[ENTRE BRUJAS] A casi un año de la explosión de una de las crisis sociopolíticas más profundas que hemos vivido, es desalentador constatar que la situación no ha mejorado. La democracia, lejos de fortalecerse, sigue siendo erosionada y vaciada de contenido. Hoy en día la palabra «democracia» es utilizada con total impunidad por los sectores más autoritarios para justificar la vulneración de libertades y derechos humanos.
La crisis ha llevado consigo un fuerte debilitamiento del estado de derecho, evidenciado en el cooptamiento de instituciones estatales, la vulneración del principio de separación de poderes, y, una corrupción institucionalizada que se manifiesta en los últimos acontecimientos. Las protestas sociales que se desencadenaron entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año fueron históricas. Plantearon reivindicaciones postergadas por siglos y pusieron de manifiesto la profundización de la desigualdad, la discriminación y el racismo estructural arraigados en nuestra sociedad, en particular hacia las comunidades campesinas y poblaciones de los territorios ubicados al sur del país.
Sin embargo, la respuesta del Estado fue brutal, dejando un saldo trágico de 63 fallecidos y cientos de personas heridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó una investigación con enfoque étnico/racial, calificando los hechos como posibles masacres. Además, condenó el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza durante las movilizaciones. Todo este escenario ha generado una profunda fragmentación difícil de superar y ha sembrado el miedo en la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta.
Contrariamente a los que muchos quieren posicionar, los derechos humanos son principios fundamentales para una convivencia social adecuada. Aquellos que deslegitiman estos valores son actores y sectores cuyo interés es mantener el campo libre para seguir enriqueciéndose y ejerciendo poder con impunidad. Lamentablemente, el discurso contrario a los derechos humanos crece cada día, a la par que se fortalecen posturas autoritarias y coaliciones fundamentalistas y corruptas que continúan secuestrando el Estado.
El gobierno, con un alto nivel de desaprobación, persiste en apoyar narrativas que impulsan el odio y adopta medidas que ponen en riesgo a la ciudadanía y criminalizan la protesta. Siguiendo estrategias clásicas de gobiernos autoritarios, el canal del Estado produce una canción titulada «peruanos de verdad», buscando romantizar el conflicto social que aún vivimos y negando nuevamente la condición de ciudadanos/as a quienes protestan y se oponen al gobierno.
¿Quiénes son los verdaderos peruanos y quiénes los “de mentira”? No solo se busca influir en los imaginarios de la población, como forma de manipulación, sino que también se generan medidas graves que ponen en riesgo nuevamente a quienes desean expresar su descontento. Recientemente, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1589, que busca sancionar a quienes participan en movilizaciones. La criminalización de la protesta se esconde tras una supuesta preocupación por el funcionamiento de los servicios públicos y la prevención de disturbios.
Este decreto no solo apunta a sancionar a quienes salen a protestar, sino también a aquellos que apoyan de diferentes formas las movilizaciones. Sumado a todo esto, la reciente decisión del Tribunal Constitucional de dar la libertad a Alberto Fujimori, uno de los más grandes asesinos y violadores a los derechos humanos; confirma la erosión de la justicia y el triunfo de la impunidad. El desafío persiste: recuperar la democracia y los derechos fundamentales en medio de una crisis que parece no ceder.
