[PIE DERECHO] El concepto de empresas públicas es caro a la izquierda, por lo menos a la izquierda retrógrada que tenemos en el Perú y en casi toda la región, pero desde ningún punto de vista es un precepto de modernidad administrativa.
Sólo el afán de lucro puede lograr que actividades tan importantes, como la refinación de petróleo, su exploración y explotación, su transporte por el oleoducto, la provisión de agua potable o la administración de aeropuertos, hagan coincidir el interés privado con el buen servicio público.
Privatizar Petroperú, Córpac y Sedapal (además de todas las empresas municipales de agua potable del país), coadyuvará a que el Perú recupere una dinámica de inversiones capaz de evitar el derroche, el mal servicio y la corrupción (tanto empresarial como sindical) que hoy afecta a las empresas mencionadas, alejándolas de todo propósito social o de beneficio colectivo.
En estos temas ya no necesitamos entrar a discusiones ideológicas. Es un tema práctico gerencial. El sector privado es infinitamente más eficiente que el Estado para administrar empresas y su gestión le evita, además, a todos los peruanos el riesgo de que ante una situación crítica, sea el erario nacional (es decir, todos los peruanos) el llamado a meter la mano en el bolsillo y solventar las pérdidas, como es el caso actual de Petroperú y su escandalosa solicitud de nuevos desembolsos del fisco para seguir con vida.
Ya no debería ser motivo de debate que el mercado debe ser el gran motor de la economía y el Estado, no siendo débil, cumplir un rol regulador y ecualizador de las fallas del mercado (que sí existen, a pesar de la prédica en contrario de los libertarios). Ese es el Estado del siglo XXI que garantiza el desarrollo de las naciones.
Lamentablemente, ni la izquierda ni la derecha peruanas parecen tenerlo claro. Ambas parecen ancladas en el siglo pasado, planteando fórmulas anacrónicas. Se necesita de una nueva derecha y, con más urgencia, de una nueva izquierda, que sepan coincidir en lo dicho en párrafos anteriores y diriman sus diferencias en el perfil que le quieran dar a la función mínima del Estado y a la amplitud de políticas morales (aborto, drogas, políticas de género, etc.).
