Terrorismo

“Las compañías se encuentran ante un nuevo escenario, en donde sus líderes tienen que pensar en cómo mejorar sus modelos de negocio, y al mismo tiempo, adaptarse a una era de transformación e incertidumbre, que implica adoptar un nuevo rol, generando valor más allá del tema financiero. En todo ese proceso de cambio las personas ocupan un lugar relevante en la ecuación”, finalizó Quinteros.

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Tremendo alboroto ha causado en un sector de la derecha peruana que el gobierno declare Patrimonio Cultural de la Nación el monumento El ojo que llora. Han salido voceros ultristas a denunciar que la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, está, merced a ese acto, reivindicando al terrorismo e igualando al Estado con los movimientos subversivos, añadiendo que en ese monumento se rinde homenaje también a exintegrantes de los dos grupos terroristas que dieron inicio al mayor periodo de violencia interna de nuestra historia.

Se trata, claramente, de una grosera mentira. El conjunto escultórico de la artista Lika Mutal, inaugurado el 2005, busca rendir reconocimiento a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y el año 2000, y en esa medida forma parte del proceso de memoria que el país ha emprendido respecto de la violencia terrorista y la represiva, que ocasionó cerca de 70 mil muertos, según la Comisión de la Verdad.

No hay un solo terrorista en el Registro Nacional de Víctimas, que es en el que se ha basado la lista de nombres que aparecen en El ojo que llora. Se señala explícitamente: “No se consideran víctimas, para los efectos específicos de su inclusión en el Registro Único de Víctimas de la Violencia, a los miembros de las organizaciones subversivas”. Hubo un intenso debate hace muchos años respecto de si se debía considerar, para ser reparados, también a quienes se alzaron en armas contra el Estado de Derecho (en otros países, se ha hecho extensivo a tales el reconocimiento reparador), pero en el Perú se zanjó claramente de que dichas personas no iban a integrarse al referido registro.

Lo que, en verdad, un sector reaccionario de la derecha peruana no quiere que se recuerde, es que no solo hubo muertos ocasionados por Sendero Luminoso o el MRTA, sino que también existieron, y en demasía, por excesos militares y policiales, que merecen ser registrados por la memoria colectiva del país. De modo decreciente, el mayor número de muertos o desaparecidos ilegalmente, por obra de las fuerzas del orden, ocurrió durante los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, mayormente en plena democracia. Es una dolorosa realidad, pero si se quiere restañar las profundas heridas colectivas que ese periodo ha dejado en la colectividad ciudadana, no se puede soslayar ese hecho. Todo lo contrario, hay que resaltarlo como corresponde para que nunca más vuelva a suceder.

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Si la captura de Guzmán por parte del GEIN supuso el desmoronamiento del PCP-SL y el final de su guerra cruenta, la muerte debería significar la extinción definitiva de SL como actor de la política peruana,

La noche quedó atrás

La historia de terror y violencia política, como tal, quedó en siglo XX. Lo que hubo luego, fueron actividades de su remanente, frente generado MOVADEF, continuidad política cierto, pero claramente limitado a la memoria selectiva, la apología insensata y, en sus términos, a “resolver los problemas derivados de la guerra”, es decir a la liberación de sus presos vía una amnistía general. Algo que ningún actor político y la sociedad estaría dispuesto a aceptar.  Aquí obviamente excluimos al Sendero narcotizado que opera en el VRAEM que, como se sabe, rompió con Guzmán a fines de los 90, que por su naturaleza merece otro tratamiento.

Memoria histérica

Recientemente, en el marco de una disputa electoral hiperpolarizada, atizada además por la pandemia y de la mano del guión trumpista, se generó una histeria colectiva de dimensiones inéditas en nuestra historia. Ni en la época cuando existía una poderosa Izquierda Unida, el MRTA, Sindicatos fuertes, la URSS y Sendero Luminoso (quien odiaba con profundo odio de clase a todos los anteriores), hubo tamaño anticomunismo. Ni el cruzado Mario Vargas LLosa del 87-90 llego a tanto. 

Este clima, como señalaba Lilian Hellman en “tiempos de canallas” -cuando denunciaba “la caza de brujas Hollywood de los años 50-, busca producir una cultura paranoica de la sospecha, autocensura e inhibición política, además de proteger determinados intereses económicos específicos (en el caso norteamericano se trataba de “arrasar el new deal de Roosvelt”). 

Es por ahí donde encontramos la explicación de un fenómeno que ha marcado y distorsionado la política en nuestra democracia del siglo XXI: agitar la anti subversión cuando no hay subversión, el terruqueo cuando no hay terrorismo y, añadiría, el anticomunismo cuando no hay comunismo (comunismo el de mis tiempos!). De este paquete, el terruqueo es el que ha funcionado de manera más sistemática y sistémica para desactivar movilizaciones sociales, bloquear una agenda distributiva y liderazgos sociales y políticos. Fue un mecanismo casi perfecto para blindar un régimen político-económico incapaz de reformarse y de abrirse a legitimas demandas sociales. Pero como se sabe, lo reprimido emerge de maneras inesperadas y no precisamente en su mejor versión, y eso lo podemos ver hoy.

Creepshow. 

En ese marco, no causa mucha sorpresa que casi todos los medios limeños y sectores políticos -y no solo la llamada DBA- partan de un supuesto donde, actualmente y en las dos últimas décadas, hubieran actos, hechos políticos violentistas o terroristas. También esa es la base desde donde sale el tratamiento –con el forzado tono grave de la música de los programas dominicales- de atribuirle simpatías, alianzas, o incluso filiación senderista, sin contrastarlo con  orientaciones o políticas que puedan siquiera ser cercanas al prosenderismo. Todo ello, por supuesto, al margen que el actual ministro en cuestión tenga que aclarar sobre su pasado.

Tal vez el caso más extremo de la instrumentaliza paradójica de SL que hacen estos sectores, fue el titular de un diario limeño (Expreso), donde dice que “Sendero sigue vivo”,  algo que fácilmente podría ser suscrito por cualquier senderista. Acabamos de ver también como pasan del relato conspiranoico del fraude a la sospecha de conspiración del  gobierno, la INPE, la Fiscalía, y la propia Marina de Guerra!, exigiéndoles mostrar el cadáver de Guzmán, cuando es justamente esa  imagen la que buscan sus seguidores para que sea objeto de culto.

La mano derecha de la oscuridad

Digámoslo con claridad, el principal interesado en mantener la supuesta amenaza senderista,  ha sido y es una derecha que hoy no quiere reconocer su derrota y/o que  no acepta que las condiciones para gobernar el país han cambiado de manera sustancial. 

Ciertamente, no se debe permitir que los restos de Guzmán se conviertan en centros de peregrinación y homenaje, más aun considerando la naturaleza mesiánica de su liderazgo para sus seguidores. Pero para eso el Estado cuenta con amplios recursos legales y políticos que garanticen que no haya afrentas a la memoria de las víctimas del terror. No se necesita para ello coquetear con la barbarie. El Presidente, arrinconado en este, como en otros temas, decidió no decidir y terminó firmando la ley que permite la cremación de sus restos. Pero el tema aquí no es que Guzmán siga preso en una urna, ya que su culto a la personalidad post mortem puede expresarse de varias otras formas. El tema es que, el show morboso que se montó, expresaba una inseguridad y un miedo que no guarda relación ni con el tiempo histórico ni con los peligros reales del senderismo actual. 

Por ello, si hay un peligro real para la democracia no está en los fantasmas derridianos, ni en algún retorno senderista. Con un gobierno entrampado, sin consistencia táctica y estratégica para avanzar en lo que se ha propuesto (0 comunismo), está latente una salida autoritaria, amenaza real de la ultraderecha que ya ensayó usurpar el poder en noviembre del año pasado. Su soporte es una creciente agresiva narrativa Trumpista, Bolsonarista (Mileinarista?), con apoyo mediático y empresarial, que activa resortes que vienen de lo más reaccionario y oscuro de la sociedad peruana, algo que –otra paradoja- también hacía el senderismo. 

 

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UNO

Los monstruos no son gratuitos. Jamás. Y menos en una sociedad corrupta y desigual como la peruana. Ayacucho fue el culto de cultivo para tal efecto. Nos guste o no. Muchos tratan de encontrar en su infancia, el origen de su proceder. Ignorando que hay monstruos que nacen, justamente, desprovisto de bondad o con la maldad a flor de piel. Profesor de Filosofía lleno de visiones contrapuestas. Ególatra y vanidoso. Leyó a Mao Tse Tung y cuando pudo visitó China. Interpretó erróneamente que el Perú podría convertirse en una tierra llena de terratenientes, desterrando el capitalismo. Ridículo, por donde se le mire.

La historia siempre da respuestas. Las revoluciones, a excepción de la rusa; la del 49 y 59 se dieron en países netamente agrícolas. En los sesenta y setenta, todas las guerrillas, en Sudamérica, fracasaron rotundamente.

Si hablamos de violencia, la sombra de Pol Pot, se cernió sobre su figura. Y de ahí, las más de 70 mil víctimas de Sendero. La violencia era un medio para llegar al poder. Su ideología era la muerte y destrucción.

Mao Tse Tung se apoyó en el campesinado. Lo hizo parte de la revolución. Abimael, llegó después de la reforma agraria. Por ende, no había terratenientes. Entonces, aterrorizó a los campesinos. Usó la dicotomía malsana: Si no estás conmigo, estás contra mí.

 

DOS

Éramos adolescentes, con problemas de acné, en 1980. Uno de los hechos más relevantes fue que volvió la democracia, de la mano de Fernando Belaunde Terry. Cuya secuela directa, para nuestro regocijo, fue la aparición de revistas como Playboy y Zeta. El televisor aún era en blanco y negro, en muchos hogares. Vivía en Mangomarca, que se había construido para empleados del Seguro Social y Policías; era una urbanización mesócrata, llena de hileras de casas blancas.

Recuerdo los cerros colindantes y las torres de alta tensión. Una tarde de junio, iba a la bodega a realizar unas compras y, de repente, vi como explotó una torre. Estaba como a cinco cuadras de la explosión. Fue mi encuentro con el terrorismo. Tenía 16 años.

Así empezó en Lima: Derribando torres de alta tensión y dejándonos sin luz. A medida que pasaban los años todo se agudizo.

 

TRES

El Presidente nunca le prestó la atención debida. El retorno de la democracia, que empezó con buen pie, dio muestras de descalabro. En primer lugar, la llamada década perdida (en toda Latinoamérica) agudizó la crisis económica. No ayudó Manuel Ulloa, en absoluto, con sus desatinadas decisiones financieras. Para más inri, tenía encima la deuda contraída por los militares, la década anterior. Se llegó a destinar el 40% del presupuesto a pagarlas. El fracaso de la derecha peruana fue evidente.

El 85 salió elegido Alan García. Y llegó el acabose.

Muchas veces la literatura y el cine reflejan mejor que nadie la realidad. Siempre ha sido así. La policía y luego el ejército se vieron rebasados por el terrorismo. Cometieron actos deleznables. En 1988 se estrenó la película “La Boca del Lobo” de Pancho Lombardi. Se basaba en la masacre de Socos ocurrida en noviembre de 1983. Donde los policías mataron a una treintena de personas, que estaban en una fiesta de pedida de mano. Antes, violaron a las mujeres. En el 86 condenaron a once encausados. El réprobo de Fujimori los indultó el 95.

El 87, es un año clave, el Ejercito, cambió la estrategia, logró aliarse con el campesinado. Sin eso, nunca se hubiera ganado a las huestes de Abimael.

 

CUATRO

A finales de los ochenta, cuando se le antojaba, Sendero declaraba “Paro Armado”. Así, sin titubeos. Entonces la gente acudía con temor a trabajar. O no iba directamente. Recuerdo que donde vivíamos, había una farmacia, que estaba a 2 cuadras de la casa. Abrió en ese día. A la madrugada, los terroristas dinamitaron el negocio. Abimael y sus secuaces, ya entraban en los barrios de la periferia de Lima.

El ruido vibrante y constante de los generadores eléctricos eran un martirio en la Lima, de finales de los ochenta o inicios de los noventa. Bancos y negocios grandes compraban indiscriminadamente dichos aparatos. Mientras el hombre común, compraba velas, linternas y lámparas a kerosene. Las fiestas o cumpleaños terminaban apenas comenzaban. O se aplazaban, porque no había luz.

Todo cambia el 16 de julio de 1992. El atentado de Tarata, nos muestra que somos un país escindido. El terrorismo había ya matado decenas de miles en la serranía. Pero jamás importó demasiado o no quisimos darnos por enterado. Hasta que se dio el atentado en el centro del distrito, oligarca por excelencia.

Fue el golpe más mediático. Fue el inicio del fin.

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Tomo prestado el título de la perturbadora novela de Enrique Congrains para referir que la muerte del peor asesino y criminal que ha nacido en nuestras tierras, Abimael Guzmán Reynoso, significa la oportunidad de recordar a todos aquellos peruanos, que por causa suya, no tuvieron la oportunidad de una muerte signada por la longevidad y apacibilidad como la de él. La vida de más de 70 mil peruanos fue cegada de las maneras más crueles que se puedan concebir. Miles de huérfanos, viudas y viudos, de padres que perdieron a sus hijos, destrucción y horror son el legado que nos ha dejado Guzmán.

Sendero Luminoso, la organización criminal más nefasta de nuestra historia, fue, a lo más, el remedo de un partido político. Se constituyó más bien, en un arma de muerte y destrucción insana con el pretexto de prometer u cambio revolucionario. No puede llamarse política a ninguna agrupación que renuncie al diálogo, el convencimiento, el debate y el consenso en medio de nuestras diferencias. Sendero Luminoso ha sido el causante del envilecimiento material y espiritual que hoy vivimos. Fujimori y Montesinos son su más palpable herencia, ellos no podrían explicarse sin la tragedia que significó para el país la década del horror. Son, como Jano, las dos caras de la misma moneda.

Recuerdo bien cuando en el 2006 me tocó acompañar a las audiencias del juicio que se siguió a Guzmán e la base naval a la valiente, honesta y muy correcta fiscal Luz del Carmen Ibáñez Carranza, quien logró que se lo condene a cadena perpetua, mientras algunos jueces timoratos declaraban que no creían en la pena máxima viéndose presionados a condenarlo de manera perpetua por el ímpetu de una mujer que no le tenía miedo a la amenaza destemplada de las huestes del terror. 

Yo pensé encontrarme con un monstruo y lo que vi fue a un anciano anodino, tembloroso, preocupado por sus beneficios carcelarios. Es decir, al cobarde que siempre fue. Entonces me pregunté cómo alguien de tan poca monta fue capaz de hacernos tanto daño. La respuesta que hasta ahora me ronda es que ayer como hoy nuestro principal enemigo es la pobreza, la ignorancia y la profunda desigualdad que vivimos. Ese es el caldo de cultivo que dio origen a uno de los grupos criminales más salvajes del mundo. Esta muerte debería llevarnos a pensar en que esas condiciones aún no han sido remontadas y por tanto debemos estar prevenidos para que la historia no se vuelva a repetir.

Pero, la muerte del asesino también significa el triunfo de la democracia y la ley. Abimael Guzmán tuvo lo que le negó a tantos miles de peruanos. Un juicio justo, el respeto irrestricto de sus derechos y hasta una captura absolutamente limpia y legal. Es justo reconocer que en las postrimerías del primer gobierno aprista, Agustín Mantilla, comprendió que sólo la inteligencia vencería a la barbarie y tuvo la visión de conformar el GEIN, al mando de Benedito Jiménez y Marco Miyashiro, que dos años después lograron lo que parecía imposible, la captura del peor enemigo del Perú.

Ahora que ha muerto vuelven los fantasmas del odio. Es perfectamente entendible por todo el daño y dolor que causó. Los que pasamos nuestra infancia en medio de las bombas y apagones, escuchando como un mantra que no debíamos pasar cerca de un banco, comisaria o un auto viejo, aquellos que jugábamos a policías y terroristas. Los que crecimos en medio de una guerra irracional como todas las guerras, pero con la diferencia que está era entre nosotros. Digo, los de mi generación vivimos el horror, que de ninguna manera se compara con lo que pudieron sufrir nuestros hermanos de Lucanamarca, Soros, Cayara y la larga lista de masacres que se sucedieron, y por eso se hace tan difícil procesar todo ese dolor que aún está a flor de piel en nuestro país.

Por eso, se comprenden todas las manifestaciones de frustración, odio, furia y desazón que nos causa la muerte de un irredento. Pero, a su vez, nos toca, una vez más, ponernos por encima de todo ello. A la ideología del odio nos toca contraponer el mensaje del amor, a la muerte enfrentarnos con la vida, a la división con la unión. Que en la hora de su muerte Guzmán no nos gane la guerra que perdió en vida. Por ello, debemos hacer el esfuerzo supremo del perdón.

Hanna Arendt nos enseña que “el perdón (ciertamente una de las más grandes capacidades humanas y quizás la más audaz de las acciones en la medida en que intenta lo aparentemente imposible, deshacer lo que ha sido hecho, y logra dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber concluido) es una acción única que culmina en un acto único.” Este es el sentido político que cumple el perdón, la posibilidad de dejar atrás lo que nos dañó para así poder seguir construyendo juntos en medio de nuestra pluralidad. Es un remedio contra la irreversibilidad e impredecibilidad del actuar humano.

Pero, el perdón no puede ni debe ser identificado con el olvido debido a que el perdón, en la medida en que pretende hacer reversible las consecuencias de nuestras acciones, deshacer, corregir lo que ha salido mal, precisa de la memoria y de la justicia. Que esta muerte nos recuerde el sacrificio de tantos miles de hombres y mujeres a quienes el Estado aún debe reparaciones, que nos sirva para iniciar el camino de reconciliación y misericordia. El amor nos exige sacrificio y ese es el llamado al perdón, a no ser como aquellos a los que criticamos, a colocarnos por encima de nuestras emociones para juntos construir el país que todos queremos. Se trata de la exigencia última de decirle al asesino que a pesar que él no quiso compartir el mundo con nosotros, nosotros si fuimos capaces de juzgarlo, condenarlo, respetar su vida y mostrar nuestra magnanimidad en su muerte. Esa es nuestra mayor victoria, la de la civilización sobre la barbarie.

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Keiko Fujimori: “Yo no voy a terruquear a nadie” empezando la segunda vuelta electoral.

A través de nuestras vidas forjamos opiniones en función de narrativas que se piensan objetivas pero son mecanismos de control social que responden a los intereses de las clases dominantes. Durante los últimos meses hemos visto el uso del terruqueo como un mecanismo de persecución mediática y judicial contra personas, desde políticos a artistas, que se atreven a salir de las normas impuestas por la narrativa dominante. El relato oficial sobre nuestra historia más reciente, es decir del conflicto armado, ha facilitado que el terruquear sirva para legitimar a las clases dominantes remecidas por un nuevo orden social desde el triunfo de Pedro Castillo y Perú Libre.

Para la comunidad PEX el terruqueo tampoco es ajeno. Después de Lima, EEUU es uno de los bastiones de la derecha peruana más importantes ya que alberga a más de 300 mil votantes. Con spots en la TV con Pedro Castillo junto a Hugo Chavez y Abimael Guzman, el fujimorismo grotescamente intentó crear “pánico” entre la comunidad peruana. Fiel a su estilo usó las redes sociales además para amenazar con la deportación a simpatizantes de Perú Libre con el cuento de que el comunismo está prohibido en EEUU. Lo cierto es que existen varios partidos comunistas en EEUU que son legales, y muchos partidos de izquierda siguen creciendo como el partido Democratic Socialist of America (DSA) que tiene a la popular Alexandra Ocasio-Cortez como una de sus líderes y seguidoras más entusiastas del izquierdista Bernie Sanders.

La narrativa dominante post-conflicto armado que contiene relatos falsos y medias verdades se ha normalizado por la aceptación de la sociedad, el Estado y sus instituciones y amplificada por la prensa. Eso también ha afectado a una parte de la izquierda peruana que está sumergida en la narrativa neoliberal y anti-comunista, y caen en posiciones tibias y no confrontacionales. La cultura dominante refleja los miedos y la desinformación selectiva de la clase media limeña, y ganarse a esos grupos es para cierta izquierda un objetivo, por lo tanto es mejor ser tibios que ser terruqueados.

El relato oficial del conflicto armado tiene en parte su origen en las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A 20 años de su creación, aún sigue siendo un documento importante. Mientras es encomiable que en las conclusiones se haya extendido en el análisis y explicación de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por Sendero Luminoso, no se explica de igual manera en profundidad y rigurosidad sobre la responsabilidad de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas durante los gobiernos de F. Belaunde, A. Garcia y A. Fujimori. De alguna manera las conclusiones de la CVR justifican esos crímenes como falta de preparación e improvisación del Estado. Este desbalance ha sido usado como argumento perfecto para la creación de un relato a favor de las clases dominantes.

Investigaciones del economista Silvio Rendón demuestran que la CVR redujo en sus proyecciones el porcentaje de víctimas a manos de agentes del Estado*. Estas omisiones y otras como el rol de los empresarios y el clero en la guerra antisubversiva, la razón de crear el Plan Verde paralelamente al avance de Sendero Luminoso y otros temas irresueltos impidieron crear un momento político para exigir una reforma militar y desmantelar la “fujimorización” del estado peruano. Ahora estamos pagando eso con el terruqueo y la intromisión de las fuerzas armadas en el gobierno como la Marina, y permitimos políticos golpistas y ex militares como W. Zapata, J. Montoya, R.Chiabra y D. Urresti vinculados a la corrupción y violaciones de derechos humanos.

Han pasado más de 40 años desde que empezó el conflicto armado y una generación espera justicia antes de morir. Es necesaria una revisión de la historia y la construcción de una verdad que sirva para el país y no para una elite. Se necesitan organizar conversaciones difíciles pero necesarias sobre los sucesos de Uchuraccay, Los Molinos, El Frontón, Castro Castro, y la embajada de Japón así como otros crímenes del Estado no resueltos. Se necesita acceder a información desclasificada sobre las acciones de las fuerzas armadas y policiales, conocer el rol de la C.I.A. en la lucha antisubversiva, e incorporar las voces y poder de decisión de las comunidades directamente impactadas por la violencia. Tenemos derecho a la verdad.

Como el premier Guido Bellido hay peruanos y peruanas que no son parte de la elite limeña y tienen una interpretación sobre el conflicto armado diferente al relato oficial. Eso no los convierte en senderistas. No debemos escoger quienes son y no son víctimas. No puede haber reconciliación sin primero descolonizar nuestras mentes de la narrativa dominante que solo ha servido para afianzar el capitalismo corporativo en el Perú.

*Capturing correctly: A reanalysis of the indirect capture–recapture methods in the Peruvian Truth and Reconciliation Commission publicado por la revista Research and Politics, SAGE Journals, 2019

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Un clima de tensión reina en el Ministerio del Interior. El futuro sobre el control de dos dependencias claves, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), despierta temores entre los mandos policiales con los que Sudaca pudo conversar. Esto, mientras se realizan pesquisas contra varios militantes de Perú Libre, como el nuevo premier Guido Bellido.

 

En la Dircote están preocupados por la posibilidad de que ruede la cabeza del jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, quien la semana pasada, según pudo conocer este medio, decidió ampliar sus indagaciones contra el jefe del Gabinete.

A Bellido se le abrió, en abril, una investigación por declaraciones en las que calificaba a los integrantes de Sendero Luminoso como “un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado”. Y también por escribir, en el 2017, en su cuenta de la red social Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia a una senderista que murió en 1982 y que era conocida por emplear dinamita en los atentados en los que participaba.

El caso está en el despacho del fiscal provincial para casos de terrorismo Luis Valdivia Calderón. De acuerdo a fuentes que participan de la investigación, la semana pasada, Solansh Roca de la Torre, abogada del premier solicitó una copia del expediente de la Dircote. El jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, entregó el material a la joven abogada cusqueña, con conocimiento del Ministerio Público.

Solansh Roca de la Torre, abogada del primer ministro Guido Bellido,
en la investigación por apología al terrorismo. Foto: Facebook.

La Dircote ahora apunta a investigar el pasado en Cusco del primer ministro, quien se hace llamar “Puka” (rojo en quechua) en sus redes sociales. Edith Lagos perteneció al grupo radical de izquierda “Puka Llacta” en los setenta, de acuerdo a un recorte del diario “Última Hora” de 1982. Bellido también ha elogiado a otra senderista, Carlota Tello, al decir que “es una muestra ejemplar del rol de la mujer peruana en el proceso de la lucha armada”.

Arriola, además, ha investigado al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al primero por una presunta pertenencia a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y al segundo por sus vínculos con el Conare-Sutep. De hecho, Maraví formó parte de la primera directiva de esa ala radical del magisterio, fundada en el 2003. El mandato de Arriola al frente de la Dircote vence a fin de año.

El clima de inestabilidad también se respira en la Diviac, la unidad policial encargada de investigar los casos más emblemáticos de corrupción, como los Dinámicos del Centro, que tiene en el punto de mira al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Fuentes de esta división aseguran que la unidad está siendo desarmada desde hace meses y que el debilitamiento puede acentuarse con la llegada de este gobierno. El desarme se traduce en menos personal, menores recursos y mayor carga de trabajo para los agentes que quedan. “Poco a poco nos quitan facultades”, dice un efectivo de la Diviac.

Esta división fue creada en el 2017, cuando Carlos Basombrío dirigía el Ministerio del Interior. La dependencia nació para enfrentar al crimen organizado y escudriñó varios casos, como Los Cuellos Blancos y Lava Jato. En marzo pasado, 96 de 161 agentes de la Diviac fueron reubicados a otras dependencias, según informó “IDL Reporteros”.

Hoy, en la práctica, la Diviac está subordinada a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), una oficina más alineada con las directrices del ministro de turno, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la emblemática división policial temen que este esquema se mantenga con el exfiscal Juan Carrasco Millones como cabeza del portafolio. 

Juan Carrasco Millones, ministro del Interior, en medio de pugnas
internas en el sector. Foto: Andina.

La Digimin empezó a politizarse en la gestión de Martín Vizcarra, dicen las fuentes. Un integrante de esa dirección, Manuel Arellanos, estuvo incluso presente en la reunión entre Vizcarra y las exfiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, en el 2018.

En los últimos meses la Digimin ganó la pulseada a la Diviac en la pugna por el poder en la Policía. En abril de este año el coronel Harvey Colchado, fundador de la Diviac, fue reubicado como jefe de la región policial en Lambayeque, la región del actual ministro Carrasco. En su lugar entró el coronel Miguel Cayetano Cuadros, de un perfil más bajo que el de Colchado. 

Los casos de la Diviac no se manejan con tanto secretismo y autonomía desde que salió Colchado, según las fuentes. Las investigaciones son informadas con mayor anticipación y frecuencia a los altos mandos de la Policía, entre ellos el comandante general César Cervantes. “Hay un mayor riesgo de fuga de información”, dice una persona que conoce la situación de cerca. 

El comandante general de la Policía, César Cervantes, estuvo encargado de la División de Búsquedas de la Digimin entre el 2013 y el 2017. Es un oficial que, al estar identificado con esa dependencia, ha potenciado a la Digimin, en detrimento de la Diviac. Cervantes ha sido ratificado en el cargo por el ministro Carrasco. Según fuentes policiales altamente confiables, ambos se conocen porque han coordinado operativos por casos de crimen organizado investigados por el exfiscal de Chiclayo. 

Comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas, en fuego cruzado con la Diviac. Foto: Ministerio del Interior.

La Diviac pinchó los teléfonos de los implicados en el  caso Los Dinámicos del Centro. La interceptación sirvió, en primer lugar, para desmantelar una red dedicada al tráfico de brevetes en el gobierno regional de Junín. Pero el trabajo ha servido, principalmente, para poner contra las cuerdas a los principales dirigentes de Perú Libre. La pista apunta a un ilegal financiamiento en la campaña del lápiz. 

“En el caso de la Diviac hay una presión por tratar de disolverla. Ahí van encontrar el apoyo de los sectores corruptos de la derecha extrema. La Diviac destapó Los Cuellos Blancos, los Dinámicos del Centro y muchas otras cosas más. Tengo el orgullo de haberlo creado durante mi gestión. Es el equivalente del GEIN, que capturó Abimael Guzmán. Esa importancia le daría yo a lo que está haciendo la Diviac”, dice el exministro Carlos Basombrío. 

El ministro del Interior, Juan Carrasco,  ha asegurado que no va a desactivar la Diviac. Pero el asunto está en si va a potenciar la unidad o va a continuar debilitándola. No lo ha precisado. En la Dirección Antidrogas, otra división policial clave,  también hay preocupación. Esta oficina maneja el programa Constelación, el sistema de escucha telefónica para todo tipo de investigaciones.

Las tensiones y el recelo policial están en su punto más álgido. Las pugnas en el Ministerio del Interior desataron una crisis en el sector con las renuncias de los viceministros Carlos León y Nicolás Zevallos por la posible inclusión de Grover Mamani, un dirigente radical del magisterio en Puno, como jefe de la Dirección General de Gobierno Interior. Ante el escándalo, Juan Carrasco abortó el nombramiento de Mamani. Pero el temporal está lejos de amainar. 

 

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Querida Manuela,

Mi tío Alejandro César Bazan, al enterarse de nuestra correspondencia me comentó de la elegía del escritor chileno Pablo Neruda dedicada a tu memoria, La Insepulta de Paita. La he estado leyendo y releyendo. Es hermosa. Sabemos que falleciste en Paita, pero no sabemos dónde yace tu cuerpo. Muchas personas, cuando les cuento que te escribo no saben de ti, de tu rol en la historia del Perú. Te perdiste en la memoria.

En 1997 estaba haciendo mis practicas preprofesionales en la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Era una institución reciente, creada con la Constitución de 1993, llena de profesionales jóvenes con lo que me formé en la universidad. Este equipo me dio las bases para ser la profesional que soy. Fue en ese momento que conocí a una mujer única, sensible e inteligente, Angélica Mendoza Almeida, Mamá Angélica, la llamaban de cariño. Era madre de Arquímedes. La madrugada del 2 de julio de 1983, los militares allanaron su casa en Huamanga y la amenazaron de muerte. También estaban su hija Ana María y su esposo Estanislao. Los arrinconaron contra la pared y les apuntaron con armas, mientras sacaban a Arquímedes de su habitación y lo conducían a un vehículo ubicado fuera del domicilio. Mamá Angélica era la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep), que el 7 de setiembre de 1997 presentaron un petitorio a la Defensoría del Pueblo solicitando se investiguen los casos contra la libertad individual, bajo la modalidad de secuestro-detención y desaparición forzada involuntaria. Esta investigación llevó a publicar el Informe La Desaparición Forzada de Personas en el Perú 1980-1996, herramienta de trabajo y consulta para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Ministerio Público y la sociedad en su conjunto. Mamá Angélica murió hace tres años, reconocida con la Medalla de la Defensoría del Pueblo, pero sin encontrar a Arquímedes.

​En el 2016, el Ministro del Interior me nombró Defensora del Policía, una Dirección General del Ministerio del Interior, cuyo rol es velar por los derechos humanos del personal policial y sus familias.  Ahí conocí la problemática e historia de 1589 policías con discapacidad, así como de los deudos compuesto por viudas, huérfanos y madres de más de 3200 policías fallecidos a causa del terrorismo. Los policías vivieron enfrentamientos armados, aniquilamientos selectivos, emboscadas, reglajes, coches bombas, intentos de asesinatos, la lucha contra el terrorismo. Ser Defensora también me permitió conocer a detalle la historia de los valerosos policías de la Guardia Civil, Guardia Republicana, Policía de Investigaciones y la Sanidad Policial. Le tengo mucho respeto y siempre seré una defensora de sus derechos, de su historia y de su dedicación.

Manuela, se estima que el número total de muertos y desaparecidos causado por el conflicto armado interno peruano es 69 280, dentro de un intervalo de confianza al 95%, cuyos límites superior e inferior son 61 007 y 77 552, respectivamente según la Comisión de la Verdad. Fue un fratricidio.

Este domingo son las elecciones y, durante esta campaña solo he escuchado palabras vacías sin contenido por parte de todos los candidatos: terrorismo, terrucos, comunismo, democracia, pueblo, miedo, odio. Tenemos un candidato que parece que no es consciente de que somos una República compuesta por ciudadanos(as) con derechos y obligaciones y, por otro lado, una candidata que pretende solucionar todos los problemas sociales y, en especial los de derechos humanos, con bonos económicos. Faltan dos días para elegir nuestros destinos y seguimos confundidos, con un futuro incierto.

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Democracia, Elecciones 2021, Terrorismo

Por Alba Ñaupas y Alessandro Azurín

A lo largo del Río Ene transitan diariamente los asháninkas buscando “caracolitos”, como cariñosamente le llaman a este animal, el caracol, que usan para preparar su comida. En marzo de este año, miembros de la comunidad de Potsotincani, ubicada en el distrito de Río Tambo (Junín) se encontraban realizando esa labor cuando se toparon con un grupo de 40 personas armadas, entre hombres y mujeres, que los observaban con actitud amenazante. 

 

“Los armados les preguntaron a los asháninkas ‘¿qué hacen ustedes acá?’. Ellos respondieron que era su territorio. Los señores les dijeron que tenían que irse de ahí porque, si no, los iban a desaparecer. Los asháninkas se asustaron y escaparon”, cuenta Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 53 comunidades de las cuencas de ese río.

Potsotincani está a cuatro horas de San Miguel del Ene, Vizcatán, escenario de la masacre del domingo 24. El episodio que relata Valerio revive lo peor de épocas pasadas para los asháninkas y no es el único. La visita de estos personajes armados ocurre cada vez con mayor frecuencia. “Seguimos en estado de emergencia porque actualmente enfrentamos problemas como el narcotráfico. Cada año va creciendo el sembrío de hoja de coca en la frontera de Cuzco con Junín y Ayacucho. Siembran su coca, instalan cosas para macerarla y convertirla en droga. Todo eso hemos tenido que sufrir las comunidades sin el menor apoyo del gobierno. Hemos denunciado, pero no obtenemos respuesta”, afirma Valerio.

Según Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y especialista en tema de seguridad, el 90% del narcotráfico está focalizado en nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem. Además de Vizcatán del Ene, están Pichari, Sivia, Kimbiri, Santa Rosa, Llochegua, Samugari, Canayre y Río Tambo (acá se ubica Potsotincani). “En el Vraem se cultivan un poco más de 26.000 hectáreas de hoja de coca y se procesan 450 toneladas de cocaína anualmente. Eso representa el 70% de toda la cocaína a nivel nacional”, agrega el también exministro del Interior.

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Nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem son los que focalizan el 90% del narcotráfico en el país. Infografía: Leyla López.

 

Ni ese dato ni lo ocurrido el domingo 24 en Vizcatán sorprende a los asháninkas. Como si fuese una advertencia siniestra, Pedro Valerio le aseguró a Sudaca que en los últimos meses su comunidad venía reportando cádaveres desfilando por el río Ene. “Hemos visto tal vez siete cuerpos estos meses, pero debe haber muchos más porque el río es grande y no podemos ver todos. Eso no es novedad para nosotros, cuando hay muertes en la parte alta del Ene los botan al río”, explica. 

Según Valerio, tanto el desfile de muertos en el río, como los cruces con los narcoterroristas fueron reportados por su gente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ignoraron sus denuncias. “No ha habido una respuesta rápida para ver qué está pasando. A raíz de esto, las comunidades se sienten inseguras. Lo que está pasando en Vizcatán del Ene en cualquier momento puede suceder en nuestras comunidades”, detalla.

La sociedad del narco-terrorismo

“Nuestra comunidad está en constante peligro porque hay presencia del narcotráfico, [nuestros territorios] son corredores de los cargachos que llevan drogas, de los remanentes terroristas que son guardaespaldas de los cargachos”, dice Valerio.

El dirigente asháninka se refiere a la perversa sociedad que existe en la zona entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso, denominados hoy el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). La Policía y las Fuerzas Armadas responsabilizan a este grupo terrorista de la masacre de Vizcatán.

Esta facción escindida del Sendero original ha hecho sentir su presencia con al menos 20 atentados terroristas que bañaron de sangre al valle en los últimos 13 años. Liderado por Víctor Quispe Palomino, está conformado por aproximadamente 330 personas entre adultos, niños y ancianos, explica el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.

Según estimados de esta unidad especializada, la principal fuerza armada de esta organización -la que se dedica a cometer los atentados- está formada por aproximadamente 30 terroristas. Los otros 300 no son partícipes directos de estas incursiones, sino que se dedican a la cosecha, el sembrío y a cuidar a los niños. Arriola dice que, aunque no participan de las acciones armadas, al fin y al cabo forman parte de la organización.

El general señala que la mayoría de los jóvenes que forman parte del MPCP nacieron al interior de la organización y “no conocen otra cosa que no sea la organización criminal del terrorista Sendero Luminoso”. Actualmente ya no hay muchos niños dentro de la agrupación, porque ‘José’ habría dado la orden de ya no procrear más.

Aunque anteriormente los terroristas tenían presencia en más distritos del Vraem, ahora su centro de operaciones se ha reducido a Vizcatán del Ene. Las huestes del grupo terrorista viven encapsuladas ahí y tienen problemas para expandirse. Este distrito, en el que el 56% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios de salud según el exministro Rubén Vargas, es un lugar estratégico para el camarada ‘José’ y sus secuaces.

Y no es hogar para cualquiera. Como explica el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, las temperaturas en la noche bajan mucho y en el día hay demasiado calor. También hay una vegetación de árboles de entre 30 y 40 metros que hace que la orientación sea casi imposible. “Solamente la gente que sabe, que conoce el terreno, es la que sobrevive ahí. Es una geografía muy difícil, por eso es una fortaleza para ellos, están bien escondidos ahí”, afirma Baella. 

De acuerdo a estimaciones de la Dircote, el 33% de la droga elaborada en el Vraem transita por el distrito de Vizcatán del Ene. Ahí los terroristas resguardan los laboratorios en donde se produce la cocaína, cobran por cada hectárea de hoja de coca sembrada y brindan seguridad a los ‘cargachos’, que transportan la droga a pie por las zonas que tienen controladas. 

“[Los terroristas] se financian con el tráfico ilícito de drogas. Cuando los mochileros pasan por las zonas que ellos controlan les cobran por cada kilo de droga entre $8 y $9”, explica Baella.

Sin embargo, esa modalidad de traslado, operada por los ‘cargachos’, no es la principal. “Hay una importante ruta área. Se traslada cocaína usando avionetas con destino a Bolivia o Brasil. La modalidad de los ‘cargachos’ se ha ido dejando porque [los traficantes] están usando mecanismos más sofisticados y en mayores volúmenes, como las rutas aéreas”, asegura Rubén Vargas.

Según fuentes confiables, en promedio parten 10 avionetas diarias del Vraem en temporada de verano, pues en invierno no es posible trasladar la ilegal mercancía por aire debido a las intensas lluvias.

Las fuerzas del orden, sin embargo, no son bien recibidas en determinados sectores del Vraem. Fuentes en la Dirandro cuentan a Sudaca cómo la población del valle cocalero les manifestó su rechazo el pasado 27 de abril. Esa tarde, realizaron un operativo en el distrito de Putis, Ayacucho, porque habían recibido información de que en esa zona “llegaban los mochileros que cargaban 800 kilos” de droga. Como si fueran un imán de problemas y no los responsables de protegerlos, los policías fueron expulsados por la población local.

“No duramos ni dos horas porque el presidente de la comunidad nos dijo que teníamos que irnos o tomarían medidas contra nosotros. La gente tenía miedo. Cuando vimos ese movimiento, antes de las 8, ya teníamos que irnos. Esa es una zona de traslado de ‘merca’ desde Llochegua. Los tucos [terroristas] dan la seguridad y cobertura para que la gente pueda mover su ‘merca’”, explica un oficial que participó del operativo.

Putis es el mismo lugar en el que el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares ejecutaron a 123 pobladores locales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Angel Pedro Valerio CARE
Pedro Valerio, presidente de CARE, denunció la presencia de hombres armados en las comunidades asháninkas y la aparición de cuerpos en el río Ene. Ambos hechos lo atribuye al narcotráfico. Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín.

 

Hay otras comunidades al interior del Vraem, sin embargo, que piden a gritos la presencia policial y militar para que atiendan sus denuncias. Y también para que no los dejen desprotegidos. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) señala, por ejemplo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretende desactivar sus comités de autodefensa alegando que no hay presencia terrorista o de narcotráfico, dejándolos indefensos ante cualquier ataque.

“Si nos van a quitar armamento y no nos van a reforzar nuestro Comités de Autodefensa, fácilmente van a ingresar los narcotraficantes, los remanentes del terrorismo. El narcotráfico va ganando territorio. Si nos dejan sin nuestros comités, nos dejan totalmente vulnerables”, se queja Pedro Valerio, presidente de la CARE.

Sudaca contactó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo, pero no respondió nuestra solicitud de entrevista.

Cifras de abandono

“La realidad de los pobladores del Vraem es muy diferente. No solo se trata de llevarle protección, sino también apoyo a esa población que muchas veces no tiene acceso a educación”, dice José Baella, exjefe de la Dircote.

A Baella no le falta razón. Según el último censo del INEI (2017), en la zona no hay una adecuada disponibilidad de docentes de educación regular y el 39% de los colegios en todo el valle cocalero necesita la sustitución total de su infraestructura. No solo eso. El analfabetismo afectó al 20,6% de la población mayor de 15 años y la brecha digital es enorme: hasta el 2017, 129,157 hogares (96,5%) no contaban con servicio de internet.

Los índices de pobreza, además, apuntan que el 22,51% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 42,81% son pobres extremos, según cifras del ministerio de Inclusión Social al año 2019.

En salud, los indicadores también son lamentables. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud del 2017, el 25,8% de los niños del Vraem entre los 0 y 3 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Y si nos fijamos en los niveles de anemia infantil, casi la tercera parte, el 34% de los niños, padece de esta enfermedad por falta de una buena alimentación. 

En los distritos donde se produce la mayor cantidad de cocaína, los habitantes no tiene acceso al servicio de salud, siendo Vizcatán del Ene (55,8% no cuenta con el servicio), Canayre (47,9%) y Pangoa (47,6%) los afectados en mayor porcentaje por esa carencia.

Otras cifras revelan las consecuencias del narcotráfico en el medio ambiente. Así, entre los años 2000 y 2016, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente, se han reportado alrededor de 98.171 hectáreas de bosques perdidos, siendo los distritos más críticos el de Río Tambo, Pangoa y Mazamari.

Otro problema que afronta el Vraem en términos ambientales es el alto nivel de contaminación del agua con insumos químicos relacionados a la producción de cocaína. Un estudio realizado por DEVIDA en el 2013 encontró que el agua de muchas de estas microcuencas afluentes del río Apurímac contiene altos niveles de elementos nocivos para la salud, como fosfato, cromo, níquel y plomo, haciéndola no apta para el consumo humano.

Además, se encontraron niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la salud de la población. Las cifras fueron utilizadas por el Ejecutivo para la elaboración de la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”.

Pero no es la única manera en la que el narcotráfico contamina las aguas del Vraem. Pedro Valerio denuncia también que los cuerpos que aparecen en las corrientes del Ene contaminan sus ríos, perjudicándolos “no solo para tomar, sino también para sobrevivir: si el río está contaminado no tenemos para comer”.

Evitar la expansión del narcotráfico en el Vraem es un problema más que el nuevo gobierno deberá afrontar. Y no se trata solo de una lucha policial, como hemos visto.

 

*Fotoportada: Leyla López

 

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