Fuerza Popular

 

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.

Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.

Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.

 

LA VERDAD DE LA RENUNCIA

Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.

Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional. 

Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.

Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.

nota primicia
Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.

“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.

La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.

El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.

César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.

Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.

César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.

“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.

En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.

-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.

-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.

-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.

-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.

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Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)

 

LA COMBI Y LA FALANGE

La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.

Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.

En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.

De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.

De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.

Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.

Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.

Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.

En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!”, “¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.

Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.

Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.

“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.

Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios. 

Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.

pruebas falange
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como “Presidente”. Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.

 

DESLEALTADES EN JUNÍN

Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.

Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.

Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.

Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”

Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.

José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.

“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.

Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.

Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.

-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.

-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.

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El precandidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular – César Combina – aseguró que su postulación busca un consenso entre las fuerzas de derecha e indicó que espera que en Renovación Popular se den cuenta de la importancia de su propuesta.

Con respecto a la denuncia difundida en algunos medios, señaló que es falsa y estaría orquestada por Vladimir Cerrón y que tomará las acciones legales correspondientes.

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Hace tres días, la Fiscalía contra el Crimen Organizado detuvo a 12 de los 14 integrantes de una mafia a la que ha bautizado como “Los embaucadores del sur”. Sudaca revisó -en exclusiva- el requerimiento de detención preliminar presentado por el Ministerio Público, que contiene la declaración detallada de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Sus testimonios son reveladores.

Ambos coinciden en que el excandidato al Congreso por Fuerza Popular René Manrique Cusirramos habría pagado coimas a los excongresistas Juan Carlos Eguren (PPC) y Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional) a cambio de que se opongan a un proyecto de ley para que la SBS pueda supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. El el fiscal Arturo Mosqueira, a cargo del caso, sindica a Manrique como líder de una organización criminal que dejó a cientos de usuarios de la cooperativa Prestaperú sin sus ahorros, luego de que fuera cerrada por insolvencia en 2019 debido a turbios manejos financieros. 

El perjuicio económico a los ahorristas ha sido calculado en S/180 millones. Además, el caso investiga préstamos irregulares a varias empresas controladas por Manrique y la apropiación ilegal de S/450.000 para pagar su campaña con el fujimorismo al Parlamento en el 2016.

Según los testimonios, las presuntas coimas a Eguren y Rondón se habrían pagado a través de familiares de ambos. Pero no son los únicos mencionados en la documentación fiscal. Un colaborador y un correo también dan cuenta de pagos a favor de Miguel Vásquez Cárdenas mientras era asesor de comisiones parlamentarias que presidieron los congresistas fujimoristas Miguel Castro Grandez y Úrsula Letona. 

Vásquez, especialista en cooperativismo, era un opositor de la ley para supervisar a estas entidades financieras solidarias, que finalmente se aprobó al cierre del 2018. Letona, por su parte, cuestionó la iniciativa cuando fue parlamentaria. Ella, en cambio, presentó un proyecto que proponía la creación de una superintendencia distinta a la SBS para fiscalizar a las cooperativas. 

Sobre Vásquez, Castro y Letona, sin embargo, no hay investigación. Más allá del conflicto de interés -como veremos más adelante-, el documento fiscal no menciona que los aspirantes a colaboradores tengan conocimiento de sobornos en sus casos.

colaborador sobre eguren y rondón
Uno de los aspirantes a colaborador eficaz da detalles de una reunión entre Eguren y emisarios del mandamás de Prestaperú en 2011. Ese año, dice el testimonio, se acordó una mensualidad para el entonces pepecista.

 

LOS TESTIMONIOS

“El proyecto quedó totalmente estancado, nunca llegó al Pleno hasta el siguiente período legislativo”, recuerda el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Se refiere al proyecto de ley que permitía a la SBS supervisar las cooperativas y que en el período 2011-2016 quedó engavetado por la oposición de distintas fuerzas políticas. Recién fue aprobado en el siguiente Congreso. 

Sobre la postura de Juan Carlos Eguren y Gustavo Rondón, García Belaúnde apuntó: “Ambos se opusieron. Y mucha gente más. Yo tenía la sospecha de Eguren”.

En los últimos dos años, la Fiscalía ha recabado detalles sobre los presuntos sobornos pagados a ambos exparlamentarios. Los testimonios más contundentes son los que aluden a Eguren, exmilitante del PPC, quien no quiso participar de este reportaje.

“Debo señalar que el señor René Manrique pagaba por unos supuestos servicios inmobiliarios al señor Juan Carlos Eguren, quien era congresista de la República. Así constaba en los recibos por honorarios que eran girados a nombre del entorno familiar del congresista. Estamos hablando del año 2015, 2016, cuando se discutía el proyecto de ley que disponía la supervisión de la cooperativa por parte de la SBS”, dijo el colaborador de código 1909-2019 al fiscal especializado en crimen organizado Arturo Mosqueira.

También contó que quien giraba los recibos por honorarios por “asesoramiento inmobiliario” a la cooperativa era la esposa de Eguren, Narda Mendoza Olivera. Lo hizo -dice el testigo- de manera mensual entre los años 2011 y 2016, y por más de S/340.000.

El testimonio señala, sin embargo, que los supuestos trabajos realizados por Mendoza eran ficticios. “La cooperativa nunca recibió ningún servicio inmobiliario de la esposa del congresista, quien es la que giraba los recibos […] la señora Narda no acudía a la cooperativa a prestar asesoría, ni presentaba informes, ni trabajos. Las únicas veces que iba a la cooperativa era para cobrar”, apuntó.

Con este testimonio, la fiscalía accedió al sistema informático de Prestaperú y encontró los pagos girados a Mendoza. Los desembolsos eran mensuales y fluctuaban entre S/5.555 y S/7.700. La esposa de Eguren cobró, según el Ministerio Público, entre el 15 de setiembre del 2011 y el 15 de setiembre del 2016. Las fechas coinciden con el paso de Eguren por el Congreso.

El mismo colaborador también habla de pagos directos al excongresista por S/17.000 el 5 de setiembre de 2012 y de tres pagos por más de US$4.000 “que se contabilizaron como gastos de la cooperativa en junio de 2012”. Los pagos directos a Eguren por parte de la cooperativa ya habían sido revelados por Panorama en el 2016.

Otro testimonio da luces de cómo empezó la relación de Eguren con Prestaperú. El aspirante a colaborador con clave 2808-2020 dio detalles sobre una reunión entre mensajeros del gerente de la cooperativa y el entonces congresista. El encuentro se habría dado el 2011 en Arequipa, antes de que se presentara el proyecto de ley.

“Samuel Polanco y César Ortiz [los mensajeros] acuden a la oficina del congresista en la ciudad de Arequipa, ubicada en un segundo piso en la Avenida Independencia. En esa ocasión se concertó una cita entre el congresista y el gerente general de Prestaperú [René Manrique]. Tengo conocimiento que en dicha visita a la oficina del congresista, se quiebra la silla de este y, enterado de lo sucedido por sus funcionarios, René Manrique dispone que se le entregue una silla ejecutiva del almacén de Prestaperú, lo que sucede el mismo día”, contó.

Luego, se lee en su declaración, ocurrió una reunión entre Eguren y Manrique. “En los siguientes días se reúnen Manrique Cusirramos y el congresista Eguren en las oficinas de Prestaperú, y acuerdan un apoyo mensual de S/5.000. Según Manrique Cusirramos, [esto fue] con el propósito de que el congresista asista a los eventos que realizaba Prestaperú, como cursos e inauguraciones, pero posteriormente con el fin de que el congresista se oponga a los proyectos de reforma de la Ley General de Cooperativas”, dijo el aspirante a colaborador. La Fiscalía sospecha que esos fueron los pagos que se concretaron a través de la esposa del exparlamentario.

La presencia de Eguren en eventos de la cooperativa se evidenció en agosto del 2014. En una publicación de la revista especializada Mundocoop, se le ve participando de la inauguración de la sede de Magdalena del Mar de Prestaperú. Incluso tomó la palabra. “Les debo presagiar, mi querido René, que si en estos 10 años se saltó tanto y se creció de esta manera, entonces Prestaperú no va a durar mucho porque dentro de unos años va a ser Prestamérica”, dijo Eguren, según la transcripción de la revista.

2014 mundocoop
Edición de la revista Mundocoop de agosto del 2014 que da cuenta de la ceremonia de inauguración de la sede de Prestaperú en Magdalena del Mar. Eguren tuvo emotivas palabras.

En el mismo evento estuvo Gustavo Rondón, entonces congresista de Solidaridad Nacional. El médico también tomó la palabra y lanzó una arenga a favor de la cooperativa: “Viva Prestaperú”. Consultado por Sudaca, el excongresista señaló que “ese entusiasmo se explica porque era una empresa de Arequipa que se estaba presentando a nivel nacional”. “No responde a otra situación”, juró.

Pero el colaborador 1909-2019 también lo puso en el radar de la fiscalía. “Presta Perú le pagaba sin justificación alguna, consignando recibos a terceros por servicios inmobiliarios, lo cual no era cierto”, señaló en referencia a Rondón.

El intermediario de los pagos, de acuerdo al colaborador de clave 2808-2020, habría sido su hermano Leopoldo. “Tengo conocimiento de que también se hicieron pagos al congresista Gustavo Rondón Fudinaga utilizando una modalidad parecida. Es decir, primero se reúne el señor Guillermo Manrique con el congresista Rondón en el local de Prestaperú y, posteriormente, Manrique comunica el acuerdo de abonar a la cuenta de su hermano Leopoldo. No recuerdo el monto exacto de lo que cobraba”, señala este testimonio.

La Fiscalía accedió al registro de compras” de la cooperativa y corroboró la entrega de dinero a favor del “proveedor” Leopoldo Rondón “por cantidades que fluctúan entre los S/1.000 y S/2.000 mensuales, durante el periodo del 17 de diciembre del 2011 al 29 de febrero del 2016, y que suman S/104.000”. El período de los pagos también coincide con el tiempo en que Rondón fue congresista.

“Lo que él [su hermano] tiene es la factura, los pagos. Me dice que no tiene problema, porque él acredita todo con su contrato por publicidad”, responde Rondón a Sudaca. El aspirante a colaborador, sin embargo, señala que los servicios eran sobre temas inmobiliarios y no publicitarios. 

El exparlamentario rechaza cualquier vínculo turbio con Prestaperú y señala que no participó en la elaboración de proyectos sobre cooperativas. “No recuerdo haber participado en la comisión de Economía, no es mi especialidad”, dice.

 

EL ASESOR

El aspirante a colaborador 1909-2019 también contó que se le pagaba a un asesor de comisiones presididas por fujimoristas que ocuparon curules en el período 2016-2020. Se trata de Miguel Vásquez Cárdenas, un extrabajador de Prestaperú y opositor en aquel entonces a la ley que permitía a la SBS supervisar las cooperativas. Aunque no hay investigación por sobornos, como con Eguren o Rondón, sí hay detalles que llaman la atención.

El testimonio dice, por ejemplo, que se usó fondos que debían ser destinados a otros asuntos para hacer los pagos. “Se utiliza esta cuenta de ‘Descuento Tardanzas’ para pagar dos vales con la glosa ‘VAL MV’ el 5 de junio y 31 de julio de 2018 por un monto de S/12.625 soles al señor Miguel Vásquez Cárdenas, quien era asesor del Congreso de la señora Úrsula Letona y que había trabajado antes en Prestaperú”, se lee.

Consultada por Sudaca, Úrsula Letona dice recordar a Vásquez como uno de los asesores de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización y Desarrollo Económico (OCDE) que ella dirigía el 2017. El 2018, Vásquez fue asesor de la comisión de Defensa del Consumidor, que presidía Miguel Castro Grandez.

mayo 2017 letona y vasquez más texto
Mayo del 2017. Miguel Vásquez Cárdenas, experto en cooperativismo, trabajaba para la comisión de la OCDE que presidía Letona. A la derecha, parte de su ponencia contra el proyecto de ley impulsado por la SBS: “Este es un documento de mi autoría, pero por encargo de la congresista Letona”, dijo. Luego se desdijo.

La fiscalía accedió a un correo electrónico enviado a la entonces gerenta de operaciones de Prestaperú que detalla los pagos a Vásquez Cárdenas entre el 2016 y el 2018 por un total de S/15.890. Los pagos coinciden con el tiempo en que Vásquez trabajó para los fujimoristas.

Vásquez Cárdenas dice que trabajó en Prestaperú entre el 2015 y el 2016. Y señala que los montos del 2017 y 2018 debieron ser por consultorías externas. “El trabajo que desempeñé con los congresistas que usted alude no tenía nada que ver con la temática cooperativa”, responde el licenciado en cooperativismo.

Pero Vásquez se enfrenta a sus propias declaraciones. Y es que a la par que Prestaperú le giraba los montos ya mencionados, en octubre del 2017 participó de un evento organizado por la Conferencia Nacional de Cooperativas del Perú. De acuerdo al portal Ojo Público, el asesor expuso un análisis sobre los “efectos negativos” del dictamen que proponía la supervisión de las cooperativas. 

“Es un documento de mi autoría, pero por encargo de la congresista Letona, quien me ha pedido que redacte un documento que va a ir a la comisión de Producción como un aporte de su despacho al proyecto de ley”, dijo Vásquez, como quedó registrado en una edición de la Revista de las Cooperativas.

Miguel Vásquez prefirió no responder cuando le mencionamos esa cita. Úrsula Letona, por su lado, señala que ella nunca le pidió documento alguno sobre el tema de cooperativas.

correo electronico asesor letona
Los pagos consignados a Miguel Vásquez entre el 2016 y 2018 de parte de Prestaperú. Coinciden con su período como asesor de dos comisiones presididas por los fujimoristas Letona y Castro, en un momento de debate sobre la ley de supervisión a las cooperativas.

Aquel 2018 fue un año álgido para el debate de la ley de supervisión de las cooperativas. Y el fujimorismo se oponía ferozmente, recuerda García Belaúnde. “Fuerza Popular no lo quiere aprobar [el proyecto de la SBS y García Belaúnde], sino que quiere impulsar el proyecto de Úrsula Letona, pese a que la SBS es la que fiscaliza a todas las entidades financieras. Quieren distraer y dar una excusa para ganar tiempo”, declaró ese año Gino Costa. 

La excongresista naranja, sin embargo, niega que ella haya sido una opositora del proyecto, pero dice que “consideraba que era necesario hacer modificaciones al dictamen”. “Lo que hice fue hacer cuatro observaciones al dictamen de la ley. Todas fueron incorporadas”, asegura.

 

APORTES NARANJAS

Los vínculos entre las cooperativas y el fujimorismo, sin embargo, no terminan allí. René Manrique Cusirramos, el gerente de Prestaperú, postuló al Congreso por el fujimorismo hace cinco años. Fue invitado, según él mismo declaró, por el polémico Joaquín Ramírez.

Manrique tenía el número 2 en la lista de candidatos naranjas por Arequipa. Fracasó en el intento, pero no parece haber perdido plata. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Manrique se apropió de S/450.911 de Prestaperú para financiar su campaña.

“La forma en que Manrique Cusirramos se apropió de diferentes sumas de dinero de la cooperativa para su campaña electoral consistió en retiros directos de la caja, justificando los egresos con la suscripción de “vales” con cargo a devolver. Los retiros fueron realizados en diferentes agencias de la cooperativa”, se lee en el requerimiento de detención preliminar. 

Para ese momento, Manrique había creado otra cooperativa a la que bautizó como La Nueva, que recibía a la vez préstamos de Prestaperú. Fue a través de esta nueva firma que pagó la deuda que generó su campaña. Además, recurrió a cuentas de Prestaperú que estaban destinadas a otros asuntos. Así lo contó el aspirante a colaborador eficaz de código 1909-2019.

René Manrique también aportó S/112.323 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori aquel 2016, según el reporte de la ONPE. Hoy está detenido junto a exsocios y familiares que, según la Fiscalía, lo ayudaron en sus fechorías. Lo que sigue es la prisión preventiva.

manrique y keiko
René Manrique junto a la lideresa del partido por el que postuló el 2016. Aportó a la campaña de Fujimori S/120.000. Y según la Fiscalía, se apropió de S/450.000 de Prestaperú para su propia campaña al Parlamento.

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Luis Cordero Jon Tay, congresista de Fuerza Popular, tiene un gurú jurídico y político. Se trata del controvertido exjuez Alejandro Rodríguez Medrano, quien fue considerado un alfil del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial. Rodríguez fue condenado a ocho años de prisión en el 2000 por tráfico de influencias y corrupción de funcionarios.

El exmagistrado, conocido como ‘El Chino’,  figura como encargado del departamento jurídico en la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por el legislador Cordero en el 2016. Rodríguez Medrano, además, fue el invitado estrella en varias ediciones de un programa que tuvo el parlamentario hace tres años en el canal de esa asociación. En aquel espacio, el exhombre del ‘Doc’ se despachaba a su gusto, clamaba su inocencia y defendía a Alberto Fujimori. 

Los dos han demostrado simpatía por el fujimorismo. Uno de los programas que transmitía la asociación, vía YouTube, sirvió para blanquear la imagen del sentenciado exjuez Rodríguez Medrano y darle tribuna como una autoridad en los asuntos legales y hasta políticos. Grabaron unos veinte programas. Cordero le daba pase para que emita sus “valiosas opiniones” sobre temas de coyuntura y, especialmente, sobre el caso judicial de “El Chino” Rodríguez Medrano, como veremos más adelante.

2018. Link de Youtube del programa de la asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero, con Alejandro Rodríguez Medrano como invitado estelar. El espacio hacía una cerrada defensa de Fujimori y proclamaba la inocencia del controvertido exmagistrado.

No es lo único. Ambos están vinculados a la masonería, ya que pertenecen al Supremo Concejo del Grado 33. “Él [Cordero] pertenece a la misma logia que yo. Yo lo conozco hace años. La Cámara Perú Asia Pacífico me permitió salir al aire”, cuenta a Sudaca Rodríguez Medrano, quien dice desconocer que aparece como encargado jurídico de la asociación fundada por Luis Cordero. Esto a pesar de que su nombre  figura -al cierre de la edición- en la web. “No lo veo hace dos, tres años”, añade. 

Rodríguez Medrano, de 77 años, anda encorvado por una operación en la columna. Su apariencia inofensiva de hoy contrasta con un polémico pasado, donde fue el hombre fuerte del Poder Judicial en tiempos de Fujimori y Montesinos. “Si quieres creerme, créeme. Yo creo en Dios y punto. Él sabe lo que he hecho y no he hecho”, dice. 

La historia de este oscuro personaje, ahora cercano al congresista fujimorista Luis Jon Tay, empezó en 1995. Ese año fue nombrado presidente de la Corte Superior de Lima a pesar de que solo era un juez provisional, según consta en archivos periodísticos y documentos judiciales. 

“‘El Chino’ Rodríguez Medrano fue el principal operador de la mafia de Montesinos en el Poder Judicial durante buena parte de los años noventa. Se convirtió en un instrumento fundamental del régimen de Fujimori y del propio Montesinos para manipular a la justicia en el tema de los tribunales sin rostro, en el tema de la persecución a políticos y las llamadas comisiones interventoras”, dice Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal.

El propio Rodríguez Medrano reconoció ante el Congreso, apenas se desmoronó el régimen fujimorista en el 2000, que fue 36 veces al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dominado por Montesinos, aunque –según él– lo hizo para dictar charlas sobre terrorismo y narcotráfico. Aseguró que no recibió un centavo. “Mi relación con Montesinos fue profesional. Él me llamaba. Yo he sido profesor en el Servicio de Inteligencia”, dice ahora a Sudaca. 

Chino
Alejandro Rodríguez Medrano, exjuez sentenciado: ““Mi relación con Montesinos fue profesional”. Foto: Alonso Ramos.

Pero las evidencias van más allá de una relación “profesional” y dibujan a un hombre dispuesto a todo con tal de defender a Montesinos y a sus compinches. Tras la difusión del primer “vladivideo’, en septiembre del 2000, donde se vio a Montesinos sobornando con U$15.000 a Alberto Kouri, Rodríguez Medrano trató de limpiar la situación. Así lo confesó a las autoridades en esa época el propio ‘Beto’ Kouri.

El exlegislador dijo durante el proceso en su contra que, para tratar de arreglar la situación, Rodríguez supervisó en el SIN la declaración que dio, apenas estalló el escándalo del soborno, a una fiscal ligada al fujimontesinismo  

Rodríguez Medrano cayó, finalmente, a inicios del nuevo milenio. El exhombre fuerte del Poder Judicial fue denunciado en el 2000 por presionar a la entonces jueza provisional y hoy procuradora antidrogas, Sonia Medina, para que falle a favor de Enrique Escardó, director de la revista ‘Gente’, en una querella por presunta difamación que le entabló al periodista Hugo Guerra, entonces editor de ‘El Comercio’. ‘Gente’ era una publicación afín al régimen fujimorista.

Según contó Sonia Medina en el proceso, Rodríguez Medrano la convocó a su oficina, le habló de su amistad con Enrique Escardó y dijo que le interesaba ese proceso. Medina, indignada, se retiró de la oficina. En represalia fue separada del cargo. La ahora procuradora antidrogas dio a conocer el hecho ante los medios y todo desencadenó en un proceso judicial contra el entonces poderoso juez.

Rodríguez Medrano fue condenado a ocho años de prisión por este caso y a un pago de reparación civil de S/500.000 soles. Salió de la cárcel en el 2008. 

VIDAS PARALELAS

Por su parte, Luis Cordero Jon Tay inició su aventura política en el fujimorismo en el 2011. Aquel año postuló sin éxito al Congreso por Fuerza 2011, el embrión de Fuerza Popular. Él es hermano de la también actual parlamentaria fujimorista Pilar Cordero. Y ambos son allegados al expresidente Alberto Fujimori, de acuerdo a fuentes del partido naranja.

En el 2012, por ejemplo, Pilar Cordero saltó a la palestra por visitar con frecuencia al exmandatario en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, fuera del horario de visitas. 

“Yo me acerco al partido, aproximadamente, en el año 2011, por amistades afines al partido Cambio 90. Fui invitado a participar en este partido”, declaró Luis Cordero en el 2017, cuando fue interrogado como testigo en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos. 

Al ser consultado sobre el aporte de S/5.000 a la campaña de Fuerza 2011, según un reporte de la ONPE, Luis Cordero Jon Tay dijo no recordar. “De acuerdo al informe que se me presenta a la vista, no recuerdo las circunstancias en que la realicé ni a quién entregué o si suscribí algún documento al respecto. Puede ser que hayan sido [contribuciones] económicas, más no recuerdo por los años que han transcurrido”, declaró Cordero a la Fiscalía. 

Los caminos de Luis Cordero Jon Tay, actual congresista por Lima Provincias y abogado de profesión, y Alejandro Rodríguez Medrano se cruzaron en el 2018 en la Cámara Perú Asia Pacífico, una asociación creada por Cordero, supuestamente, para promover el intercambio comercial entre empresarios peruanos y asiáticos.

Alejandro Rodriguez y José Carlos Feliciano
Pantallazo a la web de la Cámara Perú Asia Pacífico, asociación creada por el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay. Allí figura en la actualidad Rodríguez Medrano como encargado del departamento jurídico.

“Yo no debí haber estado ningún día preso”, dijo Rodríguez Medrano en una de las ediciones del programa de la asociación, argumentando que fue víctima de una persecución política. Cordero Jon Tay, quien fungía de entrevistador, intervino muy poco y sólo dejaba hablar a  sus anchas al invitado estelar. 

El espacio sirvió también para ejercer la defensa de Alberto Fujimori.  “Las denuncias [contra Fujimori] no tienen validez jurídica”, dijo Rodríguez Medrano en otra edición. Incluso, a propósito del estallido del caso Cuellos Blancos, opinó que “es una mafia que merece ser extirpada de raíz”. 

El exjuez, en sintonía con el fujimorismo, dice en la actualidad que las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo son ilegítimas. Ello basándose en tecnicismos legales, como que el Jurado Nacional de Elecciones debió proclamarlo con sus miembros completos; es decir, con cinco y no con cuatro magistrados. Le busca cinco pies al gato. 

Rodríguez Medrano no hace ninguna autocrítica y explica por qué defiende su inocencia.  “Yo no vivo con rencor. Lo que yo quiero es una garantía para mis hijos y mis nietos en un futuro. Yo estoy doblando la esquina. El hombre es pasajero. Tus actos lo reconocen después de muerto”, dice. 

Luis Cordero Jon Tay, el hombre que le tiene fe al juez que visitaba el SIN de Montesinos, no respondió a las llamadas y mensajes para este reportaje. En agosto contrató como asesora principal en su despacho congresal a la excongresista fujimorista Rosa Bartra. El siguiente mes, en septiembre de este año, Bartra pasó a trabajar en el mismo puesto para la legisladora Pilar Cordero, la hermana.

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Todos los días de lunes a viernes “Si el Río suena” con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 36.

Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, aseguró que en las reuniones de su bancada no se ha conversado sobre una posible vacancia porque en este momento no existen condiciones para ello.

Además aseguró que su reunión con la Presidenta del Consejo de Ministros fue una burla porque tanto ellos, como otras bancadas, le solicitaron cambios en el MININTER y ella no los tomó en cuenta.

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Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señalado que el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.

Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso? 

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.

Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.

Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.

Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.

Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés. 

Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.

Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés. 

Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.  

Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, pero no es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.

Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.

 

Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.

Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “un marco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.

Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.

Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones. 

Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.

En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.

El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.

*Fotoportada: Darleen Leonardo

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Todos los días de lunes a viernes “Si el Río suena” con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 27.

Luego que un informe periodístico revelara que Fuerza Popular le pagó 180 mil soles por una investigación sobre seguridad ciudadana a Fernando Rospigliosi, él aseguró que esa información era pública. Además indicó que con el dinero de ese trabajo, se contrató a las personas necesarias para la investigación y se hizo un buen trabajo.

Por otro lado Marco Loret de Mola, fundador de Matlab aseguró que estamos reduciendo la cantidad de pruebas de diagnóstico para el covid19, lo que nos hace ir a ciegas en este momento de la pandemia.

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