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Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.

 

Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.

“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.

Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.

conclusiones fiscalia
“(…) luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la fiscalía.

El origen

La primera denuncia fue revelada por Panorama, en julio del 2019. Alessandra Granuelly Puente, entonces de 22 años, admitió haber sido una trabajadora fantasma en el despacho de Romero entre octubre del 2018 y julio del 2019. A pesar de eso, recibía su sueldo de S/2.300 puntualmente. Parte del dinero -S/1.500, según denunció- los depositaba a una cuenta que manejaba el tío materno de Romero, Julio Castro Segura.

El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.

Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.

Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.

Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.

Romero: ¿Cuál es la verdad?

Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.

Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?

Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.

conversación atribuida a romero
Romero intenta que la denunciada admita que el dinero depositado era parte de un préstamo. Ella lo negó.

Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.

La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.

Explicaciones que no convencen

Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.

El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.

El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.

El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.

En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.

Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.

depositos de Bautista
Los depósitos del trabajador Jorge Bautista a las cuentas de Julio Castro, Master Training International y al mismo Jorge Romero entre el 2018 y 2019.

Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.

La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.

Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.

En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”. 

Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.

De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.

declaración de testigo protegido
El testigo protegido advirtió a la Fiscalía sobre la coartada: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training”.

“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.

Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.

Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.

Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.

Con la plata de todos

El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.

El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.

acusación peculado
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado recursos del Estado “para fines ajenos al servicio parlamentario”.

Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.

Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.

El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.

Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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El pasado 29 de mayo, los ciudadanos Eva y Juan Ramírez Díaz se acercaron a la comisaría de Barranca a poner una denuncia por estafa contra Navil Castillo Garro, “organizadora” de ‘Crowdfunding Dreams’, una nueva “pirámide financiera” que, según la SBS, no tiene autorización para captar fondos.

 

De acuerdo al parte policial, Castillo les había explicado que tenían que realizar un depósito de S/5.215 cada uno y que debían comprometerse a captar a más incautos. La promesa era que si llegaban a convocar a siete personas, se quedarían con las cuotas de ingreso de estos. La dinámica la repetirían los nuevos integrantes bajo un esquema de tres fases en el que cada uno podría terminar ganando más de S/114.000.

Para maquillar el aporte, ‘Crowdfunding Dreams’ hace firmar a los participantes una declaración jurada donde se deja claro que se trata de una donación y en la que se adjunta el voucher del dinero, una copia de DNI, huella digital y firma.

La pirámide -que se marquetea como de “riesgo cero”- funciona solo si los invitados aportan sus cuotas y siguen invitando a otros. Para que una persona gane siempre deberá tener a alguien debajo suyo. Pero el sistema, más pronto que tarde, se vuelve insostenible y se derrumba cuando dejan de recibir más afiliados.

Es lo que pasó con CLAE, que en la década de los 80 llegó a mover más de US$640 millones y captó a más de 200.000 personas, según reportes periodísticos. A la falta de nuevos aportantes, se sumó la intervención de la SBS y el negocio naufragó.

Hoy los Ramírez, que se encuentran en la base de la pirámide, viven las consecuencias naturales de este tipo de negocio: no pudieron captar a más incautos y entonces no hubo devolución.

El líder y fundador de ‘Crowdfunding Dreams’ es nada menos que un miembro del Parlamento Andino: Jorge Romero Castro, quien entró a esta inútil entidad con Fuerza Popular el 2016. Tiene 47 años y se hizo conocido en los medios por un par de episodios infelices.

En 2019, por ejemplo, Alessandra Granuelly denunció en un programa dominical que fue contactada por Romero para trabajar en el Parlamento con la condición de que este se quedara con la mitad de su remuneración. Esto, incluso, produjo una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a inicios de este año por los delitos de Concusión y Peculado de Uso. El caso está en manos del Congreso.

El nombre de Romero también saltó a la palestra en setiembre pasado, cuando se descubrió que “dobleteaba” como coach en la empresa Go American Coaching SAC, dedicada a “actividades de apoyo a la enseñanza” y de la cual es gerente general. Era un trabajo adicional al de parlamentario por el que ya recibía una remuneración de S/23.000.

En su LinkedIn, Romero destaca que es experto en coaching y en FireWalking&OutDoor, el extravagante nombre de una actividad que consiste en cruzar un corto camino de piedras a altas temperaturas. Además, se reconoce como especialista en distintos tipos de marketing. En esa red social, sin embargo, no figura su experiencia en ‘Crowdfunding Dreams’, aunque en su flamante canal de YouTube protagoniza vídeos en los que asesora a nuevos incautos a que “cumplan sus sueños”.

“En este grupo estamos las personas que queremos cambiar el mundo y contribuir para ser un millón de miembros en todo el planeta. Personas que impactemos en la vida de otras, que llevemos el mensaje de superación personal, de prosperidad, de mitigar la pobreza y crear un mundo de abundancia y prosperidad”, dice en uno de estos videos, sin precisar que la abundancia viene a costa de embaucar a los que están debajo.

Victoria -a quien cambiamos de nombre luego de originalmente publicar el verdadero por temor suyo a represalias-, de 71 años, y su esposo son otras de las víctimas. La pareja, que fue captada por una conocida de ambos, incluso se hizo de un préstamo para poder invertir una cuota de ingreso de S/10.430. Pero no tuvieron suerte en captar a más personas.
Con una operación urgente de por medio, solicitaron que se les devuelva su dinero. Idas y venidas, excusas y un único contacto con una persona de nombre Shirley, que es parte de la organización, fueron las noticias que recibió Victoria, quien ahora se encuentra delicada de salud y con un préstamo que tiene que honrar.

“Esto fue un boom en Barranca, todo el mundo se metía. La persona con la que hablamos [para pedirle la devolución del dinero] se puso altanera y no dejaba de hablar. Dijo que también había sido estafada y que estaba devolviendo como podía. No supimos más de ella”, cuenta la hija de anciana a Sudaca, mostrando el depósito de dinero y los chats de comunicación de esta estafa vestida de promesa.
Como ellos hay varias víctimas que esperan la devolución del dinero, aunque otros casos ya no tienen esperanzas.

“Te hablan de dinero, que era como una pirámide pero a través de donaciones. Te pintan que tal persona ha cobrado y, habiendo un precedente de alguien que lo logró, entré”, cuenta Luis, otro miembro de Crowdfunding International Dreams que se siente estafado y que pide no revelar su nombre real.

A Luis le dijeron que si quería retirarse de la comunidad y tener su inversión de vuelta debía conseguir un reemplazante. “No he podido conseguir a quien me reemplace, pero al inicio se me dijo que cuando quisiera retirarme podría hacerlo. Si intento traer a alguien, esa solución me va a traer un problema. Yo ya di el dinero como perdido”, se lamenta.

“Hay protocolos que hay que cumplir y un estatuto donde uno entra sabiendo que no se pueden romper las reglas”, responde a Sudaca Percy Aguilar, uno de los organizadores. En buena cuenta, si no consigues reclutar más gente, pierdes tu dinero.

A decir de Aguilar, el parlamentario Romero Castro “es el líder, el master coach, quien da entrenamientos y todas las pautas para ingresar con todo el conocimiento a la comunidad”. Romero no respondió nuestras llamadas para consignar su versión en este reportaje.
Antes la captación de donantes se hacía a través de conocidos, luego a través de grupos de WhatsApp y Telegram. De hecho, en esta última red social hay más de 3.200 miembros que son los que han venido aportando al menos una cuota de S/5.215. Los miembros se jactan incluso de haber captado a oficiales de la Policía.

Para tener más aportantes, además, son constantes los zoom en los que mentores o ‘coachs’ incentivan la búsqueda de más donantes. Es el caso de la ciudadana venezolana Lisette Alemán, quien recientemente tuvo una charla virtual -a la que Sudaca pudo infiltrarse- frente a más de 500 miembros.

“Nuestra meta es llegar a un millón de personas. ¿Se imaginan que esas personas tengan S/114.730 en sus cuentas? Para eso se necesita ser el mejor. No sea mediocre. Si usted hace esto, está contribuyendo a que este mundo sea mejor. Llame a esa persona y dígale ‘gracias por darme la oportunidad’ o dígale ‘me parece que es un ser extraordinario, te amo, eres mi mejor amiga o amigo”, se le oye decir a Alemán. Como si fuese una dinámica al interior de una iglesia evangélica.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) confirmó a Sudaca que ‘Crowdfunding Internacional Dreams’ no cuenta con autorización de dicha entidad para realizar actividades de captación de dinero del público bajo ninguna modalidad.

No solo eso, sino que solo aquellas entidades que estén autorizadas son las que “pueden realizar actividades de captación de dinero del público, sea como ahorro, depósito o de cualquier otra forma”. Asimismo, señala que han recibido consultas, pero todavía no cuentan con información respecto a quiénes manejan y cómo opera este sistema. En este reportaje pueden encontrar algunas respuestas.

 

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