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Desde el 28 de julio, Pedro Castillo ha propuesto al Perú tiempos de confrontación política. Si bien la opinión pública y la oposición política exigían moderación y políticas de convocatoria nacional, el Ejecutivo -en diversos tramos de estos meses del año- ha propuesto razones de tener cuidado con la estrategia que tienen en mente, que es llevar adelante la Asamblea Constituyente. 

Una primera prueba de esta atmósfera de confrontación que ha generado Pedro Castillo fue la designación de Guido Bellido como premier. Durante su gestión, hemos podido apreciar discursos que generaban incertidumbre en las inversiones nacionales e internacionales. Otra prueba de dicha atmósfera es el discurso radical que presenta el presidente en regiones (léase continuar con los planes de campaña electoral, de intentar estatizar el gas de Camisea y de -en reiteradas ocasiones- polarizar contra el Congreso) para legitimar políticamente las estrategias que viene llevando adelante: como dividir a Lima y las provincias. 

Por otro lado, podemos apreciar que los cambios que se han realizado en las Fuerzas Armadas -vinculados para el caso del Ejercito a su aliado Antauro Humala- no es más que otro indicio que nos tiene que poner en alerta. Los golpes de estado siempre han venido de la mano, o teniendo como aliado, al Ejército. A esto agregamos que -desde el lunes pasado- se ha puesto en estado de emergencia a Lima y el Callao (bastión de la oposición al gobierno) por razones de “seguridad ciudadana”. ¡Qué tal coincidencia!

Podemos apreciar también que las designaciones de Pedro Castillo de personas vinculadas a Sendero Luminoso y el narcotráfico en carteras ministeriales de vital importancia para el país, como Trabajo, Interior y Educación son señales que nos tienen que poner en alerta. En dichos sectores, la entrada de estos personajes cuestionables (Maraví, Barranzuela y Gallardo respectivamente) han puesto bombas de tiempo que -en cuestión de meses o años- tardaremos en ver los resultados desastrosos para la estabilidad del país. 

Dicho esto, la oposición política debe quitarse la venda de los ojos y tener en cuenta que lo que estamos viviendo no son tiempos de normalidad política. Que al otro lado de la orilla no perciben adversarios sino enemigos políticos. Que al otro lado de la orilla tenemos un proyecto político que no busca consensos para reactivar la economía de nuestro país, que ha sido puesto críticamente durante la gestión de Martín Vizcarra. Y que al otro lado de la orilla tienen en mente la premisa: “salvo el poder, todo es ilusión”.

Necesitamos más Churhills que Chamberlains; en otras palabras, necesitamos más generales políticos estos tiempos de confrontación que estamos viviendo.

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El domingo pasado, en mi videocolumna dominical, recurrí al distingo que hacía el célebre historiador británico Erick Hobsbawm entre siglos cronológicos y siglos históricos para proponer que el corto siglo XX peruano comenzaba desde el advenimiento de Leguía, con su autogolpe del 4 de julio de 1919 y culminaba con la caída de Fujimori, en Septiembre de 2000. Sustenté mi afirmación en que, desde Leguía, la avasalladora llegada de las inversiones, capitales y modas norteamericanas nos metieron al siglo XX al son de los modernos y pegajosos ritmos del one step y el foxtrot.  

Sin embargo, el imperialismo yanqui, como lo llamaba Haya de la Torre, no fue el único huésped inesperado que, desde 1919, se alojó en el país sin intenciones de irse, lo hizo también una parroquiana insospechada, mucho más sombría e indeseada, y que marcaría decisivamente el devenir de nuestra veinteava centuria: la dictadura. 

Si aceptamos que el siglo XX histórico comenzó con la modernización y expansión del Estado emprendida por Leguía, con cientos de millones de dólares gringos que luego, con la depresión del 29, nos sumieron en una extenuante crisis económica que provocó su estrepitosa caída, la conclusión que se desprende de su innovación autoritaria es inequívoca: 

En los 81 años transcurridos entre 1919 y 2000, vivimos 53 en dictadura, los 11 de Leguía (1919 – 1939), los 3 de Sánchez Cerro (1931 – 1933), quien a pesar de resultar elegido democráticamente, en su primer acto de gobierno promulgó la ley de emergencia, convirtiéndose así en uno de los dictadores más sanguinarios que haya registrado nuestra historia, los 4 (1935 – 1939) de Oscar Benavides, luego de que concluyese el periodo de amnistía con el que intentó pacificar al país (1934), los 6 de Manuel Prado en su primer gobierno, quien, a pesar de ser elegido a través del voto, lo hizo en elecciones con proscripción del APRA y el PC, y en un gobierno que mantuvo al tope la persecución contra de los militantes de ambos partidos (1939 – 1945), los 8 de Manuel Odría con la represión política al tope (1948 – 1956), el años de la junta de Nicolás Lindey y Ricardo Pérez Godoy   (1962-1963), el GRFA con Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez (1968 – 1980) y finalmente el ochenio fujimorista (1992 – 2000), con lo que cerramos el corto siglo XX histórico defenestrando una dictadura el mes de septiembre, así como lo iniciamos inaugurando otra en julio de 1919. 

A su turno, los periodos democráticos, casi brillan por su ausencia: el limbo de 1930/31, cuando Luis Sánchez Cerro renunció al poder para postular a las elecciones de 1931 y se lo cedió a la Junta de Gobierno que encabezó el dignísimo Comandante Gustavo Jiménez encargado de organizar dichas justas electorales y que se quitaría la vida en circunstancias trágicas al fracasar su rebelión en contra de la cruenta y ultrarepresiva dictadura sanchecerrista. Luego nos encontramos otro limbo, debido a la ley de amnistía promulgada por el presidente Benavides en 1933, en favor de apristas y comunistas que terminó diluyéndose en el transcurso de 1934 y con los lideres de ambos movimientos una vez más en la clandestinidad antes de fin de año. La democracia sólo volvió en el trienio de José Luis Bustamante y Rivero (1945 – 1948), en buena parte arruinada por la poca disposición del APRA para convertirse en un aliado más colaborador con el Poder Ejecutivo, en circunstancia en el que el mundo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y hacían falta medidas económicas de ajuste fiscal. 

El segundo gobierno de Manuel Pardo (1956 – 1962) es un gobierno de transición. Prado llega al poder con el voto aprista que obtiene a cambio de la amnistía política que se extiende también a los comunistas. El pacto da lugar a un periodo de apaciguamiento nacional y a las elecciones libres de 1962 en las que, desgraciadamente, una vez más  intervienen los militares para impedir el triunfo de Haya de la Torre. En el 63 se repiten las justas y gana Fernando Belaúnde quien lidera un gobierno democrático hasta el golpe de Velasco del 3 de octubre de 1968. La democracia se recupera recién el 28 de julio de 1980, otra vez con Belaunde, y el 28 de julio de 1985 es la primera ocasión, en nuestro corto siglo XX (1919 – 2000) que un presidente democrático le entrega la banda a otro también democrático, la escena se repitió una vez más en 1990, cuando Alan García se la entregó a Alberto Fujimori, hasta que este interrumpió el proceso democrático más largo del siglo XX, el 5 de abril de 1992, y encabezó una dictadura teñida de nocturnidad y oscurantismo y que se prolongó hasta septiembre de 2000.

El saldo democrático, entre 1919 – 2000, no puede ser más exiguo: suman 21 años de un total de 81. Luego nos preguntamos ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? ¿por qué lo que tenemos son vientres de alquiler? ¿por qué contamos con partidos con propietarios privados como Podemos o Alianza Para el Progreso? Los números, bien interpretados, responden ellos mismos la pregunta: no tuvimos cuando madurar una cultura democrática en el Perú, tan sencillo como eso.

Hacia un nuevo autoritarismo ¿el camino del siglo XXI?

Los números del siglos XXI, a primera vista, deberían ser motivo, sino de entusiasmo, al menos de expectativa. Ya el año pasado batimos el récord de 19 años de continuidad democrática ininterrumpida que ostentaba la vetusta República Aristocrática (1895 – 1914), nosotros acabamos de cumplir 21, desde septiembre de 2000 a septiembre de 2021, nada mal. 

Sin embargo, 21 años constituyen una ridiculez como tiempo necesario para madurar en la construcción de una institucionalidad democrática. Lo es más si analizamos la calidad de dicha democracia, la ya referida ausencia de partidos y la difusión de viejas formas de clientelismo, patrimonialismo y feudalización de la política, las que constituyen el verdadero vínculo entre la ciudadanía y el estado, aunque con ropajes contemporáneos. 

Si a esto le sumamos la creciente corriente de extremismos de derecha que se abre paso hace una década como respuesta a los excesos de la cultura de la cancelación proveniente de la izquierda cultural,  podemos retratar un panorama en el cual el desinterés por las formas y contenidos de la democracia y el republicanismo, así como por los derechos que enarbolan, los han colocado casi en la periferia del juego político, cuya posición central, principalmente en el debate, comienza a ser ocupado por los extremos de la derecha y de la izquierda.  

No es pues casualidad, que el aliado más indeseado del gobierno de Pedro Castillo, hoy puesto en entredicho, se declare marxista leninista sin ningún apuro y que algunos personajes no completamente deslindados de los grupos terroristas hayan formado parte del gabinete en sus inicios. En la otra orilla, la reivindicación del pasado hispano, acompañado de cruces de Borgoña, vigilias a la escultura de la estatua de Cristóbal Colón al conmemorarse un año más del descubrimiento de América, y la agresión verbal al presidente Sagasti en una librería sanisidrina, con el terruqueo como fácil recurso que apunta hacia la polarización binaria cerrando el debate para más opciones, nos muestran cuál es el escenario que desde ciertos sectores extremistas se quiere montar para nuestra política del futuro inmediato. 

El año pasado, varios meses antes de las elecciones presidenciales, Salvador del Solar hizo un oportunísimo y desoído llamado a formar un gran frente de centro, uno que defendiese eso que hoy a pocos parece entusiasmar pero que es nuestro mayor resguardo para el desarrollo material y espiritual de la nación: el centro, entendido como confluencia de movimientos cuyas bases doctrinales las constituyen el republicanismo, la democracia y los derechos fundamentales, civiles, humanos, políticos y sociales; los que conforman el marco fundamental para el debate, así como las fronteras que deben acogerlo. Es por eso que ese centro admite también derechas e izquierdas, si el punto de partida es ese gran consenso. 

He sabido recientemente de los esfuerzos de Carlo Magno Salcedo a través de la Confluencia Perú que agrupa a los colectivos Perú Republicano, Confluencia Ciudadana, Colectivo Colibrí, Grupo Valentín, Dignidad Magisterial y Servicio La Libertad; que apura esfuerzos para alcanzar su inscripción ante el JNE. Al mismo tiempo, El Partido Morado ha mantenido su inscripción ante el JNE y hoy delibera la elección de una nueva directiva que esperamos troque maneras verticales de hacer política por otras auténticamente republicanas, pues ese es el cambio de cultura política que en un Bicentenario no ha surtido efecto en el Perú y que la ciudadanía reclama a gritos.

Mucha cháchara. ¡Construid en centro! El centro amplio, el centro que puede incluir a las derechas y las izquierdas democráticas también, de lo contrario, las sombras del autoritarismo, una vez más, están a la vuelta de la esquina.  

 

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El domingo pasado, antes de que se difundiese un audio efectista de un estudiante de postgrado de la PUCP, denostando la institución por la convocatoria de un profesor a un seminario sobre el Conflicto Armado Interno, y no sobre El Terrorismo, antes de que la PUCP respondiese dicho audio de manera acertada en las redes sociales, y antes de que se cremasen los restos de Abimael Guzmán y se decidiese que nadie supiese donde se esparcirían sus cenizas; yo había señalado, en esta misma columna, que reivindicaba mi derecho de llamarle “era del terror” a aquellos tiempos y señalé que los restos del cabecilla de Sendero Luminoso debían esparcirse por los confines más remotos del planeta.

Deslindé, no obstante, con las posturas negacionistas de cierta derecha frente a la sistemática violación de derechos humanos por parte de las FFAA y policiales (30% de las víctimas) durante aquel periodo y clamé, una vez más, por la necesaria reconciliación entre estas y los sectores de la sociedad a los que dañara en tiempos caracterizados por el ataque de las bandas terroristas a la sociedad y el Estado. 

En general, en mis últimas columnas he intentado, con poco éxito (lo que es usual en sociedades polarizadas y de debates binarios como la nuestra) reiniciar la discusión sobre la reconciliación nacional que muchos creyeron terminada el día que se inauguró el LUM o pensaron que este, por sí solo, iba a encaminar, con el tiempo, de manera casi espontánea. Por eso el pronunciamiento-respuesta de la PUCP en las redes sociales, al desatinado audio difundido días antes es importante porque señala un punto de partida sustancial para la discusión. 

De hecho, lo más relevante del pronunciamiento PUCP es que ciñe el concepto “conflicto armado” a las categorías del Derecho Internacional Humanitario establecido por la ONU y categóricamente establece que esta denominación no equipara al Estado con los grupos terroristas, ni les otorga ningún estatuto particular de prisioneros de guerra, ni beneficio alguno. 

Al contrario, cierra señalando que “quienes pertenecen a grupos terroristas en un CAI no tienen inmunidad por combatir, ni derecho a combatir, ni privilegio o característica excepcional en el derecho internacional” lo que encaja bien con la necesidad de un esfuerzo para acercar las FFAA con los sectores civiles que esta afectó, para sanar las heridas de la sociedad, sin que los grupos terroristas tengan ninguna participación de estos procesos que considero imprescindibles. Las políticas que sugiero no sirven para olvidar, pero sí para llevar el recuerdo a lugares periféricos de la memoria histórica, en donde ya no le duelan a la colectividad, ni generen las controversias que hoy le siguen generando al tiempo presente. 

Respecto de la denominación, mi posición es en realidad la misma, yo me siento más cómodo con la “era del terror”, pero en clase suelo decir “la era del terror o conflicto armado interno”. Debemos entender que el consenso en una sociedad no tiene que consistir en que todos denominemos las cosas de la misma forma. Esos fueron los viejos consensos del totalitarismo cuya herencia hoy reclaman ciertos populismos exacerbados que se han colocado, estratégicamente, en la periferia derecha de nuestra democracia. Al contrario, consenso es poder aceptar que, como sociedad, podemos llamar de dos maneras al mismo fenómeno, si ya hemos dejado claro que sus responsables son los terroristas y solo los terroristas. 

Es hora de recuperar el gran centro, entendido como el amplio espectro en el cual se desenvuelven las fuerzas democráticas, desde la derecha, bien entendida, hasta la izquierda sistémica, y solo hay centro, allí donde existen la voluntad del diálogo y de alcanzar consensos amplios y plurales. 

 

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El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se resiste a desaparecer. La organización sobrevive a la muerte del sanguinario fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, entre la victimización y el apoyo a iniciativas del gobierno. Una de estas es la Asamblea Constituyente.

Actualmente, el Movadef es liderado por Alfredo Crespo, exabogado de Abimael Guzmán y quien ostenta el cargo de secretario general. Crespo está en la actualidad con arresto domiciliario al ser intervenido en el marco del operativo policial Olimpo, en diciembre del 2020, realizado para cazar a simpatizantes de Sendero Luminoso.

En el 2018, Crespo asumió el liderazgo del Movadef ante la muerte de Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán. “¿Se compromete a cumplir y/o asumir consecuentemente el cargo de secretario general guiándose y aplicando nuestra guía Ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo?”, le preguntaron a Crespo en la juramentación. “Sí, me comprometo”, respondió él en una reunión ante cien personas en Jicamarca, y en medio de aplausos.

Documento de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía que da cuenta de la juramentación de la nueva directiva del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en el 2018.

La juramentación de Crespo fue clandestina, en sintonía con uno de los lemas del movimiento: “el partido es secreto o no es nada”. Pudo ser grabada gracias a la infiltración de agentes policiales.

La número dos de la organización, Estela Guillermo Álvarez (subsecretaria nacional, de acuerdo al organigrama), se encuentra presa a raíz de la misma operación Olimpo. En total hay 51 activistas del Movadef con prisión preventiva, 18 con comparecencia restringida y 8 con arresto domiciliario por estas pesquisas.

Según los planes de su fundador, Manuel Fajardo, el Movadef apuntaba a expandir su radio de acción en todo el país (para el 2018 ya tenían 5.000 inscritos y 68 bases a nivel nacional, salvo en Cajamarca, Loreto y Madre de Dios). El operativo Olimpo frenó sus aspiraciones.

“En los últimos diez años han sufrido golpe tras golpe. Primero la Operación Perseo [un megaoperativo realizado el 2014], luego Olimpo, después la muerte de su líder máximo. Los veo debilitados”, dice el antropólogo Dynnik Asencios, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estudioso de Sendero Luminoso.

De hecho, Guzmán murió sin arrepentirse, según su abogado Sebastián Chávez. “Una vez me dijo: ‘Si te metiste para soldado, tienes que aprender a marchar’. Él decidió iniciar la lucha armada porque estuvo plenamente convencido de que era lo que correspondía”, dice Chávez, quien es considerado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Ratio Luris, otro organismo salido de las entrañas de Sendero Luminoso, que funciona como brazo jurídico del Movadef. 

“Los integrantes del Movadef no tienen arrepentimiento de lo que se hizo. No han hecho un deslinde. Y eso es un gran problema. Así no podemos convivir todos en democracia”, dice, por su parte,  el investigador Asencios.

AFINIDADES

Según la Dircote, el Movadef se creó en el 2009 por orden de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre para impulsar un movimiento “pro-amnistía”. En estos últimos meses, el grupo no sólo se centró en pedir la liberación de Abimael Guzmán. También saludó la elección de Pedro Castillo y Perú Libre, y apoyó la iniciativa de una nueva Constitución con el lema “¡Asamblea Constituyente ya!”, sin que esto signifique un pacto formal con el gobierno.

Constituyente
Julio, 2021. El comunicado del Movadef en el que respalda una asamblea constituyente y saluda la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Saludamos al compañero Pedro Castillo, le deseamos éxitos en su gestión y esperamos que propicie una real democratización de la sociedad peruana, que permita mejores condiciones para desarrollar el camino del pueblo”, escribió el movimiento en su sitio web, tras confirmarse en julio pasado el triunfo del profesor cajamarquino en las elecciones presidenciales.

Movadef también promueve la recolección de firmas para el referéndum por una Asamblea Constituyente en su cuenta de Youtube. Y su base en Puno ha realizado pintas a favor de la asamblea, el caballo de batalla de Perú Libre.

En esa región se encuentra César Tito Rojas, sindicado por la Dircote como miembro fundador del movimiento. Tito hoy es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo. Su nombre saltó a la palestra cuando visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre. Lo cierto es que el sindicalista vino como parte de una delegación de dirigentes puneños, representantes de otros gremios, para denunciar el abandono de un hospital regional. 

La cercanía de Castillo con algunos miembros del Movadef, sin embargo, es indisimulable. El 2018, el candidato presidencial de Perú Libre y cuatro representantes del Conare-Sute participaron de un evento de educación en La Paz organizado por Álex Chamán, representante en ese país del movimiento que pedía la amnistía de Guzmán. 

La Fenate Perú, el gremio fundado por Castillo, acaba de lanzar su propia agrupación política. La ha bautizado como Partido Popular y Magisterial. El liderazgo del partido ha recaído en Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef en Tacna. La firma de la profesora también figura en los planillones del movimiento prosenderista, aunque recientemente declaró que se arrepentía de haberlo hecho.

El Movadef también se ha sumado al coro oficialista de que hay persecución política contra Perú Libre.  El grupo colgó hace apenas un mes el video de un conversatorio sobre esta supuesta persecución política al partido de Vladimir Cerrón, donde se entrevista a dos militantes de la agrupación del lápiz, Jorge Aliaga y Luis Tarazona. En el evento una de las presentadoras comparó la situación de Perú Libre “como en su momento fue la campaña contra la inscripción legal del Movadef, cuando tuvo la intención de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”.

El 2011 el Jurado Nacional de Elecciones cerró la puerta a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político al señalar que el “pensamiento Gonzalo”, ideario que suscriben, desemboca en actos violentos.

El discurso de victimización también inunda las redes senderistas. “¿Es acaso casual la persecución a los activistas del Movadef, a los compañeros Aduviri, Cerrón, Santos, a los abogados de Ratio Iuris, a las organizaciones como Perú Libre, Conare Sutep, Fudepp, a los compañeros detenidos en el operativo Olimpo? De ninguna manera”, dice el Movadef en su portal oficial. 

Diciembre, 2020. Detención de Paul Leonardo Fernández, secretario de Movilización del Movadef, en el marco de la Operación Olimpo. Foto: Ministerio del Interior.

Otros organizaciones fachada de Sendero, como la asociación de abogados Ratio Luris, manifiestan una defensa cerrada  del ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de pertenecer a Sendero y próximo a ser interpelado en el Congreso. “¿Cuál es el problema si es que en algún momento (Maraví) tuvo un pensamiento distinto? A Maraví por un tema de hace cincuenta años están pidiendo su cabeza. En el Perú no se puede ser comunista”, dice a Sudaca Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre. El letrado hace referencia a las acusaciones contra Maraví sobre una presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en 1981.

Miguel Sánchez Calderón, por ejemplo, otro de los abogados de los cabecillas senderistas y miembro de Ratio Luris según la Dircote, apoyó en redes la postura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de esa agrupación, Edgar Tello, de rechazar la ley para incinerar el cadáver de Abimael Guzmán.

El presente de los grupos de fachada de Sendero Luminoso como el Movadef, sin embargo, es el silencio. “Solamente el 5 % de su accionar es abierto; mientras que el 95 % está relacionado a ‘trabajo clandestino’”, dice un reciente informe de la Dircote. 

Los seguidores de Abimael Guzmán prefieren expresarse en las redes sociales y no dar entrevistas para evitar represalias de las autoridades. Los del Movadef no han cuestionado hasta el momento al presidente Castillo por promulgar la ley que permite cremar a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, aprobada en el Congreso. Los senderistas han apostado por respaldar desde su sitio web la victimización de la viuda del fundador de Sendero.  Y es que Yparraguirre ha denunciado el “asesinato” de su esposo, el genocida Abimael Guzmán, porque no lo dejan ver el cadáver. 

Pese al fuego graneado en las redes sociales del Movadef, el gobierno -como en todos los casos relacionados a Sendero-  no ha dicho esta boca es mía.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Abimael o Guzmán debían ser más consensuales, pero desde el modo de llamarlos ya constituyen dos sujetos distintos. Debían ser consensuales porque agredieron a nuestra sociedad como nadie lo había hecho antes, e iniciaron, ellos solos, una guerra que duró más de una década y que nos costó 70 mil vidas humanas. 

Es cierto que hay causas estructurales como reza la CVR para que estos dos sujetos, que en sustancia son uno solo, armasen la grande en el Perú, pero pongamos las cosas en contexto. En 1980 recuperamos la democracia luego de 12 años de dictadura militar, y salimos de un fallido proceso de reformas radicales. A ello hay que añadirle la herencia de una inmensa e impagable deuda externa, esto es crisis económica, que toda América Latina había adquirido la década anterior desde que a los países de la OPEP, en 1973, se les ocurrió embargar el petróleo multiplicando cuatro veces su valor en pocas semanas. Por si fuera poco, el Perú atravesaba un vertiginoso cambio demográfico y una masiva migración del campo a la ciudad que el Estado, así, empobrecido como se encontraba, no estaba en capacidad de atender. 

El dato, en el que nadie repara, Constitución del 79 en mano, es que por primera vez en nuestra historia republicana teníamos algo parecido a una democracia gobernando el país, solo que a ese par de señores, que en realidad conforman una sola sustancia, no se les vino en gana regalarnos la oportunidad de construirla y lo petardearon todo, comenzando por la esperanza. ¿Y después vienen mis colegas a llamarla década pérdida?, podrá ser latinoamericano el mote, pero en el Perú se trata de una década petardeada por el terrorismo ¿por qué no llamar las cosas por su nombre?  

Y hablando de eso, los que me conocen saben lo lejos que estoy de la DBA, pero ¿por qué no puedo llamarle terrorismo al terrorismo? ¿cómo? ¿porque no incluye a las fuerzas armadas? ¿y porque tendría que ponerlas al mismo nivel que las bandas subversivas? Sé que las FFAA violaron derechos humanos, no hablo de errores o excesos, designo las cosas por su nombre, pero no por eso voy a caer en el maniqueísmo de plantear una guerra entre dos bandos en condiciones de igualdad, cuando de lo que debo hablar es de una sociedad atacada por bandas terroristas; a su turno, las FFAA deberán responder por sus crímenes, eso nadie lo discute, en todo caso, yo no lo discuto. 

Así veo las cosas y no voy a plantearlas de otra manera.  Y por favor que no me aplaudan las cruces de Borgoña, cuya mirada racialista del país, ya cumplido el Bicentenario de esta paradoja que llamamos república, contraviene, una vez más, el reloj de nuestro telúrico proceso histórico. ¿Velasco no les hizo comprender la sustancia del Perú? ¿Haría falta más o ya podemos sentarnos a construir un proyecto inclusivo para el país?

Termino hablando de la reconciliación que debe darse entre dos bandos, sí: las Fuerzas Armadas y los sectores sociales que fueron dañados por ellas. A este nivel, los voceros de aquellas deben tener la humildad (que hasta ahora no asoma) para reconocer que allí hay un gran trabajo por delante, desde dentro de las instituciones castrenses y proyectado hacia la sociedad. Pero ni Sendero, ni el MRTA tienen asiento en esta cena de paz.

Los dos sujetos, Abimael y Guzmán, han partido, junto a su única sustancia, la que debe esparcirse en sus cenizas, por los confines más remotos del planeta. Dudar en este punto es acuchillar, una vez más, la vieja herida que tanto le duele a nuestra sociedad y que aún no cicatriza.  

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 221: Renuncia el representante del MEF en Indecopi. Velarde dice que ha aceptado quedarse. ¿Por qué le cuesta tanto al oficialismo el tema Sendero? Y David orgulloso de salir en Cosas.

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Tomo prestado el título de la perturbadora novela de Enrique Congrains para referir que la muerte del peor asesino y criminal que ha nacido en nuestras tierras, Abimael Guzmán Reynoso, significa la oportunidad de recordar a todos aquellos peruanos, que por causa suya, no tuvieron la oportunidad de una muerte signada por la longevidad y apacibilidad como la de él. La vida de más de 70 mil peruanos fue cegada de las maneras más crueles que se puedan concebir. Miles de huérfanos, viudas y viudos, de padres que perdieron a sus hijos, destrucción y horror son el legado que nos ha dejado Guzmán.

Sendero Luminoso, la organización criminal más nefasta de nuestra historia, fue, a lo más, el remedo de un partido político. Se constituyó más bien, en un arma de muerte y destrucción insana con el pretexto de prometer u cambio revolucionario. No puede llamarse política a ninguna agrupación que renuncie al diálogo, el convencimiento, el debate y el consenso en medio de nuestras diferencias. Sendero Luminoso ha sido el causante del envilecimiento material y espiritual que hoy vivimos. Fujimori y Montesinos son su más palpable herencia, ellos no podrían explicarse sin la tragedia que significó para el país la década del horror. Son, como Jano, las dos caras de la misma moneda.

Recuerdo bien cuando en el 2006 me tocó acompañar a las audiencias del juicio que se siguió a Guzmán e la base naval a la valiente, honesta y muy correcta fiscal Luz del Carmen Ibáñez Carranza, quien logró que se lo condene a cadena perpetua, mientras algunos jueces timoratos declaraban que no creían en la pena máxima viéndose presionados a condenarlo de manera perpetua por el ímpetu de una mujer que no le tenía miedo a la amenaza destemplada de las huestes del terror. 

Yo pensé encontrarme con un monstruo y lo que vi fue a un anciano anodino, tembloroso, preocupado por sus beneficios carcelarios. Es decir, al cobarde que siempre fue. Entonces me pregunté cómo alguien de tan poca monta fue capaz de hacernos tanto daño. La respuesta que hasta ahora me ronda es que ayer como hoy nuestro principal enemigo es la pobreza, la ignorancia y la profunda desigualdad que vivimos. Ese es el caldo de cultivo que dio origen a uno de los grupos criminales más salvajes del mundo. Esta muerte debería llevarnos a pensar en que esas condiciones aún no han sido remontadas y por tanto debemos estar prevenidos para que la historia no se vuelva a repetir.

Pero, la muerte del asesino también significa el triunfo de la democracia y la ley. Abimael Guzmán tuvo lo que le negó a tantos miles de peruanos. Un juicio justo, el respeto irrestricto de sus derechos y hasta una captura absolutamente limpia y legal. Es justo reconocer que en las postrimerías del primer gobierno aprista, Agustín Mantilla, comprendió que sólo la inteligencia vencería a la barbarie y tuvo la visión de conformar el GEIN, al mando de Benedito Jiménez y Marco Miyashiro, que dos años después lograron lo que parecía imposible, la captura del peor enemigo del Perú.

Ahora que ha muerto vuelven los fantasmas del odio. Es perfectamente entendible por todo el daño y dolor que causó. Los que pasamos nuestra infancia en medio de las bombas y apagones, escuchando como un mantra que no debíamos pasar cerca de un banco, comisaria o un auto viejo, aquellos que jugábamos a policías y terroristas. Los que crecimos en medio de una guerra irracional como todas las guerras, pero con la diferencia que está era entre nosotros. Digo, los de mi generación vivimos el horror, que de ninguna manera se compara con lo que pudieron sufrir nuestros hermanos de Lucanamarca, Soros, Cayara y la larga lista de masacres que se sucedieron, y por eso se hace tan difícil procesar todo ese dolor que aún está a flor de piel en nuestro país.

Por eso, se comprenden todas las manifestaciones de frustración, odio, furia y desazón que nos causa la muerte de un irredento. Pero, a su vez, nos toca, una vez más, ponernos por encima de todo ello. A la ideología del odio nos toca contraponer el mensaje del amor, a la muerte enfrentarnos con la vida, a la división con la unión. Que en la hora de su muerte Guzmán no nos gane la guerra que perdió en vida. Por ello, debemos hacer el esfuerzo supremo del perdón.

Hanna Arendt nos enseña que “el perdón (ciertamente una de las más grandes capacidades humanas y quizás la más audaz de las acciones en la medida en que intenta lo aparentemente imposible, deshacer lo que ha sido hecho, y logra dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber concluido) es una acción única que culmina en un acto único.” Este es el sentido político que cumple el perdón, la posibilidad de dejar atrás lo que nos dañó para así poder seguir construyendo juntos en medio de nuestra pluralidad. Es un remedio contra la irreversibilidad e impredecibilidad del actuar humano.

Pero, el perdón no puede ni debe ser identificado con el olvido debido a que el perdón, en la medida en que pretende hacer reversible las consecuencias de nuestras acciones, deshacer, corregir lo que ha salido mal, precisa de la memoria y de la justicia. Que esta muerte nos recuerde el sacrificio de tantos miles de hombres y mujeres a quienes el Estado aún debe reparaciones, que nos sirva para iniciar el camino de reconciliación y misericordia. El amor nos exige sacrificio y ese es el llamado al perdón, a no ser como aquellos a los que criticamos, a colocarnos por encima de nuestras emociones para juntos construir el país que todos queremos. Se trata de la exigencia última de decirle al asesino que a pesar que él no quiso compartir el mundo con nosotros, nosotros si fuimos capaces de juzgarlo, condenarlo, respetar su vida y mostrar nuestra magnanimidad en su muerte. Esa es nuestra mayor victoria, la de la civilización sobre la barbarie.

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Todos los días de lunes a viernes “Si el Río suena” con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 6.  Lurgio Gavilán – quien pasó de niño senderista a soldado del ejército peruano y luego monje franciscano – nos reveló cómo fueron esos años para poder entender el daño que causó Sendero Luminoso en las familias peruanas. Además, la ex ministra de justicia Marisol Pérez Tello explica las leyes que le permitirían al estado peruano definir qué hacer con el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán.

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Lima – Perú

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Abimael Guzmán, Lurgio Gavilán, Marisol Pérez Tello, sendero luminoso

¿La cercanía de Sendero Luminoso, en su versión política, al gobierno, implica el riesgo de que retornen las acciones subversivas o que la violencia terrorista reaparezca en el país? No, no va por la generación de ese temor la aprensión que genera la constatación de esa cercanía.

La preocupación democrática legítima estriba en que el pensamiento marxista leninista maoísta, matriz del senderismo y credo de muchos allegados a Castillo, simplemente considera a la democracia una “pelotudez”, como la ha calificado el congresista radical Guillermo Bermejo, con absoluta y descarnada sinceridad.

Si el sector filosenderista del gobierno sigue cerca del poder, el riesgo de que se dinamite por dentro la democracia representativa es alto, porque es ése un objetivo explícito de ese pensamiento, su no creencia en las formas de la democracia representativa, a las que considera expresiones decadentes del dominio burgués sobre una sociedad mayoritariamente proletaria que aspiraría a un régimen comunista abierto y desenmascarado.

Mientras Castillo no rompa con el filosenderismo, la democracia peruana está en riesgo. Se intentarán varios caminos para destruir la democracia y no cejarán en ese esfuerzo. Uno de ellos es el de la Asamblea Constituyente, un mecanismo pensado para construir una república comunista y respecto del cual aún no existe certeza si el régimen forzará las cuestiones de confianza para disolver el Congreso y poder convocarla.

Otro camino es el de la destrucción paulatina de las instituciones tutelares de la sociedad peruana, mediante su infiltración y control (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, red de gobernadores regionales, autoridades municipales y regionales a través de un triunfo electoral el próximo año, sojuzgamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, agresión a la prensa independiente, etc.).

El gobierno de Castillo no es solo un riesgo para la sostenibilidad del modelo económico, que tantos éxitos ha tenido en las últimas décadas en cuanto la reducción de la pobreza y de las desigualdades. Por ahora Francke, y ojalá la permanencia de Velarde, garantizan un manejo responsable de la economía, pero su estabilidad es relativa y precaria y a la primera de bastos el régimen puede dar un golpe de timón hacia fórmulas más estatizantes o populistas.

No obstante, el riesgo mayor es que desde el poder se logre lo que con la dinamita y los fusiles, Abimael Guzmán no pudo hacer, como fue la destrucción del sistema democrático peruano. Mientras Castillo no deslinde con los sectores marxistas leninistas maoístas que abiertamente profesan ese credo y que pululan a su alrededor, el peligro señalado está vigente y presente.

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