Terrorismo

[Cosecha Roja] Desde que empezó la actual legislatura, se han presentado en el Congreso más de 45 proyectos de ley que proponen el endurecimiento de penas y condenas en aras de frenar la actual arremetida de crimen y delincuencia que mantiene a la población en vilo. Es decir, en promedio se ha presentado un proyecto y medio por mes en los últimos dos años y pico que tiene el actual parlamento en funciones. De todas estas iniciativas, 10 han tenido el mismo objetivo: crear la figura penal de “terrorismo urbano” e incorporarla al Código Penal. Ante tanta insistencia, finalmente, la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso decidió aprobar el dictamen de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal y establece penas de entre 23 a 30 años, así como sus causales. 

¿En el país donde una película, una obra de teatro, una presentación de libro y una manifestación pueden ser calificadas de “terroristas” o de “apología al terrorismo” (y lo han sido) qué significa que ahora el crimen también pueda serlo? 

Ciertamente, el terrorismo urbano existe: los atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, los ataques terroristas de Paris en 2015 y la explosión provocada en el Manchester Arena de 2017 son solo algunos ejemplos recientes. Pero, a diferencia del crimen que actualmente agravia al país, todos estos ataques fueron motivados por objetivos ideológicos, religiosos y políticos de organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. 

Con esto no estamos buscando invisibilizar el trágico legado que ha dejado el accionar de organizaciones que en el pasado ejercieron la violencia para avanzar sus respectivas plataformas ideológicas y políticas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero equiparar el accionar de estas organizaciones y, sobre todo, las estrategias para combatirlas con el de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, puede terminar siendo más perjudicial a la larga. 

Tampoco pretendemos negar el hecho de que muchas de estas organizaciones criminales recurren a la violencia extrema y tácticas terroristas para instalar el miedo en poblaciones enteras y/o ejercer un control territorial tiránico en los espacios donde despliegan sus actividades delictivas: trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y muchas más. Pero su lógica sigue estando motivada por las ganancias económicas de sus negocios ilícitos y no necesariamente por cuestiones ideológicas. 

Es fundamental reconocer que etiquetar la violencia y las tácticas de organizaciones criminales bajo el término de “terrorismo urbano” no solo puede diluir el significado del terrorismo verdadero, sino también complicar los esfuerzos para abordarlo eficazmente. La militarización de la respuesta al crimen organizado (y nuestra sociedad) es un riesgo real que este dictamen podría precipitar. En el país donde potencialmente todo puede ser terrorismo, esta realidad no parece estar tan alejada.  

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[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS]  Ya hace un tiempo, en mis clases, refiero como Conflicto Armado Interno y Lucha contra el terrorismo al luctuoso periodo en que SL y MRTA asolaron al país. Utilizo las dos denominaciones en simultáneo por respeto a las diferentes posturas que existen sobre aquella larga y dolorosa coyuntura.

Hoy, el Presidente Daniel Novoa, de derecha, le llama directamente Conflicto Armado Interno a la terrible situación que, súbitamente, se ha presentado en Ecuador, tras la fuga de dos cabecillas del narcotráfico (en total fugaron 39 reos de la cárcel de Ríobamba), la toma de un canal de televisión y de diferentes locales que cumplen diferentes funciones, pero que tienen en común ser lugares públicos, lo que ha motivado la toma de cientos de rehenes a manos de los grupos armados.

La expresión de Novoa puede resumirse con el siguiente parafraseo: las acciones de estos grupos son terroristas, por eso declaro el Conflicto Armado Interno. De esta manera, se valida lo que se ha señalado desde la CVR respecto de lo que sucedió en el Perú desde 1980 en adelante:  Conflicto Armado Interno, refiere un enfrentamiento que supera la delincuencia común, y que no es un Conflicto Internacional, pues este último implicaría el enfrentamiento entre dos Estados. De tal manera, CAI resultaría la denominación correcta para nuestro caso.

Además, así lo refieren los Convenios de Ginebra de 1949 que son los que hasta hoy ofrecen al mundo un marco de denominaciones oficiales para los diversos enfrentamientos entre grupos armados. Los Convenios también hacen referencia al terrorismo, pero lo entienden más como un método de acción utilizado por uno o todos los bandos en conflicto. Grosso Modo, hay terrorismo cuando alguno o todos los contendientes validan que un sector o individuos de la población civil puedan ser utilizados como blanco, como parte de sus objetivos militares. También puede entenderse como la intención de sembrar el terror entre la población con las mismas finalidades.

Por supuesto que los Convenios de Ginebra condenan duramente el uso de prácticas terroristas, las que se encuentran absolutamente al margen del derecho de la guerra. En tal sentido, lo que podríamos decir que ocurrió en nuestro país fue un Conflicto Armado Interno y podríamos añadir que este se caracterizó, principalmente, por las acciones terroristas perpetradas por los grupos armados SL y MRTA.

El problema con esta definición es que, de acuerdo con los datos de CVR, el 30% de las víctimas civiles del CAI cayeron a manos de nuestras Fuerzas armadas o policiales, aunque también es verdad que estas, finalmente, fueron las que derrotaron a las bandas terroristas y pacificaron al país. Esta situación complica alcanzar una fórmula que complazca todas las posturas que existen al respecto.

En el pasado he escrito sobre la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales en el CAI. He dicho que poseen un doble y hasta un triple estatuto. El de víctimas, porque lo fueron muchas veces, el de victimarios, porque esta situación también se produjo, y el de vencedores de las bandas terroristas y pacificadores del país.

En tal sentido, me parece que definir o darle un nombre a lo que aquí comenzó a acontecer desde 1980 en adelante puede resultar sencillo, pero también muy complicado. Es sencillo porque Conflicto Armado Interno es el nombre oficial que establece el derecho internacional para casos como el nuestro, pero es complicado porque dicha denominación no satisface a todos los sectores de la sociedad.

A nuestro parecer, la solución pasa por una descripción más bien amplia de la escena, es decir, señalar que en el Perú se produjo un Conflicto Armado Interno en el que las bandas terroristas SL y MRTA asolaron al país, siendo responsables, además, de la mayor parte de bajas civiles que el enfrentamiento produjo. Estas bandas fueron combatidas por las fuerzas armadas y policiales las que también dañaron a un sector de la población civil. Finalmente, las fuerzas armadas y policiales lograron vencen a las bandas terroristas y pacificaron al país.

Entiendo cabalmente que explicar no es lo mismo que nombrar, y que, además, existen sectores radicales, a ambos lados, que, de seguro, no estarán de acuerdo con la descripción propuesta. En todo caso, saber que existe una definición que intenta reflejar todo lo ocurrido, sin negar nada y en una sola oración, podría resultar tranquilizador y hasta cierto punto consensual si la sociedad conoce que dicha definición está impresa y se difunde, por ejemplo, en los manuales escolares del Estado, tanto como en aquellos divulgados por casas editoriales privadas.

En fin, me temo que esta discusión no va a terminar nunca, pero quizá sí resulte posible generar un contexto en el cual podamos conversar del tema sin necesidad de atacarnos, dividirnos, ni de levantar la voz, así maduraremos, aunque sea un poco, como sociedad. ¿Será posible?

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Se cumplen hoy 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al país y fue y sigue siendo un hecho fundamental que es menester destacar.

Primero, se dejó muy bien establecido que los principales responsables del baño de sangre fueron Sendero Luminoso y el MRTA, dos movimientos terroristas que emergieron en la década de los 80, y que en ese trance murieron cerca de 70 mil peruanos.

Segundo, se dejó muy en claro que la mayor parte de los muertos ocurrieron a manos de los terroristas y en menor medida, pero no menos importante, por las propias fuerzas armadas y policiales.

Tercero, se fijaron cifras que mostraron que, contrariamente a lo que Toledo quería utilizar como munición contra el fujimorismo al crear la CVR, la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García (por eso, de paso, no se explica el sesgo antifujimorista mayoritario de la muestra del Lugar de la Memoria).

Cuarto, se fijaron pautas de reparaciones y atribución de responsabilidades que luego han servido para acciones judiciales eficaces, aunque aún incompletas, a pesar del tiempo transcurrido.

El país maduró democráticamente con la dación del Informe y no se explica, honestamente, la reticencia de cierto sector de la derecha a administrarlo y apoyarlo, al amparo de tonterías como que se use el universal y legal término “conflicto armado interno” que no rebaja responsabilidad alguna a los terroristas y no les otorga rango jurídico de protección.

El Informe de la CVR es un hito liberal en la defensa de los derechos humanos y debe ser visto así, por ende, por los sectores pensantes de la derecha, sin que sorprenda ya la reacción cavernaria de los sectores conservadores que quizás hubieran querido que se eche tierra por encima de las violaciones ejecutadas por los institutos armados, como si ello fuera posible y saludable.

La verdad repara, la memoria es socialmente terapéutica y ayuda a que sucesos semejantes no se repitan. Y, por último, se trata de un acto de justicia histórica con las decenas de miles de deudos de las víctimas del terror originado en las demenciales tesis senderistas y las sanguinarias tácticas del “guevarismo” emerretista, grupo que no merece mejor consideración que los radicales maoístas de Sendero.

 

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Comisión de la Verdad, exsenderistas, Informe de la CVR, MRTA, sendero luminos, Terrorismo

En tiempos de terruqueo masivo en donde subyace el racismo, se decide darle la posibilidad a cualquier ciudadano/a para que acuse a otro de un delito sumamente grave, dejando que este interprete qué es “apología para el terrorismo”. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Evidentemente no estamos en un país con autoridades democráticas. 

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Redes sociales, Terrorismo

Por ello, pensamos que una narrativa más aceptable para un sector mayoritario de la sociedad debería plantear que en el periodo estudiado se produjo una guerra iniciada por las bandas terroristas contra el Estado y la sociedad, y que la actuación de dichas bandas se caracterizó por el nulo respeto a la vida humana y la violación indiscriminada de los derechos humanos. En esta guerra, las FFAA y policiales actuaron en defensa del Estado y de la sociedad y derrotaron a las bandas terroristas. Sin embargo, en su actuación violaron los derechos humanos de la población; es decir, de la sociedad. Al respecto, dejo las siguientes recomendaciones:  

  1. Es necesario un profundo trabajo de reconciliación entre las FFAA y los pobladores o descendientes de pobladores víctimas de dichas violaciones a sus derechos humanos. Es decir, entre las FFAA y la sociedad. 
  2. Las bandas terroristas no formarán parte de ninguna política de reconciliación en tanto que únicas responsables del conflicto armado o terrorismo. La reconciliación debe darse exclusivamente entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. 
  3. Las políticas específicas, las dejo para otra columna. 

  

 

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Minedu, Terrorismo

Solo diciendo las cosas por su nombre, sembraremos las bases para una verdadera reconciliación.


  1. Real Academia Española define Terrorismo como : 1. m. Dominación por el terror. 2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. https://dle.rae.es/terrorismo 

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Terrorismo

“Las compañías se encuentran ante un nuevo escenario, en donde sus líderes tienen que pensar en cómo mejorar sus modelos de negocio, y al mismo tiempo, adaptarse a una era de transformación e incertidumbre, que implica adoptar un nuevo rol, generando valor más allá del tema financiero. En todo ese proceso de cambio las personas ocupan un lugar relevante en la ecuación”, finalizó Quinteros.

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Buenas prácticas, Crisis económica, Incertidumbre política, Terrorismo

Tremendo alboroto ha causado en un sector de la derecha peruana que el gobierno declare Patrimonio Cultural de la Nación el monumento El ojo que llora. Han salido voceros ultristas a denunciar que la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, está, merced a ese acto, reivindicando al terrorismo e igualando al Estado con los movimientos subversivos, añadiendo que en ese monumento se rinde homenaje también a exintegrantes de los dos grupos terroristas que dieron inicio al mayor periodo de violencia interna de nuestra historia.

Se trata, claramente, de una grosera mentira. El conjunto escultórico de la artista Lika Mutal, inaugurado el 2005, busca rendir reconocimiento a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y el año 2000, y en esa medida forma parte del proceso de memoria que el país ha emprendido respecto de la violencia terrorista y la represiva, que ocasionó cerca de 70 mil muertos, según la Comisión de la Verdad.

No hay un solo terrorista en el Registro Nacional de Víctimas, que es en el que se ha basado la lista de nombres que aparecen en El ojo que llora. Se señala explícitamente: “No se consideran víctimas, para los efectos específicos de su inclusión en el Registro Único de Víctimas de la Violencia, a los miembros de las organizaciones subversivas”. Hubo un intenso debate hace muchos años respecto de si se debía considerar, para ser reparados, también a quienes se alzaron en armas contra el Estado de Derecho (en otros países, se ha hecho extensivo a tales el reconocimiento reparador), pero en el Perú se zanjó claramente de que dichas personas no iban a integrarse al referido registro.

Lo que, en verdad, un sector reaccionario de la derecha peruana no quiere que se recuerde, es que no solo hubo muertos ocasionados por Sendero Luminoso o el MRTA, sino que también existieron, y en demasía, por excesos militares y policiales, que merecen ser registrados por la memoria colectiva del país. De modo decreciente, el mayor número de muertos o desaparecidos ilegalmente, por obra de las fuerzas del orden, ocurrió durante los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, mayormente en plena democracia. Es una dolorosa realidad, pero si se quiere restañar las profundas heridas colectivas que ese periodo ha dejado en la colectividad ciudadana, no se puede soslayar ese hecho. Todo lo contrario, hay que resaltarlo como corresponde para que nunca más vuelva a suceder.

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Si la captura de Guzmán por parte del GEIN supuso el desmoronamiento del PCP-SL y el final de su guerra cruenta, la muerte debería significar la extinción definitiva de SL como actor de la política peruana,

La noche quedó atrás

La historia de terror y violencia política, como tal, quedó en siglo XX. Lo que hubo luego, fueron actividades de su remanente, frente generado MOVADEF, continuidad política cierto, pero claramente limitado a la memoria selectiva, la apología insensata y, en sus términos, a “resolver los problemas derivados de la guerra”, es decir a la liberación de sus presos vía una amnistía general. Algo que ningún actor político y la sociedad estaría dispuesto a aceptar.  Aquí obviamente excluimos al Sendero narcotizado que opera en el VRAEM que, como se sabe, rompió con Guzmán a fines de los 90, que por su naturaleza merece otro tratamiento.

Memoria histérica

Recientemente, en el marco de una disputa electoral hiperpolarizada, atizada además por la pandemia y de la mano del guión trumpista, se generó una histeria colectiva de dimensiones inéditas en nuestra historia. Ni en la época cuando existía una poderosa Izquierda Unida, el MRTA, Sindicatos fuertes, la URSS y Sendero Luminoso (quien odiaba con profundo odio de clase a todos los anteriores), hubo tamaño anticomunismo. Ni el cruzado Mario Vargas LLosa del 87-90 llego a tanto. 

Este clima, como señalaba Lilian Hellman en “tiempos de canallas” -cuando denunciaba “la caza de brujas Hollywood de los años 50-, busca producir una cultura paranoica de la sospecha, autocensura e inhibición política, además de proteger determinados intereses económicos específicos (en el caso norteamericano se trataba de “arrasar el new deal de Roosvelt”). 

Es por ahí donde encontramos la explicación de un fenómeno que ha marcado y distorsionado la política en nuestra democracia del siglo XXI: agitar la anti subversión cuando no hay subversión, el terruqueo cuando no hay terrorismo y, añadiría, el anticomunismo cuando no hay comunismo (comunismo el de mis tiempos!). De este paquete, el terruqueo es el que ha funcionado de manera más sistemática y sistémica para desactivar movilizaciones sociales, bloquear una agenda distributiva y liderazgos sociales y políticos. Fue un mecanismo casi perfecto para blindar un régimen político-económico incapaz de reformarse y de abrirse a legitimas demandas sociales. Pero como se sabe, lo reprimido emerge de maneras inesperadas y no precisamente en su mejor versión, y eso lo podemos ver hoy.

Creepshow. 

En ese marco, no causa mucha sorpresa que casi todos los medios limeños y sectores políticos -y no solo la llamada DBA- partan de un supuesto donde, actualmente y en las dos últimas décadas, hubieran actos, hechos políticos violentistas o terroristas. También esa es la base desde donde sale el tratamiento –con el forzado tono grave de la música de los programas dominicales- de atribuirle simpatías, alianzas, o incluso filiación senderista, sin contrastarlo con  orientaciones o políticas que puedan siquiera ser cercanas al prosenderismo. Todo ello, por supuesto, al margen que el actual ministro en cuestión tenga que aclarar sobre su pasado.

Tal vez el caso más extremo de la instrumentaliza paradójica de SL que hacen estos sectores, fue el titular de un diario limeño (Expreso), donde dice que “Sendero sigue vivo”,  algo que fácilmente podría ser suscrito por cualquier senderista. Acabamos de ver también como pasan del relato conspiranoico del fraude a la sospecha de conspiración del  gobierno, la INPE, la Fiscalía, y la propia Marina de Guerra!, exigiéndoles mostrar el cadáver de Guzmán, cuando es justamente esa  imagen la que buscan sus seguidores para que sea objeto de culto.

La mano derecha de la oscuridad

Digámoslo con claridad, el principal interesado en mantener la supuesta amenaza senderista,  ha sido y es una derecha que hoy no quiere reconocer su derrota y/o que  no acepta que las condiciones para gobernar el país han cambiado de manera sustancial. 

Ciertamente, no se debe permitir que los restos de Guzmán se conviertan en centros de peregrinación y homenaje, más aun considerando la naturaleza mesiánica de su liderazgo para sus seguidores. Pero para eso el Estado cuenta con amplios recursos legales y políticos que garanticen que no haya afrentas a la memoria de las víctimas del terror. No se necesita para ello coquetear con la barbarie. El Presidente, arrinconado en este, como en otros temas, decidió no decidir y terminó firmando la ley que permite la cremación de sus restos. Pero el tema aquí no es que Guzmán siga preso en una urna, ya que su culto a la personalidad post mortem puede expresarse de varias otras formas. El tema es que, el show morboso que se montó, expresaba una inseguridad y un miedo que no guarda relación ni con el tiempo histórico ni con los peligros reales del senderismo actual. 

Por ello, si hay un peligro real para la democracia no está en los fantasmas derridianos, ni en algún retorno senderista. Con un gobierno entrampado, sin consistencia táctica y estratégica para avanzar en lo que se ha propuesto (0 comunismo), está latente una salida autoritaria, amenaza real de la ultraderecha que ya ensayó usurpar el poder en noviembre del año pasado. Su soporte es una creciente agresiva narrativa Trumpista, Bolsonarista (Mileinarista?), con apoyo mediático y empresarial, que activa resortes que vienen de lo más reaccionario y oscuro de la sociedad peruana, algo que –otra paradoja- también hacía el senderismo. 

 

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