Estado

La situación del pais está llegando a niveles caóticos, la desconfianza en las instituciones públicas es generalizada, (no es para menos) la violencia que respira la sociedad en todos los niveles está desbordando, existe la violencia gratuita del día a día entre las personas y la violencia en la que se juega con las familias y gente trabajadora, o sea las extorsiones escudadas en el anonimato amenazante no deja mayor opción de defensa inmediata. 

Todos los días tenemos material temático para describir, discutir e informar a veces en tiempos reales la situación que estamos viviendo, es un excelente ejercicio escrito y se hace necesario aplicar en hechos algunas recomendaciones que nacen de la opinión. Los detalles y las acciones de la clase política que hoy comanda el pais, se presta para la crítica y sobre todo cuando todos los días se redunda en los facilismos y en los supuestos que la percepción de desorden y caos es una construcción tendenciosa y manejada por enemigos de la verdadera realidad. Entramos a un juego de historia oficial y no oficial y eso es de fácil e importante análisis. 

Por otro lado, es también valido, encontrar los elementos que contextualicen una realidad y de esa manera tener la posibilidad de advertir, analizar y muchas veces prever y así reducir la magnitud del problema observado. Es por eso que también es importante tener claro la realidad histórica, cultural y la estructura de los procesos han conllevado a realidades que todos conocemos pero que ignoramos adrede. Las colaboraciones que anteceden a esta tienen esa intención. Revisar contextos y analizar procesos. Claves para una realidad pais casi sui generis.

En ese sentido, encontrar en el pais experiencias culturales propias, actividades originarias de ordenamientos territoriales, sociedades integradas, instituciones que promueven la resiliencia o generan posibilidades de emprendimientos, etc., se convierte en una tarea por demás importante, porque su traslado a la realidad actual como posibilidad para un cambio puede permitir allanar la problemática.

Es ya traumático el desorden social que existe en nuestras ciudades, la criminalidad camina por todos nuestros barrios y a nivel nacional. El estado no muestra mayor estrategia que la que se recomienda en los escritorios y pierde de vista la importancia de una sociedad organizada que traduzca una respuesta de defensa a nivel de los gobiernos locales. Es momento de pensar en la posibilidad que la sociedad misma tome acciones de defensa y cuidado, considerando para esta decisión el apoyo directo de las autoridades locales y también nacionales.

La experiencia peruana en las zonas rurales, nos trae a recuerdo el funcionamiento de la organización comunal denominada ronda campesina, que surge de forma autónoma en la década del 70 en el siglo pasado, teniendo como actividades cotidianas el patrullar senderos, pastizales y todo tipo de caminos, pues en su momento la motivación era evitar y castigar el robo ocasionado por el abigeato y los robos en concreto, una advertencia que el campesinado organizado mostraba a quienes osaran alterar orden y así perjudicar la sana convivencia. Era pues una organización autónoma y hasta en buena cuenta democrática. En su momento crítico funcionó muy bien y se pudo amenguar la desconfianza y temor. Pues en ese entonces existía, al igual que ahora carencia protectora por parte del Estado, motivando que la sociedad responda organizadamente a su autodefensa. Las normas llegaron en su momento a ordenarlas, además en utilizarla en los tiempos de sendero luminoso. Esa es otra historia.

Con el pasar de los años, en las ciudades urbanas se gesta también la necesidad de un modelo de organización civil, con ascendencia cultural andina, producto de las ya bastante famosas migraciones internas, campo ciudad, originándose las rondas urbanas, que dentro de las ciudades comienzan a depender de las autoridades locales municipales para ser reconocidas. Estas rondas urbanas se van a conformar en los acuerdos vecinales que buscan prevenir todo acto que afecte la tranquilidad y principalmente la delincuencia, a diferencia de las rondas campesinas que dependían de las comunidades, las funciones de las rondas urbanas al organizarse contribuyen a erradicar en conjunto con la autoridad todo acto negativo en la localidad. Tiempos de pensar esta posibilidad.

La natural defensa de la sociedad, surge al momento de notar debilidad y falta de acciones estratégicas pensadas por parte del Estado; escenario percibido últimamente en el pais, ocasionando, repito, temor y desconfianza, obligando a otro tipo de acciones que busquen apoyar ante la inoperancia concreta. En resumen, es “nosotros lo hacemos”. 

Pues a eso me refería líneas arriba, el afán propositivo va de la mano con el afán crítico, por un lado, vemos el hecho concreto de lo que ocurre y por el otro buscamos analizar procesos y evaluar cultura para entender. Al final es vinculante y necesario ambos ejercicios. 

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La realidad del pais, ahora mismo, permite darnos cuenta que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de temores e inseguridades, donde se muestra la debilidad de las instituciones responsables de advertir, prevenir y corregir el desorden. Es pues así, que, ante la falta de un ordenamiento integral de la sociedad, nos convertimos en caldo de cultivo para cualquier abuso y aberración que pueda darse entre nosotros. Toda esta situación trastoca la psiquis de nuestra población, la convierte en víctima ante cualquier atentado que pueda darse y que lastime su integridad y sus vidas. 

No se justifica para nada en estos tiempos este momento de terror que se vive en las ciudades, de angustia y desazón, donde la sola amenaza advierte la necesidad de cuidarse y lastimosamente allanarse a las lacras. Terrible situación que el Estado debe corregir de inmediato, urgente, y como siempre se dice articular sistemáticamente entre las instituciones la solución ante esta jodida situación. Poner las barbas en remojo y comenzar un plan bien pensado con estrategias a corto, mediano y largo plazo. Cada una de estas estaciones temporales de atención tienen responsables directos, ya el lector pondrá en la lista de responsabilidades cada institución. Pero es muy importante incluir el sistema educativo y formativo, de la mano con las instituciones que incidan en la importancia de entender el concepto de ciudadanía como parte fundamental del desarrollo de las poblaciones, la justicia no solo es resolver derechos, también es velar por el cumplimento de deberes, en fin. Fortalecer la sociedad en una necesaria lucha contra los egoísmos sociales que se van gestando por los cambios mundiales. Hablar de poblaciones vulnerables, distorsiona la idea de que en realidad son grupos vulnerables y desde ahí comienza el trastocamiento de una realidad que está inmersa en el caos total. Muchos años han pasado y seguimos representados por gobiernos que han permitido, silenciosamente, la generación de un desorden social. Las instituciones se han deslegitimado, la mediocridad en muchos casos ha anidado en espacios funcionales importantes, donde las decisiones eran urgentes y no las han tomado, por la desidia y por la falta de experiencia ejecutiva. Hasta ahora se ve esa situación en muchos espacios de mando en el estado. Podría continuar describiendo esa situación, pero sería más de lo mismo.  

Cuando digo que los gobiernos han permitido silenciosamente la generación de un desorden social, me traslado en el tiempo y recuerdo cuando dictaba un curso de Realidad Nacional en una universidad particular donde me esforzaba, como docente, en plasmar en los alumnos el sentido de reconocer la importancia de una relación estrecha entre el estado y la sociedad, y muchos de ellos comparaban esta relación, con el sentido de lo que son las relaciones padres (léase estado) e hijos (léase población) y creo, no se equivocaban. No cabe aquí el debate sobre los derechos sobre familias disfuncionales o no, la relación directa es padre e hijos. 

El ejemplo era básico, un padre o madre, educa, enseña, pone reglas, dicta normas, en familia o no y prima el respeto en todas sus formas, es lo normal creo yo. En el desarrollo y crecimiento de este niño, joven y adulto esas normas y reglas van a perdurar siempre y con luchas generacionales, pero todo las trasladará en su momento. Existirá un orden. Si los padres no educan, no ponen reglas, etc., entonces el replique va a ser lo antagónico al orden y al respeto, en todas sus formas, se genera el descontrol y se debilita en todas sus formar al ser humano. Visto desde el estado, son las instituciones que lo representan, quienes deberían, seriamente captar este ejemplo coloquial y básico. El orden que se establece desde los inicios son los más importantes. Los egoísmos de estos tiempos, generan violencia y confrontaciones constantes, Si miento díganme. Aunque me lleve a detractores, siempre los hay, es la verdad. 

Demás está decir, que, en nuestra sociedad, han pasado veinte años aproximadamente donde el descontrol y la improvisación han primado y nuestra sociedad, nuestra población ha permitido que el caos se imponga y con la debilidad de nuestras instituciones, el pais se vuelve “tierra de nadie”.  El que entiende, entiende.

Nuestra realidad es terrible, y yo NO estoy justificando nada, condeno la situación de terror que se vive, los emprendedores, los artistas, todo aquel que se esfuerza y genera ingresos está en peligro, eso es terrible. Solamente advierto, que, sabemos qué es lo que motiva este caos, una sociedad débil, es más vulnerable, el desorden vulnera, la desidia vulnera, el irrespeto vulnera, la desconfianza vulnera, y no merecemos sentirnos vulnerables, merecemos, repito, comenzar a aplicar estrategias, a corto, mediano y largo plazo. Solo así, las respuestas que traerán nuevamente nuestra tranquilidad no tardarán en llegar.  

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El mundo ha tenido muchos cambios, no es una novedad, los países que “ordenan”, el mundo, van gestando nuevas miradas políticas y van transformando las sociedades, los discursos políticos no solo rastrean y miden los beneficios económicos, sino que también comienzan a atribuir algunas debilidades a los comportamientos sociales, que tienen como característica a las diversidades culturales afincadas en las nuevas sociedades, tras grandes movilidades humanas a nivel mundial, se reconfiguran los espacios, y muchas veces los discursos se hermetizan y cargan los problemas a un desorden que no existe. Muy fácil el discurso que ataca y culpa a las migraciones, pues es algo normal y natural.

Somos una sociedad global de consumo, en un mundo acelerado donde es muy necesario aprender a convivir y a tolerar, teniendo la necesidad obligada de ir planteando nuevos enfoques, los países deben comprender que el enfoque intercultural es la base para los futuros crecimientos y desarrollo de sus territorios, por ende, con el enfoque migratorio en segundo orden se afianzan los mecanismos que pueden surgir para cambiar la mirada de lo que nos rodea. El mundo se ha transformado y contribuye a cambiar las percepciones de la sociedad en general y a promover una nueva mirada para atender los efectos del cambio. 

Las sociedades en el mundo ya no son homogéneas como siempre y erróneamente se pensó, es una constante que muchos países comiencen a descubrir que en sus territorios existen bloques culturales muy marcados y que no solo contribuyen económicamente, sino también en lo político y también en lo social.

En el Perú, este tema no es ajeno, nuestro pais está en un momento crucial de ordenamiento social, de convivencia cultural y de la aceptación de una diversidad cultural que traspasó y desbordó en su momento los espacios, pero con el paso de los años, de manera natural se va ordenando poco a poco. El famoso paso del campo a la ciudad, que motivó tantos estudios ha llegado a momentos de “integración de hecho”, donde se puede decir que la nueva cultura popular urbana o cultura peruana, se va armando y sosteniendo en el tiempo. He ahí que el enfoque intercultural, con la definición que aún se va construyendo cae con mayor importancia. La migración interna nos permitió fortalecer la experiencia de que los cambios van de la mano con la integración social. El Perú sabe de eso.

Sumado a este fenómeno social peruano, tenemos hace algunos años, por diversas razones, otro tipo de migración humana, una movilidad que viene del otro lado de nuestro vasto territorio, Latinoamérica se moviliza y ve a nuestro pais como un pais de acogida, como un espacio receptor, hace algunos años nosotros, los peruanos teníamos esa mirada hacia afuera, la seguimos teniendo, pero en menor grado. Lo cierto es que estas nuevas migraciones desde el extranjero, nos obliga también a generar otro enfoque de tratamiento social, del político y de una nueva mirada para los beneficios económicos.  

Considerar estos enfoques y asumirlos pienso que es tarea obligada sobre todo para el Estado quien debería tomar con seriedad el enfoque intercultural y también el enfoque migratorio, poniéndose a la vanguardia, sobre todo a nivel de las instituciones que comandan los cambios sociales. Es necesario que no se piense que la necesidad es solo teórica o académica, sino muy por el contrario, la realidad actual en nuestro país está enfrentando un reto donde ha acogido, de diversas formas, sean las correctas o las erradas un gran contingente de ciudadanos de otros territorios, por ejemplo, el caso venezolano, que como ya se ha dicho vienen a nuestro territorio con todo un bolsón de particularidades culturales. Conocerlos seria provechoso para entenderlos y tolerarlos, ese es un principio básico de la interculturalidad como concepto. Las ciencias sociales, cuya misión no solo es definir la sociedad, sino avizorar los cambios que en ella ocurren, pueden ir advirtiendo que se darán más migraciones, más movilidad humana y se seguirá trastocando la economía, quizás la política y por ende las convivencias sociales. Tema que ya deberíamos ir previniendo. Los cambios en nuestra economía, por ejemplo, el norte chico, Chancay atraerá mucho visitante golondrino y estacionario, con el esperado HUB regional, en otro sentido, crisis económicas en países vecinos generan normalmente fugas poblacionales por pasos irregulares fronterizos, esa es una realidad que se va acercando, no será mucho el tiempo que pase y veamos esta movilidad.

Entonces, es preciso estar claro en que considerarnos un país intercultural, no solo aplica a una sociedad cambiante, sino a todo el conjunto que un país debe manejar, pues considerar el enfoque en estos términos permitiría manejar los mercados internos, evitar los conflictos, atender los programas sociales, generar empleabilidad, sectorizar las atenciones, construir comunidades migrantes, atender a las visitas sin descuidar a nuestra población. Es decir, integrar de manera inteligente y planificada. Es misión repito ya no solo de la academia sino del Estado y más aun de la institución que debe ser el eje del cambio de mirada, el ministerio que dirige y canaliza nuestro concepto de cultura. 

Tenemos un ministerio de Cultura, y uno de sus pilares es atender la interculturalidad, con seriedad trabajemos este enfoque, es vital para seguir armonizando políticas de cambio, no veamos lo intercultural o lo migrante como algo sin importancia. Fortalezcamos la institución de manera seria y que se comience a plantear la real tolerancia y la feliz convivencia. No seamos mediáticos. Somos más que eso.

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Cultura, Estado, Migración

[La columna deca(n)dente] En los últimos años, ha ganado fuerza un discurso que promueve la reducción del Estado, argumentando que este es ineficiente y que su intervención limita el desarrollo individual y económico. Sin embargo, detrás de esta retórica anti-Estado, muchas veces se esconde un interés particular: el deseo de ciertos grupos de interés de operar sin regulaciones que frenen su ambición, su influencia y sus ganancias.

Este fenómeno no es nuevo, pero su impacto es cada vez más evidente. En el país, congresistas han impulsado normas que debilitan la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar, bajo la premisa de que la empresa privada es siempre más eficiente, También han propuesto normas, por ejemplo, para que las inspecciones a centros comerciales se realicen cada 10 años, como el proyecto de ley formulado por Maricarmen Alva y Adriana Tudela.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta falta de control tiene consecuencias devastadoras. Por ejemplo, la tragedia en Trujillo, donde el colapso de un centro comercial dejó seis personas muertas y más de setenta heridas, evidencia lo que ocurre cuando se prioriza la desregulación sobre la seguridad pública. La erosión de los organismos reguladores, en nombre de la «libertad económica», ha permitido que se construyan infraestructuras inseguras, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Hemos llegado a esta situación debido a la complicidad de quienes legislan. Muchos congresistas, influenciados por intereses privados, han promovido leyes que reducen la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar. Estas leyes, presentadas como medidas para «simplificar trámites» o «atraer inversiones», terminan siendo un bumerán para la sociedad. Al debilitar los organismos reguladores, se crea un vacío de poder que es aprovechado por aquellos que buscan operar sin rendir cuentas. El resultado es un Estado que no solo pierde su capacidad de proteger a los ciudadanos, sino que también se vuelve cómplice de las injusticias.

La narrativa de que el Estado es siempre ineficiente y la empresa privada siempre virtuosa ha calado hondo, pero es una simplificación peligrosa. Si bien es cierto que el Estado puede ser burocrático y lento, su papel como regulador y garante del bien común es insustituible. La desregulación no es sinónimo de progreso; en muchos casos, es la puerta de entrada a la impunidad y la desigualdad.

En este contexto, es urgente repensar el rol del Estado. No se trata de defender un aparato estatal obeso y autoritario, sino de garantizar que este cumpla su función esencial: proteger a los ciudadanos y asegurar que las reglas del juego sean respetadas por todos. Para ello, es necesario que los congresistas prioricen el interés público sobre los intereses privados, aunque hoy suene utópico, y que fortalezcan, en lugar de debilitar, las instituciones encargadas de la fiscalización. Solo así podremos evitar que más tragedias, como la de Trujillo, se repitan. El Estado no es perfecto, pero su desmantelamiento no es la solución; es, más bien, el problema.

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congresistas, Estado, regulación, Trujillo

En una entrevista del 2023, Danilo Guevara, general PNP (r), exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)y exviceministro del Interior, daba cuenta del inminente peligro que representa para nuestro país, la implantación de un complejo fenómeno delictivo conocido con el nombre de “gobernanza criminal”. En el reciente foro “Crimen organizado y captura de la democracia”, conducido por Javier Torres de “LaMula.pe”, el especialista colombiano en derecho procesal y derechos humanos, Alejandro Zúñiga, se refirió a este problema, poniendo énfasis en la situación de violencia y pérdida de derechos democráticos que padecen las personas que viven bajo esta “gobernanza”, mientras que el reconocido penalista y comunicador nacional, César Azabache, abordó la “territorialización” del control de las economías por parte del crimen organizado, y la inexistencia de herramientas legales que permitan una lucha eficaz contra este flagelo, el cual no solo constituye un delito, sino un poderoso elemento de subversión de los principios de ciudadanía, representación democrática y republica.

La gobernanza criminal, que afecta a unos setenta millones de latinoamericanos (Luna), es un grave asunto que demanda particular atención, pues sus efectos se hacen sentir en todas las dimensiones de la vida nacional. En esta nota dedicada al problema, nos referiremos a su origen y principales características.

¿Por qué “gobernanza”?

Quien se topa con el término “gobernanza criminal” puede fácilmente inferir que se trata de algún tipo de gobierno, dominio o poder, ejercido por grupos fuera de la ley, sobre la población de un área geográfica determinada. De hecho, la palabra “gobernanza” fue durante mucho tiempo utilizada como sinónimo de gobierno y gobernabilidad (basta consultar el diccionario de la RAE para constatarlo). Sin embargo, esta definición no es suficiente para llegar a entender la complejidad del problema, sus verdaderas causas, y lo que es aún más importante, las posibles -y a menudo controversiales- estrategias para enfrentarlo. Veamos el porqué.

Huida del Estado

En las últimas décadas, y como consecuencia de la total subordinación de la economía y la política a las necesidades impuestas por el mercado globalizado, “gobernanza” ha pasado a significar el repliegue de la presencia estatal en el campo social y económico. Un abandono voluntario de importantes funciones y responsabilidades gubernamentales -antaño consideradas como imprescindibles- en aras de una “Nueva Gestión Pública” (Hood). Bajo la consigna de la eficiencia, el Estado democrático, representante de la voluntad popular y garante del bien común, transfiere buena parte delplaneamiento, organización y ejecución de lo público a grupos de interés particulares (preferentemente empresas privadas), estructuradas en redes autoorganizadas y autónomas (Rhodes). Se instala de esta manera un “gobierno compartido” Estado-particulares (Monedero), en el que la función pública queda sometida a las fuerzas de mercado, bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda. En esta situación, es inevitable que los intereses particulares -esencialmente, la obtención de lucro- desplacen aquellas demandas sociales que no representen ganancias económicas. Los derechos ciudadanos y el avance social, tratados exclusivamente con criterios de rentabilidad, se convierten progresivamente en contribuciones voluntarias a cuenta de la “responsabilidad social empresarial” que, a menudo, no es otra cosa que una estrategia de marketing. Los países latinoamericanos, condicionados por el FMI y el Banco Mundial, adoptaron esta “gobernanza neoliberal de mercado”, privatizadora y desreguladora, cargados con el lastre de una institucionalidad precaria, una presencia territorial restringida y una práctica política corrupta (Sanín Naranjo). La abdicación por parte del Estado de su posición jerárquica y su rol de regulador ha dado oportunidad al surgimiento y desarrollo de nuevos actores nacionales, regionales y locales -tanto legales como ilegales- que pugnan en un mismo espacio geográfico o “zona gris” (Trejo) por la obtención de ganancias, valiéndose para ello de diversas modalidades de acción, entre las cuales se incluye la violencia y la coerción. Este trasfondo ideológico del manejo económico es rara vezevocado por nuestros analistas políticos como uno de los causales del incremento del crimen organizado.

La gobernanza criminal

Las acciones delictivas de las más importantes organizaciones criminales latinoamericanas responden a una lógica exclusivamente empresarial, cuyo objetivo es la obtención de utilidades millonarias sostenibles en el tiempo. Narcotráfico, minería y tala ilegales solo pueden administrarse con la máxima eficiencia y rentabilidad, asegurando el control del territorio en donde se llevan a cabo las actividades ilegales, acompañado del sometimiento o aquiescencia de los pobladores y agentes estatales, cuando no, de su activa y voluntaria participación.

Nos encontramos aquí frente a una caracterizada gobernanza, que adquiere su especificidad criminal debido al aprovechamiento de recursos nacionales, en beneficio de actores privados e ilegales estratégicamente articulados en redes delictivas -las que no pocas veces incluyen funcionarios y autoridades gubernamentales- cuyas decisiones y acciones impactan e influyen en un territorio y su sociedad (Duque). La gobernanza criminal, ejercida sobre territorios, recursos y poblaciones, no está al alcance de cualquier organización criminal, sino solamente de aquellas que cuentan con una estructura jerarquizada, compleja y especializada, una combinación de sociedad secreta, ejército y burocracia empresarial (Briceño-León).

No solo violencia: legitimando la ilegalidad

Por extraño y contradictorio que pueda parecer, la gobernanza criminal no representa únicamente sometimiento mediante la violencia; también puede generar orden, proveer bienes y ejecutar políticas públicas (Arias). Esto debido a que las grandes organizaciones criminales saben que, para ejercer un dominio sostenible sobre las poblaciones -y hasta una cierta dinámica de complicidad ciudadana- se requiere, además de la fuerza, disponer de una cierta legitimidad (Beetham). El ejemplo más saltante es el del capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar, conocido como el “Robin Hood Paisa”, quien en los años 80 emprendió, campañas de apoyo económico a los pobres de Medellín, lo que le granjeó gratitud y hasta veneración en muchos sectores sociales. Pero, alcanzar una gobernanza criminal en el siglo XXI, requiere más que solamente “narcolimosnas”. Para ello, las organizaciones criminales buscan legitimarse socialmente, mediante la imposición de reglas y restricciones que condicionan y regulan el comportamiento social de los pobladores (Alda). Un nuevo “orden social” que, sirviendo prioritariamente a losintereses económicos criminales, también es susceptible de generar un sentimiento de paz, protección y seguridad en las personas, y que incluye medidas como la prohibición del robo a negocios y pobladores locales, la prohibición de la venta de droga en espacios públicos, el establecimiento de toques de queda para los menores de edad, la represión de peleas callejeras y de agresión a las mujeres. A lo que debe añadirse como un importante elemento de legitimización, los beneficios económicos que estas poblaciones -por lo general marginalizadas de los circuitos económicos legales- reciben, directa o indirectamente, como resultado de la actividad de estasorganizaciones. La frase “el Cartel nos cuida”, de origen sinaloense (Sánchez), grafica claramente el éxito que puede alcanzar la legitimación criminal.

Pero se necesitan dos para bailar el tango

¿Puede un Estado plagado de carencias, ineficiencia y corrupción, como el nuestro, enfrentarse a las gobernanzas criminales? La experiencia latinoamericana apunta, tal como señala el sociólogo Roberto Briceño-León, que ello depende, por una parte, de las decisiones que las propias organizaciones criminales tomen con respecto al tipo de vínculo que deseen establecer con las instancias estatales y, por otra, la respuesta que estas últimas estén dispuestas a dar. Desde el enfrentamiento y la guerra abierta hasta la cooperación y la complicidad, las posibilidades de relación Crimen-Estado son múltiples. Siguiendo este hilo de reflexión, en nuestra próxima nota -la primera de un crítico año 2025- nos referiremos al que todo parece apuntar, es el actual eje ordenador del país: la “crimilegalidad” (Schultze-Kraft), esto es, el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales a nivel social, político y económico. Felices fiestas de fin de año.

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[Agenda País] Pocas veces se ha sentido tanto desconcierto en el país como en los tiempos que estamos viviendo. Y no es solamente culpa de quienes nos gobiernan.

Nosotros, los ciudadanos, nos hemos acostumbrado a celebrar la pendejada, a cambiar los programas de entretenimiento o culturales por cojudeces faranduleras y a mostrar un desinterés en participar activamente en política, pero valgan verdades, también miramos a la política como farándula. 

El escándalo de Andrés Hurtado “Chibolín” se veía venir. Decenas de políticos y personalidades pasaron por su programa, de ostentosa huachafería, y se sentaron en los tronos de la indiferencia siendo partícipes del desdén hacia los más pobres. Pero como nadie habla o habla poco, y con tanto poderoso metido en la cochinada, quizá todo quede allí, con Chibolín haciéndose el desmemoriado y la fiscalía peleándose con el poder judicial. 

Ya de Mauricio Fernandini no escuchamos ni pío, pero aún tenemos a nuestro “Bebito fiú fiú” que nos entretiene con su cinismo y si nos falta más morbo, Magaly sigue rompiendo ratings.

Mientras el país entra en caos permanente, el gobierno sigue despilfarrando centenas de millones de dólares en la quebrada PetroPerú y deja a la Policía Nacional del Perú sin recursos para luchar efectivamente contra la delincuencia y el sicariato que cada día aumentan con más insania en todo nuestro país.

El anunciado paro de transportistas para protestar, justificadamente, ante el incremento de la extorsión que no solamente se ensaña contra ellos sino contra todos los comerciantes que honradamente se ganan el pan de cada día, ha demostrado que el gobierno no actúa planificadamente.

Recién el mismo día del paro, el Minedu saca un comunicado a las 6:50 a.m. diciendo que las clases pasan a virtual cuando a esa hora, la mayoría de los estudiantes ya están camino a sus centros escolares, aumentando la sensación de caos y poniendo en peligro la integridad física de profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia.

También, el mismo día hacia principios de la tarde, el gobierno declara en emergencia a varios distritos de la capital, ¡Nunca es tarde! dirán los optimistas, ¡Demasiado tarde! los realistas, ¡Ya para qué! expresarán los pesimistas. 

Da la sensación que el Premier Adrianzén cree que su rol es ser reactivo con los problemas, como en el tema de los incendios forestales que ya venían empezando hace semanas, pero que recién con el infortunio de compatriotas fallecidos, se empieza a reaccionar. Y es tal la soberbia que ni ayuda internacional pedimos mientras se quema medio país, se culpa a la tradición de quemar para sembrar y a algunos malos peruanos. Bueno, ya lloverá y crecerá algo… 

Otra impresión es que no se coordina entre ministerios, que es uno de los roles principales de la PCM. Ante el extemporáneo comunicado del Minedu y la tardía declaración de emergencia, se suma que el MTC no tuvo un plan de contingencia para movilizar a la población. Tarde, muy tarde, la PNP puso unos buses a disposición. “Control de daños” es la frasecita que más se usa cuando la incompetencia arrecia.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene que reaccionar de manera radical. Ella tiene que reaccionar.

Que su gobierno llegue al 2026 es un objetivo que muchos peruanos, como yo, deseamos. Pero si la sensación de caos e indiferencia sigue aumentando, las voces de vacancia volverán al ruedo, como ya se empiezan a escuchar.

Aún es tiempo de corregir y comienza, primero, con un cambio de chip en la presidenta para que asuma que lo que queda de su gobierno es asegurar la transición democrática y poner un mínimo de orden en el país. 

Lo segundo, recomponiendo su gabinete con un premier con voz propia, que ejerza liderazgo y una efectiva coordinación transversal, así como designar ministros competentes que prioricen el trabajo en equipo.

No podemos seguir viviendo de la farándula y la indiferencia. 

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[Agenda País] Hasta el cierre de esta edición, los ciudadanos y la clase política continúan esperando la propuesta de fusión de “dos pares de ministerios”, a lo que se suma la incertidumbre creada por la renuncia de todo el directorio de PetroPerú.

Si bien estas ideas de fusionar ministerios y juntar en una sola institución toda la inversión en infraestructura no son nuevas, la pregunta que nace es si no sería mejor preparar un proyecto integral de la reforma del ejecutivo, que este gobierno deje como legado para la próxima contienda electoral.

Por otro lado, fusionar ministerios a menos de dos años que la presidenta termine su mandato, no parece una idea que atraiga confianza y más bien, distrae al propio ejecutivo cuando en estos últimos meses debería dedicarse a cumplir pocos, pero decisivos objetivos. Uno de ellos debería ser la reducción de la pobreza multidimensional, lo cual sería, eso sí, un gran legado de la presidenta Dina Boluarte que ya ha mostrado su emoción al expresar que es la pobreza lo que más le preocupa.

Es por ello que una propuesta para entregar a la presidenta y a su consejo de ministros es que tomen el fondo de la idea de fusionar ministerios, en un trabajo transversal que culmine con una propuesta de reforma integral del ejecutivo.

Este trascendental proyecto lo puede liderar el CEPLAN que es, y cito, ‘ … un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país”.

El Perú de ahora no será el mismo de aquí a 10 o 20 años. La cuarta revolución industrial, aquella que mezcla técnicas de producción avanzadas con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas, está cambiando nuestra manera de interactuar e incluso, nuestras prioridades de vida.

El estado tiene la necesidad, e incluso la responsabilidad, de percibir estos cambios, tener la visión de hacia dónde está yendo la sociedad y organizarse para otorgar los servicios en común que esta nueva sociedad está requiriendo.

El CEPLAN junto a representantes de la academia, sociedad civil organizada, partidos políticos, gobierno y personalidades invitadas, tiene el conocimiento como para traer desde el futuro la visión de hacia dónde vamos y proponer una estructura ministerial, con sus respectivas instituciones, que se adapten a estos tiempos y por los próximos 20 años.

De esta manera también, el ejecutivo se concentra en dar resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad, y mejorar ostensiblemente los servicios de educación y salud, componentes del índice de pobreza multidimensional.

Imagine Usted presidenta Boluarte, terminar su mandato reduciendo la pobreza multidimensional porque su gabinete se enfocó en dar resultados, y en paralelo, dejar a la ciudadanía el proyecto de reforma del ejecutivo con visión 2040 donde prevalezca la meritocracia, que articule al Estado, pero al mismo tiempo, que evite duplicaciones y que se enfoque en el servicio al ciudadano.

Dos grandes legados que nadie le podrá negar.

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Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.

Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.

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Todo esto surge luego del asesinato de un miembro del Serenazgo de Surco por parte de un delincuente. Causa indignación lo sucedido, sin duda, pero no podemos dejar de advertir la temeridad irresponsable del sereno que nunca debió atreverse a enfrentar a un sujeto armado, sino que debió darle prudente seguimiento y reportar de inmediato a la policía.

Un hecho lamentable, pero equívoco, ha dado pie a esta ola de populismo punitivo, que a nada bueno conduce. El Estado, en su función básica de proveer seguridad, debe ser uno solo, no un personaje de mil caras. Si no lo hace a cabalidad, pues debe llevarse a cabo una profunda reforma policial para que lo haga, pero no menoscabar sus funciones o generar cuerpos parapoliciales de alto riesgo para la propia seguridad ciudadana.

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