Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.
Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.
La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí. Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.
Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo.
La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas.
La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.
Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.
También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.
2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables
Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.
Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.
Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.
Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OAS y Odebrecht a favor de Luis Castañeda Lossio”.
Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable.
La historia continuará ……………
