Privatización

No es posible que estemos ad portas de ver en funciones el mejor aeropuerto de la región y que su puesta en marcha vaya mal acompañada de una empresa calamitosa como es Córpac.

No tiene siquiera capacidad de controlar un mafioso sindicato de controladores aéreos, que ya ocasionó una tragedia mortal y que, aprovechándose de su capacidad monopólica de presión (lo que no sucedería si la empresa fuera privatizada), se permite la osadía de retrasar centenares de vuelos a su antojo y capricho, porque exigía las gollerías de las horas extras que se les había retirado justamente por ser antitécnicas y propicias para la ocurrencia de desastres como el último, ocurrido el 18 de noviembre del 2022.

El gobierno debe entender que las concesiones privadas, cuando son bien reguladas y supervisadas, han probado inmensa mayor eficacia que los monopolios u oligopolios estatales. El Perú tiene sobrada experiencia en ello. Las empresas públicas siempre funcionan mal y cuando, eventualmente, aparentan arrojar utilidades, no lo hacen en la medida que podría hacerlo una empresa privada en cuanto a buena provisión de servicios de calidad.

A través del Centro de Instrucción de Aviación Civil, que administra Córpac, se restringe, con malabares y trucos sindicales, el ingreso de más controladores, y con ello se aseguran poner de rodillas a las autoridades en sus reclamos.

Corremos el riesgo de ser degradados a nivel internacional como país de destino y de partida de vuelos hacia los Estados Unidos, con lo cual de poco o nada habrá servido construir tremendo aeropuerto.

Hoy por hoy, la Dirección General de Aeronaútica Civil no controla nada. Córpac y el sindicato de controladores aéreos hacen lo que les viene en gana. Y todo ello, en abierto perjuicio de los usuarios de la aviación comercial en el país.

Es imperativo que se culmine con la privatización de empresas públicas como Petroperú, Sedapal, Córpac y algunas otras que constituyen lastres en sus respectivos mercados. Ninguna de esas empresas cumple siquiera con el criterio de ser “estratégicas”. Lo estratégico es que funcionen bien y eso pasa porque dejen de ser empresas públicas, onerosas, ineficientes y teñidas de corrupción.

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Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.

No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.

Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafe para designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.

A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?

Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?

Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.

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[PIE DERECHO]  El concepto de empresas públicas es caro a la izquierda, por lo menos a la izquierda retrógrada que tenemos en el Perú y en casi toda la región, pero desde ningún punto de vista es un precepto de modernidad administrativa.

Sólo el afán de lucro puede lograr que actividades tan importantes, como la refinación de petróleo, su exploración y explotación, su transporte por el oleoducto, la provisión de agua potable o la administración de aeropuertos, hagan coincidir el interés privado con el buen servicio público.

Privatizar Petroperú, Córpac y Sedapal (además de todas las empresas municipales de agua potable del país), coadyuvará a que el Perú recupere una dinámica de inversiones capaz de evitar el derroche, el mal servicio y la corrupción (tanto empresarial como sindical) que hoy afecta a las empresas mencionadas, alejándolas de todo propósito social o de beneficio colectivo.

En estos temas ya no necesitamos entrar a discusiones ideológicas. Es un tema práctico gerencial. El sector privado es infinitamente más eficiente que el Estado para administrar empresas y su gestión le evita, además, a todos los peruanos el riesgo de que ante una situación crítica, sea el erario nacional (es decir, todos los peruanos) el llamado a meter la mano en el bolsillo y solventar las pérdidas, como es el caso actual de Petroperú y su escandalosa solicitud de nuevos desembolsos del fisco para seguir con vida.

Ya no debería ser motivo de debate que el mercado debe ser el gran motor de la economía y el Estado, no siendo débil, cumplir un rol regulador y ecualizador de las fallas del mercado (que sí existen, a pesar de la prédica en contrario de los libertarios). Ese es el Estado del siglo XXI que garantiza el desarrollo de las naciones.

Lamentablemente, ni la izquierda ni la derecha peruanas parecen tenerlo claro. Ambas parecen ancladas en el siglo pasado, planteando fórmulas anacrónicas. Se necesita de una nueva derecha y, con más urgencia, de una nueva izquierda, que sepan coincidir en lo dicho en párrafos anteriores y diriman sus diferencias en el perfil que le quieran dar a la función mínima del Estado y a la amplitud de políticas morales (aborto, drogas, políticas de género, etc.).

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