Ministerio público

 

Una serie de mensajes de WhatsApp y una nota de inteligencia comprometen al congresista oficialista Edgar Tello en un caso de presunto tráfico de influencias. El favorecido era un consorcio que, en diciembre pasado, ganó la buena pro para la construcción de la Casa de la Mujer en San Juan de Lurigancho. Por eso, el último miércoles, la fiscal de la Nación decidió abrir una investigación preliminar contra el parlamentario por 60 días.

El 23 de diciembre del 2021, el consorcio Casa de la Mujer -conformado por las empresas Iconsa SA y  Construyendo Infraestructura SAC- recibió la buena pro de la licitación realizada por la comuna de SJL. El costo de la obra era de S/15 millones, pero el contrato no  llegó a suscribirse “por observaciones de orden formal”, señala la resolución firmada por Zoraida Ávalos que abre indagación por estos hechos. Y es que a uno de los consorciados el OSCE no le había entregado su «constancia de libre contratación», un documento que certifica el monto por el cual un proveedor aún puede seguir siendo contratado.

Por ese motivo, a inicios de enero, un empresario llamado Miguel Ángel Salinas Cámac buscó contactar al mismísimo alcalde del distrito, Álex Gonzáles, y al congresista de Perú Libre, Edgar Tello, para que lo ayuden a destrabar el proceso y que se firme el contrato de una vez. Salinas, según fuentes que ven el caso, no es parte del consorcio, pero fue el encargado de hacer el lobby a favor de la empresa.  Uno de los consorciados lo niega. «En lo particular, yo como representante de Construyendo Infraestructura, no lo conozco. Hasta la fecha, mi socio también está sorprendido», dice Jairo Mendoza Martínez.

Foto
Miguel Ángel Salinas, presunto líder de una organización criminal, fue el encargado del lobby, según la Fiscalía.

Lo cierto es que días después de las gestiones de Salinas, el 19 de enero, este lobista fue capturado por pertenecer a una presunta organización criminal denominada ‘Los Incorregibles’. Esta mafia se había apoderado de millones de soles de municipalidades y gobiernos regionales vulnerando el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), desde donde se realizan todas las operaciones de entidades gubernamentales.

Ya detenido, la policía y la fiscalía especializadas identificaron conversaciones en su celular que mostraban su nexo con el parlamentario Edgar Tello. No solo le había pedido que lo contacte con Álex Gonzáles -de quien Tello es cercano, a decir de varias fotografías-, sino también que realice gestiones ante el OSCE y el MEF. Los agentes, además, ya habían captado al de Perú Libre y a Salinas en una reunión, antes de que el empresario cayese en desgracia.

El congresista Edgar Tello y el alcalde de SJL, Álex Gonzáles, en octubre del 2021.

 

MENSAJES COMPROMETEDORES

Miguel Salinas, actualmente con prisión preventiva, tenía registrada conversaciones con  una persona a la que agendó como “Alayo Congresista”. Según la fiscalía, se trataría de Wilfredo Alayo Jiménez, excandidato al Congreso por Unión por el Perú y un visitador del despacho del congresista Edgar Tello.

Alayo ha visitado al parlamentario de la llamada ‘bancada magisterial’ en dos ocasiones, entre setiembre y octubre del 2021. Además, lo acompañó a una reunión con el ministro de Educación, Rosendo Serna, la tarde del 6 de enero pasado. Al encuentro también asistieron otros congresistas de Perú Libre, como Jhakeline Ugarte, Pasión Dávila y Alex Paredes Gonzáles.

Según consta en el registro de visitas, Alayo figura como un representante más del Congreso de la República, aunque no tiene ningún contrato con esta entidad. “Yo no trabajo en el Congreso. Yo puedo visitar a cualquiera, señor”, responde a Sudaca el aludido, quien el 2017 fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

El parlamentario Edgar Tello no quiso responder sobre su vínculo con este personaje.

tello-nota-julio
Izquierda: Wilfredo Alayo Jiménez. Derecha: Sus incursiones junto a Edgar Tello al Minedu. Alayo fue condenado el 2017 por negociación incompatible.

Como fuese, entre los chats que la fiscalía le atribuye a Wilfredo Alayo, figura uno del 8 de enero en el que el empresario Salinas le envió los datos del consorcio y luego le escribió: “Amigo, ¿el hombre ya sabe del tema?”. Alayo, según los registros fiscales, le contestó: “Claro, hermano, escuchaste. Delante tuyo le dije. Ya coordinó el congresista mañana te llamo”. Minutos después agregó: “Hermano, es positivo”.

Esa misma noche Salinas tiene la siguiente conversación con Edgar Tello:

Salinas: Una ayuda con lo conversado.

Tello: Claro, mañana me reuniré.

Salinas: Ok, me avisa. O voy donde me indique.

Tello: Belisario Suarez 845, SJM. Lo espero.

Esta dirección corresponde al domicilio del congresista, según su ficha del Reniec.

Las gestiones del lobista Salinas siguieron en los días posteriores. El objetivo ya no solo parecía ser contactar al alcalde Álex Gonzáles, sino que se presione a otras entidades del Estado, como el OSCE. Según Jairo Martínez, socio de Construyendo Infraestructura, el organismo supervisor no le entregó a tiempo su «constancia de libre contratación», lo que le impedía al consorcio firmar el contrato. Martínez, sin embargo, niega que haya enviado a algún emisario a que resuelva ese problema.

El 12 de enero, sin embargo, en un nuevo mensaje atribuido a Alayo, este le dice a Salinas: “Que ya el OSCE se va a comunicar nos han dicho”. Y al día siguiente, le envía una inusual lista de comestibles:

-100 bolsas de arroz de un kilo.

-100 bolsas de ½ kilo de arroz.

-100 botellas de aceite de ½ litro

-100 bolsitas de avena 3 ositos

-100 panetones de esos que están en oferta.

100 bolsas de ½ kilo de lentejas

-100 atunes el más barato.

-100 tarros de leche

-100 bolsas de fideo para sopa

Como mensaje final, agregó: “Esto es todo para la canasta, amigo. Solo falta buscar bateas y celofán, eso lo compramos nosotros”.

En comunicación con Sudaca, Wilfredo Alayo no reconoce estos chats como suyos, pero la resolución fiscal dice lo contrario. Además, se ha dispuesto recabar su testimonio como parte del proceso. “No sé de qué empresario me habla. Se ha confundido”, apunta el excandidato al Congreso.

Edgar Tello, por su parte, no desmiente la autenticidad de los mensajes, pero niega haber participado de algún hecho ilícito. “Yo recibo en mi despacho a todos los ciudadanos, dirigentes, sindicalistas. Toda la ciudadanía que me conoce, me envía mensajes. Eso es materia de investigación”, apunta.

WhatsApp 1:2
Conversación atribuida a Miguel Salinas y Wilfredo Alayo, el 8 de enero, en la que el lobista le comparte el nombre del consorcio y le pregunta si «el hombre ya sabe del tema». Alayo le responde: «Ya coordinó el congresista».

 

REUNIÓN EN KALLPA

Pero no es lo único que tiene el Ministerio Público en su carpeta. Como parte del caso ‘Los Incorregibles’, los investigadores ya le seguían los pasos a Miguel Ángel Salinas. Y el 14 de enero lo captaron al interior del club Kallpa, en San Juan de Miraflores, junto a unas 20 personas. “Es preciso indicar que dentro del área se encontraba también el actual congresista Edgar Tello Montes”, se lee en un informe de inteligencia de la PNP.

Luego de aquella reunión, los mensajes de Salinas al congresista siguieron por algunos días más. El 16 de enero, Edgar Tello le escribió: “Ya solucionaron, que el MEF dé el visto bueno y listo”. El Ministerio Público indaga de qué visto bueno hablaba el parlamentario.

Ese mismo día, el empresario fue alertado de que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de una unidad de inteligencia. En una conversación que Salinas mantuvo con una policía llamada Rosario Escobal, esta le dice que incluso tenían registrada su reunión con Edgar Tello.

Rosario: Me están confirmando que son de la Diviac.

Salinas: Ese día estaba con el congresista.

Rosario: Ahorita voy a averiguar, pero no quiero decirle nada al congresista aún porque ele [sic] dijo que mañana lo tuyo sale sí o sí. Si le digo lo que está pasando, no te apoyará en nada por miedo.

Informe
Informe policial que da cuenta de la reunión en el club Kallpa. Allí estuvieron Salinas y Edgar Tello el 14 de enero.

 

DÁDIVAS

Como la solución aún no llegaba para el empresario y lobista Miguel Salinas, el 17 de enero este le insistió a Tello en un mensaje de WhatsApp: “Por favor, puede confirmarme si va a ser viable”. A lo que el parlamentario respondió: “En eso estoy, amigo, no te preocupes. Ahora debo coordinar y aclarar eso”. Esa noche, el docente le envió el número telefónico de un funcionario de la municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Pero, al final, de nada sirvieron las gestiones. El 19, dos días después, Salinas fue capturado junto a decenas de sus presuntos cómplices en el caso de ‘Los Incorregibles’.

En ese momento, como hemos visto, se descubrieron sus nexos en el Parlamento. Del análisis de las conversaciones y el seguimiento policial, la fiscalía concluyó: “Se puede advertir que el presunto integrante de una organización criminal, Miguel Salinas, tenía directo interés en el otorgamiento de la buena pro a favor del consorcio Casa de la Mujer que venía participando sin cumplir con las condiciones legalmente exigidas”.

La resolución que abre indagación por estos hechos añade que el empresario “habría tratado de buscar personas allegadas al alcalde de dicha municipalidad”. “En dicha gestión, tuvieron participación la miembro policial Rosario Escobal y una persona identificada como Alayo, quien de acuerdo con la información obtenida sería Wilfredo Freddy Alayo Jiménez, una persona del entorno del congresista Edgar Tello”, se lee.

La Fiscalía sospecha que la ayuda de Tello al empresario fue a cambio de dinero. “El congresista se habría reunido y mantenido comunicación mediante WhatsApp con Miguel Ángel Salinas Cámac, a quien le habría ofrecido interceder ante el alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho a cambio de beneficio económico”, apunta la resolución.

Jairo Mendoza, uno de los consorciados, no se anima a poner las manos al fuego por nadie más que por él en este caso. «Por mi lado, no tengo conocimiento. Espero que se esclarezca qué sucedió, cómo sucedió, ver realmente cuál es el trasfondo del asunto», asegura.

WhatsApp 2:2
Conversación del 8 de enero entre Miguel Salinas y Edgar Tello. El parlamentario lo cita en la dirección que figura como su domicilio en el Reniec.

Tags:

edgar tello, Ministerio público, Perú Libre, tráfico de influencias

La muerte de un hombre persigue al flamante primer ministro desde hace cinco años. Administrar el camal municipal de Coronel Portillo, en Pucallpa, Ucayali, no solo le trajo a Héctor Valer una denuncia por colusión, sino también una investigación por homicidio culposo. El hecho ocurrió en junio del 2017 y al interior del recinto que, en ese entonces, manejaba su empresa: el Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali (Coincar).

La municipalidad provincial le había entregado el camal en concesión a fines del 2016. Esto, “sin someterlo a un proceso de evaluación; afectando la eficiencia, transparencia y legalidad con la que deben regir las decisiones que adopte el Concejo Municipal y la entidad”, según una nota de prensa de Contraloría de la época.

La tarde del 13 de junio, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región, Aster Diaz Ruiz, llegó al lugar para retirar diez cabezas de ganado que había adquirido previamente. Antes, sin embargo, tenía que marcarlas. Como no había personal que realice esa tarea, él mismo entró al corral y empezó a pintar sus iniciales en el cuerpo de las vacas. Una lo atacó de un cuernazo por la espalda.

Toro- ataque
Así informaba la prensa local aquel junio del 2017. Resultó que el ataque fue de una vaca y no un toro.

El hombre murió seis días después en el hospital regional. Su familia denunció a Coincar porque no tenía trabajadores capacitados para el manejo de los animales, a pesar de que los Díaz pagaron S/1.150 por ese servicio. Sudaca ha accedido a una serie de disposiciones de la Fiscalía Provincial Penal de Yarinacochas, que abrió investigación preparatoria el 27 de junio del 2017, en las que se cuenta el suceso con detalles.

En la denuncia presentada por el hijo de la víctima, Maxcel Díaz Moreno, se menciona una situación que era común en el camal: “adolece de personal idóneo y capacitado encargado de realizar tales labores, por lo que su señor padre tenía que ejecutarlas”. El familiar dice, además, que aquel día “únicamente se encontraba una persona que hace las veces de guardián, el mismo que desconoce sobre las actividades de manejo de ganado”. Y añade: “Coincar cobra por estos servicios, a pesar de que no tiene personal capacitado, en un claro abuso de poder y de derecho”.

Díaz Moreno apuntó al mandamás del consorcio, Héctor Valer. “No ha cumplido con brindar las garantías y seguridad al personal externo que ingresa animales para el sacrificio al camal, con personal idóneo y capacitado para realizar tales labores”, aseguró. Durante las diligencias preliminares, el ahora premier replicó que sí tenía personal y que el local era constantemente inspeccionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Además, le echó la culpa al ganadero, a quien acusó de haber ingresado a los corrales burlando la seguridad. 

Los hijos de Díaz, sin embargo, presentaron a la Fiscalía el contrato de compra-venta que suscribieron por los animales y el comprobante del pago de S/1.150 a favor de Coincar a cambio de los servicios de faena. Cuando los investigadores le preguntaron al chofer que llevó a Díaz al camal por la seguridad del recinto, este respondió: “no cuenta con las garantías necesarias para brindar ese servicio”.

Apenas ocurrió la muerte, la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región inició un paro indefinido. Y ese mismo año, el Órgano de Control Interno de la municipalidad detectó las ya mencionadas irregularidades en la concesión del recinto.

Camal Municipal
El 2019, la nueva gestión municipal encontró en pésimas condiciones el camal municipal que administraba la empresa de Valer.

Resulta que el Consejo Municipal había incorporado el camal a un proceso de asociación público-privada en setiembre del 2016, pero ese acuerdo fue desconocido en diciembre del mismo año. El Consejo, entonces, le permitió al alcalde darlo en “administración temporal”, algo que -según la fiscalía que ve el caso- no estaba contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades. La propuesta de Valer para manejar el lugar llegó el 9 de diciembre. Tan solo cuatro días después se le dio el visto bueno. 

El contrato fue suspendido tras el escándalo por la muerte del ganadero y la intervención, en paralelo, de los auditores. Coincar tuvo que abandonar el camal y fue dada de baja en abril del 2018. A inicios del 2019, la nueva gestión municipal inspeccionó el lugar y encontró un escenario lúgubre: puertas y ventanas rotas, áreas administrativas destruidas, techos deteriorados, la zona de sacrificio de reses y porcinos en pésimo estado. En general, todo el procesamiento de vísceras se realizaba en condiciones inapropiadas, según una nota informativa de la comuna.

“Hay equipos que han desaparecido”, agregó Rafael Paredes Delgado, entonces gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la municipalidad. La Fiscalía también señala que Valer mantuvo el lugar en condiciones insalubres. “Hubo contaminación, olores fétidos, problemas inclusive en los sistemas de evacuación, residuos sólidos y otros factores que, en la práctica, provocaron mayores daños a la entidad pública y al servicio”, le dijo el fiscal Gomer Santos, que investiga las irregularidades en la concesión del camal, a El Comercio.

En tanto, el caso de la muerte de Aster Díaz pasó a la etapa de investigación preparatoria en el 2018. La fiscal provincial Karen Yzaguirre se pronunció a fines del año pasado a favor de sobreseerlo, pero ahora parece haber dado marcha atrás. “Hay un pronunciamiento en ese sentido y va a ser objeto de absolución de parte de la Fiscalía. Pero dado que el caso se ha hecho emblemático, parece que está ampliando su investigación”, dice el abogado de Valer, Millet Tello Salazar.

Y así fue. El 18 de enero de este año, el despacho de Yzaguirre decidió recabar más testimonios durante febrero. Según el abogado de los deudos, la fiscal tuvo que recular luego de que sus superiores no aceptaran el archivamiento del caso. “El juzgado, al ver la inconsistencia del sobreseimiento, ha elevado la consulta a la fiscalía superior y esta ha ordenado a la provincial que continué la investigación”, explica el doctor Marco Antonio Texeira. Sudaca llamó a la fiscal del caso, pero no obtuvimos respuesta.

Providencia Fiscal
En enero de este año, la fiscalía dispuso seguir recogiendo testimonios.

Tags:

Hector Valer, homicidio, Ministerio público

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 56.

Para el especialista en temas educativos la suspensión de todo el proceso de nombramiento docente es irracional ya que pudo ponerse en pausa mientras el Ministerio Público hacía sus investigaciones sobre la filtración del examen.

Hoy también conversamos con el economista Marcel Ramírez sobre cómo se obtiene y distribuye el canon minero; y cuál sería el impacto de que la región de Ayacucho pierda este ingreso.

Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp dando click aquí: https://bit.ly/3jqyv29

Por Youtube:

Por Spotify:

Por Soundcloud:

Recuerda seguirnos en vivo por Youtube, Facebook live y Twitter

Tags:

Ayacucho, Marcel Ramírez, Minas, Minería, Ministerio público, nombramiento docente, Paul Neira

Los cuestionamientos tras las denuncias de presiones para los ascensos en las FF.AA. continúan golpeando al gobierno de Pedro Castillo. Esta vez, la Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público investigar el caso.

En esta situación, el exprocurador José Ugaz señaló que si el Ministro de Defensa no renuncia, será censurado por el congreso. Además indicó que sería un sueño que, en este momento, la Premier Mirtha Vásquez se consolide en el gabinete considerando que sus comentarios sobre el MINDEF no fueron respaldados por el Presidente.

Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp dando click aquí: https://bit.ly/3jqyv29

Escucha «Si el río suena» de lunes a viernes a las 9 de la mañana con Patricia del Río. Este es nuestro episodio número 46.

En Youtube:

En Spotify:

En SoundCloud:

Recuerda seguirnos en vivo por Youtube, Facebook live y Twitter

Si deseas recibir nuestro contenido en profundidad por Telegram 📲 click en el siguiente enlace: http://ow.ly/U05w30rZ1y8

Tags:

FF. AA., José Ugaz, MINDEF, Ministerio público, Ministro de defensa, Premier Mirtha Vásquez

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 22.

Para Pacha Sotelo – hermano de Inti, uno de los jóvenes que fallecieron en las protestas contra Manuel Merino- es probable que no se envíe de baja a los policías responsables de los disparos pese a que se sabe a qué grupo pertenecían.

Señaló también dos exministras indicaron ante el Ministerio Público que Manuel Merino no quiso hacer un acta sobre cómo se actuaría en las protestas.

Además el científico en computación Ragi Burhum nos explicó que ocasionó la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Por Youtube:

Por Spotify: 

Por SoundCloud:

Recuerda seguirnos en vivo por Youtube, Facebook live y Twitter

Tags:

Inti Sotelo, Manuel Merino, Ministerio público

Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.

 

Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.

“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.

Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.

conclusiones fiscalia
«(…) luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la fiscalía.

El origen

La primera denuncia fue revelada por Panorama, en julio del 2019. Alessandra Granuelly Puente, entonces de 22 años, admitió haber sido una trabajadora fantasma en el despacho de Romero entre octubre del 2018 y julio del 2019. A pesar de eso, recibía su sueldo de S/2.300 puntualmente. Parte del dinero -S/1.500, según denunció- los depositaba a una cuenta que manejaba el tío materno de Romero, Julio Castro Segura.

El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.

Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.

Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.

Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.

Romero: ¿Cuál es la verdad?

Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.

Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?

Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.

conversación atribuida a romero
Romero intenta que la denunciada admita que el dinero depositado era parte de un préstamo. Ella lo negó.

Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.

La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.

Explicaciones que no convencen

Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.

El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.

El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.

El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.

En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.

Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.

depositos de Bautista
Los depósitos del trabajador Jorge Bautista a las cuentas de Julio Castro, Master Training International y al mismo Jorge Romero entre el 2018 y 2019.

Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.

La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.

Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.

En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”. 

Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.

De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.

declaración de testigo protegido
El testigo protegido advirtió a la Fiscalía sobre la coartada: «Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training».

“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.

Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.

Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.

Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.

Con la plata de todos

El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.

El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.

acusación peculado
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado recursos del Estado “para fines ajenos al servicio parlamentario”.

Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.

Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.

El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.

Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

Tags:

Fuerza Popular, jorge romero castro, Ministerio público, parlamento andino

El chofer tumbesino Carlos Durand Neyra (31) teme por su vida. Durante los últimos tres años, según una investigación de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al servicio de una mafia de traficantes de madera. Uno de los presuntos cabecillas de esa organización es Hammer Aleman Izquierdo. La tarde del pasado 6 de abril, Durand Neyra lo delató ante la Policía de Tumbes. Pidió protección para él y para su familia. 

 

“En el transcurso de lo que llego acá, me he dado cuenta de que desconocía que mi disque amigo Hammer falsificaba mi firma, realizaba viajes ilegales y transportaba productos ilegales, por lo que solicito ordenar garantías para mi vida, porque conozco que Hammer tiene una vida desordenada y tiene amigos delincuentes que le pueden hacer daño a mi familia y a mi persona”, declaró. 

El día de su declaración, llevaba una semana detenido. Cayó en un megaoperativo organizado por la Diviac y la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Tumbes junto a otras 13 personas. Entre ellas, funcionarios regionales, policías locales y comerciantes, como Aleman Izquierdo. A todos se les acusaba de haberse coludido para traficar carbón vegetal hacia Lima, un producto que termina principalmente en restaurantes de pollo a la brasa.

La mafia conseguía el carbón quemando la leña de los árboles de algarrobo situados en áreas protegidas. Para que el negocio se hiciera sin problemas, recurrían a funcionarios del gobierno regional de Tumbes, quienes fraguaban los permisos que eran usados durante todo el proceso. Gracias a los seguimientos y escuchas legales, se descubrió, por ejemplo, que los cargamentos no salían de esa región, sino de Lambayeque. 

Según el informe policial de 1.473 páginas al que accedió Sudaca, los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes (DRAT) simulaban inspecciones a los supuestos locales donde la madera del algarrobo era procesada. Con ello podían crear documentación que permitía moverla ilegalmente hasta Lima. También emitían guías de transporte con datos falsos. 

confesión durand
Carlos Durand Neyra (31) reconoció los delitos y dijo el pasado 6 de abril que teme por su vida. Hoy quienes pueden hacerle daño también están libres.

“Luis Saldarriaga [uno de los detenidos], por ejemplo, es uno de los ingenieros forestales que debía ir a las plantas de transformación, verificar, constatar y elaborar un acta de verificación forestal del material. Pero en esas plantas de transformación no había carbón ni árboles. Levantaban acta de verificación forestal y elaboraban las guías de transporte para que puedan extraer carbón de otras zonas no autorizadas y transportarlas hacia Lima”, explica una fuente que investiga el caso.

Para inicios de marzo pasado, los detectives ya habían recolectado testimonios de testigos clave, un colaborador eficaz y hasta tenían escuchas legales. Incluso, habían levantado el secreto de las cuentas bancarias de los investigados. Por si todo eso no fuera suficiente, tras el operativo del 26 de marzo consiguieron que algunos detenidos se quiebren y cuenten lo que sabían. Durand Neyra fue uno de ellos.

“Cuando iba a realizar los trámites a la DRAT, por órdenes de Hammer, los ingenieros Correa y Saldarriaga [se refiere a dos trabajadores del gobierno regional] me entregaban las actas de verificación forestal de forma rápida, por lo que suponía que ahí ya había una conversación previa entre Hammer y estos ingenieros. Y Hammer me decía que los ingenieros de la DRAT lo habían picado con dinero”, confesó, acorralado por las pruebas.

José Ramos Vilela (36), otro de los detenidos, es uno de los personajes que puso al servicio de la mafia una planta procesadora. Allí supuestamente convertían el algarrobo en carbón vegetal. Según los papeles entregados por los funcionarios de Tumbes, de allí también salía la madera hacia Lima. Pero la policía descubrió que nada de lo que estaba en el papel era cierto. Ramos Vilela también terminó admitiendo el delito frente a los detectives. 

“Quiero precisar que cuando se realizaban estos viajes ilegales, el vehículo y su chofer, en la mayoría de ocasiones no ingresaban al departamento de Tumbes, ni mucho menos llegaban a mi planta de transformación forestal. Sin embargo, las guías y actas ya se encontraban realizadas (…) A consecuencia de ellos, yo recibía sumas de dinero”, dijo.

El organigrama de la mafia tumbesina.

 

Un fiscal con historia

Con las confesiones y las pruebas acumuladas por tres años, la suerte de los detenidos parecía estar echada. El caso era sólido. Los detectives, sin embargo, vieron con asombro cómo Rogelio Pita Jiménez, fiscal provincial especializado en la lucha contra el crimen organizado, boicoteó el pedido de prisión preventiva contra los detenidos

El despacho de Pita Jiménez tenía a cargo la investigación. Los últimos tres años, la fiscal que designó para llevar a cabo las diligencias fue la doctora Crisell Ordinola Nima. “Ella durante la etapa de investigación sí cumplió con lo necesario, tan es así que el juez nos dio la autorización para detener y allanar las casas de los investigados por 15 días”, dice una fuente relacionada al caso. Se refiere al operativo del 26 de marzo.

Lo que correspondía luego era que el Ministerio Público sustente la prisión preventiva. Pero sospechosamente, durante las audiencias llevadas a cabo a inicios de abril, Pita ordenó esta tarea a una fiscal que recién se empapaba del caso. Se trata de la fiscal adjunta Nathaly Ruiz Miranda, quien repite a Sudaca lo que dijo ante la jueza: “Yo no soy la fiscal a cargo. Para el día de la audiencia me la asignaron (…) Desconozco las razones del doctor [Roger Pita]. Eso [el por qué la designó] tendría que responderlo él. Una sólo tiene que acatar las disposiciones del provincial”.

Al cierre de esta edición, Ordinola Nima no respondió a nuestras preguntas. Ruiz Miranda, por su parte, se comprometió a decirle a Pita Jiménez que nos contacte, pero este nunca lo hizo. Como fuese, la evidente negligencia del Ministerio Público llevó a la jueza a liberar a los detenidos.

“Los representantes del Ministerio Público que estuvieron en el desarrollo de las audiencias no mostraron una conducta apropiada, pues era evidente que no conocían el caso y no tenían un manejo adecuado de la carpeta fiscal (…) Incluso en dos oportunidades se solicitaron recesos para evaluar si se continuaba o no con el pedido de prisión preventiva. Lo que a todas luces hacía ver que los señores fiscales que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva no estaban de acuerdo”, apuntó la jueza Shirley Monterroso durante una de las audiencias. Su decisión quedó plasmada en una resolución del 26 de abril.

Gracias al boicot de Pita Jiménez, este fallo deja en libertad a los miembros de la mafia.

Pita Jiménez es reincidente. En 2018 permitió que un extorsionador quede libre, a pesar de sus graves delitos, cuando el fiscal ordenó pedir comparecencia con restricciones, según confesó uno de sus subordinados al semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Dos años después, el liberado fue detenido por haber secuestrado a una menor de 15 años.

En junio del año pasado, el autor de esta nota también informó en la misma revista que el despacho de Rogelio Pita fue el responsable de dejar en libertad al líder de una mafia de extorsionadores y asesinos, Jhon Rivera Pisfil, a pesar de que este había confesado sus crímenes. Pita no había presentado la acusación a tiempo. Meses después de su liberación, Pisfil fue detenido por posesión ilegal de armas, pero la justicia tumbesina lo volvió a liberar.

Fuentes a cargo del caso del algarrobo convertido en carbón dicen que Pita Jiménez ha tirado al tacho tres años de investigación policial. Pero lo más urgente es lo que pueda pasar con los testigos y el colaborador eficaz que han ayudado a desentramar la historia de los taladores. Sus vidas corren peligro.

 

Tags:

corrupción, Ministerio público, tráfico de madera, tumbes
x