Estado

No llega aún a los niveles destructivos del velascato o del primer Alan García, pero Castillo, al paso que va, puede entregarnos un país llano para el desmán aventurero, ser el preámbulo de la desgracia mayúscula de un país que, a pesar de la incompletud y medianía de las medidas tomadas, en los últimos treinta años logró avances que nunca antes en su historia republicana había logrado.

No hay nadie más iracundo que un decepcionado. Y peor aún, alguien doblemente decepcionado, como lo serán aquellos que en los últimos dos meses le han vuelto a entregar su confianza a un presidente mediocre, torpe, sin visión de país y, probablemente -según indicios que se acumulan-, muy corrupto.

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Desde el inicio de las investigaciones hemos podido apreciar dos momentos en la estrategia legal de su defensa. Al inicio el presidente por un lado mostraba una aparente voluntad de colaboración con las investigaciones, pero su defensa, sobre todo desde la decisión de Pablo Sánchez, ha buscado impedir y/o destruir las investigaciones. En este escenario la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley que declaró estrictamente legal y constitucional la decisión de Sánchez de continuar las investigaciones del Ministerio Público ha sido uno de los dos más duros reveses que la estrategia del presidente ha sufrido. Si el presidente y su defensor creían que la equivocada interpretación que durante décadas estuvo instalada en la Fiscalía de la Nación aquella decisión del juez supremo los dejó completamente desamparados.

Luego, tras el inicio de las otras investigaciones, pero sobre todo de las últimas que han involucrado a sus familiares directos como su esposa y su cuñada/hija, hemos pasado a un momento en el que el discurso político y la acción legal son una sola. Ya no tenemos expresiones de colaboración, sino todo lo contrario. Ahora el presidente y el coro estable de ministros – escuderos denuncian la supuesta existencia de un complot de todo el sistema de justicia contra su persona. Y desde la defensa es evidente que el objetivo no ha cambiado: impedir el curso de la investigación.

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Estado, Fiscalía de la Nación, Presidente Castillo

Una de las grandes ausencias reformistas luego de la década del 90, fue la carencia de reformas de segunda generación por parte de los gobiernos de transición, que se dejaron llevar por el piloto automático y no emprendieron la tarea de construir un capitalismo competitivo, no mercantilista.

En todos los sectores económicos donde hay posturas dominantes, reina la patente de corso para abusar del consumidor. Solo el libre mercado competitivo es capaz de transformar esa situación de hecho.

El Perú es un país turístico y tiene, al respecto, mucho que cambiar: infraestructura aeroportuaria en otras regiones, sistema de migraciones fluido en el Jorge Chávez, seguridad en los destinos turísticos, mantenimiento de los atractivos monumentales, etc. Otro de esos aspectos a mejorar es el de la libre competencia y la ruptura de la posición dominante en el sector aerocomercial.

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Un tercer principio es la solidaridad y empatía con aquellos compatriotas que requieren más ayuda para que puedan cumplir sus sueños. Para ello, y dentro de una economía social de mercado, se requiere que los emprendimientos privados exitosos vean más allá de sus justas ganancias y puedan invertir en el desarrollo de su comunidad, a través (por ejemplo) de obras por impuestos u obras sociales, donde una empresa podría financiar una olla común. A su vez, el Estado, principal responsable de cerrar brechas, debe brindar servicios de calidad en educación, salud, seguridad y justicia, que, junto a los programas sociales, permita en todos los compatriotas cierta equidad en la oportunidad de su desarrollo y en su búsqueda por un mayor bienestar.

¿Será que estamos tan concentrados en nuestras posiciones dogmáticas que no podemos ponernos de acuerdo en respetar al prójimo, ser inflexibles con la corrupción y ser solidarios con los que menos tienen?

Los peruanos estamos cansados de las posiciones extremas y de las pugnas constantes. Ahora que nos enfrentamos no solamente a una crisis económica y a la endémica deficiencia de los servicios del Estado, sino, además, a una posible banda criminal en el gobierno, no podemos quedarnos sentados como espectadores de un mal circo romano. Debemos bajar a la cancha, abrazarnos en principios y valores, y encontrar los consensos que nos lleven a un desarrollo con paz y bienestar.

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Se puede, el emprendedor sabe que debe hacerlo (sin ir tan lejos por ser lo correcto), pero el Estado no está viendo la oportunidad que tiene al frente (o no la quiere ver) para cambiar la historia sin necesidad de implementar obligatoriedades que nadie parece reconocer.  

Si en nuestro país se siente que vivimos una economía informal, no es culpa del emprendedor que genera riqueza sino del Estado que genera desconfianza, no incentiva y no conecta con su gente.

La tarea para el Estado es ganarse un lugar en la mesa de la economía nacional y no solo sentarse a esperar que le sirvan su porción.

Hoy cuando pases un rompemuelles, piensa en tu rol en la sociedad para hacerlo desaparecer.

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Dándole la importancia necesaria, podemos entender a la seguridad nacional como un bien público desde un punto de vista económico, lo que implica que no hay ni exclusión ni rivalidad en el beneficio que da a la sociedad. Todos nos beneficiamos de un país más seguro, independientemente de si pagamos impuestos, o cuánto pagamos. Una persona o un grupo adicional de personas en el país tampoco disminuye la calidad de la seguridad nacional. 

Es tarea de los formuladores de políticas identificar cuáles son las actividades y proyectos que las fuerzas armadas pueden desarrollar con un presupuesto comparativamente más bajo que el del sector privado, y dónde los retornos sociales son más altos. En otras palabras, qué proyectos tienen los mayores beneficios sociales netos si son ejecutados por las fuerzas armadas. Una vez identificados, se deben asignar recursos a estos proyectos ya que todos nos beneficiamos de una provisión eficiente de bienes públicos y servicios de alto retorno social. 

Solo por mencionar algunos ejemplos: El Perú es uno de los países a nivel global más afectados por la brecha digital en los servicios públicos y privados, hay potencial para proyectos a través de las fuerzas armadas para llevar infraestructura digital a las áreas de más riesgo y aislamiento del país. La protección de los recursos forestales de la Amazonia es además un bien público que tiene repercusiones globales.

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Entiendo nuestra frustración como ciudadanos. Pero veamos que la raíz del problema no está en la estrategia económica pues esta se asienta en una realidad institucional, caracterizada por altos niveles de corrupción e incapacidad de gestión. La alta desigualdad de acceso a servicios básicos tampoco ha sido enfrentada. Pasar a más Estado no solucionará nada, ni tampoco lo hará quedarnos como estamos. O hacemos las reformas de salud, educación, pensiones y de acceso a servicios básicos para todos, o no habrá modelo que funcione.

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Aun así, con presidentes de izquierda, algunos progresistas y otros marxistas, continúa la desconfianza y el desaliento por la alta expectativa que se tenía sobre ellos. En Chile, Boric tiene la más alta desaprobación de un presidente desde el 2014, y en Perú, Castillo también bate récords de desaprobación, ambos a menos de un año de gestión, lo que puede llevar a un rebote pendular hacia la derecha en una próxima elección. Pero sin políticas públicas efectivas, sin transparencia e integridad, más cerca estaremos al caos de la anarquía y hundiremos a nuestros conciudadanos en el hambre y la miseria.

Debemos entender que hay una nueva dinámica entre los ciudadanos, más jóvenes y mujeres empoderados, con información, con redes para expresarse, con la inquietud de ingresar de alguna manera en política en una democracia más participativa que representativa y con el ojo puesto en el funcionario público para que no solamente cumpla con sus labores, sino que lo haga con integridad y sentido social.

Dentro de esta América Latina convulsionada está el Perú, enfrentado por extremos, sufriendo de una flagrante corrupción institucional que ya ni sorprende, donde los intereses individuales o de camarillas priman al bienestar social y donde el péndulo hacia la derecha no servirá de nada si no hay una propuesta de consenso.

La participación de toda la sociedad civil tiene que ser escrupulosa en la radiografía de integridad de sus actores políticos y con un nuevo gobierno que priorice las políticas públicas para reducir las desigualdades, porque es el Estado, a través de sus gobernantes, quien tiene la responsabilidad de redistribuir los ingresos proveyendo servicios públicos de calidad en educación, salud, seguridad y justicia, asistiendo a los más necesitados y apoyando el emprendimiento privado para generar más empleo.

Nuestro país no merece ser un fraude social ni una sociedad inviable donde prima la desconfianza y la corrupción. Depende de cada uno de nosotros el unirnos, buscar consensos y ser efectivos en crear riqueza, reducir desigualdades y generar mayor bienestar para todos los peruanos.

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A partir de esos puntos cardinales señalados de quiebres es que se puede sostener que en el país -en los 21 años que llevamos de democracia- se han generado rupturas de ciertos consensos. Consensos que permitieron avanzar, en democracia, en materia económica. Era evidente que nuestra institucionalidad necesitaba (y sigue necesitando) reformas que mejoren la calidad de las políticas públicas, pero ha sido -ahora- todo detenido, propiciando coyunturas críticas como la que actualmente vivimos como país. 

Para reflexionar y tomar las medidas adecuadas.

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