Ministerio público

Consultados algunos fiscales, nos dijeron que a quien debe investigar la Junta Nacional de Justicia es a la fiscal Revilla Corrales por ocultar una información tan sensible tanto tiempo y que recién recuerda cuando la sacaron del cargo que ocupaba. Si a Patricia Benavides se la tiene que investigar por esto, lo debe hacer control interno del Ministerio Público. Por el tiempo transcurrido –agregan los fiscales consultados–es probable que no se pueda siquiera abrir investigación, por haber prescrito la falta disciplinaria.  

El plan retorno y la cláusula de impunidad 

En el Ministerio Público es un secreto a voces que quien está dirigiendo la campaña contra la actual Fiscal de la Nación es la fiscal Fanny Quispe Farfán quien prepara una serie de medidas legales para tratar de retornar a la Fiscalía Suprema que investiga el caso Cuellos Blancos, de la que fue cambiada el 22 de julio del 2022. 

Quispe –que ahora labora en una fiscalía del distrito de San Luis– siente que se la humilló por no consultarle si quería ser cambiada y por no respetar su antigüedad en el cargo; ella se considera la descubridora del caso Cuellos Blancos y la persona más importante (e irremplazable) del caso. Sin embargo, la causa principal por la que quiere regresar a su antiguo trabajo se debería a que la nueva gestión fiscal, al revisar exhaustivamente los casos se encontró con carpetas mal armadas, sin foliatura, y los expedientes de colaboración eficaz en un completo abandono y ha identificado que el acuerdo de colaboración eficaz que la Fiscalía suscribe con Walter Ríos contiene una cláusula de impunidad absolutamente inédita e ilegal en la historia del derecho peruano, ya que se le otorga al expresidente de la Corte del Callao todo beneficio por hechos delictivos, presentes o futuros, que pueda cometer. Por ejemplo, si Walter Ríos mata a alguien en el penal o vuelve a cometer un delito de corrupción por el acuerdo ilegal de colaboración que suscribió la fiscal Fanny Quispe no se le podría investigar y menos castigar. Ni siquiera Odebrecht ha tenido tantas ventajas y gollerías en su trato con la Fiscalía.

Como la cláusula de impunidad de Walter Ríos ha generado un escándalo en la nueva gestión de la Fiscalía, Fanny Quispe pretendería regresar a fin de neutralizar cualquier investigación que pueda abrirse en su contra debido a la ley peruana no permite a los fiscales a llegar un acuerdo de impunidad con los delincuentes por hechos todavía no descubiertos y que no se encuentran contenidos en el acuerdo de colaboración eficaz.

Si existe una nueva autoridad decente de control interno en el Ministerio Público, que ahora encabeza Juan Antonio Fernández Jerí, se debería intervenir de oficio y de inmediato para investigar, procesar y castigar un claro caso de delito de prevaricato que se ha cometido para brindar beneficios ilegales a Walter Ríos Montalvo. La otra opción es que la nueva gestión fiscal remita copias a control interno para la investigación correspondiente, dada la gravedad de los hechos descubiertos.

La filtración de las llamadas de Patricia y Enma Benavides con Antonio Camayo y Edwin Oviedo       

Uno de los temas “bombas” que aparecen en una última entrevista al fiscal Cubas Villanueva es que tiene acceso a un documento enviado por la DIVIAC (mediante oficio 496-2020 DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC ) dirigido a la fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Dichi documento reporta que en el marco de la investigación del caso Cuellos Blancos existen ocho comunicaciones telefónicas entre Edwin Oviedo y Enma Benavides, jueza superior y hermana de la fiscal Patricia Benavides, que ocurrieron entre mediados de abril y principios de junio de 2018; así como siete llamadas entre la fiscal Patricia Benavides y el investigado Antonio Camayo Valverde, que tuvieron lugar entre finales de mayo y finales de junio de 2018 en pleno estallido del caso Cuellos Blancos.

Para cualquier persona e, incluso, para cualquier fiscal, es difícil acceder a un Informe de la DIVIAC sobre levantamiento de secreto de las comunicaciones, ya que tiene un carácter eminentemente reservado al afectar la vida privada de las personas. Cubas Villanueva, al ocupar un cargo administrativo en el Ministerio Público como jefe de la implementación del Código procesal penal, y al no investigar a nadie, difícilmente podía contar con una información tan sensible. Solo es posible que esa información se haya filtrado por las personas y los funcionarios que directamente tienen acceso a ella.

SUDACA ha consultado a los oficiales de la DIVIAC que se relacionan con el informe de registros de comunicaciones a las que Cubas alude y nos señalan de manera enfática que ellos solo han entregado de manera oficial el documento de registros de comunicaciones a la fiscalía que lo solicitó y no a otra dependencia del Ministerio Público y que es imposible que dicha información ellos la hayan entregado a la prensa, o a cualquier otro fiscal, debido a que estarían incurriendo en delito y en falta grave que les podría costar su carrera. Asimismo, se ha consultado a la fiscal que ordenó el informe de la DIVIAC, la Dra. Rocío Sánchez y también nos negó enfáticamente que haya tenido una copia en su poder de dicho informe y menos que haya filtrado la información a la prensa o que haya proporcionado dicha información a Cubas Villanueva, con quien no tiene ninguna relación, o que haya elevado un informe a otra dependencia fiscal.

Si tanto la DIVIAC y la ex fiscal encargada del caso niegan de manera rotunda haber entregado a terceros el informe de registros de llamadas en la que se encuentran Patricia y Enma Benavides, la única opción posible es que dicho informe haya sido filtrado por la misma fiscalía que investiga a Camayo Valverde y a Edwin Oviedo Pichotito. Se recuerda que la investigación fiscal de ambos personajes se encuentra a cargo de los fiscales provinciales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera Segovia.

Se debe recordar que sobre la fiscal Magaly Quiroz hay graves hechos que pesan en su contra, y que hasta ahora nadie investiga, debido a que ocupa el lugar de principal investigadora del caso Cuellos Blancos luego de ser designada por la antigua Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a propuesta de Fanny Quispe, pese a ser amiga íntima y compañera de colegio de la esposa (Maritza Sánchez) del principal protagonista del caso Cuellos Blancos: Walter Ríos Montalvo. Habiendo, además, asesorado a la esposa de Ríos –tal como lo refiere ‘Hildebrandt en sus trece’ y el diario ‘Expreso’– en la defensa del cabecilla del escándalo de corrupción. ¿Cómo es posible que una fiscal que tiene una amistad pública con la esposa del jefe de la organización, a quien brindó asesoría y consejos legales, termine siendo investigadora del caso y haya, por ejemplo, desaprobado el acuerdo de colaboración eficaz de Gian Franco Paredes Sánchez que involucra a Walter Ríos Montalvo en actos de corrupción que nunca éste delató a la Fiscalía? ¿Qué sorpresas y qué hallazgos nos puede brindar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la fiscal Magaly Quiroz a través de los registros históricos de llamadas con su amiga Maritza Sánchez?

Una situación semejante ocurre con el fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, que investiga también en primera instancia el caso Cuellos Blancos y hace unos meses fue denunciado en señal abierta, tal como informó el programa ‘Panorama’ de Panamericana Televisión, por su asistente Dina Maguiña por abuso de autoridad, peculado de uso y hostigamiento laboral debido a que la enviaba a trabajar indebidamente para sus trámites personales y no para los casos de la Fiscalía, en especial, para recoger información de distintas entidades públicas que le podía servir para su ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Dina Maguiña ha presentado a control interno de la Fiscalía chats de conversaciones personales con las que prueba sus afirmaciones y ha acusado a Cabrera Segovia de maltrato y de haberla humillado en su trabajo, situación inaceptable para un representante del Ministerio Público que debe respetar a la dignidad de la persona. Cabrera es conocido en el Ministerio Público por la prepotencia con su personal, su carácter ácido y por tener una relación cercana con la fiscal Fanny Quispe.        

Con lo dicho, queda en evidencia que el principal peligro y fuego graneado que tiene la Fiscal de la Nación no proviene de terceros, sino de los propios integrantes del Ministerio Público que, desde distintas instancias y posiciones luego de acceder a información reservada, buscan desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público para recuperar posiciones de poder que han perdido. El hecho que Patricia y Enma Benavides, o cualquier otra persona, hayan conversado telefónicamente con una persona investigada en algún caso que investiga el Ministerio Público no las convierte en sospechosas de algo y menos en delincuentes, peor aun cuando no hay audios de dichas conversaciones y no se conoce el contenido.

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¿Por qué calla en siete idiomas cuando se habla de reformas institucionales? ¿La reforma política y electoral no le parecen importantes? ¿La reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial ni les va ni les viene?

¿Por qué le aterra hablar de derechos civiles, políticas de género, derechos humanos? ¿Acaso cree, como señala la DBA, que esa es una agenda caviar global que se quiere infiltrar en nuestra soberana república democrática?

Mientras la derecha no entre de lleno a tocar estos problemas y presentar propuestas serias y novedosas al respecto, y persista en dejarle la narrativa de tales soluciones a la izquierda, nunca dejará de ser vocera del statu quo, nunca será disruptiva y no estará en capacidad de convocar a los peruanos desalentados, irritados, disconformes con lo que se entiende como “el modelo”.

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Ya este es un gobierno en rigor mortis, cuyos únicos reflejos son los de sobrevivir administrativamente en Palacio. Lo ayuda la torpeza inconmensurable de la oposición congresal, cuya mediocridad es mayor que la del Ejecutivo, pero ese estado de cosas no puede durar para siempre.

No deja de tener sentido la especulación de que Castillo pueda haber decidido romper el statu quo tomando las de Villadiego, huyendo de los barrotes que le esperarían si prosperasen las fundadas investigaciones que el Ministerio Público, con ahínco encomiable, ha decidido emprender en su contra.

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Se juega mucho en las investigaciones por corrupción al primer mandatario. Ello debiera conducir, de prosperar y corroborarse los hechos, no a una detención preliminar del presidente (como advierte, cínicamente, uno de los abogados palaciegos, que sabe que eso no es posible), sino a una denuncia constitucional, que en su momento pondrá nuevamente a prueba al Congreso porque, para proceder a darle trámite, deberá pasar, primero, por la vacancia presidencial.

Se puede tolerar un gobernante mediocre o uno descaminado ideológicamente, pero la democracia debe trazar un límite cuando se trata de un presidente corrupto, que es justamente lo que el Ministerio Público trata de determinar. Si se cruza esa línea probadamente o con indicios legales suficientes, lo que cabe es expectorar de inmediato a Pedro Castillo de Palacio.

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Una serie de mensajes de WhatsApp y una nota de inteligencia comprometen al congresista oficialista Edgar Tello en un caso de presunto tráfico de influencias. El favorecido era un consorcio que, en diciembre pasado, ganó la buena pro para la construcción de la Casa de la Mujer en San Juan de Lurigancho. Por eso, el último miércoles, la fiscal de la Nación decidió abrir una investigación preliminar contra el parlamentario por 60 días.

El 23 de diciembre del 2021, el consorcio Casa de la Mujer -conformado por las empresas Iconsa SA y  Construyendo Infraestructura SAC- recibió la buena pro de la licitación realizada por la comuna de SJL. El costo de la obra era de S/15 millones, pero el contrato no  llegó a suscribirse “por observaciones de orden formal”, señala la resolución firmada por Zoraida Ávalos que abre indagación por estos hechos. Y es que a uno de los consorciados el OSCE no le había entregado su «constancia de libre contratación», un documento que certifica el monto por el cual un proveedor aún puede seguir siendo contratado.

Por ese motivo, a inicios de enero, un empresario llamado Miguel Ángel Salinas Cámac buscó contactar al mismísimo alcalde del distrito, Álex Gonzáles, y al congresista de Perú Libre, Edgar Tello, para que lo ayuden a destrabar el proceso y que se firme el contrato de una vez. Salinas, según fuentes que ven el caso, no es parte del consorcio, pero fue el encargado de hacer el lobby a favor de la empresa.  Uno de los consorciados lo niega. «En lo particular, yo como representante de Construyendo Infraestructura, no lo conozco. Hasta la fecha, mi socio también está sorprendido», dice Jairo Mendoza Martínez.

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Miguel Ángel Salinas, presunto líder de una organización criminal, fue el encargado del lobby, según la Fiscalía.

Lo cierto es que días después de las gestiones de Salinas, el 19 de enero, este lobista fue capturado por pertenecer a una presunta organización criminal denominada ‘Los Incorregibles’. Esta mafia se había apoderado de millones de soles de municipalidades y gobiernos regionales vulnerando el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), desde donde se realizan todas las operaciones de entidades gubernamentales.

Ya detenido, la policía y la fiscalía especializadas identificaron conversaciones en su celular que mostraban su nexo con el parlamentario Edgar Tello. No solo le había pedido que lo contacte con Álex Gonzáles -de quien Tello es cercano, a decir de varias fotografías-, sino también que realice gestiones ante el OSCE y el MEF. Los agentes, además, ya habían captado al de Perú Libre y a Salinas en una reunión, antes de que el empresario cayese en desgracia.

El congresista Edgar Tello y el alcalde de SJL, Álex Gonzáles, en octubre del 2021.

 

MENSAJES COMPROMETEDORES

Miguel Salinas, actualmente con prisión preventiva, tenía registrada conversaciones con  una persona a la que agendó como “Alayo Congresista”. Según la fiscalía, se trataría de Wilfredo Alayo Jiménez, excandidato al Congreso por Unión por el Perú y un visitador del despacho del congresista Edgar Tello.

Alayo ha visitado al parlamentario de la llamada ‘bancada magisterial’ en dos ocasiones, entre setiembre y octubre del 2021. Además, lo acompañó a una reunión con el ministro de Educación, Rosendo Serna, la tarde del 6 de enero pasado. Al encuentro también asistieron otros congresistas de Perú Libre, como Jhakeline Ugarte, Pasión Dávila y Alex Paredes Gonzáles.

Según consta en el registro de visitas, Alayo figura como un representante más del Congreso de la República, aunque no tiene ningún contrato con esta entidad. “Yo no trabajo en el Congreso. Yo puedo visitar a cualquiera, señor”, responde a Sudaca el aludido, quien el 2017 fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

El parlamentario Edgar Tello no quiso responder sobre su vínculo con este personaje.

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Izquierda: Wilfredo Alayo Jiménez. Derecha: Sus incursiones junto a Edgar Tello al Minedu. Alayo fue condenado el 2017 por negociación incompatible.

Como fuese, entre los chats que la fiscalía le atribuye a Wilfredo Alayo, figura uno del 8 de enero en el que el empresario Salinas le envió los datos del consorcio y luego le escribió: “Amigo, ¿el hombre ya sabe del tema?”. Alayo, según los registros fiscales, le contestó: “Claro, hermano, escuchaste. Delante tuyo le dije. Ya coordinó el congresista mañana te llamo”. Minutos después agregó: “Hermano, es positivo”.

Esa misma noche Salinas tiene la siguiente conversación con Edgar Tello:

Salinas: Una ayuda con lo conversado.

Tello: Claro, mañana me reuniré.

Salinas: Ok, me avisa. O voy donde me indique.

Tello: Belisario Suarez 845, SJM. Lo espero.

Esta dirección corresponde al domicilio del congresista, según su ficha del Reniec.

Las gestiones del lobista Salinas siguieron en los días posteriores. El objetivo ya no solo parecía ser contactar al alcalde Álex Gonzáles, sino que se presione a otras entidades del Estado, como el OSCE. Según Jairo Martínez, socio de Construyendo Infraestructura, el organismo supervisor no le entregó a tiempo su «constancia de libre contratación», lo que le impedía al consorcio firmar el contrato. Martínez, sin embargo, niega que haya enviado a algún emisario a que resuelva ese problema.

El 12 de enero, sin embargo, en un nuevo mensaje atribuido a Alayo, este le dice a Salinas: “Que ya el OSCE se va a comunicar nos han dicho”. Y al día siguiente, le envía una inusual lista de comestibles:

-100 bolsas de arroz de un kilo.

-100 bolsas de ½ kilo de arroz.

-100 botellas de aceite de ½ litro

-100 bolsitas de avena 3 ositos

-100 panetones de esos que están en oferta.

100 bolsas de ½ kilo de lentejas

-100 atunes el más barato.

-100 tarros de leche

-100 bolsas de fideo para sopa

Como mensaje final, agregó: “Esto es todo para la canasta, amigo. Solo falta buscar bateas y celofán, eso lo compramos nosotros”.

En comunicación con Sudaca, Wilfredo Alayo no reconoce estos chats como suyos, pero la resolución fiscal dice lo contrario. Además, se ha dispuesto recabar su testimonio como parte del proceso. “No sé de qué empresario me habla. Se ha confundido”, apunta el excandidato al Congreso.

Edgar Tello, por su parte, no desmiente la autenticidad de los mensajes, pero niega haber participado de algún hecho ilícito. “Yo recibo en mi despacho a todos los ciudadanos, dirigentes, sindicalistas. Toda la ciudadanía que me conoce, me envía mensajes. Eso es materia de investigación”, apunta.

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Conversación atribuida a Miguel Salinas y Wilfredo Alayo, el 8 de enero, en la que el lobista le comparte el nombre del consorcio y le pregunta si «el hombre ya sabe del tema». Alayo le responde: «Ya coordinó el congresista».

 

REUNIÓN EN KALLPA

Pero no es lo único que tiene el Ministerio Público en su carpeta. Como parte del caso ‘Los Incorregibles’, los investigadores ya le seguían los pasos a Miguel Ángel Salinas. Y el 14 de enero lo captaron al interior del club Kallpa, en San Juan de Miraflores, junto a unas 20 personas. “Es preciso indicar que dentro del área se encontraba también el actual congresista Edgar Tello Montes”, se lee en un informe de inteligencia de la PNP.

Luego de aquella reunión, los mensajes de Salinas al congresista siguieron por algunos días más. El 16 de enero, Edgar Tello le escribió: “Ya solucionaron, que el MEF dé el visto bueno y listo”. El Ministerio Público indaga de qué visto bueno hablaba el parlamentario.

Ese mismo día, el empresario fue alertado de que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de una unidad de inteligencia. En una conversación que Salinas mantuvo con una policía llamada Rosario Escobal, esta le dice que incluso tenían registrada su reunión con Edgar Tello.

Rosario: Me están confirmando que son de la Diviac.

Salinas: Ese día estaba con el congresista.

Rosario: Ahorita voy a averiguar, pero no quiero decirle nada al congresista aún porque ele [sic] dijo que mañana lo tuyo sale sí o sí. Si le digo lo que está pasando, no te apoyará en nada por miedo.

Informe
Informe policial que da cuenta de la reunión en el club Kallpa. Allí estuvieron Salinas y Edgar Tello el 14 de enero.

 

DÁDIVAS

Como la solución aún no llegaba para el empresario y lobista Miguel Salinas, el 17 de enero este le insistió a Tello en un mensaje de WhatsApp: “Por favor, puede confirmarme si va a ser viable”. A lo que el parlamentario respondió: “En eso estoy, amigo, no te preocupes. Ahora debo coordinar y aclarar eso”. Esa noche, el docente le envió el número telefónico de un funcionario de la municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Pero, al final, de nada sirvieron las gestiones. El 19, dos días después, Salinas fue capturado junto a decenas de sus presuntos cómplices en el caso de ‘Los Incorregibles’.

En ese momento, como hemos visto, se descubrieron sus nexos en el Parlamento. Del análisis de las conversaciones y el seguimiento policial, la fiscalía concluyó: “Se puede advertir que el presunto integrante de una organización criminal, Miguel Salinas, tenía directo interés en el otorgamiento de la buena pro a favor del consorcio Casa de la Mujer que venía participando sin cumplir con las condiciones legalmente exigidas”.

La resolución que abre indagación por estos hechos añade que el empresario “habría tratado de buscar personas allegadas al alcalde de dicha municipalidad”. “En dicha gestión, tuvieron participación la miembro policial Rosario Escobal y una persona identificada como Alayo, quien de acuerdo con la información obtenida sería Wilfredo Freddy Alayo Jiménez, una persona del entorno del congresista Edgar Tello”, se lee.

La Fiscalía sospecha que la ayuda de Tello al empresario fue a cambio de dinero. “El congresista se habría reunido y mantenido comunicación mediante WhatsApp con Miguel Ángel Salinas Cámac, a quien le habría ofrecido interceder ante el alcalde de la municipalidad de San Juan de Lurigancho a cambio de beneficio económico”, apunta la resolución.

Jairo Mendoza, uno de los consorciados, no se anima a poner las manos al fuego por nadie más que por él en este caso. «Por mi lado, no tengo conocimiento. Espero que se esclarezca qué sucedió, cómo sucedió, ver realmente cuál es el trasfondo del asunto», asegura.

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Conversación del 8 de enero entre Miguel Salinas y Edgar Tello. El parlamentario lo cita en la dirección que figura como su domicilio en el Reniec.

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La muerte de un hombre persigue al flamante primer ministro desde hace cinco años. Administrar el camal municipal de Coronel Portillo, en Pucallpa, Ucayali, no solo le trajo a Héctor Valer una denuncia por colusión, sino también una investigación por homicidio culposo. El hecho ocurrió en junio del 2017 y al interior del recinto que, en ese entonces, manejaba su empresa: el Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali (Coincar).

La municipalidad provincial le había entregado el camal en concesión a fines del 2016. Esto, “sin someterlo a un proceso de evaluación; afectando la eficiencia, transparencia y legalidad con la que deben regir las decisiones que adopte el Concejo Municipal y la entidad”, según una nota de prensa de Contraloría de la época.

La tarde del 13 de junio, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región, Aster Diaz Ruiz, llegó al lugar para retirar diez cabezas de ganado que había adquirido previamente. Antes, sin embargo, tenía que marcarlas. Como no había personal que realice esa tarea, él mismo entró al corral y empezó a pintar sus iniciales en el cuerpo de las vacas. Una lo atacó de un cuernazo por la espalda.

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Así informaba la prensa local aquel junio del 2017. Resultó que el ataque fue de una vaca y no un toro.

El hombre murió seis días después en el hospital regional. Su familia denunció a Coincar porque no tenía trabajadores capacitados para el manejo de los animales, a pesar de que los Díaz pagaron S/1.150 por ese servicio. Sudaca ha accedido a una serie de disposiciones de la Fiscalía Provincial Penal de Yarinacochas, que abrió investigación preparatoria el 27 de junio del 2017, en las que se cuenta el suceso con detalles.

En la denuncia presentada por el hijo de la víctima, Maxcel Díaz Moreno, se menciona una situación que era común en el camal: “adolece de personal idóneo y capacitado encargado de realizar tales labores, por lo que su señor padre tenía que ejecutarlas”. El familiar dice, además, que aquel día “únicamente se encontraba una persona que hace las veces de guardián, el mismo que desconoce sobre las actividades de manejo de ganado”. Y añade: “Coincar cobra por estos servicios, a pesar de que no tiene personal capacitado, en un claro abuso de poder y de derecho”.

Díaz Moreno apuntó al mandamás del consorcio, Héctor Valer. “No ha cumplido con brindar las garantías y seguridad al personal externo que ingresa animales para el sacrificio al camal, con personal idóneo y capacitado para realizar tales labores”, aseguró. Durante las diligencias preliminares, el ahora premier replicó que sí tenía personal y que el local era constantemente inspeccionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Además, le echó la culpa al ganadero, a quien acusó de haber ingresado a los corrales burlando la seguridad. 

Los hijos de Díaz, sin embargo, presentaron a la Fiscalía el contrato de compra-venta que suscribieron por los animales y el comprobante del pago de S/1.150 a favor de Coincar a cambio de los servicios de faena. Cuando los investigadores le preguntaron al chofer que llevó a Díaz al camal por la seguridad del recinto, este respondió: “no cuenta con las garantías necesarias para brindar ese servicio”.

Apenas ocurrió la muerte, la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región inició un paro indefinido. Y ese mismo año, el Órgano de Control Interno de la municipalidad detectó las ya mencionadas irregularidades en la concesión del recinto.

Camal Municipal
El 2019, la nueva gestión municipal encontró en pésimas condiciones el camal municipal que administraba la empresa de Valer.

Resulta que el Consejo Municipal había incorporado el camal a un proceso de asociación público-privada en setiembre del 2016, pero ese acuerdo fue desconocido en diciembre del mismo año. El Consejo, entonces, le permitió al alcalde darlo en “administración temporal”, algo que -según la fiscalía que ve el caso- no estaba contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades. La propuesta de Valer para manejar el lugar llegó el 9 de diciembre. Tan solo cuatro días después se le dio el visto bueno. 

El contrato fue suspendido tras el escándalo por la muerte del ganadero y la intervención, en paralelo, de los auditores. Coincar tuvo que abandonar el camal y fue dada de baja en abril del 2018. A inicios del 2019, la nueva gestión municipal inspeccionó el lugar y encontró un escenario lúgubre: puertas y ventanas rotas, áreas administrativas destruidas, techos deteriorados, la zona de sacrificio de reses y porcinos en pésimo estado. En general, todo el procesamiento de vísceras se realizaba en condiciones inapropiadas, según una nota informativa de la comuna.

“Hay equipos que han desaparecido”, agregó Rafael Paredes Delgado, entonces gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la municipalidad. La Fiscalía también señala que Valer mantuvo el lugar en condiciones insalubres. “Hubo contaminación, olores fétidos, problemas inclusive en los sistemas de evacuación, residuos sólidos y otros factores que, en la práctica, provocaron mayores daños a la entidad pública y al servicio”, le dijo el fiscal Gomer Santos, que investiga las irregularidades en la concesión del camal, a El Comercio.

En tanto, el caso de la muerte de Aster Díaz pasó a la etapa de investigación preparatoria en el 2018. La fiscal provincial Karen Yzaguirre se pronunció a fines del año pasado a favor de sobreseerlo, pero ahora parece haber dado marcha atrás. “Hay un pronunciamiento en ese sentido y va a ser objeto de absolución de parte de la Fiscalía. Pero dado que el caso se ha hecho emblemático, parece que está ampliando su investigación”, dice el abogado de Valer, Millet Tello Salazar.

Y así fue. El 18 de enero de este año, el despacho de Yzaguirre decidió recabar más testimonios durante febrero. Según el abogado de los deudos, la fiscal tuvo que recular luego de que sus superiores no aceptaran el archivamiento del caso. “El juzgado, al ver la inconsistencia del sobreseimiento, ha elevado la consulta a la fiscalía superior y esta ha ordenado a la provincial que continué la investigación”, explica el doctor Marco Antonio Texeira. Sudaca llamó a la fiscal del caso, pero no obtuvimos respuesta.

Providencia Fiscal
En enero de este año, la fiscalía dispuso seguir recogiendo testimonios.

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Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 56.

Para el especialista en temas educativos la suspensión de todo el proceso de nombramiento docente es irracional ya que pudo ponerse en pausa mientras el Ministerio Público hacía sus investigaciones sobre la filtración del examen.

Hoy también conversamos con el economista Marcel Ramírez sobre cómo se obtiene y distribuye el canon minero; y cuál sería el impacto de que la región de Ayacucho pierda este ingreso.

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Ayacucho, Marcel Ramírez, Minas, Minería, Ministerio público, nombramiento docente, Paul Neira

Los cuestionamientos tras las denuncias de presiones para los ascensos en las FF.AA. continúan golpeando al gobierno de Pedro Castillo. Esta vez, la Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público investigar el caso.

En esta situación, el exprocurador José Ugaz señaló que si el Ministro de Defensa no renuncia, será censurado por el congreso. Además indicó que sería un sueño que, en este momento, la Premier Mirtha Vásquez se consolide en el gabinete considerando que sus comentarios sobre el MINDEF no fueron respaldados por el Presidente.

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Escucha «Si el río suena» de lunes a viernes a las 9 de la mañana con Patricia del Río. Este es nuestro episodio número 46.

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Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 22.

Para Pacha Sotelo – hermano de Inti, uno de los jóvenes que fallecieron en las protestas contra Manuel Merino- es probable que no se envíe de baja a los policías responsables de los disparos pese a que se sabe a qué grupo pertenecían.

Señaló también dos exministras indicaron ante el Ministerio Público que Manuel Merino no quiso hacer un acta sobre cómo se actuaría en las protestas.

Además el científico en computación Ragi Burhum nos explicó que ocasionó la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram.

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Inti Sotelo, Manuel Merino, Ministerio público
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