Fuerza Popular

La intención de voto por Keiko Fujimori no se debe a ella, se debe a su padre y la buena imagen mayoritaria que ha dejado en la población. Pero la lideresa de Fuerza Popular no ha hecho mérito alguno para encabezar las encuestas y, por el contrario, ya constituye causa nacional impedir que vuelva a pasar a la segunda vuelta.

Por lo pronto, si algo bueno ha tenido su complicidad gubernativa con el régimen de Dina Boluarte es que ya podemos anticipar cómo sería un gobierno del keikismo: una sumatoria de mercantilismo, autoritarismo y conservadurismo. Yendo a contrapelo de la herencia paterna, Keiko Fujimori ha destruido el fujimorismo original convirtiéndolo en un remedo pueril.

De liberal ni un pelo: lo suyo es mercantilismo puro, crudo, descarado. Normas y leyes hechas para favorecer a grupos de poder, como las AFP, a cambio del apoyo recibido en su financiamiento electoral. Y lo mismo sucedería con todos los que se acercaron a apoyarla económicamente en sus campañas.

Autoritarismo a carta cabal. Normas que pretenden socavar el Estado de Derecho y romper la separación de poderes, leyes para cooptar los organismos electorales, reformas que destruyen la vigencia de democráticos movimientos regionales. En este sentido, sí ha respetado la herencia de su progenitor.

Conservadora hasta la patología. Ha destruido la reforma universitaria y educativa, porque la considera liberal o caviar, entendiendo por ello, que se han admitido criterios básicos de actualidad como las políticas de género.

Un gobierno de Keiko Fujimori sería como el de Dina Boluarte, con alguna mejoría leve en cuadros tecnocráticos. Y, claro está, no es precisamente eso lo que el Perú necesita en estos momentos para salir de la profunda crisis en la que se halla.

 

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Fuerza Popular, Keiko

Hernán Chaparro, quien ha sido jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, conversó con Sudaca sobre el inicio de la era del fujimorismo sin Alberto Fujimori y el panorama político de cara al 2026.

Alberto Fujimori ha fallecido, pero su intención, según revelan sus propia familia, era postular en las próximas elecciones, ¿cree que pudo haber sido uno de los protagonistas de la contienda electoral?

Indudablemente tendría protagonismo. La figura de Alberto Fujimori siempre ha generado sentimientos encontrados. Generaría polémica porque, por un lado, estaría el debate sobre si debe postular o no y si sus diez años fueron positivos o no. Pero es un momento en el cual su imagen se ha visto desgastada y se vería la movilización, a la que ya estamos acostumbrados, con esa dinámica de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que también habría polémica por otros actores políticos que  le disputarían el espacio. 

Muchos de sus defensores ponen en un segundo plano la dictadura y la corrupción que también tuvo lugar durante el gobierno fujimorista, ¿se podría interpretar que, a cambio de ciertos resultados, la población está dispuesta a perdonar o ignorar crímenes?

Basta ver las elecciones regionales para notar que esos criterios, muchas veces, se disocian de las personas que eligen y en varias oportunidades terminan favoreciendo otras cosas. Por ejemplo, por más que hay sospechas plausibles que manipuló la segunda reelección y aunque en el mundo real perdió contra Toledo, seguramente tuvo un caudal importante de votos pese a que ya habían denuncias contra Montesinos y había indultado al Grupo Colina. Cuando la gente quiere borra muchas cosas de su cabeza y termina defendiendo cosas que para otros son indefendibles.

¿Se ha perdido confianza en la democracia y, por lo tanto, convicción para defenderla?

Lo que más demanda la gente es justicia. Hay más de un estudio en el cual preguntan qué significa democracia y, no te digo todo el mundo, pero hay un porcentaje que no tiene claro qué significa. Lo que la gente tiene claro, muy rápidamente, es la demanda de justicia, el reclamo de ser tratados como iguales y que hay poderosos que se aprovechan. Esa es la demanda. Lo que ocurre es que, a veces, esa demanda de justicia no toma en cuenta que esto sea alcanzado por canales democráticos y lo que quiere es un líder que haga justicia. Si eso implica cargarse las instituciones, está bien, y si no, también. Hay una laxitud democrática y lo que se busca es respuesta a estas demandas.

¿Alberto Fujimori sólo deja un partido político o también deja una corriente política?

Alberto Fujimori ha representado un sentir, una forma de ver el país y las posibles alternativas a los problemas que vivimos. Pero dicho eso, discrepo profundamente con aquellos que creen que el fujimorismo es el causante de todos los males del Perú. Hay un lugar común de estar creyendo que con Fujimori empezó una y otra cosa. Es indudable que en los diez años de Alberto Fujimori, y con lo que ha continuado Fuerza Popular, hubo una mirada de poco respeto por la institucionalidad y la ley que defienden hoy y la cambian mañana porque no les conviene, y ese es un modus operandi, pero eso no lo inventó el fujimorismo. Pero hay una serie de formas de actuar que caracterizan el sentir de un sector del país y que el fujimorismo profundizó y está ahí presente. 

¿Cómo se podría definir la ideología política fujimorista?

Hay una mirada autoritaria por un lado y lo otro es el poco respeto por la institucionalidad. Hoy, Fuerza Popular ha hecho de la Constitución lo que le da la gana. Una constitución que estaba hecha para darle poder al presidente porque el presidente era Alberto Fujimori, hoy que están en la oposición y quieren más poder en el Congreso, la han cambiado para favorecer eso. Creo que es una de sus características más importantes. 

Usted ha señalado que Fuerza Popular podría considerar que la dispersión electoral jugará a su favor, ¿pero esto sería suficiente para ganar una elección o sólo les serviría para pasar a segunda vuelta?

Creo que en una segunda vuelta vuelven a perder. El mejor momento de Fuerza Popular y Keiko Fujimori fue en 2016. Tenían  un candidato de circunstancia como Pedro Pablo Kuczynski que era diletante y tenía muchos errores en la campaña. Un mal candidato le termina ganando a Keiko, un mal candidato de derecha. 

¿A Fuerza Popular le jugó en contra el tener mayoría en el Congreso que entró en 2016?

Creo que el problema de Fuerza Popular y otra característica de Keiko Fujimori es la venganza y la negación de la delincuencia. En el 2016 lo que hubo fue abuso de poder y hoy son la primera minoría, pero siguen actuando igual o peor. Si en el 2016 no hubieran tenido el peso que tuvieron, hubieran actuado igual con este perfil donde lo que importa es la venganza y la manipulación de la ley a favor de tratar de influir en el poder judicial. Con el mayor tamaño fue peor.

¿El fujimorismo podría retomar la imagen de un partido anti establishment o seguirán siendo vistos como aliados de grupos de poder?

En el marketing político, una cosa es identidad de marca, lo que quieres comunicar, y otra es tu imagen. Ellos pueden querer comunicar que ahora son la oposición, pero no creo que la gente se lo crea. Lo que circula es que actúan en favor de intereses personales y eso dudo que lo puedan cambiar por más que a partir de abril se conviertan en un partido que empiece a denunciar a denunciar a Dina Boluarte. Dudo que alguien se lo crea.

En otros países se ve que un mal gobierno puede beneficiar en las siguientes elecciones a quienes fueron la oposición del mandatario saliente, ¿quién o quiénes serían los beneficiados por la alta desaprobación de Dina Boluarte que entró con un partido de izquierda y hoy se ve alineada a agrupaciones de derecha?

Alguno de los nuevos. Lo que sí se puede decir es que quienes tienen la cuesta muy empinada son los que están ahora en el Congreso, que normalmente actúan como oposición y que ahora comparten el gobierno. 

¿La crisis en la política peruana está alejando al peruano de a pie de la política o lo está involucrando más?

Claramente la gente está menos involucrada, porque a algunos les gustará renegar todo el día, pero entre eso y preocuparse por cosas más urgentes optan por lo segundo. Pero llegadas las elecciones se plantea la forzada necesidad de ir a votar. El punto está en que es una oportunidad para que se muestren alternativas y ahí se puede aparecer alguien que despierte algo de entusiasmo. 

¿Por qué cree que a los partido de centro e izquierda no radical les está costando tanto ser más fuertes?

Creo que a todos los partidos les cuesta. Sus problemas han sido los mismos de otras agrupaciones. Pero lo otro es que ninguno de los potenciales candidatos se quiere mostrar porque tienen la percepción que salir hoy es exponerse a que te ataquen y busquen mellar tu imagen. Por eso salen con cuentagotas. Nadie quiere mostrarse mucho. Hay una voluntad de los potenciales candidatos a no mostrarse.

 

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[La columna deca(n)dente] En una reciente entrevista, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, otrora recalcitrante antifujimorista, argumentó que la aplicación de la figura de lesa humanidad a militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo en el país es injusta y contraria a la legalidad. Según Rospigliosi, la aplicación retroactiva de este concepto busca perseguir políticamente a quienes defendieron al país de la barbarie terrorista en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, este tipo de afirmaciones, aunque atractivas para ciertos sectores, ocultan una peligrosa distorsión de lo que verdaderamente significa la justicia para crímenes de lesa humanidad y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

Primero, es importante aclarar que la figura de los crímenes de lesa humanidad no es un capricho político ni una invención local, sino un concepto profundamente arraigado en el derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas y la violación sexual, entre otros, son considerados tan graves que no prescriben y no pueden ser amnistiados. Esto se debe a que estos delitos violan derechos humanos fundamentales y afectan no solo a las víctimas directas, sino a la humanidad en su conjunto.

El principio de no retroactividad no es aplicable en estos casos debido a la naturaleza de los crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado repetidamente que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar estos delitos, independientemente de cuándo se cometieron. En este sentido, la justicia transicional busca asegurar que no haya impunidad y que se haga justicia para las víctimas.

Además, es preocupante que se minimicen y olviden los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el conflicto armado interno, bajo el argumento de que «salvaron al país». Rospigliosi pasa por alto principios fundamentales, como que el fin no justifica los medios y que la barbarie terrorista no se combate con barbarie estatal. También ignora que el uso de la violencia y la violación de derechos humanos por parte del Estado no pueden ser tolerados ni olvidados, y que la justicia para las víctimas de abusos estatales es tan esencial como la justicia para las víctimas del terrorismo. Su discurso ignora las obligaciones internacionales del Perú y socava los esfuerzos por establecer una justicia equitativa y completa. La justicia no es venganza, sino un proceso necesario para sanar las heridas de la sociedad y construir un futuro en el que los derechos humanos sean respetados de manera irrestricta.

En lugar de cuestionar la aplicación de la figura de lesa humanidad, deberíamos apoyar y promover los esfuerzos para garantizar que todos aquellos que cometieron crímenes atroces, sin importar su bando, rindan cuentas ante la justicia. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa y democrática.

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Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular, Fujimorismo, lesa humanidad

En los rincones más oscuros del gobierno peruano, se está tejiendo una telaraña de corrupción y abuso de poder que amenaza con deshilachar por completo el tejido democrático del país. Cada nuevo episodio de delito y manipulación que emerge desde los pasillos del poder ejecutivo es como un golpe más a la débil estructura de la democracia peruana.

La reciente detención preliminar del hermano de la presidenta del país, junto con su abogado, es solo el último capítulo en una saga de delitos y manipulaciones que han corroído las bases de la sociedad peruana. Desde la presunta participación en organizaciones criminales hasta la obstrucción de la justicia, la presidenta y los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progresos, Renovación Popular y Perú Libre, entro otros, han convertido el ejercicio del poder en una trama retorcida de intereses particulares y enriquecimiento ilícito.

Dina Boluarte, la presidenta en el ojo del huracán, ha sido señalada repetidamente por su complicidad en actos que van desde la venta de cargos públicos hasta la manipulación de instituciones para su beneficio personal. Pero la corrupción no se limita al ejecutivo. El Congreso, lejos de ser un contrapeso efectivo, se ha convertido en cómplice de esta demolición de la democracia.

La manipulación de procesos judiciales, la destitución arbitraria de funcionarios públicos y la obstrucción de la justicia son solo algunas de las tácticas utilizadas por los legisladores para proteger sus propios intereses y mantener su control sobre el poder. Incluso el sistema judicial ha sucumbido ante las presiones políticas, perdiendo su independencia y viéndose influenciado por el poder político.

Pero la tragedia más grande es que el pueblo peruano parece estar dormido ante esta pesadilla que se desarrolla a su alrededor como bien lo señala Juliana Oxenford en su columna de opinión. Mientras los que hoy gobiernan y legislan se enriquecen y consolidan su poder, millones de peruanos sufren las consecuencias de la corrupción y el abuso de poder en forma de pobreza y desigualdad.

Es hora de despertar y enfrentar esta crisis con determinación y valentía. La democracia peruana está en juego, y solo una ciudadanía activa y comprometida junto a verdaderos partidos democráticos pueden detener su colapso. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por el Estado de derecho. Solo así podremos evitar que la corrupción y el autoritarismo sigan minando los cimientos de nuestra sociedad.

La historia ha demostrado que la democracia es frágil y vulnerable. Depende de cada uno de nosotros, protegerla y defenderla. El futuro de nuestro país depende de nosotros, y solo juntos podemos construir un país donde reine la justicia, la igualdad, la fraternidad y la libertad para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Porque esta “waykiKracia” no es democracia.

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Congreso, Dina Boluarte, Fuerza Popular, Perú Libre, waykiKracia

La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.  

Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides. 

La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.

La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político. 

La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.

No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.

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Democracia, dictadura congresal, Fuerza Popular, JNJ, Perú Libre

Sudaca revisó el historial del congresista fujimorista que lo ha convertido en uno de los personajes más controversiales del Legislativo.

Con inmerecidos bonos, defensas injustificadas de aliados o líderes políticos y una innegable indiferencia al descontento de la población, el Congreso ha logrado números históricos en lo que respecta a porcentajes de desaprobación. Más allá de la ideología política que pueda representar cada bancada, el descontento de la población con sus representantes parece indiscutible y hasta irreversible.

Sin embargo, entre los parlamentarios que han logrado este elevado nivel de desprestigio de uno de poderes del Estado, existe uno que, con pocas intervenciones, ha logrado posicionarse en el ojo de la tormenta debido a sus desafortunadas expresiones e incluso ha llegado a enfrentarse a integrantes de su propio grupo político. Este es el caso del congresista fujimorista Juan Lizarzaburu.

DEBUT POLÍTICO

Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu incursionó en la política para las elecciones del año 2021. Para convertirse en candidato, Lizarzaburu no pasó por el proceso de elecciones internas sino que fue designado por el partido. Con 1773 votos, el congresista de Fuerza Popular logró quedarse con un escaño en el hemiciclo para representar a los peruanos en el extranjero. 

El parlamentario de 54 años fue alumno de la Universidad de Lima y complementó sus estudios en España, en donde obtuvo un Master en la Universidad Politécnica de Catalunya así como otro Master en Dirección Comercial y Marketing. Además, Lizarzaburu trabajó durante catorce años en la empresa española Telefónica.

Paradójicamente, pese a todos los episodios en los que se ha mostrado como un personaje conflictivo con quienes piensan diferente a él y hasta con los de su propia bancada, Lizarzaburu se describe en su hoja de vida como una persona de “comunicación excelente y habilidades interpersonales a todo nivel”.

Juan Carlos Lizarzaburu

TRABAJO BAJO LA LUPA

Desde su llegada al Congreso en 2021, Lizarzaburu ha sido autor de treinta y tres proyectos de ley y, en el año 2023, el representante de los peruanos en el extranjero apenas presentó diez proyectos. No obstante, lo que llama la atención son las prioridades que mostró el congresista fujimorista.

En noviembre del 2022, Lizarzaburu presentó un proyecto de ley titulado “LEY QUE FORTALECE EL RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCE CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR” en el cual no proponía ningún cambio claro sino que sólo pedía modificar un artículo de la Constitución para que en el artículo 44 se incluya “amparar a los peruanos que residen en el exterior” pese a que esa es la función que actualmente realizan las embajadas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

El parlamentario fujimorista también presentó en 2022 un proyecto bajo el título “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PAÍS Y LA MARCA PAÍS PERÚ”. En las 28 páginas, de las cuales la mitad fueron ocupadas con los detalles de los premio obtenido por la marca Perú, Lizarzaburu pedía la promoción de actividades que en se detalla que se han venido realizando con buenos resultados.

Pero también ha presentado proyectos de ley que han sido cuestionable. Como fue el caso del proyecto denominado  “LEY QUE CREA EL REGISTRO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES Y ESTABLECE OBLIGACIONES A LOS CONNACIONALES DE INFORMAR A LA AUTORIDAD POLICIAL” con el cual pretendía que los peruanos tengan el deber de informar sobre los ciudadanos indocumentados que residen en el país y no hace distinción entre aquellos que trabajan de manera honrada y los que participan de actividades delincuenciales.

Entre las justificaciones de este polémico proyecto de ley, Lizarzaburu señalaba que estos inmigrantes no pagan impuesto a la renta por el alquiler de viviendas y que son contratados para empleos informales pese a que esta situación es la misma que actualmente atraviesan los propios peruanos.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

¿REPRESENTACIÓN?

Como congresista representante de los peruanos en el extranjero, Lizarzaburu debía estar en contacto con los compatriotas que residen en otros países. Sin embargo, en una de las salidas de Lizarzaburu fuera del país se ha podido observar, en el reporte que él mismo presentó, que sus prioridades parece más enfocadas en las alianzas políticas.

En 2021, Lizarzaburu viajó a España para reunirse con representantes del partido ultraderechista Vox. Pero, además, el congresista de Fuerza Popular utilizó este viaje para acudir a eventos de agrupaciones que comparten la misma tendencia ideológica de Vox así como con una peruana conocida en redes sociales por sus ideas extremistas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

En este reporte que presentó Lizarzaburu también llamó la atención que su única gestión en favor del Perú haya sido una visita a un almacén de Ciudad Real en el cual se encontraban ambulancias dadas de baja por las autoridades de dicha localidad y que el parlamentario fujimorista consideraba como posibles donaciones para Perú.

PELEAS, INSULTOS Y CONSPIRACIONES

Sin lugar a dudas, sus constantes expresiones desafortunadas han sido las que llevaron al congresista Lizarzaburu a ser el tema del día tanto en Perú como en los medios y redes sociales de los países a los que ofendía. Uno de los casos más recordados tuvo lugar durante un debate en el hemiciclo, en febrero del año pasado, cuando Lizarzaburu llamó a la bandera Whipala, que es usaba por pueblos andinos de la región, como “mantel de chifa adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos”.

En las redes sociales, el discurso del parlamentario fujimorista es todavía más agresivo con quienes no comparten su pensamiento y no escatima en regalarle “me gusta” a publicaciones de integrantes del grupo ultraderechista La Resistencia. Además, en la red social X se puede observar que incluso comparte publicaciones difamatorias, como contra el periodista Gustavo Gorriti, así como otras en las que desinforma sobre las posturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta muestra una postura transfóbica.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

Pero el conflicto menos esperado llegó a finales del 2023 cuando Lizarzaburu, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, realizó un comentario sexista contra su colega de bancada, Patricia Juárez. Posterior a este hecho, y lejos de reconocer el agravio, Lizarzaburu se justificó alegando que “todos tenemos ojos”.

Como consecuencia de estas expresiones, Fuerza Popular ha suspendido a Juan Lizarzaburu por un periodo de seis meses de sus derechos partidarios. A la par, la Comisión de Ética del Congreso atiende la denuncia en su contra por sus expresiones. Sin embargo, durante la audiencia, Patricia Juárez reveló que, contrario a lo dicho por Lizarzaburu, este no le pidió disculpas por los comentarios hechos en su contra.

En los próximos días se dará a conocer la sanción que se le impondrá al congresista fujimorista y esta podría llegar a ser de ciento veinte días de suspensión. En su primera experiencia como parlamentario es evidente que Juan Lizarzaburu no ha pasado desapercibido, pero las acciones y expresiones que lo llevaron a ser protagonista hoy lo tienen enfrentado hasta con sus colegas del fujimorismo.

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Ha sido políticamente muy significativa la merecida censura al ministro del Interior, Vicente Romero. Que Fuerza Popular haya aportado su contingente de votos parlamentarios a esa causa merece un análisis político, anteponiendo la atingencia de que es una lástima que no se hayan sumado a ella las otras dos bancadas de derecha, Renovación Popular y Avanza País.

Resulta imperativo que la derecha marque distancia de este fallido y mediocre gobierno, que tenía en el tema de la inseguridad ciudadana una cima de incompetencia, con un ministro que no tenía la menor idea de qué hacer al respecto.

Lamentablemente, la opinión ciudadana identifica a este gobierno y a su tácito pacto con el Congreso como una gran coalición de derecha, y esa circunstancia, aderezada por la inmensa desaprobación al régimen, generaba un estado de cosas atentatorio de las posibilidades políticas futuras de este sector del espectro ideológico.

En aras de su duración hasta el 2026, el Legislativo se había aconchavado con el Ejecutivo, dándole argumentos a la percepción popular de un pacto vergonzoso entre ambos poderes del Estado.

Con decisiones radicales como la de ayer, se puede empezar a romper esa percepción, el Congreso empezar a recuperar un rol fiscalizador necesario frente a un gobierno tan inoperante en materias urgentes, como la inseguridad ciudadana, la crisis económica y la prevención del Niño (los siguientes interpelados deberían ser el titular del MEF y la ministra de Vivienda).

Y de paso, la derecha empezar a tomar distancia de la debacle institucional, social, económica y política en la que el país está sumido, en gran medida por la funesta gestión del izquierdista Pedro Castillo, cuya salida intempestiva le ha permitido, paradójicamente, a la izquierda, presentarse ahora como auroral y virginal oposición, asomándose como alternativa para el 2026, dado el creciente ánimo antiestablishment que dicha debacle produce.

La censura al ministro del Interior puede ser el inicio de una gran recolocación política de la derecha y permitirle así mejores posibilidades en las elecciones presidenciales venideras. Ojalá siga ese camino y en la próxima ocasión no sea solo el fujimorismo el abanderado de ese giro político estratégico.

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Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido la lección del 2016, cuando su infeliz actuación parlamentaria le generó tantos pasivos y anticuerpos que luego Keiko Fujimori no pudo sortear la valla del antifujimorismo y cayó derrotada por el peor candidato presidencial que el Perú ha tenido en las últimas décadas: Pedro Castillo.

Hoy viene desplegando similar irresponsabilidad e impudicia política. Ayer acaba de blindar a la tercera vicepresidenta, Rosselli Amurús, involucrada en escándalos personales y en denuncias de irregularidades en contrataciones bajo su responsabilidad en el Parlamento.

Su propia bancada, Avanza País, había decidido someterla a censura, pero el fujimorismo y Alianza para el Progreso (¿César Acuña quiere arruinar el futuro político de su hijo, Richard?) la blindaron sin pudor ni rubor, rechazando debatir siquiera la moción, poniéndola a salvo de cualquier proceso sancionador que, como correspondía, la expectorara del cargo que desempeña con más desenfado que solvencia.

Lo que causa indignación es el sentimiento de abuso e impunidad con el que actúa la mayoría congresal, digitada por el fujimorismo, que le va a cargar inmensos pasivos a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori el 2026 (o antes, si detonara una crisis política), tal como sucedió el 2021.

Lo que es más grave es que el daño no se lo va a producir tan solo a Keiko Fujimori sino a toda la derecha peruana, con la que el pueblo identifica al Congreso y al Ejecutivo, que compiten denodadamente por ganarse el trofeo a la mayor mediocridad política posible.

Ese 90% que desaprueba al Congreso se va a volcar en las próximas elecciones presidenciales por una candidatura antisistema, radical y disruptiva, y le va a ser casi imposible al discurso derechista competir con aquel estado de ánimo. La indignación popular en el interior del país es abrumadora y, al parecer, refractaria a cualquier campaña electoral prosistema, por más de avanzada y sofisticada que sea.

Solo con que el sur andino vote en la primera vuelta del 2026 como votó en la segunda vuelta del 2021 -como va a ocurrir, salvo que ocurra un milagro-, el candidato antiestablishment tendrá 15% de la votación en su bolsillo. Y mientras estas perspectivas nefastas se abren, el fujimorismo juega frívolamente a hacer política menuda en el recinto legislativo.

 

 

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La última encuesta de Ipsos publicada en Perú21, a propósito de las posibilidades electorales de Keiko Fujimori, trae dos malas noticias: Keiko puede pasar a la segunda vuelta, y en ella perdería irremediablemente contra el probable candidato de izquierda antisistema que el país está incubando.

Un 11% señala que definitivamente votaría por ella. Es el núcleo duro del fujimorismo. Y un 13% que podría votar por ella. Con una buena campaña tiene un techo de 24% que la colocaría definitivamente en la justa definitoria, como ha sucedido en los últimos tres procesos electorales.

Pero, a la par, hay un 61% que señala que definitivamente no votaría por ella. Casi dos tercios del país. Al respecto, ya es hora de deshojar el análisis político. No parece que estemos ante un antifujimorismo histórico, que crece o se mantiene en el tiempo, a pesar de los 23 años transcurridos desde los finales del gobierno de su padre, sino ante el rechazo a una lideresa política de segundo orden que carece de empaque doctrinario, liderazgo y, sobre todo, reacciones e iniciativas audaces que partan las aguas cuando el país requeriría su voz de guía.

Hay, sin duda, el mentado antifujimorismo, pero en verdad corresponde a un sector minoritario de la izquierda y la derecha liberales. Lo que predomina es el antikeikismo, cuya raigambre no es esencial ni acrítica, sino que obedece a la desastrosa actuación política de la mandamás de Fuerza Popular en los últimos lustros, desde el gobierno de PPK hasta los entripados corruptos, mediocres y autoritarios que su bancada vigente exhibe sin vergüenza.

Y el problema político de fondo es que ese sector poblacional es el que va a volver a impedir que Keiko Fujimori gane la elección. Y ella, con su sola presencia electoral, le resta votos a otra opción de centroderecha o derecha monda y lironda, que definitivamente tendría una mejor performance en una segunda vuelta electoral y alzarse con el triunfo, asegurándole al país el retorno ideológico que reencamine la nación hacia mejores rumbos que los actuales.

Keiko Fujimori debe retirarse de la política. Su presencia es tóxica y tapona el surgimiento de una derecha liberal, moderna y republicana, además de darle combustible a una izquierda que sin el fujimorismo al frente probablemente deje de existir o se evapore hasta la insignificancia.

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