáreas de bosques perdidos, siendo los distritos más críticos el de Río Tambo, Pangoa y Mazamari.
Otro problema que afronta el Vraem en términos ambientales es el alto nivel de contaminación del agua con insumos químicos relacionados a la producción de cocaína. Un estudio realizado por DEVIDA en el 2013 encontró que el agua de muchas de estas microcuencas afluentes del río Apurímac contiene altos niveles de elementos nocivos para la salud, como fosfato, cromo, níquel y plomo, haciéndola no apta para el consumo humano.
Además, se encontraron niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la salud de la población. Las cifras fueron utilizadas por el Ejecutivo para la elaboración de la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”.
Pero no es la única manera en la que el narcotráfico contamina las aguas del Vraem. Pedro Valerio denuncia también que los cuerpos que aparecen en las corrientes del Ene contaminan sus ríos, perjudicándolos “no solo para tomar, sino también para sobrevivir: si el río está contaminado no tenemos para comer”.
Evitar la expansión del narcotráfico en el Vraem es un problema más que el nuevo gobierno deberá afrontar. Y no se trata solo de una lucha policial, como hemos visto.
*Fotoportada: Leyla López
“Nunca, en casi 30 años, he escuchado ni visto un ataque así. Han lanzado fuego abierto. Han podido matarlos a todos”, dice Alejandro Atao, alcalde del distrito de Vizcatán y residente del poblado de San Miguel del Ene. Este es el escenario que dejó la reciente masacre que habría perpetrado el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), la facción que se separó de Sendero Luminoso y que hoy concentra gran parte de sus ganancias en el narcotráfico.
La incursión criminal en este poblado de la provincia de Satipo (Junín) se saldó con 16 víctimas mortales, entre ellos dos niñas de cinco años. Tres personas más resultaron heridas. Estaban todos en dos locales a los que la población local llama ‘cuchipampas’, que no son otra cosa que bares que funcionan, además, como prostíbulos. Ambos inmuebles eran alquilados por foráneos, según cuenta a Sudaca Leónidas Casas, juez de paz del distrito y una de las primeras autoridades que se acercó a constatar los hechos.
Los locales están separados por un riachuelo, a menos de 100 metros el uno del otro. Conforme se fueron relajando las medidas contra la pandemia, abrían casi todos los fines de semana. “Yo vivo en el lugar de los hechos, en San Miguel del Ene. Todo ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del 23 de mayo. Atacaron los dos lugares. Son cantinas donde atendían también chicas. Han matado a quienes encontraron y en el segundo lugar los han quemado”, dice Atao. El ruido de los vecinos lo despertó por esas horas y, aunque no vio a los atacantes, pudo ver el resultado.
Aquella madrugada, dos personas aparecieron en la chacra de Casas, que además de juez de paz es excandidato al Congreso por el Frente Amplio. Le contaron que había ocurrido un crimen en su comunidad. “Yo no entendía nada, pensé que estaban bromeando”, cuenta él.
Cuando llegó a la escena del crimen, después del alcalde Atao, encontró un panorama tenebroso. “Ingresé al primer local y vi casquillos de bala de armas de largo alcance. Había tres muertos, las mesas botadas, las botellas de cerveza rotas. Una señora parecía que había tratado de abrir la puerta trasera y murió ahí, tratando de escapar”, relata.
En el segundo local, Casas vio a un hombre sentado, tapado con una colcha. Había muerto en esa posición. Avanzó un poco más y vio que salía humo de una habitación. “Estaba calcinada la gente allí dentro, entre varones y mujeres”, dice.
Sobre una mesa de madera, Casas divisó varios comunicados impresos con la siguiente proclama: “Limpiar al Vraem y el Perú de antros de mal vivir, parásitos y corruptos”. El escrito estaba firmado por el MPCP, un grupo narcoterrorista liderado por Víctor Quispe Palomino. Según la Dircote, Vizcatán es la guarida y la base de operaciones de esta organización.
Casas guardó uno de los comunicados en su bolsillo y lo entregó a la Policía local. El juez de paz confirma que se trata del panfleto que viene circulando en distintos medios, con fecha del 10 de mayo, y en el que se llama a boicotear las elecciones y a votar blanco o viciado. También califica de traidores a quienes votarán por Fuerza Popular. El alcalde de este distrito, Alejandro Atao, llegó al sillón municipal por ese partido.
Antes del mediodía de ayer, la noticia se empezó a manosear con fuertes tintes políticos de uno y otro bando. La prensa capitalina afirmaba que los ataques provenían de Sendero Luminoso. La situación no fue bien tomada por los vecinos del distrito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
“Como autoridad política, hago saber la indignación que está teniendo la población de Vizcatán del Ene, que está viendo todo lo que está afirmando la televisión. Nosotros como autoridades no sabemos quiénes han hecho ese acto. La población pide que se esclarezcan estos hechos”, dice Nélida Mansilla, subprefecta del distrito.
“Nosotros justamente para tener esa ayuda [descubrir la verdad], nos hemos acercado a la Policía. Para saber si son o no son los señores del monte [se refiere a los narcoterroristas]. A eso nos hemos acercado, pero al rato ya había un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, se queja Leónidas Casas. Los militares responsabilizaron a Sendero Luminoso, sin hacer la precisión de que quienes operan en el Vraem son un grupo de remanentes que se desligó políticamente de Abimael Guzmán hace varios años.
Al cierre de esta edición, Ojo Público había dado a conocer el testimonio de una sobreviviente del ataque. “Eran civiles. No eran policías, no tenían polos negros de Sendero [Luminoso]. Era gente normal, vestidos con ropa a colores. No usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada señor, solo mataban”, contó la mujer.
En la Dircote, sin embargo, ven el caso como el posible corolario de una serie de amenazas previas, que hasta ahora no se habían materializado. El 2016, por ejemplo, luego de las elecciones que dieron como ganador a PPK, el MPCP lanzó un comunicado con el título: “¡Expulsar a los cuchipampas de todos los poblados del Vraem!”.
En enero del 2019, fueron más específicos. Y en los puntos 18 y 19 de un comunicado, los narcoterroristas llamaban a atentar contra estos locales:
-Destruir los cuchipampas-prostíbulos y expulsar a sus dueños.
-Expulsar o ejecutar a homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a los llamados parroquianos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos, a mujeres que abandonen a su marido e hijos por hacer fechorías con otro, por parásita y corrupta.
El documento también amenaza a la población por la vestimenta que usan y hasta por los productos que consumen. “A los varones que usan aretes hay que arrancharlos, si se pintan las uñas hay que rascarlos, si tienen tatuajes advertir los que se hagan limpiar y, si no obedecen hay que tajarlos, que tengan vestimenta y corte normal de los cabellos y no de acuerdo a la podrida moda capitalista”, se lee.
Otro párrafo añade: “Por ignorante, necio y zombi, no tragar arroz “Tonderito”, porque es sintético y es “comida” basura. A aquellos que transporta este veneno vamos a dinamitarlo e incendiarlo e incendiarlo. Consuman arroz que producen los campesinos del VRAEM y del Perú”.
Leónidas Casas, sin embargo, no conocía estas advertencias. Dice que no tenían mayores roces con los narcoterroristas. “En los 90 sí los veía, pero luego de diez años en adelante ya no teníamos ningún caso acá como para decir que son los remanentes. No sé qué ha ocurrido”, cuenta.
En las últimas horas, un grupo de agentes de la Dircote viajaba a Junín para investigar los hechos. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central está a cargo del caso.
